Madrid, 5 de junio de 2024.- La Fundación Hay Derecho ha presentado este miércoles su nueva edición del ‘Dedómetro’, un estudio que analiza el mérito y la capacidad de los directivos del sector público, así como la transparencia de estas entidades. En esta nueva edición del ‘Dedómetro’, Hay Derecho ha centrado su investigación en el sector estatal.

El ‘Dedómetro’ 2024 analiza el mérito y la capacidad de 215 altos directivos de 40 entidades públicas estatales durante un periodo de 20 años.

En la presentación del informe han intervenido Safira Cantos, directora general de Hay Derecho; Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho y directora de la investigación; y Rafael Rivera, responsable de investigación de datos de Hay Derecho.

Profesionalización vs. politización

La investigación de Hay Derecho revela que en nuestro sector público estatal prevalecen una profesionalización insuficiente y una politización creciente. La puntuación media del mérito y capacidad apenas supera el aprobado (5,15), más de la mitad suspenden y solo 39 de los 215 directivos obtienen una nota superior al 8. 

Aunque la idoneidad de los directivos del sector público estatal ha mostrado una leve mejoría, el estudio revela que la politización ha aumentado, comprometiendo la independencia de los directivos y su capacidad de gestión imparcial. Además, la alta rotación de los directivos impide desarrollar estrategias a medio o largo plazo. «Los niveles de rotación detectados son incompatibles con el desarrollo de planes estratégicos en las empresas públicas, que deberían también establecer evaluaciones de desempeño y mecanismos de rendición de cuentas», advierte Rafael Rivera. El informe evidencia que cerca de la mitad de los directivos permanecen menos de tres años en el puesto.

Para Safira Cantos, esta investigación de Hay Derecho evidencia que «es esencial que los directivos al frente de empresas y organismos del sector público sean nombrados por su mérito y capacidad, y que se normalicen los procesos abiertos de selección basados en requisitos objetivos». 

Malas y buenas prácticas

El ‘Dedómetro’ 2024 destaca algunos casos de malas y buenas prácticas en términos de mérito y capacidad de los máximos responsables del sector público estatal. Entre los casos negativos, hay tres que que se subrayan por distintas circunstancias: Paradores, Correos, y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Ninguno de los últimos máximos responsables de Paradores tenía una experiencia contrastada en el sector turístico. Raquel Sánchez, su actual presidenta, cuenta con 16 años de experiencia profesional, pero principalmente en cargos políticos no relacionados con el ámbito de la entidad. En cuanto a Correos, la entidad presidida por Pedro Saura muestra una tendencia preocupante hacia la politización en los nombramientos de sus responsables. Por otro lado, el CIS es un claro caso de regresión en términos de politización. En los últimos 20 años, la entidad ha tenido seis presidentes. En su mayoría eran profesionalmente idóneos para el cargo, aunque hay casos con una gran vinculación política, como el del actual responsable, José Félix Tezanos.

«Por desgracia, el CIS es sólo un ejemplo –ni siquiera demasiado extremo, aunque sí muy vistoso– de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público: la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines», denuncia Elisa de la Nuez.

En cuanto a las buenas prácticas, destacan tres: la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ya que la entidad presidida por Cristina Herrero se mantiene como autoridad realmente independiente; la del Banco de España, que con Pablo Hernández de Cos al frente confirma la buena senda emprendida tras la crisis financiera de 2008; y la de la CNMV, la entidad presidida por Rodrigo Buenaventura, que exige requisitos objetivos para designar a su máximo responsable.

Niveles decepcionantes de transparencia

Para poder medir el mérito y la capacidad de los responsables de las entidades públicas, la transparencia es fundamental, y por ello el ‘Dedómetro’ 2024 mide también este factor. La investigación de Hay Derecho revela que el 85% de las entidades analizadas incumple la ley de transparencia. Solo seis de las 40 entidades publican todos los indicadores requeridos por la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno. Estas son AENA, la AIReF, el Banco de España, la CNMV, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

Además de los nueve indicadores establecidos por ley, Hay Derecho ha evaluado otros 11 indicadores, como, por ejemplo, si la entidad cuenta con una sección de transparencia, si publica los gastos de viaje y otros gastos del máximo responsable, o si ha colaborado activamente con la investigación.

El informe completo y las gráficas del ‘Dedómetro’ 2024 están disponibles para su descarga en este enlace.