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Flash Derecho: catálogo de 25 medidas de lucha contra la corrupción de la Asociación Profesional de Fiscales

A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado.

(APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario.

Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalos, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratista. El órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

  1. a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.
  2. b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más,por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo.

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal.

¡Ay, Derecho! El lobo cuidando a los corderos o el coordinador del Plan para impulsar la independencia judicial

Hace unos días nuestros compañeros de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial se hicieron eco en su web  de la noticia sobre el nombramiento del Coordinador del Plan para impulsar la Independencia Judicial en España. El agraciado, D. Arcadio Diaz Tejera, ha sido nombrado en comisión de servicios por el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que su Presidente, D. Carlos Lesmes,  haya negado la mayor -con ocasión de la apertura del año judicial-  es decir, que el Poder Judicial en España no sea independiente. Efectivamente, en su alegato el Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo defendió ante el Rey y el Ministro de Justicia que el Poder Judicial en España no está politizada, señalando que los Jueces son “rabiosamente independientes” «rabiosamente independientes»

Pues claro que los Jueces de a pie no están politizados;  lo que está politizado es el órgano de Gobierno de los jueces, es decir, el propio CGPJ y lo que preocupa en Europa son las facultades discrecionales que tiene el CGPJ para hacer nombramientos “ a dedo” en los más altos cargos de la carrera judicial y, de paso, para abrir expedientes disciplinarios a esos mismos Jueces. Vamos, el palo y la zanahoria, por citar textualmente al propio Carlos Lesmes en una memorable intervención que pasará a los anales de la historia judicial española (junto con el polvo del camino de la toga del ex Fiscal General del Estado Conde Pumpido).

En cuanto a los datos, los hemos recogido en algún post anterior, pero merece la pena reiterarlos porque son realmente espeluznantes. El 67% de los Jueces preguntados por el propio CGPJ consideran que en los nombramientos que hace el CGPJ no prevalecen los principios de mérito y capacidad. El Observatorio de los nombramientos del Poder Judicial de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial pone cara y ojos a alguno de los nombramientos  más espectaculares   Con los datos de la Comisión Europea en su informe de 2015 sobre los indicadores de Justicia en los países de la  Unión Europea  en materia de la percepción de la independencia judicial, España es el cuarto país por la cola Solo Bulgaria, Eslovaquia y Croacia obtienen una nota peor. Los mejores son Finlandia, Dinamarca e Irlanda. A nivel mundial, España obtiene un vergonzoso 97 entre 144 países.  Aquí pueden encontrar una explicación periodística del informe.

Pues bien, dado que los datos son inapelables y que el Consejo de Europa está preocupado y con razón, resulta que el CGPJ en su última reunión de 29 de septiembre ha otorgado una comisión de servicios al magistrado Arcadio Diaz Tejera, para coordinar el plan para reforzar la independencia de los jueces españoles. Pero ¿Quién es D. Arcadio Diaz Tejera? Porque lo sensato sería esperar que el nombramiento hubiera recaído un juez  con una larga y prestigiosa carrera en la judicatura, sin relación con el CGPJ, mucho menos con la política en general, y por supuesto sin ninguna conexión con un partido concreto.

Pero resulta que D. Arcadio Diaz Tejera encaja perfectamente en la definición de «político togado» que ha acuñado Jesús Villegas, Secretario General de la Plataforma por la Independencia del Poder Judicial en su recomendable libro  “El poder amordazado”. En concreto, este político togado ha ostentando varios cargos con el PSOE, culminando su carrera en ese destino dorado reservado para los que ya lo han dado todo en la política española que es el Senado español. Efectivamente, D. Arcadio ha sido senador por el PSOE durante tres legislaturas, entre 2004 y 2016. Además se ha manifestado públicamente en contra de la reforma de la LOPJ para devolver a los Jueces la designación de los vocales de procedencia judicial dentro del CGPJ.

