Derechos de denunciantes:
En los últimos años hemos sido testigos en España de numerosos casos de denunciantes de corrupción que han sufrido numerosas y dolorosísimas represalias por sus denuncias.
En la Fundación Hay Derecho conocemos muchos de estos casos de primera mano, ya que hemos colaborado estrechamente con algunos de ellos a título individual y con la organización que los agrupa la plataforma por la honestidad. Asimismo, el Primer Premio que otorgó la Fundación a la Defensa del Estado de Derecho recaló en Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel en la Comunidad de Madrid. En 2017, el II Premio Hay derecho también reconoció la labor de los denunciantes del ‘caso Aquamed’. Una de las denunciantes del caso, Gracia Ballesteros, resumía así su experiencia: “es una ingrata y solo a veces gratificante tarea la de denunciar la corrupción”.
El contacto de la Fundación con estos casos ha sido esencial para tomar conciencia de la necesidad, y la importancia, de proteger a estas personas que toman partido en la lucha contra la corrupción. El análisis de sus casos nos permite identificar los puntos débiles que deben ser considerados a la hora de establecer los derechos y los tipos de protección que una ley de este tipo debe tener en cuenta.
De este modo, los casos que se resumen a continuación, evidencian la necesidad de proteger a los denunciantes de represalias tales como el acoso laboral, del despido improcedente, un interminable calvario judicial donde la Administración cubre sus gastos legales con dinero público mientras el denunciante literalmente se arruina, o, incluso, las amenazadas contra la integridad física del denunciante y su familia. Todo ello, por supuesto, con enormes costes psicológicos y morales para los denunciantes que ven sus vidas alteradas en formas casi impensables.
Caso Teodoro Montes o acoso laboral
Teodoro Montes es un denunciante de corrupción, lo que en su día le hizo convertirse en blanco de acoso en su puesto de trabajo. Montes es el funcionario que denunció en Sevilla el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía, escándalo conocido como ‘caso Edu’.
Montes, que era el responsable del departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, denunció internamente el presunto fraude. Los actos irregulares denunciados, algunos de los cuales son aún hoy objeto de procedimientos judiciales abiertos, apuntan al beneficio de algunas empresas que percibieron ayudas de la Junta pero que mostraron irregularidades tales como no ofrecer dichos cursos, no estar justificados o haberse concedido partidas de dinero excesivas.
El dinero público que se podría haber defraudado en los cursos de formación asciende a unos 200 millones de euros. La respuesta recibida por Montes tras atreverse a denunciar fue el acoso laboral, que se inició a su regreso de una excedencia de nueve meses en el año 2009.
A su vuelta, se encuentra con su despacho ocupado por otro compañero, a pesar de ser él el jefe del departamento. A continuación, se le ignora. No se le asigna trabajo alguno y sus funciones quedan reducidas y desplazadas. Sufre un asilamiento que culmina con el levantamiento de un tabique que le aparta físicamente del resto de la oficina y compañeros. Además, en ese periodo le abren de manera injustificada múltiples expedientes disciplinarios, una forma de desacreditarle.
El Tribunal Superior de la Junta de Andalucía (TSJA) da la razón en 2012 a Montes con una sentencia que condena a la Junta por acoso laboral. El texto del TSJA recoge explícitamente esta situación, afirmando que Montes es víctima y objeto de ‘mobbing’, siendo humillado y discriminado de forma sistemática.
Aun en estas circunstancias, Montes permaneció en su puesto insistiendo en que se le asignase trabajo. No ha querido plegarse a las coacciones y ha permanecido en la misma plaza, aunque sin funciones. La sentencia emitida por el TSJA reconoce la intencionalidad del acoso como un esfuerzo por que el funcionario pidiera el traslado o renunciase a su cargo. Así, Montes calificó su situación de «hostigamiento». La finalidad de la Junta era sancionarle por haber denunciado la presunta corrupción de los cursos de formación.
El acoso laboral es una de las muchas represalias que pueden sufrir los denunciantes de corrupción. El caso de Montes es esencialmente un caso de acoso laboral, aunque no exento de otras represalias. También fue detenido por la Policía y acusado de prevaricación y falsedad documental. El mismo cuerpo de Policía que después tuvo que brindarle protección, aplicándosele las medidas recogidas en la Ley de Protección de Testigos y Peritos, cuando la Juez Alaya le declaró testigo protegido. La magistrada tuvo que paralizar también intentos de querellarse en su contra.
A nivel personal, esta situación llevó a Montes a una depresión. No hay que olvidar que denunciar sigue suponiendo un coste personal y profesional muy elevado para quienes lo hacen.
Caso Itziar González o la amenaza a la integridad física
Itziar González es denunciante de corrupción en el ámbito de la especulación y el lobby turístico, prácticas contra las que lucha en la ciudad de Barcelona. Su caso comienza en 2009. Entonces, González, de formación arquitecta, era concejala del distrito barcelonés Ciutat Vella.
Desde su cargo trabajó en la regulación de la actividad económica del sector turístico, diseñando un Plan de Usos. Esto no gustó a la industria hotelera, que vio reducida su libertad para hacer negocio en el distrito. González quería regular la convivencia entre vecinos y empresarios. Fijar medidas concretas y establecer limitaciones para conseguir un equilibrio en el barrio. Entonces, se encontró con la oposición del sector turístico.
También se topa, en su distrito, con miles de apartamentos turísticos opacos ofertados en internet pero de los cuales Hacienda no tiene constancia ninguna. Entonces insiste en la necesidad de regular. Paralelamente, tropieza con las irregularidades en la administración pública: en concesiones de licencias, en la manipulación de expedientes, en las firmas de proyectos no aptos y en tramitaciones a cambio de comisiones. La concejala decide entonces emprender una denuncia.
