23 DE JUNIO/ DIA INTERNACIONAL DE LOS ALERTADORES DE CORRUPCIÓN
HAY DERECHO ADVIERTE DEL PELIGRO DE SEÑALAR COMO “PRESCINDIBLES” A LAS AGENCIAS ANTIFRAUDE
- Las Agencias y Oficinas Antifraude son entidades totalmente necesarias para el Estado de derecho, claves en la protección de denunciantes de corrupción y rentables en términos de gasto público.
- Cualquier uso partidista de mecanismos de lucha contra la corrupción limita su efectividad al reducir el principio de independencia establecido por la directiva europea #Whistleblower y la reciente ley de protección a denunciantes de corrupción.
- “ A la hora de diseñar la organización administrativa, precisamente estas autoridades independientes son las menos prescindibles. Por el contrario, es necesario blindarlas contra la captura partidista y la injerencia política.”, señala Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho
Madrid, 23 de junio.- Las Agencias y Oficinas Antifraude son un mecanismo indispensable de lucha contra la corrupción y de protección y apoyo a las personas que la denuncian y por tanto no pueden formar parte de negociaciones políticas para rebajar su capacidad, ni estar al servicio de intereses partidistas, asegura Hay Derecho, organización sin ánimo de lucro que lucha por la defensa del Estado de derecho y contra la corrupción.
Para que puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva, estas entidades no pueden, ni deben, estar expuestas a cambios drásticos en su estructura ni estrategia, ni ver amenazada su existencia en función de procesos electorales o partidistas, tal y como se ha planteado recientemente en las negociaciones de formación de gobierno en la Comunidad Valenciana y en Baleares.
“Las agencias antifraude independientes incomodan porque precisamente ponen el foco en el abuso del poder. Es esencial dotarlas de recursos adecuados, reforzar sus competencias y respetar que trabajen con independencia.”, señala Safira Cantos”, directora general de Hay Derecho.
“A la hora de diseñar la organización administrativa, precisamente estas autoridades independientes son las menos prescindibles. Su acción, lejos de ser una carga al erario público, precisamente contribuye a que el dinero que es de todos se destine a sus fines y no que se desvíe por corrupción política o institucional.”, añade Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho.
En materia de protección hay que avanzar, no retroceder-
Los ciudadanos que deciden acudir a las agencias antifraude como canal externo de denuncia, especialmente cuando lo hacen de forma anónima o confidencial, deben hacerlo con la convicción de que están acudiendo a un canal seguro por su independencia.
En este sentido la Directiva europea de 2019 sobre protección a denunciante y alertadores de corrupción #Whisteblowers en su artículo 11 establece que los Estados miembros deben establecer “canales de denuncia externa independientes y autónomos para la recepción y el tratamiento de la información sobre infracciones”.
En la actualidad en nuestro país existen cinco entidades autonómicas de lucha contra la corrupción: la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia Valenciana Antifraude, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, la Oficina Andaluza Antifraude y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra.
La Agencia Valenciana Antifraude ha sido señalada por la propia Comisión Europea como “ejemplo local” de lucha contra la corrupción.
La nueva Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, y que entró en vigor el pasado 13 de marzo, establece, además, la creación de una Autoridad Independiente de Protección a Informantes con carácter nacional.
En relación a la nueva Ley, desde el 13 de junio es obligatorio la existencia de canales de denuncia internos en las empresas a partir de 250 trabajadores y en las administraciones públicas (municipios a partir de 10 mil habitantes) y, sin embargo, no se ha creado todavía esa Autoridad Independiente a nivel estatal que debe ser el canal externo y proteger a quienes alertan de corrupción frente a posibles represalias.
“La creación de la entidad nacional de protección a denunciantes ha de ser una prioridad para el próximo Gobierno y asegurarle una dirección realmente independiente” , señala Cantos.
Para entrevistas y más información:
Tábata Peregrín / 600464571 / Directora de comunicación / tabata@hayderecho.com
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