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El ministro de Justicia todavía no se ha enterado bien de qué va esto

Por lo menos, si nos hemos de guiar por sus declaraciones publicadas ayer por el diario El País (aquí). Es cierto que pretender que un Gobierno del PP liderado por el Sr. Rajoy pudiera iniciar una regeneración valiente de nuestras instituciones era un desiderátum,  pero si su ministro de Justicia se piensa que con la nueva investidura tiene barra libre para continuar el proceso de desactivación del último baluarte de nuestro Estado de Derecho que queda en pie –los jueces de primera instancia e instrucción- creo que anda muy desencaminado. Nos parece que no está midiendo bien sus fuerzas en este nuevo escenario político.

Bajo el esperanzador y sin duda muy regeneracionista titular de “La responsabilidad política por la corrupción se salda en las urnas”, el ministro nos informa de que pretende acabar con la acusación popular, para “facilitar” posteriormente “reducir” los aforamientos, y quitarle la instrucción a los jueces atribuyéndosela a los fiscales. Nos informa también de que en realidad esto es una ocurrencia del exministro socialista Caamaño, pero que con cierta generosidad por su parte se puede compartir.

De esta forma tan sutil e inteligente el ministro pretende que nos traguemos una reforma que en el futuro haga imposible que se repitan asuntos tan desagradables como la acusación al Sr. Botín por las cesiones de crédito o el procesamiento de la Infanta, por ejemplo, por no hablar del inicio del caso Bankia. En ninguno de estos casos acusó el fiscal ni el abogado del Estado, y si salieron adelante (aunque en el caso del Sr. Botín el TS tuvo que acuñar su famosa y desacreditada doctrina para librarle del trago) fue por la combinación de tres factores básicos que todavía nos permiten definirnos como un Estado de Derecho: acusación popular, instrucción por el juez de base y ausencia de aforamiento para algunos pocos desafortunados.

El siguiente paso es acabar también con esto, quizás porque el Gobierno del PP continua firmemente decidido a que en el futuro gobierne Podemos con mayoría absoluta. Porque no hay vía más rápida para ello que emprender una reforma que blinde todavía más al establishment apoyándose en argumentos insostenibles.

La vinculación de la acusación popular con los aforamientos es un mantra hueco que, como muñeco de trapo, por mucho que se le atice no  termina nunca de morir. Quizás porque es precisamente eso, un espantajo que no se cree ni quienes lo alegan. Según esta cansina tesis, como en España puede acusar cualquiera, ciertos cargos políticos deben estar especialmente protegidos.

Ya la he combatido en otras ocasiones (por ejemplo aquí) pero, resumidamente, esta tesis reconoce como evidente dos presupuestos falsos y oculta un tercero verdadero:

El primer presupuesto es que en España el que acusa falsamente no le pasa nada. Incorrecto. Nuestra legislación ofrece recursos de sobra para salir al paso del abuso: la fianza de los arts. 280 y 281 de la LECrim; la indemnización civil compensatoria del perjuicio económico; los art. 456 y 457 CP que tipifican la denuncia falsa; y el art. 456.2 que permite al juez proceder de oficio cuando haya indicios bastantes de falsedad en la imputación. Pero si estos recursos se consideran insuficientes podría concentrarse el celo reformador en ampliarlos.

El segundo es que el juez de base es más influenciable que el juez superior y va a admitir acusaciones infundadas. Absolutamente falso, es más bien lo contrario. El juez superior es más influenciable que el inferior a la hora de no admitir denuncias fundadas, especialmente cuando se procesa a gente poderosa, dada la politización del sistema de selección de los jueces de los tribunales superiores en este país.

El tercer presupuesto, que se oculta, es que cuando se presenta una querella a un aforado el juez superior también tiene que admitirla y realizar una somera indagación. Es decir, ante una querella el juez debe realizar una mínima investigación con el fin de apreciar el fundamento de la pretensión y eso implica ya pena de banquillo. OK muy bien, pero, ¿en las instrucciones realizadas por los tribunales superiores donde acuden los aforados no se investiga nada? Vaya, o sea que cuando se interpone una querella contra un aforado el instructor del TS no realiza ninguna investigación para apreciar el fundamento de la pretensión. Bueno es saberlo.

Todo ello al margen de que el art. 125 de la CE la consagra especialmente:

“Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.”

Realizar una reforma del proceso penal que la reduzca a la mínima expresión necesitaría una revisión constitucional. Y lo cierto es que, en estos tiempos que corren, reformar la Constitución para quitar derechos a los ciudadanos en vez de para otorgárselos, y mantener mientras tanto los aforamientos, aunque sea “reduciéndolos”, es lo único que nos faltaba. Quizás en Europa no exista la acusación popular, pero lo que desde luego no hay es aforamientos y, por supuesto, tampoco una fiscalía tan dependiente como la nuestra.

