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El ‘caso Dina’ y el uso político de la Administración de Justicia

Una versión previa de este artículo se publicó en Crónica Global y puede leerse aquí.

 

El culebrón jurídico-político del robo de la tarjeta móvil de la ex asesora del Vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, es uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar -y eso que no faltan- de la enfermedad institucional consistente en el uso político de nuestra Administración de Justicia.

Hay que partir de la querencia de nuestros partidos -de izquierdas y de derechas- por utilizar la vía judicial como un escenario más de sus batallas políticas, que convierten así en batallas judiciales. Recordemos que las instrucciones judiciales de casos muy mediáticos (como sin duda lo es el caso Tándem, que investiga las actividades del siniestro ex comisario Villarejo) permiten a los abogados de los partidos que son parte en los procedimientos tener acceso a información muy relevante, que puede utilizarse contra todo tipo de adversarios. Además, los escenarios judiciales se utilizan para proyectar una determinada imagen en la que los partidos aparecen como justicieros luchadores contra la corrupción, las cloacas del Estado, los fondos buitre o, más frecuentemente, sus enemigos políticos. En definitiva, se utiliza la justicia para hacer política partidista por otros medios.

De ahí viene la tentación del uso partidista de la policía o/y de la fiscalía (cuando no de la judicatura) con la finalidad de echar una mano al Gobierno o al partido de turno en sus enfrentamientos políticos, lo que poco tiene que ver con los objetivos de estas instituciones. La etapa de Jorge Fernández Díaz como Ministro del Interior fue particularmente desgraciada en este sentido, pero también hay que decir que la inaugurada por Grande Marlaska no parece muy prometedora: las destituciones y dimisiones en la cúpula de la Guardia Civil no auguran nada bueno en términos de la necesaria profesionalización y despolitización.

Sentado lo anterior, el robo y posterior difusión por parte de algunos medios del contenido de la tarjeta móvil de Nina Bousselham (al parecer algo más que una asesora de Pablo Iglesias), investigada en una pieza separada del caso Tándem precisamente a instancias de Podemos, viene a poner de manifiesto todos estos problemas. En esta pieza separada estaba personado, además, el propio Pablo Iglesias como perjudicado. Efectivamente, una copia de la tarjeta se encontró en poder del ínclito Villarejo, a pesar de que la tarjeta original le había sido devuelta al líder de Podemos por el entonces Presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbah, al parecer por contener fotos íntimas de su propietaria y conversaciones privadas de directivos de Podemos. El problema es que el propio Iglesias, por motivos fáciles de comprender pero no tanto de contar, retuvo la tarjeta móvil que le fue entregada y, cuando finalmente se la devolvió a su ex asistente, estaba inutilizada. Esto ha provocado que el juez instructor le haya retirado la condición de perjudicado, dado que esta postura procesal es incompatible con la de posible investigado por un posible delito de daños informáticos, probablemente de corto recorrido.

Para acabar de rematar el enredo, la ya ex abogada de Podemos, Marta Flor, habría presumido de relaciones íntimas con uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, además de llevar a la vez la defensa de Dina Bousselham y de Pablo Iglesias, en una demostración llamativa (por lo desinhibida) de falta de deontología y de profesionalidad a la vez. Y para que no falte nada, a raíz de este culebrón Vox se ha apresurado a querellarse por unos cuantos delitos contra todo lo que se mueve: el fiscal, Iglesias, Bousselham, Unidas Podemos…

Eso sí, una cosa les puedo asegurar: ninguno de ellos parece tener el menor interés en el esclarecimiento de los hechos acaecidos y mucho menos en remediar los problemas de fondo que ponen de relieve. Es interesante, porque Unidas Podemos desde el Gobierno e incluso Vox desde la oposición podrían hacer bastante más que pelearse en los tribunales si les interesaran de verdad cuestiones tales como la actuación profesional de policías, fiscales o abogados, la revelación de secretos, el tráfico de influencias o alguno de los otros delitos que se echan en cara.

En fin, si han conseguido seguirme hasta aquí sin perderse demasiado, podrán concluir conmigo que el ‘caso Dina’ lo tiene todo en términos de desastre institucional: la utilización partidista de las instituciones, en especial de la policía y la fiscalía para “afinar” lo que manden a los jefes políticos de turno; la judicialización de nuestra vida pública por parte de los partidos, dispuestos a interponer las querellas que hagan falta, a personarse como acusación popular o como perjudicados para sacar rédito político (torpedeando si es preciso las investigaciones en marcha y mareando a los jueces); y, finalmente, la intervención de abogados poco escrupulosos con las reglas básicas de la profesión y de medios comunicación, dispuestos a sacar tajada mediática, política o personal.

