Algunas ideas clave para debatir sobre la amnistía

La amnistía es una medida que aprueba el Poder Legislativo y consiste en legalizar retroactivamente un acto ilícito, como plantea el constitucionalista Juan Luis Requejo.

A diferencia del indulto, no requiere que el ilícito haya sido juzgado y considerado delictivo mediante sentencia firme.

La amnistía no está regulada expresamente en nuestra Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico. La doctrina está dividida al respecto de una constitucionalidad en abstracto de una ley de amnistía, pero en cualquier caso, la última palabra sobre la constitucionalidad en concreto pertenece al Tribunal Constitucional.

Sea como sea, lo innegable es que cualquier propuesta de amnistía en las circunstancias actuales implica un daño a varios principios fundamentales del Estado de derecho. En particular, al principio de división de poderes, al principio de igualdad entre los ciudadanos, al principio de seguridad jurídica.

Por esta razón, el debate sobre una posible propuesta de amnistía no es de naturaleza exclusivamente técnico-jurídica, sino fundamentalmente un debate político. ¿Qué razones justifican que una medida como la amnistía pueda estar justificada en un contexto como el presente?

Para valorar esta cuestión, tengamos en cuenta que las amnistías se comprenden desde la óptica de la justicia transicional como medidas excepcionales para situaciones extraordinarias, tales como los contextos posteriores a una guerra civil o las transiciones entre un régimen político y otro, tal y como señala la penalista Alicia Gil.  Organismos internacionales como la ONU señalan que las amnistías deben ser la última opción disponible para solucionar este tipo de situaciones y estar siempre condicionadas a una voluntad de reconciliación y a amplios acuerdos políticos.

En el contexto de la Unión Europea no se han dado amnistías similares. El único caso equiparable es la amnistía que fue tramitada por el gobierno rumano a través de un decreto de emergencia en 2019 con el objetivo de descriminalizar determinados delitos de corrupción, algunos de los cuales afectaban a integrantes del partido en el gobierno. La medida fue retirada tras conocerse el rechazo tanto de la Comisión Europea como de la propia población rumana, que se manifestó abiertamente en contra (80%) a través de un referéndum.

A la luz de todo lo anterior, y para valorar su conveniencia en el caso español, la amnistía debe ser una medida justificada públicamente, evitando así vulnerar el principio de no arbitrariedad.  Esta justificación debe además considerar en qué sentido la amnistía reacciona a nuevos hechos en el contexto del procés o repara daños que no hayan sido aliviados ya por los indultos concedidos en 2021 o la derogación del delito de sedición en 2022.

Esta justificación debe buscar el apoyo de las principales fuerzas de Cataluña, pero también de los principales partidos de España, tal y como señala el constitucionalista Carlos Fernández Esquer. La excepcionalidad que supone la amnistía requiere un consenso reforzado que le otorgue una amplia legitimidad”, como señala la constitucionalista Ana Carmona.

Además del acuerdo de los representantes, una medida como la amnistía debe ser también sometida al escrutinio de la propia ciudadanía. Para ello, debe estar acompañada de un debate social amplio y riguroso que, idealmente, incluya consultas a la ciudadanía. En ausencia de tal debate, la amnistía carece de la justificación necesaria, y aparece como una medida coyuntural destinada únicamente a garantizar el apoyo político que necesita el gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, tal y como señala el historiador Joaquim Coll. Una interpretación apoyada por el hecho de que el principal partido de la coalición defendió en el pasado posiciones contrarias a la amnistía

A la espera de conocer el borrador de la propuesta, desde Hay Derecho consideramos que la propuesta de amnistía no reúne tales condiciones en el contexto actual. No existe una justificación pública detallada por parte de quienes la proponen, que tampoco han desarrollado la propuesta concreta de amnistía. No existe debate público, sino negociaciones opacas. No existe, tampoco, voluntad por parte de los posibles beneficiarios de la amnistía de restaurar la convivencia democrática y el respeto al orden constitucional.