Eso sí, nada de esto le ha impedido acumular años de antigüedad en la carrera judicial mientras desempeñaba cargos políticos, merced a la famosa reforma realizada en 2011 para engrasar bien la revolving door político-judicial. Como es sabido, dicha reforma permitió a los políticos togados volver tranquilamente a la Judicatura (o la Fiscalía) desde sus puestos políticos pasando además por delante de compañeros que habían empleado esos mismos años dedicados profesionalmente a su labor de Jueces o Fiscales. Sobre este tema ya hemos escrito algunos de nosotros tanto en prensa  como  en este blog.

Y así D. Arcadio terminó de magistrado de la Audiencia Provincial de Tenerife donde debía revisar las sentencias de sus esforzados compañeros, Jueces de Primera instancia que se han dedicado muchos años a poner sentencias y a trabajar en los Juzgados y no a la política, pero a los que podía tranquilamente superar o igualar en antigüedad enseñando los trienios pasados en el Senado o en otros puestos políticos. Claro que lo que tienen estos órganos judiciales es –horror de los horrores- que hay que poner sentencias. Así que nuestro protagonista consigue una comisión de servicios para dedicarse a despolitizar la Justicia española.

Quizá la primera de las medidas a adoptar sea acabar con la” revolving door político-judicial” –que es una pieza clave de esa politización- y, desde luego, lo que no se le puede negar es que tenga experiencia de primera mano. Ah, y tampoco le falta experiencia en el Consejo de Europa, un organismo que conoce bien según su ficha de senador del PSOE, (que pueden consultar aquí) pues ha sido Vicepresidente segundo de la Delegación Española de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.  Pero ha hecho muchas más cosas, aunque la ciudadanía ingrata no se haya enterado y al final D. Arcadio fuera apeado de las listas al Senado en la XI legislatura, como él mismo relata en esta carta.

Quizá por eso también ha tenido más fácil saber que se iba a necesitar un Coordinador para el Plan de la despolitización de la Justicia española. Desde luego, si alguien sabe de politización de la Justicia es él.  En cuanto al procedimiento seguido para ser elegido, reconocemos que no sabemos cual es ni cuantas candidaturas se han presentado, ni siquiera sabemos si se trata de un procedimiento abierto y transparente o si se comunica sólo a determinadas instituciones o/y colectivos. También desconocemos hasta qué punto el Consejo de Europa es responsable de este tipo de nombramientos, pero estaría bien aclararlo, porque tampoco es que la credibilidad de las instituciones europeas esté para tirar cohetes.  En esta noticia se nos informa de que el candidato ha superado dos exámenes ante instituciones europeas, pero el periódico también aclara eso es lo que dice el propio candidato, que añade orgullosamente que el CGPJ ha refrendado su nombramiento “por unanimidad”. Lo que no sabemos si podemos considerar un mérito, viniendo del principal organismo que debe de ser reformado.

Y es que realmente, la trayectoria del nombrado, más que un aval para el puesto, parece un buen  ejemplo de lo que hay que reformar en nuestra Justicia.

Convocatoria de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Yo fui uno de los socios fundadores y tanto Elisa de la Nuez como yo pertenecemos a la Junta Directiva actual. Este próximo sábado ha organizado un acto público que estimo de mucho interés, y cuya convocatoria es la siguiente:

Se celebrará el próximo ocho de octubre de este año 2016 un acto público con ocasión de su asamblea general bianual donde se examinará la gestión en el nombramientos altos cargos judiciales por el Consejo General del Poder Judicial. La reunión tendrá lugar en el salón Úbeda del Ateneo de Madrid (facilitado por la agrupación “Justicia y Cultura“), calle del Prado, 21, con entrada libre y a las 12 horas. Se recomienda, no obstante, avisar de la asistencia previa mediante mensaje enviado a la dirección pcijud@gmail.com

Se anunciarán oficialmente las bases del proyecto de Reglamento de nombramientos del CGPJ, que recibieron el respaldo de la “Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado”,  adelantadas ya en en este mismo sitio.