En este sentido, el varias veces condecorado Villarejo -que ha compartido confidencias con la actual Fiscal General del Estado y ex Ministra de Justicia, que ha sido contratado por personas con mucho poder en empresas muy importantes de este país para hacer todo tipo trabajos sucios a cambio de sueldos millonarios (estando en activo en la policía por cierto)- es el mejor exponente de esta enfermedad institucional que corroe nuestra democracia. Y no parece que los partidos estén dispuestos a curarla, sino simplemente a utilizarla para sus propios fines.

Red de abogadas y abogados de España: ¿Lágrimas en la lluvia?

I’ve seen things you people wouldn’t believe (….). All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. 

Del guion original de la película “Blade Runner”. 

No es por casualidad que para encabezar este artículo haya evocado el final de la película Blade Runner, del director Ridely Scott. Tales palabras me asaltaron hace unos días, a finales de noviembre de este año 2019, en Córdoba, durante el Congreso de la Abogacía Independiente al que había sido invitado en calidad de magistrado. 

Y es que, como reza la cita cinematográfica, estaba asistiendo a una cosa increíble: cientos de abogados, organizados sin apoyo institucional, hablaban con una claridad inaudita: pedían la dignificación del turno de oficio o la conciliación de la vida personal y familiar, entre otras reivindicaciones. Son síntomas de un malestar soterrado, una energía contenida que estaba emergiendo con fuerza sísmica. 

Espectáculo inquietante, sin duda, para algunos. ¿Quiénes eran esos que saltaban a la palestra sin padrinos oficiales?; ¿de derechas o de izquierdas?; ¿respaldados por algún partido? No es de extrañar que a los políticos-togados y, en general, a los que están enredados en redes clientelares, les produzcan desasosiego las iniciativas que no encajan en su lógica ideologizada. 

Espectáculo esperanzador, en cambio, para otros. Yo conocía a algunos de sus más destacados protagonistas como Verónica del Carpio, Elena Jubera o José Muelas. Hace unos años impulsaron una corriente en redes sociales conocida como “Brigada Tuitera” que, merced una sucesión de cargas digitales, consiguió frenar los propósitos de imponer una irrestricta ley de tasas judiciales. Ahora, bien curtidos en la milicia ciudadana, cabalgaban de nuevo. 

Aun no siendo yo abogado, me contagié de un espíritu pionero, sintiendo ser testigo de un momento histórico. Y, sobre todo, muy orgulloso. Era el único juez al que habían llamado, como representante de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación en cierto modo paralela, pues compartimos puntos esenciales. 

Uno de ellos es la exigencia de despolitizar el gobierno del Poder Judicial. En la actualidad todos y cada uno de los vocales de su Consejo son escogidos por los grupos parlamentarios. El resultado ha sido bochornoso: clandestinos cambalaches para colocar a los afines, a los agraciados por el intercambio de cromos. La solución es bien simple: retornar al modelo mixto previsto en la Constitución. Casi me entristeció tener que oír semejantes obviedades de boca de los señores letrados cuando, en llamativo contraste, aquellos que nos gobiernan, pero a los que no hemos elegido, danzan alegremente al son que otros les tocan. 

Otro, no menos importante, es la democratización interna de la Abogacía. ¿Por qué no cuentan los colegiados de cauces representativos basados en el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para todos ellos, como colectivo conjunto? Anomalía muy parecida a la que sufre la judicatura. Llevamos en la Plataforma años reclamando el principio “un juez, un voto”, tal como proclamaron los revolucionarios franceses. Parece, empero, que hay quien está muy a gusto con el mantenimiento de estructuras neo-estamentales de corte medieval. 

Pero, más allá de coincidencias programáticas, me inundaba otro motivo de satisfacción: veía nacer en Córdoba, ciudad de la que soy oriundo, la Red de Abogadas y Abogados de España. Su acta fundacional se firmó ese día en la otrora capital de la Bética, próspera provincia de un Imperio que nos legó el Derecho Romano. Noble símbolo: la razón jurídica frente a la barbarie de la servidumbre clientelar. Estando, como está, la Plataforma compuesta no sólo por jueces, sino también por letrados, se abría un ágora luminosa, un espacio de encuentro para el diálogo, al más puro estilo clásico. 

Bien pensado, con todo, no dejaban de estar teñidas de cierta melancolía las frases del guion que tanto me había inspirado: “lágrimas en la lluvia”, “tiempo de morir”. ¿Qué futuro le aguarda a esta red de valientes?; ¿quedarán atrapados dentro de los entresijos de la maquinaria neo-feudal de la justicia politizada? 

El futuro es un misterio. Ni el mismísimo Zeus lo conoce. Pero los augurios son muy propicios. Tal como los rebeldes franceses encerrados en la sala del juego de la pelota, hace doscientos años, esta red representa el futuro, el vigor de una ciudadanía resurgente desde las bases y que no depende de intermediarios corporativos. De corazón les deseo toda la suerte, señores letrados y letradas de España. La van a necesitar.