NOTA DE PRENSA

Hay Derecho valora que se desbloquee el CGPJ, pero alerta de las «insuficiencias» del acuerdo alcanzado

Madrid, 26 de junio de 2024.- La Fundación Hay Derecho considera que el acuerdo anunciado este martes para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los dos principales partidos políticos, PSOE y Partido Popular, es positivo, por el hecho de que se desbloquea una situación que era crítica, aunque el pacto es insuficiente.

La situación de bloqueo del CGPJ, que se alargaba ya más de cinco años, era insostenible: dejaba más de un 30% de plazas vacantes en el Tribunal Supremo. Este órgano, de hecho, acumulaba más de 46.000 asuntos pendientes en enero de 2024. Este bloqueo ha tenido, por tanto, una incidencia directa en la ciudadanía, que ha sido la gran perjudicada.

«Por fin hay un acuerdo –aunque con insuficiencias– para desbloquear el CGPJ tras más de cinco años de vergüenza institucional», destaca la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos. «No se ha producido en estos años ningún debate para elegir a los miembros del CGPJ en sede parlamentaria, siendo el nombramiento de su competencia. Lo más preocupante es que hayan mantenido un reparto de los vocales ligado a cuotas de partidos y sus organizaciones afines», señala Cantos.

Entre los aspectos positivos del acuerdo hay que mencionar la regulación de las puertas giratorias entre política y justicia, ya que tiene que transcurrir un periodo de enfriamiento de dos años para que un juez pueda volver de la política a la judicatura, por ejemplo; que se refuerza el régimen de incompatibilidades para poder ser designado vocal del CGPJ por el turno de juristas de reconocida competencia o para ser nombrado fiscal general del Estado, estableciendo para ambos casos un período de enfriamiento de cinco años tras haber ejercido un cargo político. 

Además, se eleva el requisito de experiencia de 15 a 20 años para ser elegido magistrado del Tribunal Supremo. «Son pasos en la buena dirección», destaca Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Es positivo, además, el compromiso de no tramitar enmiendas sin acuerdo entre los dos grandes partidos pero tiene el riesgo de ser poco ambiciosos en las reformas. 

Interrogantes abiertos

No obstante, el acuerdo deja algunos interrogantes abiertos. El pacto habla de «reforzar la independencia de jueces y magistrados», aunque no especifica cómo. También menciona que se reforzará la «independencia del Ministerio Fiscal», sin explicar de qué forma.

En cuanto a la reforma del sistema de elección de los miembros del CGP, se encomienda asimismo al órgano elaborar una nueva propuesta de elección de vocales de procedencia judicial para lo que se le concede un plazo de seis meses. Dicha propuesta debe de contar con un respaldo de tres quintas partes de los nuevos vocales del CGPJ, para su posterior tramitación por parte del Gobierno o las Cortes Generales. 

«Partiendo de que el sistema hasta ahora existente del reparto de cromos ha fracasado estrepitosamente, la pregunta que cabe hacerse es si este acuerdo va a permitir transitar hacia un nuevo modelo, como pedía la Comisión Europea», valora la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

La tramitación urgente evita los debates parlamentarios

No obstante, probablemente por razones de urgencia, la fórmula escogida, que vincula la renovación del órgano a una proposición de ley por procedimiento de urgencia, reduce los debates parlamentarios y hace que se prescinda de informes previos que serían preceptivos de tramitarse como anteproyecto de ley. 

El PSOE y el Partido Popular han acordado reformar por esta vía tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el objetivo de reforzar las garantías de independencia de jueces y magistrados, y de la Fiscalía General del Estado. 

La importancia de objetivar los criterios de nombramiento

Por último, se prevé la creación de una Comisión de Calificación, formada por cinco vocales, para informar sobre todos los nombramientos que sean competencia del pleno, con el objetivo de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas. 

«Sería muy conveniente un desarrollo más ambicioso de la objetivización de los nombramientos, en la línea de lo propuesto por el todavía presidente del CGPJ», reclama Elisa de la Nuez. La Fundación Hay Derecho propone que los actuales nombramientos discrecionales se realicen «de acuerdo a criterios objetivos de mérito y capacidad previamente definidos, con transparencia y libre concurrencia», concluye Safira Cantos. El actual sistema de nombramientos discrecionales de la cúpula judicial es un problema que debe abordarse sin demora. Deben motivarse de forma objetiva los ascensos a responsabilidades como magistrados del Tribunal Supremo, y presidencias de tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional o audiencias provinciales.