NOTA DE PRENSA

España Mejor y Hay Derecho presentan el Código Ético del Gobierno y piden a los representantes políticos que asuman este compromiso públicamente

Madrid, a 9 de julio de 2024.- España Mejor y la Fundación Hay Derecho han hecho público el Código Ético del Gobierno –consúltalo aquí– dirigido al presidente, vicepresidentes y a los ministros, independientemente del partido que sean.

«Hay que elevar el listón ético de toda la clase política y, por ello, pedimos a nuestros dirigentes que aprueben el Código y asuman este compromiso públicamente», ha dicho Miriam González, fundadora de España Mejor.

Asimismo, para Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho, «el Código debe contemplarse no sólo como una limitación para quienes ejercen el poder, sino realmente como un sistema de garantías».

Medidas y cumplimiento

El Código Ético del Gobierno tiene carácter autorregulador e incluye una serie de medidas que van más allá de la normativa vigente.

El texto recoge un compendio de compromisos éticos aplicados en otros países, adaptados a las especificidades del sistema político español.

El Código aborda los siguientes puntos: conflictos de interés; asesores y nombramientos; relaciones con la Administración y organismos independientes, uso de recursos públicos como residencias oficiales; viajes y coches oficiales; transparencia y lobbys; relación con los medios de comunicación y uso de las redes sociales; y regalos y hospitalidad.

Para velar por el cumplimiento de estas medidas, se establecen dos órganos de garantía: el Asesor Independiente y la Oficina de Ética, cuyo nombramiento, mandato y alcance también se detalla en el Código.

Llamamiento a todas las administraciones

El documento se ha remitido a los partidos políticos, representantes institucionales y cargos públicos del país, solicitando su adhesión y compromiso públicos, ya que, como dice el Código, «el objetivo es que, tomando como referente el Código Ético del Gobierno, todas las administraciones españolas se comprometan a elevar el nivel de exigencia de sus estándares de conducta».

Finalmente, la aprobación del texto deberá realizarse en el seno del Consejo de Ministros, previo informe a las Cortes Generales, y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.