Quizás en vez del Sr. Caamaño, el actual ministro se podía inspirar en la opinión de una persona más próxima y nada sospechosa de tendencias revolucionarias como el ex magistrado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional Sr. Rodríguez Arribas, en este artículo publicado en la revista jurídica El Notario del S. XXI (aquí), donde explica con bastante claridad la necesidad de preservar esta institución.

Pero el ministro no se limita a esto, no, sino que pretende atribuir la instrucción del proceso al fiscal. Es obvio que mientras subsista la dependencia de la institución respecto del Gobierno y el principio jerárquico dentro de la carrera, atribuir la investigación al fiscal es quitársela a los jueces para dársela al poder político de turno. Muy regeneracionista, sin duda. El ministro manifiesta que no hay que inquietarse, porque en esa reforma se cambiará radicalmente el estatuto fiscal y se reforzará su autonomía, pero no nos dice como, por lo que la sospecha es evidente.

No nos dejemos engañar una vez más, como pasó con la famosa promesa de cambiar el sistema de elección del CGPJ, tantas veces traicionada por el PP. Es insostenible construir la casa por el tejado. La primera y urgente reforma que se  necesita es proporcionar medios y sobre todo autonomía al ministerio fiscal. Una vez realizado esto y comprobado que funciona de manera eficaz, entonces, en el futuro, y con mucha calma, se podría abrir un debate sobre la conveniencia de atribuir esa instrucción al fiscal. Mientras tanto, sigamos confiando en el extraordinario y sacrificado trabajo de nuestros jueces de Instrucción, que con todas sus limitaciones materiales y debidamente apoyados por los ciudadanos a través de la acusación popular, siguen apostando por la independencia de la Justicia en España.

Ministerio Fiscal ¿qué somos y dónde vamos?

La Constitución Española de 1978 configuró el Estado español como un Estado social y democrático de Derecho. Con ella tratábamos de dejar atrás definitivamente una dictadura y licenciarnos, con todos los honores, como un Estado democrático y moderno. Este importante texto normativo, vehículo de concordia para futuras generaciones, debía articular la separación de poderes como uno de los pilares esenciales de la democracia. Se estableció para ello un título VI dedicado al poder judicial -artículos 117 a 127- y en el seno del mismo se dedicó el artículo 124 al Ministerio Fiscal.

Esta Institución, históricamente concebida como ejecutora de la política criminal del gobierno, daba un importante paso hacia delante y se desmarcaba del poder ejecutivo para residenciarse de forma definitiva en el poder judicial. Se estableció, en este importantísimo artículo, que “El Ministerio Fiscal, …, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Se esbozaba así una Institución que debe ejercer “…sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.”

Seguidamente anunciaba que por ley se aprobaría su Estatuto Orgánico para terminar regulando la forma de elección del FGE, único guiño, desde mi personal punto de vista, a nuestra historia reciente. El artículo encomienda al Gobierno la misión de proponer, oído el Consejo General del Poder Judicial, la persona que el Rey debe nombrar como FGE. Pocos años después, siguiendo la estela constitucional, se aprobó por Ley 51/1981 de 30 diciembre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(en adelante EOMF) que remarcaba que el Ministerio Fiscal se residencia en el poder judicial aunque con autonomía funcional. Nos define así el artículo 2 de nuestro Estatuto después de referirse a nosotros como “… órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia…” Vemos así como la Constitución, y el Estatuto Orgánico que la desarrolla, nos desvincula del poder ejecutivo y nos encuadran en el poder judicial, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional.

Las únicas reminiscencias a ese origen histórico de la institución, como ejecutor de la política criminal del gobierno, las encontramos en las formas de nombramiento y cese del FGE, en nada más. El ejecutivo no puede dar órdenes o instrucciones al Ministerio Fiscal, pues la Institución acaba en el FGE. Se limita el artículo 8 del Estatuto, dentro del capítulo dedicado a las relaciones del Ministerio Fiscal con los poderes públicos, a indicar que puede el gobierno “interesar” del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Si bien el artículo continúa señalando que el FGE, oída la Junta de Fiscales de Sala, puede no atender la petición del Gobierno por entenderla inviable o improcedente, sin que el ejecutivo tenga derecho a replica alguna. Igual posibilidad se ha establecido también para los órganos de Gobierno de las CCAA.

Es más para reforzar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal, como órgano constitucional con personalidad jurídica propia, se llevó a cabo una importante,pero insuficiente desde mi punto de vista,reforma de nuestro Estatuto por Ley 24/2007 de 9 de octubre. Con ella se modificó la forma de nombramiento del FGE añadiendo a la regulación ya existente la obligación de que el candidato propuesto comparezca ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados con el objetivo de valorar su idoneidad para el cargo y sus méritos. Además la reforma blindó al FGE frente al ejecutivo al establecer causas tasadas de cese, impidiendo de esta manera que pudiese ser cesado por una mera pérdida de confianza. Hasta esa fecha  el cese quedaba a la libre voluntad del ejecutivo lo que constituía un verdadero lastre para su independencia.

