Coloquio en el CTBG sobre la ejecución de las resoluciones de los órganos garantes
12 de Junio, 2019
El lunes 10 de Junio la Fundación Hay Derecho participó como oyente en el coloquio que tuvo lugar en el CTBG.
Marcelo Drago, Presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, confirmó que desde hace 10 años hay en Chile un régimen de multas que consisten en la reducción de salario de entre el 20% y el 50%. Se dirigen al máximo responsable del organismo administrativo cuestionado, quien para verse eximido deberá demostrar que se han incumplido todos los controles y normas internas establecidas por el organismo, y que se ha procedido a la infracción de transparencia a pesar de contar con todo tipo de normativas. El efecto preventivo funciona; se han sancionado ya a trescientos funcionarios, de los cuales el 50% son alcaldes.
Diego Pérez, Director de la División Jurídico Institucional en AIReF, sostuvo que en España la transparencia solo se sustenta con un sistema de normas dispositivas o soft law, frente a las normas imperativas que son las que posibilitan un régimen sancionador. De este modo, la falta de transparencia solo tendría un coste reputacional. Si el ciudadano realmente quiere obtener una sanción, tiene que acudir al recurso contencioso-administrativo. Ello supone costes de tiempo y económicos. En cuanto a la responsabilidad disciplinaria del funcionario, una posible multa coercitiva sería difícil de imponer. Pérez considera que hace falta una reforma en profundidad para acercarse al sistema Chileno.
Manuel Medina, Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, sostuvo que en Andalucía se considera infracción muy grave el incumplimiento de decisiones del Consejo. Sin embargo, no hay régimen de multas y sí de sanciones, que pueden ser desde la publicación del nombre en el Boletin Oficial de Andalucía (sanción reputacional) hasta el cese en el cargo por tres años. Además, la sanción no la impone el Consejo, sino el propio organismo administrativo al que pertenece el funcionario al que se está cuestionando. El mayor nivel de incumplimiento se da en municipios de poca población, y hasta ahora ha habido doce resoluciones.
Javier Castro, Abogado del Estado, destacó que sería importante introducir en el sistema de sanción el incidente de ejecución.
Luisa Berrío, Subdirectora dentro de la Dirección General de Gobernanza Publica del Ministerio de Hacienda, consideró que la mayor parte de las reclamaciones del Consejo de Transparencia se estaban tramitando correctamente. Según sus datos, el 91% de las solicitudes no dan lugar a reclamaciones.
Entre las cuestiones que se suscitaron en la discusión posterior, destacó la de Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, quien señaló que es necesario otorgar al CTBG el poder de inspección para comprobar que las respuestas son correctas y que se están ejecutando como se ha establecido por la propia CTBG.
Se comprobó también que ciertas Comunidades Autónomas, como la de Castilla-La-Mancha o Cataluña, tienen un régimen sancionador más avanzado que la de la Administración General del Estado.