Asimismo, se enfrentarán en un debate público dos equipos universitarios convocados por la asociación “Consejo General del Debate Judicial” (CGDJ), coorganizadora del acto. El tema será “Corrupción y nombramientos judiciales” tomando como punto de partida las bases del mencionado reglamento. La actuación de los concursantes serán evaludada por dos tribunales, uno formado por magistrados de carrera; el otro por miembros de la política en activo, al que han sido llamados representantes de cada uno de los partidos mayoritarios (PP, PSOE, Podemos y C´s). En la fotografía, Ana Funez, presidenta del CGDJ y coordinadora universitaria de la Plataforma.

Después del debate se prevé un coloquio entre los asistentes.

Colabora en el acto la academia de oratoria VERBALIA cuyo director, Antonio Guerrero, ha sido invitado al acto.

HD Joven: Jornadas de puertas –giratorias- abiertas en el TS

Lo primero que me pasó por la mente fue: “Qué inoportuno”. Lo demás me resultaba amargamente familiar. Entre ayer, hoy y mañana, el Tribunal Supremo (TS) celebra una nueva edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas. Conferencias, debates de actualidad, visitas e incluso una ópera se aglutinan en un evento de lo más interesante. Y, en esta mezcolanza de cultura, Carlos Lesmes, actual Presidente del TS y del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), en algo así como una presentación extraoficial del evento, ha vuelto a defender la tan cuestionada independencia del poder judicial en España. En una entrevista tal vez temeraria, publicada anteayer en el diario Expansión (aquí), el Sr. Lesmes declaraba: Es muy injusto que se extienda en la sociedad la sospecha de que los jueces no son independientes. ¿Será que la prensa sacó su afirmación de contexto? ¿Será que la veracidad de la misma se encuentra escondida entre sus detalles?

Que la prensa lo sacara de contexto no parece probable en este caso –o eso espero-, más que nada porque supuestamente se trata de una cita literal. Entonces ¿qué detalle hace justicia –nunca mejor dicho– a sus palabras?

La promoción de jueces y magistrados debe regirse por los principios de mérito y capacidad y, en principio, así es. Los jueces, durante el periodo de su carrera profesional, conservan su independencia…, si quieren. Sin embargo, no es menos cierto que, dado que el nombramiento de los altos cargos judiciales está muy ligado al criterio de las Cortes Generales y, por tanto, muy a menudo al del Gobierno, la carrera de un juez puede verse dominada por los incentivos inadecuados.

En efecto, de los ochenta miembros del Tribunal Supremo (el Presidente, los cinco presidentes de Sala y sus setenta y cuatro magistrados), todos ellos son nombrados por el CGPJ, igual que ocurre con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). ¿Y quién nombra a los veintiún miembros del CGPJ? Diez son nombrados por el Congreso, otros diez por el Senado y el último es elegido Presidente por los anteriores. Igualmente, de los doce miembros del Tribunal Constitucional, el otro de los órganos judiciales más relevantes del país, aunque nombrados por el Rey, cuatro son propuestos por el CGPJ y los otros ocho ya directamente por el Congreso y el Senado a pachas. Y no hay que olvidar el hecho de que la mayoría exigida para muchos de los nombramientos antes mencionados (mayoría de tres quintos) funciona como un interesante instrumento de negociación entre partidos: al ser la mayoría exigida demasiado alta para alcanzarla un solo partido y al no ser los partidos políticos precisamente reacios al bloqueo institucional –cosa ésta harto probada durante el año en curso-, la situación termina convirtiéndose en una negociación al más estilo cambio de cromos. Siendo esto así, no parece tan disparatado que la sociedad sospeche de su falta de independencia.

For the record, como dicen los angloparlantes, quizás también convenga recordar que el Sr. Lesmes fue elegido Presidente del Supremo y del CGPJ en diciembre de 2013 cuando apenas había cumplido tres años de magistrado (aquí). Cuando su predecesor ya había pasado a ejercer el cargo en funciones (lo sé, ¡dichosa expresión!), fue elegido tras un pacto del PPSOE y después de haber ocupado el cargo de Director General de Relaciones con la Administración de Justicia durante el Gobierno de Aznar. Su nombramiento suscitó no sólo sospecha, sino mucha polémica, tanto entre los propios jueces como en el Congreso. De hecho, UPyD interpuso un recurso contra la decisión. El Supremo lo inadmitió (aquí). Por lo visto, ni siquiera su previo nombramiento como magistrado estuvo exento de escándalo.