Dicho todo esto debemos plantearnos qué falla para que se nos siga considerando como “dependientes” del Gobierno. Pues bien desde mi particular punto de vista fallan tres puntos esenciales:

1.-La forma de nombramiento del FGE, que por sí misma no debería ser un problema, si bien en no pocas ocasiones se transmite la idea de que se busca a alguien afín al ejecutivo y de que las relaciones entre el ejecutivo y el Ministerio Fiscal van más allá de lo que permite y autoriza el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. No se entiende, al menos no desde mi personal punto de vista, en la configuración actual del Ministerio Fiscal ubicado claramente en el poder judicial, que el nombramiento del FGE se siga dejando en manos del Gobierno sin contrapesos de ningún tipo. Y faltan esos contrapesos pues ni el informe del CGPJ es vinculante ni el Congreso, al que se dirige el candidato a través de la comisión de justicia, puede poner traba alguna al nombramiento.

La  reforma del 2007 debió avanzar más y no sólo obligar al propuesto a acudir a la comisión de justicia del Congreso de los Diputados para ser examinado, se debió exigir un aprobado “con nota” ante los representantes del pueblo. Conforme a la actual regulación si el Congreso entiende que el propuesto por el Gobierno no reúne los méritos, o no es la persona idónea para el cargo, nada puede hacer más allá de incomodar al Gobierno con su censura al candidato.

Sin duda nos ayudaría a vencer esta visión negativa del Ministerio Fiscal, como sometido al poder ejecutivo, el que se nombrara a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría reforzada de sus miembros y que el posible cese por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones quedara igualmente en manos del Congreso, exigiendo igualmente el voto favorable de una mayoría reforzada de los diputados. Ahora bien esta opción tiene el hándicap de ser poco operativa. El posible y más que previsible retraso en encontrar el necesario consenso dejaría entre tanto descabezada tan importante Institución y paralizaría su funcionamiento ordinario. Motivo por el que no parece descabellado que se descarte esta forma de elección.

Por eso resulta esencial mantener el sistema actual pero exigiendo ciertos contrapesos, bien vía informe favorable del CGPJ o bien vía aprobación del candidato propuesto por la comisión de justicia del Congreso, sin descartar la posibilidad de exigir ambos avales.

En todo caso se debe establecer una vía reglada de comunicación entre el Gobierno y el FGE para cuando aquel deba interesar de este una actuación pertinente en orden a la defensa del interés público. Para ello debe dotarse a tales contactos de la necesaria transparencia, a salvo, claro está, las materias que por un motivo u otro se califiquen de reservadas, por el tiempo imprescindible que dure la obligación de reserva.

2.-La dependencia económica del ejecutivo. Si queremos un Ministerio Fiscal realmente independiente necesitamos contar con autonomía presupuestaria. Evidentemente se necesitaría disponer de un presupuesto suficiente que permitiese a la Institución un funcionamiento digno. En la actualidad se debe “mendigar” al Ministerio -versus CCAA con competencias transferidas- para que nos doten de los medios básicos para el ejercicio de nuestra función. Sobra decir que estamos aún muy lejos de lograr que nos doten de medios realmente eficaces y eficientes para tal fin. Esto provoca un sometimiento cierto e inquietante al poder ejecutivo del que nos quería desligar la Constitución y la Ley.

Cualquier necesidad se convierte en un escollo y en un peregrinar constante. Hablamos de cosas tan básicas como programas informáticos eficaces, textos legales, instalaciones dignas y respetuosas con la salud de los funcionarios que allí trabajan, sin olvidar el personal auxiliar tan necesario y tan escaso. Y eso sin entrar a examinar las diferencias que por mor de la delegación de competencias de justicia a algunas CCAA encontramos de unas comunidades a otras. No podemos olvidar que estamos ante un cuerpo estatal que debe dar una respuesta unificada y eficaz a lo largo y ancho del territorio.

3.- La proliferación de cargos de libre designación sin que existan verdaderos controles de lo que deba entenderse por mérito y capacidad. Con esto se logra una politización de las estructuras de la propia institución. Y no hablo de politización como posible permeabilidad de los partidos políticos si no de politización en el sentido de pervertir la eficacia del sistema en pro de la carrera profesional  de algún individuo o grupo de individuos. Lo superfluo desbanca así a lo realmente importante y los personalismos triunfan sobre el bien de la Institución. Es más importante no hacerse notar, nadar y guardar la ropa, que defender en conciencia el bien común.

