Después del colapso que ha padecido nuestra Sanidad tras el alud de ingresos por la pandemia, es más que previsible que se produzca algo parecido con la Administración de Justicia, por el alud de demandas de todo tipo derivadas de la pandemia. Y lo mismo que gestionar bien la Sanidad era esencial en Sanidad para salvar al mayor número posible de enfermos, lo mismo exactamente ocurre con la Administración de Justicia. El problema es que el punto de partida es francamente muy malo, como hemos explicado en este blog a lo largo de los años sin que haya cambiado absolutamente nada, por cierto.
Empecemos por la politización de los órganos encargados de gestionar esta crisis. En primer lugar, el órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que además de los constantes problemas que arroja sobre la imagen del funcionamiento de la Justicia española (ahí tenemos las continuas advertencias del GRECO, Grupo de Estado Europeos Anticorrupción) nunca se soluciona por la sencilla razón de que los partidos políticos prefieren tenerlo bajo su control. Lo mismo podemos decir, por cierto, de la Fiscalía General del Estado, al frente de la cual está la ex Ministra de Justicia del anterior gobierno de Pedro Sánchez, o del Ministerio de Justicia, o de las Consejerías autonómicas de Justicia muchas de ellas (el ejemplo de Madrid con Enrique López es paradigmático) en manos de magistrados que han hecho más carrera política que judicial. Recordemos que un órgano muy politizado no suele tener los mimbres de un buen gestor y además carece de la legitimación para generar confianza y abordar los sacrificios imprescindibles en tiempo de crisis. Más bien lo que hay es una desconfianza muy merecida ante cualquier iniciativa que parte del CGPJ.. Recordemos por ejemplo el desastre de los juzgados especializados en cláusulas suelo, que están totalmente saturados y que fue una iniciativa del CGPJ de cuyo fracaso, por cierto, nadie ha respondido. Para variar.
Otro problema que conocemos bien de la Sanidad es el problema del desbarajuste de la descentralización competencial; recordemos que aquí tenemos varias Administraciones competentes, gestionándose los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia (salvo jueces y letrados de la Administración de Justicia) por algunas CCAA y en otros casos por el propio Ministerio, ya que no todas han asumido estas competencias. Un guirigay que también hemos denunciado hasta la saciedad en este blog sin que, por supuesto, haya cambiado nada.
A esto podemos añadir otros problemas bien diagnosticados y nunca abordados. La justicia, especialmente en algunas jurisdicciones, ya está colapsada de antes, por lo que es fácil prever qué va a ocurrir ahora. Imaginemos que nuestros hospitales ya hubieran estado colapsados antes de recibir a los pacientes de coronavirus y nos haremos una idea de lo que se avecina. Y esto no se arregla fácilmente porque tenemos un insuficiente número de jueces por habitante, y eso no se soluciona de la noche a la mañana, como tampoco se forman médicos de la noche a la mañana. Por supuesto que no todos los órganos judiciales están en iguales condiciones: hay una importante diferencia de cargas de trabajo entre las diferentes jurisdicciones y entre distintos órganos judiciales, como puede comprobar cualquiera que tenga un poco de interés en los datos. Pero esta situación tampoco se aborda, de manera que hay destinos muy cómodos mientras que en otros uno se puede jugar la salud intentando mantener el juzgado en condiciones. La única solución suele ser concursar lo antes posible. No es difícil entender que algunos jueces prefieran dedicarse a hacer política; se vive bastante mejor que poniendo sentencias y de paso se llega bastante antes a los cargos más relevantes de la judicatura si a uno le apetece volver.
Y hablando de vivir mejor, los que sí que lo hacen son los otros funcionarios de la Administración de Justicia, que tienen horarios muy cómodos (solo mañanas) sueldo asegurado y vacaciones muy extensas y a los que un Juez o un Letrado de la Administración de Justicia de los que no dependen tienen muy difícil exigir nada. Además es un colectivo muy protegido y muy sindicalizado -como suele suceder con los funcionarios de los grupos C y D de las Administraciones, por cierto- que no está dispuesto a ceder en ninguna de sus “conquistas” ni, por lo que estamos viendo estos días, a echar una mano para que el sistema funcione un poco mejor. Por ahora todos son exigencias.
Claro que hay excepciones, siempre las hay, de funcionarios responsables y trabajadores pero hay que decir alto y claro que el sistema no les incentiva y que protege a los que no lo son. Cabe preguntarse si, por ejemplo, estarían dispuestos a algo tan sencillo como renunciar a una parte de sus vacaciones para desatascar juzgados si, como parece, finalmente se habilita el mes de agosto como hábil. Cabe preguntarse también (de hecho lo hemos preguntado al Ministerio desde la Fundación Hay Derecho aunque como saben la transparencia pasiva está suspendida) cuantos de estos funcionarios están teletrabajando ahora mismo o lo van a estar en las próximas semanas. Aunque no sea por su culpa, dado que lo habitual será que no dispongan de los medios necesarios la realidad es que no están trabajando y están cobrando puntualmente su sueldo. Esto quizás merezca una reflexión dados los enormes esfuerzos que estamos haciendo los demás.
Y, por último, nos encontramos con la amenaza de un plan de choque para afrontar lo que se viene encima pergeñado en unos días donde se apuntan reformas procesales de calado que no se han hecho en años. En este blog hemos estado estudiando estas medidas en el informe del CGPJ. Muchas son sin duda necesarias, pero como siempre no parece que el momento ideal para implantarlas sea en mitad de una pandemia y por real Decreto-ley, aunque se hayan filtrado borradores y se hayan hecho consultas formales e informales por parte del Ministerio de Justicia. Pensemos en que hubiésemos tenido que remodelar nuestros hospitales y la actuación de los profesionales en estos días.
Quizás lo único bueno que tenga todo esto sea descubrir de una vez que lo mismo que hay que cuidar el sistema sanitario hay que cuidar la Administración de Justicia porque en estos días que vienen muchas cosas muy importantes, como la suerte de muchas empresas y trabajadores van a depender de su funcionamiento. Y aunque estamos seguros de que los jueces estarán a la altura lo que debemos intentar es no exigirles heroicidades como hemos hecho con nuestro personal sanitario.
