EL GOBIERNO RECTIFICA EL NOMBRAMIENTO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ESTADO POR EL RECURSO DE LA FUNDACIÓN HAY DERECHO

 

Es un éxito para la sociedad civil que se proceda a la rectificación del nombramiento de la Presidencia del Consejo de Estado a instancias de una organización sin ánimo de lucro que defiende el Estado de derecho.

 

Dª. Carmen Calvo ha sido propuesta para presidir el Consejo de Estado en sustitución de Dª. Magdalena Valerio en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que anuló su nombramiento.

 

Madrid, a 13 de febrero de 2024-  Según han hecho públicos varios medios, el Consejo de Ministros va a proponer a Dª. Carmen Calvo Presidenta del Consejo de Estado. Esta decisión se realiza en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2023 que anuló el nombramiento de su predecesora, Dª Magdalena Valerio, por no cumplir uno de los dos requisitos legalmente exigidos, el de ser jurista de reconocido prestigio. 

 

La Fundación Hay Derecho, entidad que recurrió el nombramiento del Consejo de Ministros por no ajustarse a la Ley, destaca que este proceso ha supuesto:

 

  1. Reconocer la legitimación activa de una organización de la sociedad civil para recurrir ante los tribunales los actos del Gobierno que puedan menoscabar el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo ha sido contundente en el reconocimiento de la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho. 
  2. Los nombramientos políticos de este tipo no están exentos de control judicial, aunque se realizan por el Consejo de Ministros y previa comparecencia parlamentaria, esto no les exime del cumplimiento de los requisitos legales que en su caso se hayan establecido. En este caso, los previstos en el art. 6 de la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado.
  3. El Gobierno debe de ejecutar las sentencias firmes de los Tribunales de Justicia, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer ante el Tribunal Constitucional por lo que era ineludible proceder al nombramiento de otra persona para presidir el Consejo de Estado.
  4. Se ha abierto un debate social sobre este tipo de nombramientos. Efectivamente, llama la atención que se confunda el carácter político de un nombramiento con la ocupación partidista de las instituciones que erosiona su credibilidad y su capacidad de cumplir adecuadamente sus funciones. En este sentido, hay que mejorar la cultura política institucional en nuestro país de manera que no se vea como normal que políticos en activo pasen sin solución de continuidad a ocupar puestos de gran trascendencia institucional aunque cumplan formalmente con los requisitos legales establecidos.

 

Para Safira Cantos, directora general de la Fundación: “Es un gran paso que el Gobierno rectifique un nombramiento en ejecución de la sentencia al poner de relieve que la sociedad civil tiene la capacidad de controlar  el abuso de poder del propio Gobierno. La discrecionalidad de este tipo de decisiones políticas no puede suponer ignorar la legalidad”.  

 

Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho subraya que “este proceso ha puesto de relieve que la cultura política española prioriza colocar a personas de confianza del partido de turno en puestos que, si bien son de carácter político, deben responder a su función institucional. En ese sentido, llama la atención que en el caso de Dª Magdalena Valerio ni siquiera se analizase con detenimiento el posible cumplimiento de los requisitos legales, mientras que en el caso de Dª Carmen Calvo lo que llama la atención es el paso sin solución de continuidad de un puesto activo en la política a un puesto institucional, aunque desde luego no sea la primera vez que esto ocurre. Pero no es una buena noticia desde el punto de vista institucional” .

 

Próximos pasos:

La persona propuesta (Dª Carmen Calvo, que ya ha renunciado a su acta de Diputada), tras ser formalmente propuesta por el Consejo de Ministros deberá comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que deberá dictaminar sobre su idoneidad para el puesto, de acuerdo con la disposición adicional tercera de la ley 3/2015 reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

El nombramiento se debe realizar por Real Decreto del Consejo de Ministros una vez declarada la idoneidad de la candidata propuesta y descartada la existencia de conflicto de intereses. 

 

Contexto:

La anulación del nombramiento se efectuó por sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2023, confirmada por el Auto de 1 de febrero de 2024 que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la Abogacía del Estado cuestionando la legitimidad activa de la Fundación para recurrir el nombramiento. La propia Sra. Valerio interpuso también incidente de nulidad de actuaciones que fue inadmitido a trámite.

 

Tanto una como la otra resolución resuelven contundentemente a favor de reconocer la legitimación activa de la Fundación Hay Derecho para recurrir actos contrarios al Estado de derecho, en vista de sus actuaciones concretas y reiteradas en defensa del Estado de Derecho y de la mejora del ordenamiento y de sus instituciones y de su finalidad de claro interés público o social. El Tribunal Supremo ha destacado: que en la Fundación Hay Derecho concurren unas condiciones que no son las mismas que cualquier ciudadano, y que el esfuerzo realizado desde la Fundación en favor del Estado de Derecho redunda en beneficio para todos.

NOTA DE PRENSA EN PDF AQUÍ

 

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José Luis Ros / 634440953