En una Carrera como la nuestra, absolutamente ausente de regulación básica, el peligro es aún mayor.Somos un órgano esencial del Estado y sin embargo vivimos de puertas hacia dentro con un reglamento preconstitucional -Real Decreto 437/1969 de 27 de febrero- que sólo puede ser aplicado en parte y que responde a una realidad política y social muy diferente a la que vivimos, por no hablar de la estructura interna de la Fiscalía que nada tiene que ver con lo que contempla.  Con ello vivimos en una permanente indefinición lo que en absoluto ayuda a paliar los personalismos o autoritarismos que puedan darse. La ausencia de esta regulación básica ha servido durante años para reforzar la estructura de mando, cerrando las puertas al derecho administrativo. Esto nos ha llevado al absurdo de año a año restar peso a las Juntas de Fiscalía, al debate, a la independencia y a la responsabilidad individual de los fiscales.

Reflexiones éstas que me llevan a defender que debemos tratar de avanzar en autonomía e independencia dejando muy claro que servimos al ciudadano y a la sociedad, no al Estado ni al Gobierno, por mucho que los intereses de unos y otros muchas veces confluyan. Legalidad, imparcialidad y búsqueda del bien común deben ser nuestras banderas, dejando en el camino cualquier intento de injerencia externa.

Flash Derecho: catálogo de 25 medidas de lucha contra la corrupción de la Asociación Profesional de Fiscales

A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado.

(APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario.

Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalos, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratista. El órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

  1. a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.
  2. b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más,por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo.

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal.

¡Ay, Derecho! El lobo cuidando a los corderos o el coordinador del Plan para impulsar la independencia judicial

Hace unos días nuestros compañeros de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial se hicieron eco en su web  de la noticia sobre el nombramiento del Coordinador del Plan para impulsar la Independencia Judicial en España. El agraciado, D. Arcadio Diaz Tejera, ha sido nombrado en comisión de servicios por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que su Presidente, D. Carlos Lesmes,  haya negado la mayor -con ocasión de la apertura del año judicial-  es decir, que el Poder Judicial en España no sea independiente. Efectivamente, en su alegato el Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo defendió ante el Rey y el Ministro de Justicia que el Poder Judicial en España no está politizada, señalando que los Jueces son “rabiosamente independientes” «rabiosamente independientes»

Pues claro que los Jueces de a pie no están politizados;  lo que está politizado es el órgano de Gobierno de los jueces, es decir, el propio CGPJ y lo que preocupa en Europa son las facultades discrecionales que tiene el CGPJ para hacer nombramientos “ a dedo” en los más altos cargos de la carrera judicial y, de paso, para abrir expedientes disciplinarios a esos mismos Jueces. Vamos, el palo y la zanahoria, por citar textualmente al propio Carlos Lesmes en una memorable intervención que pasará a los anales de la historia judicial española (junto con el polvo del camino de la toga del ex Fiscal General del Estado Conde Pumpido).

En cuanto a los datos, los hemos recogido en algún post anterior, pero merece la pena reiterarlos porque son realmente espeluznantes. El 67% de los Jueces preguntados por el propio CGPJ consideran que en los nombramientos que hace el CGPJ no prevalecen los principios de mérito y capacidad. El Observatorio de los nombramientos del Poder Judicial de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial pone cara y ojos a alguno de los nombramientos  más espectaculares   Con los datos de la Comisión Europea en su informe de 2015 sobre los indicadores de Justicia en los países de la  Unión Europea  en materia de la percepción de la independencia judicial, España es el cuarto país por la cola Solo Bulgaria, Eslovaquia y Croacia obtienen una nota peor. Los mejores son Finlandia, Dinamarca e Irlanda. A nivel mundial, España obtiene un vergonzoso 97 entre 144 países.  Aquí pueden encontrar una explicación periodística del informe.

Pues bien, dado que los datos son inapelables y que el Consejo de Europa está preocupado y con razón, resulta que el CGPJ en su última reunión de 29 de septiembre ha otorgado una comisión de servicios al magistrado Arcadio Diaz Tejera, para coordinar el plan para reforzar la independencia de los jueces españoles. Pero ¿Quién es D. Arcadio Diaz Tejera? Porque lo sensato sería esperar que el nombramiento hubiera recaído un juez  con una larga y prestigiosa carrera en la judicatura, sin relación con el CGPJ, mucho menos con la política en general, y por supuesto sin ninguna conexión con un partido concreto.

Pero resulta que D. Arcadio Diaz Tejera encaja perfectamente en la definición de «político togado» que ha acuñado Jesús Villegas, Secretario General de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial en su recomendable libro  “El poder amordazado”. En concreto, este político togado ha ostentando varios cargos con el PSOE, culminando su carrera en ese destino dorado reservado para los que ya lo han dado todo en la política española que es el Senado español. Efectivamente, D. Arcadio ha sido senador por el PSOE durante tres legislaturas, entre 2004 y 2016. Además se ha manifestado públicamente en contra de la reforma de la LOPJ para devolver a los Jueces la designación de los vocales de procedencia judicial dentro del CGPJ.