Sin embargo, su tenacidad en la lucha por normalizar la actividad económica acabó suponiendo un riesgo para su integridad física. Las amenazas empiezan cuando consigue el cierre de un apartamento turístico. Días después los Mossos d’Esquadra revientan la puerta de su casa y registran la vivienda. Después vendrán las presiones, las extorsiones e intimidaciones.
En el buzón encontraría cartas que amenazaban con su muerte. La arquitecta pasó a una vida con escolta y a renunciar a su privacidad. Además, dejó su puesto de trabajo, presentando su dimisión ante la negativa del alcalde de bloquear la construcción del hotel del Palau de la Música, uno de los proyectos que habían llegado a su ayuntamiento y que presentaba irregularidades.
En su declaración como testigo en dicho caso, relató el sufrimiento que le había costado todo ello: las intimidaciones y los seguimientos. González ya no se podía sentir segura, ni siquiera en su barrio, pero tampoco en su casa. Se convirtió en el foco de las presiones y las amenazas.
Su paso por la política y su firmeza ante cualquier atisbo de corrupción le han supuesto un gran coste personal y profesional. González acabó mudándose de su barrio.
Caso Cristóbal Cantos o el calvario judicial
Cristóbal cantos es el denunciante que destapó el ‘caso Invercaria’, que alude a la empresa pública de capital de riesgo perteneciente a la consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía acusada de falsear datos e informes para justificar inversiones millonarias. Desde que Cantos revelara el presunto fraude, le han perseguido numerosas denuncias emprendidas por la empresa pública.
Cantos era directivo en Invercaria, director de Promoción, hasta que le despidieron por negarse a firmar las falsedades que estaba fabricando su empresa, que después presentaría como informes. El ‘whistleblower’ aportó como pruebas de su denuncia unas grabaciones en las que su entonces jefa, Laura Gómiz, daba dichas órdenes, instando a sus subordinados a inventarse los escritos.
Esas grabaciones fueron las que le valieron a Cantos las querellas que, más adelante, Invercaria iba a emprender contra él. Tanto Invercaria como Gómiz le acusaron ante el juez de haber manipulado las grabaciones y haberlas presentado en el caso, lo que suponía incurrir en un delito de estafa procesal. También le acusaban por calumnias. Finalmente, el juzgado de Sevilla archivó ambas querellas.
Sin embargo, el paso por los tribunales de ambas partes no solo se limitó a la vía penal. Ambas partes ya habían pasado por lo social en el juicio del despido improcedente de Cantos, en el que sacó a la luz las grabaciones que probaban el motivo de su destino. Entonces ya se confirmó la autenticidad de las cintas.
Aun así, Invercaria lo intentaría una vez más. Esta vez por lo civil. A pesar de que los tribunales no le daban la razón, la empresa pública siguió con las denuncias a Cantos. Esta reclamó al ex directivo más de 900.000 euros por haberla desprestigiado y dañado su honor. Esta demanda no solo quedó desestimada sino que condenaba en costas a la Administración. Los tribunales volvían a dar la razón al testimonio de Cantos.
Desde que estallara el caso, en 2013, el ex director de Promoción de la empresa pública, ha tenido que ocupar su tiempo defendiéndose en los tribunales. Un lustro de citaciones judiciales.
Caso Azahara Peralta o despido improcedente
Azahara Peralta es una de las ‘whistleblowers’ del caso Acuamed, empresa pública especializada en el tratamiento de aguas. Ella, ingeniera de profesión y entonces directora de Obra del proyecto de Acuamed en Tarragona para limpiar las aguas del Ebro, denunció el fraude junto a dos de sus compañeros, Francisco Valiente y Gracia Ballesteros.
La trama comienza en 2014 cuando la empresa contratista, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), plantea la aprobación de sobrecostes para el proyecto que dirige Peralta. La constructora reclamaba 40 millones de euros para cubrir futuros gastos. Peralta se niega a firmar dado que dichos costes no estaban justificados.
Entonces, empiezan las presiones. Peralta sigue oponiéndose a dar el visto bueno a los sobrecostes que se solicitan para descontaminar el embalse de Flix (Tarragona), dado que el proyecto no los requiere. La responsable de la obra considera que no se pueden ni valorar ni presupuestar costes futuros que en el presente no existen.
Ante su respuesta, Acuamed intenta justificar los 40 millones solicitados creando un Comité de Control Interno que realiza una auditoría en favor de esta suma. Ella y sus compañeros siguen negándose. A uno de ellos, su jefe, le echan de la empresa. Además, ponen en conocimiento del presunto fraude al ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, del que depende la empresa pública. El ministerio se desentiende.
Una vez más, piden a Peralta que firme. Esta vez es su nuevo jefe quien se lo requiere. Se vuelve a oponer y esa misma tarde es despedida. Entonces Peralta denuncia a la empresa pública por despido improcedente, ya que su cese se debe a su rechazo a respaldar la corrupción.
En diciembre de 2017 un juzgado de Madrid falla a favor de la responsable de obra y obliga a la empresa pública a readmitirla, considerando nulo su despido. Además, Acuamed deberá hacerse cargo de los daños y perjuicios ocasionados a Peralta, lo que incluye, una indemnización de más de 50.000 euros. La empresa pública tendrá que abonarle la cuantía total correspondiente a su sueldo desde que fue despedida en julio de 2015.
Acuamed admite la acusación de la sentencia que recoge la nulidad del despido y, además, reconoce que su cese se produjo, efectivamente, por no firmar los 40 millones de euros en sobrecostes. Además, el fallo del tribunal pone también de manifiesto las presiones a las que fue sometida la ingeniera.
La sentencia da la razón a Peralta, que perdió su puesto de trabajo por denunciar la corrupción en una empresa pública.
