Madrid, 13 de septiembre de 2024.- La Fundación Hay Derecho ha presentado este viernes su Informe del Estado de Derecho 2024, una investigación propia y basada en datos que evalúa la salud de la democracia y del Estado de derecho en España.

En el acto han intervenido Segismundo Álvarez Royo-Villanova, presidente de la Fundación Hay Derecho; Safira Cantos, directora general; y los codirectores de la investigación, Elisa de la Nuez y Germán Teruel. También ha intervenido Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

Deterioro del sistema de pesos y contrapesos

El informe destaca la necesidad de preservar la independencia de los contrapesos al poder y la constatación de una tendencia hacia la politización de las principales instituciones de contrapesos como el Tribunal Constitucional. 

«Se está deteriorando severamente el sistema de pesos y contrapesos por la colonización partidista de las instituciones», ha advertido Germán Teruel. 

Faltan jueces y sobra politización, en especial en el Ministerio Fiscal

España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea (UE) con menos jueces por habitante. A 1 de enero de 2024, la tasa en España era de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, según datos del CGPJ. La media europea es considerablemente superior: unos 22 jueces por cada 100.000 habitantes. El CGPJ estima que se necesitan al menos 350 nuevos jueces anuales durante la próxima década, pero el acuerdo PP-PSOE sólo prevé la creación de 200 plazas cada año.

El informe también critica la ineficiencia del gasto en justicia. Aunque la inversión en justicia está en la media europea, esta no se traduce en mayor eficiencia. La tasa de congestión judicial ha seguido en ascenso desde el 1,3 en 2013 hasta el 1,6 en 2023.

Politización y otros ataques a la independencia judicial

El informe destaca también que los partidos han politizado la elección del Consejo General del Poder Judicial y la necesidad de una reforma del sistema, tanto de elección de sus miembros como de nombramientos de la cúpula judicial. Además, se han multiplicado los ataques de políticos a los jueces, con grave daño para la imagen de independencia de la justicia.

En cuanto al Ministerio Fiscal, el informe subraya la estrecha vinculación entre el fiscal general del Estado y el Gobierno, que puede terminar contaminando la autonomía de todo el Ministerio Fiscal. 

En este sentido, el informe pone de relieve problemas relevantes en la política de nombramientos discrecionales del Ministerio Fiscal, que han dado lugar a algunas resoluciones judiciales, anulando repetidamente nombramientos de fiscales afines al Fiscal General.

Malas praxis en el procedimiento legislativo e imprevisión normativa

En el informe se constata la consolidación del abuso del decreto-ley. En 2022, el 27% de las normas aprobadas fueron decretos-leyes, cifra que se elevó al 32% en 2023. «Esta práctica deteriora la función legislativa del Parlamento y el proceso deliberativo. No solo se abusa del decreto-ley sin razones de urgencia y extraordinaria necesidad, sino que ninguno de los decretos-leyes luego tramitados como proyecto de ley en estos años ha sido aprobado como ley, lo que pone de relieve un problema grave», ha declarado Elisa de la Nuez.

El informe también señala la proliferación de decretos-leyes ómnibus (cinco de ocho en 2023 y siete de 20 en 2022). Se trata de un «truco para obligar al Congreso a votar en bloque sobre materias dispares, reduciendo la calidad del debate legislativo», ha destacado De la Nuez.

El informe subraya, además, la existencia de malas praxis en el procedimiento legislativo, como es el recurso a proyectos de ley «encubiertos» como proposiciones de ley o la congelación de iniciativas legislativas, y se denuncia la falta de previsibilidad normativa, con más de 200 normativas aprobadas en 2023 que no estaban previstas en los planes normativos anuales. 

Incumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias

Además, España es el país con más procedimientos de infracción abiertos por parte de la Unión Europea, un total de 81 a lo largo del año 2023. 47 de ellos fueron por incorrecta transposición o aplicación de las directivas comunitarias, 24 por transposición tardía y 10 por infracciones de tratados, reglamentos o decisiones.

Lobbies y lucha contra la corrupción

España sigue sin regular los lobbies, a pesar de los llamamientos de la OCDE y la UE. La ley de protección a informantes de corrupción también sigue sin aplicarse plenamente, con la Autoridad Independiente de Protección al Informante aún pendiente de creación, de manera que los denunciantes de corrupción carecen todavía de garantías efectivas.

«Esta investigación ofrece datos que muestran cómo se están agujereando desde dentro procedimientos legislativos y sistemas de control, deteriorando el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Es algo que no se puede normalizar desde el Gobierno, y como sociedad civil debemos exigir respeto al funcionamiento de las instituciones y que afecta a derechos de la ciudadanía», ha declarado Safira Cantos.

El informe del Estado de Derecho 2024 de la Fundación Hay Derecho proporciona una herramienta valiosa para promover un debate público riguroso y apartidista sobre la situación del Estado de derecho en España. Puede consultarse íntegramente a través de su página interactiva de visualización de datos en este enlace.