Transparencia estimó 387 reclamaciones contra el Gobierno por negar información

3 de febrero, 2021

Antonio Salvador informa en El Independiente de la situación general de la transparencia en España en un artículo sobre el que queremos llamar la atención y que pueden leer aquí. En concreto, informa de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó el pasado año 387 reclamaciones interpuestas por ciudadanos que habían intentado sin éxito que diversos ministerios y empresas públicas le aportasen determinada información. Interior fue con diferencia el departamento más opaco, seguido de Sanidad y Presidencia.

El Ejecutivo recurrió cientos de veces durante 2020 al silencio administrativo, invocó alguna de las causas de inadmisión que prevé la Ley de Transparencia en su artículo 18, facilitó información de forma parcial o esgrimió que los datos solicitados eran materia clasificada, no eran públicos o estaban afectada por la Ley de Protección de Datos para no entregarlos, decisión que reiteradamente censuró el organismo independiente encargado de velar por la transparencia en las instituciones públicas al analizar los casos. El balance del CTBG arroja una media de más de un revés al día, incluyendo domingos y festivos.

Desglosados los datos por ministerios, Interior fue un año más el que recibió más resoluciones en contra. Fueron 75 -un tercio de ellas en un mismo mes, concretamente junio- las veces que el Consejo de Transparencia concedió diez días hábiles al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que proporcionara la información que inicialmente no había facilitado, no constándole al CTBG (a fecha de 31 de octubre) que hubiera cumplido 28 de estas resoluciones. En reiteradas ocasiones, Interior ni facilita los datos ni recurre ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, posibilidad que puede ejercer en el plazo de dos meses si está en desacuerdo con dicho dictamen.

Los presos en libertad condicional en el periodo 2012-2018, el número de guardias civiles y policías nacionales, los desplazamientos de un alto cargo de Interior, las deportaciones de migrantes, el certificado de pago a la consultora que elaboró el informe para la equiparación salarial, el número de agentes heridos en el operativo policial con el que se repelieron los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés, el coste económico de dicho dispositivo (Ícaro) o las denuncias presentadas por prescindir de la mascarilla de protección frente al coronavirus fueron algunas de las peticiones que no encontraron respuesta por Interior o que no colmaron las pretensiones de los ciudadanos, amparados posteriormente por Transparencia.

La pandemia provocada por la covid-19 motivó el pasado año que se incrementara de forma notable el número de peticiones de información dirigidas a Sanidad, ministerio que ha dejado Salvador Illa en vísperas de que arrancara la campaña de las elecciones catalanas del 14-F en las que concurre como cabeza de cartel del PSC. Su sustituta es Carolina Darias, hasta ahora al frente de Política Territorial y Función Pública.

Avalancha de peticiones a Sanidad

De acuerdo con las resoluciones consultadas por El Independiente, el CTBG estimó 47 reclamaciones que se habían formulado contra Sanidad. Entre otros asuntos, las peticiones versaban sobre los informes emitidos en los inicios del coronavirus; los residentes en centros de mayores fallecidos por covid-19 en cada comunidad autónoma; el listado de reuniones mantenidas desde el 1 de enero de 2020 por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, o el número de rastreadores con que se contaba para detectar posibles contactos de contagiados y romper así la cadena de transmisión. Algunas de estas peticiones fueron formuladas por nuestra Fundación, Hay Derecho, como hemos ido informando puntualmente.

Uno de los dictámenes emitidos por Transparencia fue el que instó a Sanidad a revelar la identidad de los funcionarios que asesoraron a la hora de decidir a qué fase pasaba cada comunidad durante el proceso de desescalada. El Gobierno se había negado a revelar dichos datos alegando que, en caso de difundirlo, estaría vulnerando el derecho a la protección de datos de los citados expertos. El CTBG rechazó ese argumento y, por el contrario, resolvió que proporcionar esa información favorecía el control de la actividad pública por parte de la sociedad en «decisiones relevantes».

Los ciudadanos encontraron también amparo por parte del Consejo de Transparencia al menos 41 veces al no ver atendidas las peticiones de información que dirigieron el pasado año a la Presidencia del Gobierno, reacia a facilitar datos -por ejemplo- sobre gastos relativos a desplazamientos y vacaciones de Pedro Sánchez imputados al presupuesto público. No sólo Transparencia; también los tribunales han avalado el derecho de la ciudadanía cuando ha requerido este tipo de información, reiteradamente negada por Moncloa.