Eso sí, nada de esto le ha impedido acumular años de antigüedad en la carrera judicial mientras desempeñaba cargos políticos, merced a la famosa reforma realizada en 2011 para engrasar bien la revolving door político-judicial. Como es sabido, dicha reforma permitió a los políticos togados volver tranquilamente a la Judicatura (o la Fiscalía) desde sus puestos políticos pasando además por delante de compañeros que habían empleado esos mismos años dedicados profesionalmente a su labor de Jueces o Fiscales. Sobre este tema ya hemos escrito algunos de nosotros tanto en prensa  como  en este blog.

Y así D. Arcadio terminó de magistrado de la Audiencia Provincial de Tenerife donde debía revisar las sentencias de sus esforzados compañeros, Jueces de Primera instancia que se han dedicado muchos años a poner sentencias y a trabajar en los Juzgados y no a la política, pero a los que podía tranquilamente superar o igualar en antigüedad enseñando los trienios pasados en el Senado o en otros puestos políticos. Claro que lo que tienen estos órganos judiciales es –horror de los horrores- que hay que poner sentencias. Así que nuestro protagonista consigue una comisión de servicios para dedicarse a despolitizar la Justicia española.

Quizá la primera de las medidas a adoptar sea acabar con la” revolving door político-judicial” –que es una pieza clave de esa politización- y, desde luego, lo que no se le puede negar es que tenga experiencia de primera mano. Ah, y tampoco le falta experiencia en el Consejo de Europa, un organismo que conoce bien según su ficha de senador del PSOE, (que pueden consultar aquí) pues ha sido Vicepresidente segundo de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.  Pero ha hecho muchas más cosas, aunque la ciudadanía ingrata no se haya enterado y al final D. Arcadio fuera apeado de las listas al Senado en la XI legislatura, como él mismo relata en esta carta.

Quizá por eso también ha tenido más fácil saber que se iba a necesitar un Coordinador para el Plan de la despolitización de la Justicia española. Desde luego, si alguien sabe de politización de la Justicia es él.  En cuanto al procedimiento seguido para ser elegido, reconocemos que no sabemos cual es ni cuantas candidaturas se han presentado, ni siquiera sabemos si se trata de un procedimiento abierto y transparente o si se comunica sólo a determinadas instituciones o/y colectivos. También desconocemos hasta qué punto el Consejo de Europa es responsable de este tipo de nombramientos, pero estaría bien aclararlo, porque tampoco es que la credibilidad de las instituciones europeas esté para tirar cohetes.  En esta noticia se nos informa de que el candidato ha superado dos exámenes ante instituciones europeas, pero el periódico también aclara eso es lo que dice el propio candidato, que añade orgullosamente que el CGPJ ha refrendado su nombramiento “por unanimidad”. Lo que no sabemos si podemos considerar un mérito, viniendo del principal organismo que debe de ser reformado.

Y es que realmente, la trayectoria del nombrado, más que un aval para el puesto, parece un buen  ejemplo de lo que hay que reformar en nuestra Justicia.

Convocatoria de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Yo fui uno de los socios fundadores y tanto Elisa de la Nuez como yo pertenecemos a la Junta Directiva actual. Este próximo sábado ha organizado un acto público que estimo de mucho interés, y cuya convocatoria es la siguiente:

Se celebrará el próximo ocho de octubre de este año 2016 un acto público con ocasión de su asamblea general bianual donde se examinará la gestión en el nombramientos altos cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial. La reunión tendrá lugar en el salón Úbeda del Ateneo de Madrid (facilitado por la agrupación “Justicia y Cultura“), calle del Prado, 21, con entrada libre y a las 12 horas. Se recomienda, no obstante, avisar de la asistencia previa mediante mensaje enviado a la dirección pcijud@gmail.com

Se anunciarán oficialmente las bases del proyecto de Reglamento de nombramientos del CGPJ, que recibieron el respaldo de la “Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado”,  adelantadas ya en en este mismo sitio.

Asimismo, se enfrentarán en un debate público dos equipos universitarios convocados por la asociación “Consejo General del Debate Judicial” (CGDJ), coorganizadora del acto. El tema será “Corrupción y nombramientos judiciales” tomando como punto de partida las bases del mencionado reglamento. La actuación de los concursantes serán evaludada por dos tribunales, uno formado por magistrados de carrera; el otro por miembros de la política en activo, al que han sido llamados representantes de cada uno de los partidos mayoritarios (PP, PSOE, Podemos y C´s). En la fotografía, Ana Funez, presidenta del CGDJ y coordinadora universitaria de la Plataforma.

Después del debate se prevé un coloquio entre los asistentes.

Colabora en el acto la academia de oratoria VERBALIA cuyo director, Antonio Guerrero, ha sido invitado al acto.

