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El Estado de derecho no puede ser el precio de una investidura
La fundación Hay Derecho, que trabaja desde 2015 por la defensa del Estado de derecho, ha reunido en los últimos días más de 50.000 adhesiones de ciudadanos contra la amnistía.
https://actuahayderecho.org/peticion/amnistia
Madrid, 10 de noviembre de 2023– El primer problema del contenido de los acuerdos políticos alcanzados entre el PSOE y ERC y Junts, y en particular de la amnistía que ya se ha anunciado, es que no se plantea una medida de tal envergadura y tan excepcional para contribuir a la convivencia. Se hace sin debate ni consenso político o social ni en Cataluña ni en el resto de España y para acceder a la investidura, tras un viraje impuesto por la aritmética electoral. No se debe confundir el legítimo interés político de un partido para acceder al gobierno con la legitimidad para fundamentar una medida excepcional en un Estado social y democrático de derecho como es una amnistía, que debería ser el interés de Estado.
Oponerse a la amnistía en favor de las garantías constitucionales de un Estado de derecho no es cuestión de izquierdas o de derechas. Por el contrario, avanzar en un camino en el que el fin justifica los medios es socavar los límites que debe tener el ejercicio del poder, gobierne quien gobierne.
Desde Hay Derecho compartimos la gran preocupación en relación con el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts este jueves 9 de noviembre, por varias razones:
- Ataque al Tribunal Constitucional. Se señala al Tribunal Constitucional, en particular a su sentencia sobre el Estatut, como el origen del conflicto por haber preservado su conformidad a la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene precisamente una función de garantía frente al exceso de otros poderes, y también las mayorías expresadas en las urnas deben estar en ese marco (conviene recordar que no alcanzó el umbral del 50% de partuciupación el referendum del Estatut). La alternativa sería plantear una reforma constitucional, no lesionar sus órganos de garantía.
- Injerencia en el poder judicial. En segundo lugar, se acuerda una amnistía para hechos vinculados con el procés, para lo cual se deberá tener en cuenta las conclusiones de comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de “lawfare o judicialización de la política”, que, además, podrán “dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Tales afirmaciones presuponen que en España hay persecución judicial por motivos políticos, lo que no es cierto, y pretenden situar la actuación judicial bajo la supervisión de órganos políticos, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho. Tanto es así que las principales asociaciones judiciales y fiscales, tanto de signo progresista como conservador, han denunciando el ataque que supone a la independencia judicial.
Si ha habido o hay actuaciones de jueces que no se sujeten estrictamente a la legalidad, se tendrán que exigir sus responsabilidades por los procedimientos previstos, y no enmendar la acción de los tribunales en su conjunto. - Menoscabo del control al poder político. Se habla de desjudicializar la política para referirse a asegurar inmunidad desde el poder político al poder político.
- Quiebra de la igualdad ante la ley. ¿Dónde queda la igualdad ante la ley cuando un Parlamento pretende aprobar una ley singular que declara inmunes jurídicamente a ciertas personas por su motivación política?
- La respuesta a cuestiones fundamentales para la ordenación territorial de nuestro Estado no puede producirse en foros de negociación bilateral entre partidos sino en sede parlamentaria.
- No se puede celebrar un referéndum de autodeterminación “amparado en el artículo 92 de la Constitución”. El Tribunal Constitucional cuenta con una consolidada jurisprudencia en la que ha sentado que las cuestiones que afectan a los fundamentos del orden constitucional -como es este- “sólo puede[n] ser objeto de consulta popular por vía del referéndum de revisión constitucional”.
Recordamos que “el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1.in fine Constitución española).
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Hay Derecho es una fundación sin ánimo de lucro, independiente, que trabaja para defender el Estado de Derecho, el buen funcionamiento institucional y promover la lucha contra la corrupción. Investigamos y contribuimos al debate democrático a través del análisis de la actualidad. Nos dirigimos a autoridades e instituciones para solicitar transparencia y rendición de cuentas.
