23 DE MARZO: 100 DÍAS PARA LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE
ESPAÑA ES EL MIEMBRO DE LA UE CON MAYOR NÚMERO DE INFRACCIONES POR NO TRASPONER DIRECTIVAS EUROPEAS
Hay Derecho señala que, de no realizarse cambios importantes, España presidirá el Consejo de la UE “con graves fallos en materia de Estado de derecho que afectarán a nuestra credibilidad”.
- Cuando quedan 100 días para que España asuma la presidencia del órgano de la UE que adopta la legislación, sigue siendo el país de la UE con mayor número de procedimientos de infracción abiertos por trasponer incorrecta, tardíamente o simplemente no trasponer las directivas europeas al ordenamiento jurídico interno.
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Elisa de la nuez, secretaria general de Hay Derecho, señala, que “es preocupante” que España vaya a asumir la Presidencia sin haber dado respuesta a las reiteradas recomendaciones de la UE para poner fin al bloqueo del CGPJ y reformar la forma de elección de sus vocales, reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal o abordar el problema de los plazos de investigación en casos de corrupción, entre otros asuntos de importancia.
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“Entraremos en la Presidencia del Consejo de la UE con un déficit de credibilidad por no cumplir adecuadamente con la normativa comunitaria”, señala Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
Madrid- 23 de marzo de 2023- El próximo 1 de julio España asumirá la presidencia del Consejo de la UE con graves problemas en materia de Estado de derecho a pesar de las reiteradas recomendaciones de mejoras de la propia UE.
Hay Derecho, organización que lucha en defensa del Estado de derecho y contra la corrupción, señala que España presidirá durante seis meses el organismo que representa a los Gobiernos de los Estados miembros, adopta la legislación europea y coordina las políticas de la UE, “sin haber resuelto asuntos asuntos claves como son la renovación del CGPJ o la insuficiencia de los medios procesales y materiales para luchar contra la corrupción institucional señala Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.
Además, tal y como la organización muestra en su reciente informe sobre la situación del Estado de derecho, España lidera desde 2016, de forma ininterrumpida, el ranking de países sometidos a procedimientos de infracción del derecho comunitario. Según datos de la propia Comisión Europea, a finales de 2021 nuestro país acumulaba 105 infracciones por trasposición tardía, incorrecta o ejecución deficiente de directivas de la UE.
Si bien no todos los procesos culminan en multa, cuando así ocurre se trata de cifras elevadas, como ocurrió con la impuesta en 2021 de 15 millones de euros y una multa coercitiva diaria de 89.548,20 euros por la trasposición tardía de la Directiva 2016/680, relativa a protección de datos.
“Las multas las paga la ciudadanía con sus impuestos, de la misma manera que asuntos graves como la parálisis del CGPJ afecta al número de sentencias anuales y, en definitiva, al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos. España tiene muchos deberes que hacer antes de asumir la Presidencia, y además se trata de mejoras perfectamente asumibles por el Gobierno o el Parlamento español” asegura Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.
Comenzando la Presidencia con los deberes sin hacer-
El inicio de la presidencia de España del Consejo de UE coincidirá con el mes en el que tradicionalmente la Comisión Europea publica su informe anual sobre la situación del Estado de Derecho. El pasado informe de 2021, la Comisión incluyó una serie de importantes recomendaciones para España.
Hay Derecho ha participado en la consulta pública del informe, aportando información sobre la deficiente aplicación de las recomendaciones.
Por ejemplo, no se ha conseguido reducir la duración de las investigaciones para mejorar la eficiencia del manejo en los casos de corrupción de alto nivel. Además, no se ha derogado el plazo máximo de instrucción penal – aprobado en 2015- de 12 meses, con prórrogas de 6 meses.
“Los casos de corrupción son complejos de investigar, por lo que establecer plazos máximos tan insuficientes puede derivar en el archivo de causas por falta de tiempo”, explica Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. Pero además, es indudable que la duración de estos procesos es un reto dada su complejidad, extensión, número de personas investigadas y falta de recursos materiales y humanos para abordarlos con ciertas garantías; estamos hablando de macroprocesos y de corrupción institucional que pueden resultar sencillamente inabordables para un juzgado
Tampoco se ha avanzado en la recomendación de proceder en primer lugar a la renovación del CGPJ y en segundo lugar a su reforma, para adaptarla a los estándares de la Unión Europea, ni tampoco en lo que se refiere a la revisión de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.
Si bien se ha producido un ligero avance en relación con la recomendación de reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, con la aprobación de un Reglamento que si bien incluye algunas normas respecto de los nombramientos de fiscales no supone un gran cambio respecto de su funcionamiento, dado que los Fiscales Generales siguen siendo nombramientos de personas próximas al gobierno de turno y que el Fiscal General del Estado ostenta unas amplísimas facultades y carece de contrapesos internos adecuados dada la composición y el funcionamiento del Consejo Fiscal.
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