A pesar de todo, convengo con el Sr. Lesmes, si es eso lo que quería decir, en que, en cierto sentido, sí es injusto que por norma se cuestione la independencia de cada uno de los cinco mil jueces del país, por eso de que al final pagan justos por pecadores. Lo curioso es que él mismo parece ser consciente de ello: en la frase que da título al artículo, Lesmes afirma que “un juez con cargo político puede afectar a la confianza en la Justicia”. Los ciudadanos pueden así tener motivos para desconfiar de la independencia de un juez que es nombrado por el poder político, y ello sin perjuicio de que, como decía antes, no todos se dejen vapulear por el mismo. Argumento éste, a propósito, al que nuestro Presidente se aferra como a clavo ardiendo.

Quizás sea injusto, o quizás no, pero es obvio que los jueces, como cualquier otra personalidad pública, igual que la esposa del César, no sólo deben ser honestos, sino además parecerlo. Puestos a elegir, preferimos que lo sean. Pero, si queremos que eso alcance todo su esplendor, probablemente lo más recomendable sea que sus órganos de gobierno (y en especial el procedimiento de designación de sus miembros) funcionen con total independencia e imparcialidad, a fin de eliminar los incentivos inadecuados y las injerencias indeseables en el desarrollo de la carrera judicial.

Cierto es, no obstante, que, tal y como aseguran algunos expertos, la causa de aquélla no se encuentra tanto en el nombramiento de los jueces como en su posición posterior. Pero a nosotros nos resulta difícil olvidar algunos de esos casos en los que el clientelismo político ha conseguido adentrarse en los tribunales, como recientemente ha sucedido en la recusación de López y Espejel (aquí). Otro caso es el de la puerta giratoria de la diputada Margarita Robles, que sigue aún en pleno debate público, el cual además no resulta ajeno al Sr. Lesmes: este mismo martes, Robles le ha recusado por falta de imparcialidad (aquí), debido a que Lesmes, en primer lugar, le había arrebatado la condición de Magistrada como castigo, dice ella, por haber entrado en el PSOE como nada menos que número 2 del partido (aquí).

No es la primera vez que el Sr. Lesmes declara abiertamente que los más de cinco mil jueces que hay en España actúan con total independencia; en junio de este mismo año, vertió declaraciones parecidas y también con ocasión de la inauguración de unas jornadas (aquí). Pareciera que las jornadas, en cualquiera que sea su forma, son la debilidad del Sr. Lesmes, pues siempre acaban jugándole una mala pasada. Esta vez ha defendido además que es “perfectamente legítimo” que los jueces pasasen a desempeñar puestos en la Administración y que ellos también tienen derecho a la participación política como el resto. Dice, incluso, que eso es beneficioso para los ciudadanos. Esperemos que no esté tramando nada raro para su futuro.

Ignoro si el Sr. Lesmes actúa con independencia y honestidad en su cargo, pero desde luego tiene visos de ser un tanto inoportuno. Incluso ayer, su colega Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del TS, órgano que preside Lesmes, por lo visto defendía la independencia del Magistrado Conde-Pumpido, muy próximo al PSOE, para investigar a Rita Barberá y ello basándose en que es un extraordinario jurista (aquí). Como si eso bastara… El mismo Lesmes hizo lo propio hace unos días (aquí).

Que este blog me libre de ser atrevido, pero me permito el beneficio de sospechar de la existencia de una Justicia politizada. Dicho sea, claro está, con el debido respeto y en estrictos términos de defensa, Su Señoría.

