• Hay Derecho solicita paralizar la iniciativa que tiene por objeto el cierre de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.

• El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición de Ley por el procedimiento de urgencia que prevé su eliminación con base en razones partidistas y sin haber realizado evaluación de su funcionamiento.

23 de octubre de 2023– El Partido Popular ha registrado, por la vía de urgencia, una proposición de ley en el Parlamento Balear para eliminar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares.

• Los promotores han justificado esta medida con la mejora de la eficiencia administrativa por las supuestas duplicidades con las funciones de otros organismos.

Resulta paradójico que una de las primeras medidas de estos gobiernos de coalición (PP y VOX) sea la de eliminar instituciones clave para la lucha contra el fraude, la corrupción y la promoción de la ética en el sector público y privado.

Desde Hay Derecho señalamos que el argumento esgrimido por estos partidos de que estas entidades son “prescindibles” ya que es función de la fiscalía investigar estos casos, sencillamente no es cierto. Este argumento ignora las competencias de cada entidad, además de la evidencia disponible a nivel nacional e internacional tras décadas de avance en la lucha contra la corrupción. Ignora también las obligaciones legales internacionales, que abogan por el establecimiento de sistemas de protección específicos para los informantes de corrupción. Ignora asimismo que, de ser suprimida la Oficina, los alertadores de corrupción quedarían huérfanos de uno de los mecanismos de protección puesto que la Autoridad nacional de protección a quienes informan de corrupción todavía no ha sido creada, aunque esté prevista en una ley.

• Otro argumento esgrimido en la proposición de ley fue que la oficina se creó sin consenso político.

Es inadmisible que esta pueda ser la base para prescindir de un mecanismo de lucha contra el fraude y protección de quienes informan de corrupción. “La lucha contra el fraude y la corrupción no puede estar al albur de cada vaivén político. Este es un asunto de máxima importancia para el interés general. Si es mejorable la oficina debe hacerse sobre una evaluación técnica de su funcionamiento y las medidas dirigirse a su mejora, no usar excusas políticas para suprimirla”. Ha dicho Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. En interés del buen uso de los fondos públicos no pueden eliminarse sin más los organismos de control.

“Una medida de esta trascendencia debería, al menos, poder ser sometida a debate público y basarse en evidencias sólidas máxime cuando se trata de garantizar la lucha contra la corrupción en general y el buen uso de los fondos públicos en particular”. Ha afirmado Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho.

“Es evidente que esta iniciativa no responde a una voluntad de mejorar la eficacia de la administración en la lucha contra la corrupción” apunta Cantos. Este tipo de entidades, si funcionan adecuadamente, son organismos incómodos para el poder.

Información complementaria:

En la actualidad en España existen cinco entidades autonómicas de lucha contra la corrupción: la Oficina Antifraude de Cataluña, la Agencia Valenciana Antifraude, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, la Oficina Andaluza Antifraude y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra. Estas oficinas han operado ofreciendo algún tipo de protección a personas que informan sobre prácticas corruptas en la administración, desarrollando actividades informativas y promoviendo una cultura de “alzar la voz” ante dichas prácticas.

Algunas de estas entidades han sido pioneras siguiendo la estela de otros países de nuestro entorno con sistemas avanzados de protección y representando a nuestro país en la red europea de entidades de integridad y protección de denunciantes (NEIWA). La directiva de la UE 2019/1937 obligaba a los Estados miembros a poner en marcha un  sistema de Autoridades independientes de estas características como elemento clave para luchar contra la corrupción.

En España, la ley 2/2023 de protección a quienes informan de corrupción y otras infracciones normativas prevé la creación de canales de denuncia y de la Autoridad  Independiente de Protección del Informante. En todo caso, la creación de la Autoridad Nacional, cuando se produzca, no supone la pérdida de objeto de las entidades autonómicas.

Destaca además la garantía de independencia partidista que han incorporado leyes autonómicas como la de les Illes Balears Baleares, Ley 16/2016, mientras que la ley estatal prevé que el Director de la Agencia sea designado por el Ministerio de Justicia (es decir, el gobierno de turno), los Directores de las Agencias de I. Balears y la Comunidad Valenciana, se eligen por 3/5 del Parlamento, lo que obstaculiza las designaciones partidistas. Es este modelo de mayor independencia el camino que debe ser reforzado y no suprimido.

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