Empieza la desescalada del confinamiento de la población, pero no de la información. El derecho a saber es otro daño colateral del estado de alarma y de la gestión de la epidemia de COVID-19. Los plazos administrativos están suspendidos hasta nueva orden y las solicitudes de información no son ajenas a esta suspensión. Sin embargo, los distintos decretos que han ido perfilando las condiciones y restricciones del estado de alarma abren una puerta para su continuidad, pero a voluntad de las administraciones que así lo decidan. Una puerta que pocas comunidades autónomas –no digamos la administración central– han decidido cruzar.

El Gobierno de España, principal actor en la gestión de la crisis del coronavirus, confirmó el pasado 17 de abril la “suspensión temporal” de las solicitudes de información pública. Algunas CCAA, con competencias –y datos– en materia sanitaria, han seguido su ejemplo y mantienen paralizado este derecho, como son Andalucía, Canarias o la Región de Murcia. Otras, por el contrario, han decidido continuar respondiendo a las preguntas de la ciudadanía. Es el caso de los gobiernos de Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha o La Rioja, entre otros. En un punto medio están aquellas que tramitan y resuelven algunas solicitudes –no todas– como, por ejemplo, Madrid o Cataluña, las dos regiones más golpeadas por la epidemia, o la Comunidad Valenciana.

Garantizar los derechos de la ciudadanía

“La vía de derecho de acceso a la información pública no la podíamos cerrar. Aquellas peticiones relacionadas con la COVID-19 o aquellas que se podían resolver, las hemos resuelto”, afirma Joseba Asiain, director general de Presidencia y Gobierno Abierto de Navarra. Y añade: “Entendemos que el sentido de la suspensión de plazos es el de garantizar los derechos de la ciudadanía”. En la misma línea se sitúa Aragón. “A nuestro juicio, no parece razonable suspender plazos en materia de atención a solicitudes de información pública, sobre todo teniendo en cuenta que no es un procedimiento administrativo, sino el ejercicio de un derecho”, explica Ana Isabel Beltrán, jefa de servicio de Transparencia. En esta comunidad continúan la tramitación de las peticiones de información aunque reconocen que “el impulso en la respuesta no es homogéneo en todo el Gobierno, porque tampoco lo son los medios de cada unidad de transparencia y, sobre todo, las prioridades”.

Una situación similar ocurre en la Generalitat Valenciana. “En algunos órganos administrativos concretos sí que puede ocurrir que todo su funcionamiento esté volcado en la gestión de la crisis o la tramitación de ayudas relacionadas”, argumenta Andrés Gomis, director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno. “Cuando se puede se está resolviendo, aunque queden suspendidos los plazos para reclamar o recurrir”, aclara.

En un punto medio entre la suspensión total y la normalidad están varias CCAA. Madrid ha resuelto ocho de las 57 solicitudes de información registradas desde el 14 de marzo. Cuatro relacionadas con el coronavirus. Ana Lorenzo, directora general de Transparencia, Gobierno Abierto y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, asegura que han pedido a los distintos departamentos del gobierno regional que resuelvan “en la medida que la propia gestión del estado de alarma lo permita”. En Cataluña, solo cinco de los trece departamentos de la administración catalana mantienen la suspensión de plazos, explica Núria Espuny, directora general de Transparencia y Datos Abiertos de la Generalitat. Galicia resuelve salvo los expedientes que afectan a terceras personas, en los que deben abrir un trámite de audiencia (algo recogido en la Ley), señalan desde la Xunta. Y en Baleares no resuelven, aunque han indicado a las unidades de información que se pongan en contacto con los interesados por si justifican que la suspensión de plazos les supone un perjuicio grave y que consientan su levantamiento para así resolver, afirma Marina Crespí, directora general de Transparencia y Buen Gobierno del ejecutivo balear.

Menos solicitudes de información

Muchos de los responsables autonómicos consultados por Civio dan cuenta de una bajada de las solicitudes de información. Aunque no hay consenso en la explicación del fenómeno. “La ciudadanía entiende que la administración está parada”, sostiene Joseba Asiain, del Gobierno de Navarra. “Quizá debido a nuestra apuesta decidida por la publicidad activa no tengamos tantas solicitudes de acceso a la información”, justifica Ana Lorenzo, de Madrid, pese a que muchos de los datos hoy disponibles en esta región se empezaron a publicar a mediados de abril, semanas detrás de comunidades como Castilla y León.

En condiciones normales, pueden pasar semanas o meses hasta recibir una información mediante la Ley de Transparencia. Muchos de los responsables de las comunidades autónomas apuntan a otros canales de respuesta más ágiles: puntos de atención al ciudadano, ruedas de prensa (limitada a periodistas admitidos por los responsables de comunicación de cada departamento) o la publicidad activa.

La adaptación del sector público al teletrabajo ha sido otro de los obstáculos, reconocen desde Madrid y Cataluña. “Con la excepcionalidad de la situación actual y la dificultad que algunos empleados públicos tienen para realizar sus funciones deberíamos dar un margen a que el trabajo de Transparencia vuelva a la normalidad”, manifiesta José Antonio Garmón, director general de Gobernanza Pública, Transparencia, Participación Ciudadana y Agenda 2030 del Principado de Asturias, “pero evidentemente sería una situación que no podría ni debería mantenerse indefinidamente en el tiempo”. A la vista de que el teletrabajo de los empleados públicos continúe a medio plazo, ¿es sostenible la suspensión de plazos que afectan a la Ley de Transparencia? Meseguer, de Castilla y León, es el más tajante: “No, sin lugar a dudas. Rotundamente y sin matices.”