Tasas judiciales: La verdad que esconden (Reflexiones al hilo de la STC 140/2016)

La tramitación parlamentaria y la entrada en vigor de las tasas judiciales trajeron consigo un levantamiento sin precedentes de los profesionales del Derecho, liderados por la mediática «Brigada tuitera». Las principales asociaciones de Jueces y Magistrados, los Consejos Generales de la Abogacía y la Procura, así como multitud de Catedráticos de Universidad de todas las disciplinas jurídicas, entre quienes se destacó especialmente el Profesor De La Oliva Santos, han venido reclamando primero la retirada del proyecto de ley y posteriormente la supresión de las tasas judiciales al entender que limitan la tutela judicial efectiva.

No se trata empero de una polémica nueva: la posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, si bien se puede rastrear un antecedente remoto en el arancel judicial general que entró en vigor el 3 de febrero de 1838; y desde entonces no ha parado de sufrir modificaciones y derogaciones hasta nuestros días.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sirvió para implantar las tasas judiciales con una doble finalidad: reducir la (supuesta) alta litigiosidad existente en nuestro país y coadyuvar a la financiación de la prestación del servicio de la Administración de justicia. Tasas judiciales cuyo régimen jurídico fue modificado de urgencia mediante el Real Decreto-Ley 1/2015 para eximir de su pago a las personas físicas y a las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita desde el 1 de marzo de 2015; una modificación de urgencia que únicamente se justificó en una genérica «adecuación del régimen de tasas judiciales a la concreta situación de los sujetos obligados al pago de la misma», y que sin embargo buscaba dar satisfacción a una reivindicación general de la sociedad en un mero golpe oportunista, ya que la modificación se produjo en un año cargado de procesos electorales.

Sin embargo, dicha modificación de la Ley 10/2012 no introdujo medida alguna para las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios, además de la gran empresa, que con carácter general seguían sujetos al pago de las tasas judiciales. Y es sólo sobre esta cuestión sobre la que se ha pronunciado últimamente el Tribunal Constitucional en la sentencia que analizaremos en este post.

En efecto, en su reciente Sentencia 140/2016, de 21 de julio, el Tribunal Constitucional considera que, con carácter general, el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE), puesto que el legislador tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en el asunto Ashingdane v. United Kingdom (asunto núm. 8225/78, 28 de mayo de 1985, apdo. 57), el Tribunal Constitucional concluye que los fines perseguidos por la Ley 10/2012 son también constitucionalmente legítimos. Así ocurre con el primero de ellos, que es evitar las «situaciones de abuso» que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos; y también con el segundo, que es la financiación mixta de la Justicia.

Aquí es donde, en nuestra opinión, el Tribunal Constitucional ha errado: la litigiosidad en un Estado de derecho es síntoma de su madurez democrática. Por consiguiente, instaurar unas tasas judiciales para evitar situaciones de abuso generadas por acudir a la jurisdicción es muy peligroso. Como muy bien expuso Jeremy Bentham en 1793, las tasas judiciales quizá frenen litigios, pero lo hacen tanto respecto de los que son infundados, como de los que tienen todo el fundamento y lógica que se interpongan, puesto que no se distingue en absoluto entre unos y otros.

A mayor abundamiento, las Administraciones públicas son, precisamente, las que más utilizan los procedimientos torticeramente; y sin embargo, la Ley 10/2012 eximió ab initio del pago de las tasas judiciales, entre otros, a las Entidades Locales. A modo de ejemplo, puede traerse a colación la actuación de los Ayuntamientos en el cobro del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Se está girando el cobro de la plusvalía municipal incluso en los supuestos en que según el Tribunal Supremo no procede, porque no se verifica el hecho imponible. Así, sin tener en cuenta la jurisprudencia, en los últimos cuatro años muchos Ayuntamientos han obligado a miles de ciudadanos que han perdido sus viviendas y a pequeñas y medianas empresas concursadas a pagar unas tasas judiciales para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa a reclamar la devolución de lo que el Ayuntamiento cobraba indebidamente, llegando en ocasiones los servicios jurídicos municipales a recurrir las sentencias de instancia desfavorables, y ellos no podían pagar.