HD Joven: Jornadas de puertas –giratorias- abiertas en el TS

Lo primero que me pasó por la mente fue: “Qué inoportuno”. Lo demás me resultaba amargamente familiar. Entre ayer, hoy y mañana, el Tribunal Supremo (TS) celebra una nueva edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas. Conferencias, debates de actualidad, visitas e incluso una ópera se aglutinan en un evento de lo más interesante. Y, en esta mezcolanza de cultura, Carlos Lesmes, actual Presidente del TS y del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), en algo así como una presentación extraoficial del evento, ha vuelto a defender la tan cuestionada independencia del poder judicial en España. En una entrevista tal vez temeraria, publicada anteayer en el diario Expansión (aquí), el Sr. Lesmes declaraba: Es muy injusto que se extienda en la sociedad la sospecha de que los jueces no son independientes. ¿Será que la prensa sacó su afirmación de contexto? ¿Será que la veracidad de la misma se encuentra escondida entre sus detalles?

Que la prensa lo sacara de contexto no parece probable en este caso –o eso espero-, más que nada porque supuestamente se trata de una cita literal. Entonces ¿qué detalle hace justicia –nunca mejor dicho– a sus palabras?

La promoción de jueces y magistrados debe regirse por los principios de mérito y capacidad y, en principio, así es. Los jueces, durante el periodo de su carrera profesional, conservan su independencia…, si quieren. Sin embargo, no es menos cierto que, dado que el nombramiento de los altos cargos judiciales está muy ligado al criterio de las Cortes Generales y, por tanto, muy a menudo al del Gobierno, la carrera de un juez puede verse dominada por los incentivos inadecuados.

En efecto, de los ochenta miembros del Tribunal Supremo (el Presidente, los cinco presidentes de Sala y sus setenta y cuatro magistrados), todos ellos son nombrados por el CGPJ, igual que ocurre con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). ¿Y quién nombra a los veintiún miembros del CGPJ? Diez son nombrados por el Congreso, otros diez por el Senado y el último es elegido Presidente por los anteriores. Igualmente, de los doce miembros del Tribunal Constitucional, el otro de los órganos judiciales más relevantes del país, aunque nombrados por el Rey, cuatro son propuestos por el CGPJ y los otros ocho ya directamente por el Congreso y el Senado a pachas. Y no hay que olvidar el hecho de que la mayoría exigida para muchos de los nombramientos antes mencionados (mayoría de tres quintos) funciona como un interesante instrumento de negociación entre partidos: al ser la mayoría exigida demasiado alta para alcanzarla un solo partido y al no ser los partidos políticos precisamente reacios al bloqueo institucional –cosa ésta harto probada durante el año en curso-, la situación termina convirtiéndose en una negociación al más estilo cambio de cromos. Siendo esto así, no parece tan disparatado que la sociedad sospeche de su falta de independencia.

For the record, como dicen los angloparlantes, quizás también convenga recordar que el Sr. Lesmes fue elegido Presidente del Supremo y del CGPJ en diciembre de 2013 cuando apenas había cumplido tres años de magistrado (aquí). Cuando su predecesor ya había pasado a ejercer el cargo en funciones (lo sé, ¡dichosa expresión!), fue elegido tras un pacto del PPSOE y después de haber ocupado el cargo de Director General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Aznar. Su nombramiento suscitó no sólo sospecha, sino mucha polémica, tanto entre los propios jueces como en el Congreso. De hecho, UPyD interpuso un recurso contra la decisión. El Supremo lo inadmitió (aquí). Por lo visto, ni siquiera su previo nombramiento como magistrado estuvo exento de escándalo.

A pesar de todo, convengo con el Sr. Lesmes, si es eso lo que quería decir, en que, en cierto sentido, sí es injusto que por norma se cuestione la independencia de cada uno de los cinco mil jueces del país, por eso de que al final pagan justos por pecadores. Lo curioso es que él mismo parece ser consciente de ello: en la frase que da título al artículo, Lesmes afirma que “un juez con cargo político puede afectar a la confianza en la Justicia”. Los ciudadanos pueden así tener motivos para desconfiar de la independencia de un juez que es nombrado por el poder político, y ello sin perjuicio de que, como decía antes, no todos se dejen vapulear por el mismo. Argumento éste, a propósito, al que nuestro Presidente se aferra como a clavo ardiendo.

Quizás sea injusto, o quizás no, pero es obvio que los jueces, como cualquier otra personalidad pública, igual que la esposa del César, no sólo deben ser honestos, sino además parecerlo. Puestos a elegir, preferimos que lo sean. Pero, si queremos que eso alcance todo su esplendor, probablemente lo más recomendable sea que sus órganos de gobierno (y en especial el procedimiento de designación de sus miembros) funcionen con total independencia e imparcialidad, a fin de eliminar los incentivos inadecuados y las injerencias indeseables en el desarrollo de la carrera judicial.

