Esta noticia es una reproducción de un artículo de El País de Reyes Rincón. Puede encontrarse aquí.
El Tribunal Supremo ha rechazado suspender por la vía urgente el proceso de selección del nuevo presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuyo nombramiento tramita el Congreso de los Diputados, pero estudiará si lo paraliza de forma cautelar. La decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso responde al recurso planteado por dos de los 14 candidatos que se han presentado a la convocatoria pública convocada por el Gobierno para elegir renovar la cúpula de la AEPD, cuyo mandato está vencido desde julio de 2019. Uno de los recurrentes, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Ricard Martínez, había pedido al Supremo la suspensión cautelarísima (de urgencia y sin oír al resto de partes) del proceso, pero el tribunal la rechaza porque no hay evidencia de que el Congreso vaya a elegir de forma “inminente” al nuevo presidente y porque el acuerdo que Martínez impugna se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de marzo, pero el recurso no se presentó hasta 14 días después.
El proceso de selección del nuevo presidente de la AEPD y su adjunto ha acabado en los tribunales después de que el Consejo de Ministros aprobara en febrero la terna de candidatos para cada puesto que propuso un comité de expertos. El Gobierno envió esas candidaturas al Congreso para que la Comisión de Justicia vote, de entre esos nombres, a los dos elegidos. Las dudas surgen porque la ley que regula el proceso, de 2018, establece que el Gobierno debe enviar a un candidato para cada puesto y el papel de la Cámara es “ratificar” o rechazar esa propuesta.
Aunque el asunto ha acabado en el Supremo a partir de la decisión de proponer una terna, el proceso de renovación de la AEPD estaba ya bajo la lupa de algunos grupos de la oposición porque PSOE y PP anunciaron en octubre pasado que habían cerrado un pacto para que la futura presidenta de la agencia fuera Belén Cardona ―catedrática de Derecho del Trabajo y actual subsecretaria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat valenciana―, propuesta por los socialistas, y una adjuntía a la presidencia, Borja Adsuara ―abogado y consultor en derecho digital―, a iniciativa popular. La votación en la Comisión de Justicia exige una mayoría de tres quintos, por lo que hace falta el acuerdo entre socialistas y populares. El problema es que la ley aprobada en 2018 exige abrir una convocatoria pública para que quienes aspiren al puesto presenten su candidatura, y el pacto entre PSOE y PP se anunció sin que esta se hubiera convocado.
El Gobierno corrigió y abrió semanas después la convocatoria, pero incluyó la posibilidad de que el comité de expertos propusiera una terna en vez de un solo nombre, lo que deja la decisión final en manos del PSOE y PP, cuyos dos candidatos se presentaron al proceso y han sido incluidos en la lista enviada al Congreso.
La orden del Ministerio de Justicia por la que se publicó la propuesta enviada a la Cámara por el Consejo de Ministros ha sido recurrida por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales por dos de los candidatos incluidos en la terna (Martínez y Leonardo Cervera, director del Supervisor Europeo de Protección de Datos) que, entre otros argumentos, consideran vulnerado el derecho constitucional de acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos, y consideran fraudulento el proceso porque su resultado se pactó sin estar aún convocado. El tribunal ha rechazado suspenderlo de forma urgente, pero sí va a tramitar la petición de suspensión cautelar como ordinaria, para lo que da un plazo de alegaciones a la Abogacía del Estado y la Fiscalía que finaliza a las 15 horas de este viernes. El tribunal anuncia que, a continuación, tomará una decisión “a la mayor brevedad”.
17 de marzo de 2022