Como se aprecia, en este caso las tasas judiciales han supuesto un castigo adicional para los ciudadanos y empresas, no habiéndose evitado que la Administración pública dilate torticeramente los procedimientos (administrativos y judiciales) con el objetivo de no devolver las cantidades cuyo cobro ilegítimamente reclamó

Por otro lado, el Tribunal Constitucional considera legítimo que con las tasas judiciales se consagre una financiación mixta de la Justicia, el llamado copago judicial. Esta es una opción del legislador que, de hecho, está en línea con lo previsto en los sistema judiciales regionales de la Unión Europea en donde, salvo en Francia y en Luxemburgo (cuyos ordenamientos prevén el acceso gratuito a todas las jurisdicciones en todos los casos), en el resto de los Estados miembros se exigen tasas judiciales con el objeto de que los usuarios de la Administración de Justicia contribuyan a sufragar parte de sus gastos de mantenimiento.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer un justo medio aristotélico en la tensión que se produce entre el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el coste de la prestación de dicho servicio, pero siempre teniendo en cuenta que el acceso a la justicia no se puede configurar como una actividad prestacional más de la Administración pública sino que es un derecho fundamental cuyo recurso deben ser disponible en todo caso.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha considerado acertadamente que las cuantías de las tasas resultan desproporcionadas incluso para las personas jurídicas y pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia. Al tratarse de un sistema en el que todas las personas jurídicas pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes y, sin embargo, perjudica al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir”, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno. A mayor abundamiento, la cuantía de las tasas judiciales no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva. En consecuencia, esas tasan vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva protegido por el art. 24.1 CE al poder disuadir de acudir a los tribunales o interponer recurso contra las sentencias.

En consecuencia la STC 140/2016 anula los arts. 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012, es decir, la mayoría de las tasas judiciales: a) se suprime la parte variable de todas las tasas judiciales; b) se suprimen las tasas en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y laboral. Sin embargo, se mantienen parcialmente tasas judiciales en el orden jurisdiccional civil (aunque excluyéndose ex lege a las personas físicas) por los siguientes conceptos y cuantías: 1) juicio verbal y cambiario: 150 €; 2) juicio ordinario: 300 €; 3) juicios monitorio y monitorio europeo, así como demanda incidental en el proceso concursal: 100 €; 4) ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €; y 5) concurso necesario: 200 €.

Por último, la STC 140/2016 establece que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. Con ello el Tribunal Constitucional pretende blindar al Ministerio de Hacienda frente a un alud de reclamaciones para la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas respecto tanto de los procedimientos finalizados por resolución firme como de los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin impugnarla.

Sin embargo, según Garandías Cebrián, en aplicación de los arts. 221.4 y 120.3 de la Ley General Tributaria, cabe argüir que el obligado tributario tiene derecho a solicitar la rectificación de una autoliquidación cuando considere que ésta ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, dando lugar, en su caso, a la devolución de los correspondientes ingresos indebidos. Por tanto, la autoliquidación de una tasa judicial puede rectificarse en los cuatro años siguientes a su presentación (art. 66.c de la Ley General Tributaria), de tal suerte que hasta entonces no puede hablarse en modo alguno de que el obligado al pago la satisfizo sin impugnarla; y mucho menos aún de firmeza del tributo, como hace el Tribunal Constitucional, en tanto en cuanto su pago, vía autoliquidación, sigue siendo revisable hasta el transcurso de dicho plazo.

Así las cosas, esperemos que los grupos parlamentarios que sustenten al Gobierno que finalmente se constituya apuesten por la supresión definitiva de las tasas judiciales. Pero en caso de que el Gobierno persevere en fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produzca un coste para el Estado, deberá adaptar cuidadosamente el contenido de la Ley 10/2012 a la STC 140/2016, siempre teniendo muy presentes las palabras de Jeremy Bentham: «el gobernante que contribuye a que la Justicia sea inaccesible es un encubridor de todo crimen».