Cierto es, no obstante, que, tal y como aseguran algunos expertos, la causa de aquélla no se encuentra tanto en el nombramiento de los jueces como en su posición posterior. Pero a nosotros nos resulta difícil olvidar algunos de esos casos en los que el clientelismo político ha conseguido adentrarse en los tribunales, como recientemente ha sucedido en la recusación de López y Espejel (aquí). Otro caso es el de la puerta giratoria de la diputada Margarita Robles, que sigue aún en pleno debate público, el cual además no resulta ajeno al Sr. Lesmes: este mismo martes, Robles le ha recusado por falta de imparcialidad (aquí), debido a que Lesmes, en primer lugar, le había arrebatado la condición de Magistrada como castigo, dice ella, por haber entrado en el PSOE como nada menos que número 2 del partido (aquí).

No es la primera vez que el Sr. Lesmes declara abiertamente que los más de cinco mil jueces que hay en España actúan con total independencia; en junio de este mismo año, vertió declaraciones parecidas y también con ocasión de la inauguración de unas jornadas (aquí). Pareciera que las jornadas, en cualquiera que sea su forma, son la debilidad del Sr. Lesmes, pues siempre acaban jugándole una mala pasada. Esta vez ha defendido además que es “perfectamente legítimo” que los jueces pasasen a desempeñar puestos en la Administración y que ellos también tienen derecho a la participación política como el resto. Dice, incluso, que eso es beneficioso para los ciudadanos. Esperemos que no esté tramando nada raro para su futuro.

Ignoro si el Sr. Lesmes actúa con independencia y honestidad en su cargo, pero desde luego tiene visos de ser un tanto inoportuno. Incluso ayer, su colega Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del TS, órgano que preside Lesmes, por lo visto defendía la independencia del Magistrado Conde-Pumpido, muy próximo al PSOE, para investigar a Rita Barberá y ello basándose en que es un extraordinario jurista (aquí). Como si eso bastara… El mismo Lesmes hizo lo propio hace unos días (aquí).

Que este blog me libre de ser atrevido, pero me permito el beneficio de sospechar de la existencia de una Justicia politizada. Dicho sea, claro está, con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, Su Señoría.

Tasas judiciales: La verdad que esconden (Reflexiones al hilo de la STC 140/2016)

La tramitación parlamentaria y la entrada en vigor de las tasas judiciales trajeron consigo un levantamiento sin precedentes de los profesionales del Derecho, liderados por la mediática «Brigada tuitera». Las principales asociaciones de Jueces y Magistrados, los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura, así como multitud de Catedráticos de Universidad de todas las disciplinas jurídicas, entre quienes se destacó especialmente el Profesor De La Oliva Santos, han venido reclamando primero la retirada del proyecto de ley y posteriormente la supresión de las tasas judiciales al entender que limitan la tutela judicial efectiva.

No se trata empero de una polémica nueva: la posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, si bien se puede rastrear un antecedente remoto en el arancel judicial general que entró en vigor el 3 de febrero de 1838; y desde entonces no ha parado de sufrir modificaciones y derogaciones hasta nuestros días.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sirvió para implantar las tasas judiciales con una doble finalidad: reducir la (supuesta) alta litigiosidad existente en nuestro país y coadyuvar a la financiación de la prestación del servicio de la Administración de justicia. Tasas judiciales cuyo régimen jurídico fue modificado de urgencia mediante el Real Decreto-Ley 1/2015 para eximir de su pago a las personas físicas y a las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el 1 de marzo de 2015; una modificación de urgencia que únicamente se justificó en una genérica «adecuación del régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma», y que sin embargo buscaba dar satisfacción a una reivindicación general de la sociedad en un mero golpe oportunista, ya que la modificación se produjo en un año cargado de procesos electorales.

Sin embargo, dicha modificación de la Ley 10/2012 no introdujo medida alguna para las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios, además de la gran empresa, que con carácter general seguían sujetos al pago de las tasas judiciales. Y es sólo sobre esta cuestión sobre la que se ha pronunciado últimamente el Tribunal Constitucional en la sentencia que analizaremos en este post.

En efecto, en su reciente Sentencia 140/2016, de 21 de julio, el Tribunal Constitucional considera que, con carácter general, el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE), puesto que el legislador tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en el asunto Ashingdane v. United Kingdom (asunto núm. 8225/78, 28 de mayo de 1985, apdo. 57), el Tribunal Constitucional concluye que los fines perseguidos por la Ley 10/2012 son también constitucionalmente legítimos. Así ocurre con el primero de ellos, que es evitar las «situaciones de abuso» que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos; y también con el segundo, que es la financiación mixta de la Justicia.

Aquí es donde, en nuestra opinión, el Tribunal Constitucional ha errado: la litigiosidad en un Estado de derecho es síntoma de su madurez democrática. Por consiguiente, instaurar unas tasas judiciales para evitar situaciones de abuso generadas por acudir a la jurisdicción es muy peligroso. Como muy bien expuso Jeremy Bentham en 1793, las tasas judiciales quizá frenen litigios, pero lo hacen tanto respecto de los que son infundados, como de los que tienen todo el fundamento y lógica que se interpongan, puesto que no se distingue en absoluto entre unos y otros.

