NOTA DE PRENSA

Un año después de la entrada en vigor de la ley, los denunciantes de corrupción aún carecen de una autoridad que les proteja

Este 13 de marzo se cumple un año de la entrada en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero de protección a quienes informan de corrupción, y quienes alertan de estas prácticas siguen sin tener una autoridad que les proteja. La norma prevé la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I), en cumplimiento de la directiva europea de protección a quienes alertan de corrupción, conocida como «Directiva Whistleblowing». Sin embargo, ésta todavía no ha sido constituida, una circunstancia que deja a los denunciantes de delitos de corrupción y de cualquier tipo de infracción administrativa grave o muy grave en una especie de limbo.

Quienes informan de corrupción, que a menudo se enfrentan a represalias graves por  actuar en favor del interés público, carecen de una autoridad de protección y asesoramiento, excepto en las pocas comunidades autónomas donde se estableció con carácter previo por medio de una ley autonómica. Sin la creación de esta autoridad estatal, no existe una institución encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, lo cual es competencia de la A.A.I. 

Ante la ausencia de la autoridad que debe velar por estos informantes, se pueden dar situaciones paradójicas, como aquellas en las que individuos denuncian casos de corrupción a través de canales internos (ya sea en empresas privadas o entidades públicas), pero queden desprotegidos frente a posibles represalias debido a la ausencia de una autoridad estatal competente para brindarles amparo. Además, la ausencia de esta Autoridad supone la inexistencia de un canal externo de denuncia, también obligatorio según la ley española, en cumplimiento de la directiva europea.

El nombramiento del presidente de la Autoridad corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia. Por ello, exigimos que el Gobierno cree dicha Autoridad independiente, y cumpla con sus obligaciones legales.

«Es paradójico que, ante los últimos casos de corrupción, se esté hablando de reforzar las medidas legales cuando lo cierto es que el Gobierno está incumpliendo con una Ley que lleva ya un año en vigor, y debería permitir alertar de forma anónima de casos de corrupción», destaca Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

Manuel Villoria, del equipo directivo de +Democracia, advierte, además: «Esperamos que la persona nombrada para dirigir la Autoridad Independiente sea seleccionada no por su lealtad partidista, sino por su compromiso con la calidad democrática y su apoyo a la acción colectiva que genera la sociedad civil».