A mayor abundamiento, las Administraciones públicas son, precisamente, las que más utilizan los procedimientos torticeramente; y sin embargo, la Ley 10/2012 eximió ab initio del pago de las tasas judiciales, entre otros, a las Entidades Locales. A modo de ejemplo, puede traerse a colación la actuación de los Ayuntamientos en el cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se está girando el cobro de la plusvalía municipal incluso en los supuestos en que según el Tribunal Supremo no procede, porque no se verifica el hecho imponible. Así, sin tener en cuenta la jurisprudencia, en los últimos cuatro años muchos Ayuntamientos han obligado a miles de ciudadanos que han perdido sus viviendas y a pequeñas y medianas empresas concursadas a pagar unas tasas judiciales para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a reclamar la devolución de lo que el Ayuntamiento cobraba indebidamente, llegando en ocasiones los servicios jurídicos municipales a recurrir las sentencias de instancia desfavorables, y ellos no podían pagar.

Como se aprecia, en este caso las tasas judiciales han supuesto un castigo adicional para los ciudadanos y empresas, no habiéndose evitado que la Administración pública dilate torticeramente los procedimientos (administrativos y judiciales) con el objetivo de no devolver las cantidades cuyo cobro ilegítimamente reclamó

Por otro lado, el Tribunal Constitucional considera legítimo que con las tasas judiciales se consagre una financiación mixta de la Justicia, el llamado copago judicial. Esta es una opción del legislador que, de hecho, está en línea con lo previsto en los sistema judiciales regionales de la Unión Europea en donde, salvo en Francia y en Luxemburgo (cuyos ordenamientos prevén el acceso gratuito a todas las jurisdicciones en todos los casos), en el resto de los Estados miembros se exigen tasas judiciales con el objeto de que los usuarios de la Administración de Justicia contribuyan a sufragar parte de sus gastos de mantenimiento.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer un justo medio aristotélico en la tensión que se produce entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el coste de la prestación de dicho servicio, pero siempre teniendo en cuenta que el acceso a la justicia no se puede configurar como una actividad prestacional más de la Administración pública sino que es un derecho fundamental cuyo recurso deben ser disponible en todo caso.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha considerado acertadamente que las cuantías de las tasas resultan desproporcionadas incluso para las personas jurídicas y pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia. Al tratarse de un sistema en el que todas las personas jurídicas pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir”, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno. A mayor abundamiento, la cuantía de las tasas judiciales no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva. En consecuencia, esas tasan vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva protegido por el art. 24.1 CE al poder disuadir de acudir a los tribunales o interponer recurso contra las sentencias.

En consecuencia la STC 140/2016 anula los arts. 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012, es decir, la mayoría de las tasas judiciales: a) se suprime la parte variable de todas las tasas judiciales; b) se suprimen las tasas en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y laboral. Sin embargo, se mantienen parcialmente tasas judiciales en el orden jurisdiccional civil (aunque excluyéndose ex lege a las personas físicas) por los siguientes conceptos y cuantías: 1) juicio verbal y cambiario: 150 €; 2) juicio ordinario: 300 €; 3) juicios monitorio y monitorio europeo, así como demanda incidental en el proceso concursal: 100 €; 4) ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €; y 5) concurso necesario: 200 €.

Por último, la STC 140/2016 establece que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. Con ello el Tribunal Constitucional pretende blindar al Ministerio de Hacienda frente a un alud de reclamaciones para la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas respecto tanto de los procedimientos finalizados por resolución firme como de los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin impugnarla.

Sin embargo, según Garandías Cebrián, en aplicación de los arts. 221.4 y 120.3 de la Ley General Tributaria, cabe argüir que el obligado tributario tiene derecho a solicitar la rectificación de una autoliquidación cuando considere que ésta ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, dando lugar, en su caso, a la devolución de los correspondientes ingresos indebidos. Por tanto, la autoliquidación de una tasa judicial puede rectificarse en los cuatro años siguientes a su presentación (art. 66.c de la Ley General Tributaria), de tal suerte que hasta entonces no puede hablarse en modo alguno de que el obligado al pago la satisfizo sin impugnarla; y mucho menos aún de firmeza del tributo, como hace el Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto su pago, vía autoliquidación, sigue siendo revisable hasta el transcurso de dicho plazo.

Así las cosas, esperemos que los grupos parlamentarios que sustenten al Gobierno que finalmente se constituya apuesten por la supresión definitiva de las tasas judiciales. Pero en caso de que el Gobierno persevere en fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produzca un coste para el Estado, deberá adaptar cuidadosamente el contenido de la Ley 10/2012 a la STC 140/2016, siempre teniendo muy presentes las palabras de Jeremy Bentham: «el gobernante que contribuye a que la Justicia sea inaccesible es un encubridor de todo crimen».