Es de sobra conocida la teoría de que el vuelo de una mariposa puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia. Aunque el ejemplo pueda resultar exagerado, en términos de lo que en ingeniería se conoce como dinámica de sistemas, si está comprobado que una pequeña perturbación en un sistema en equilibrio inestable, en el que existen bucles de realimentación, puede producir un creciente desequilibrio con efectos de enorme magnitud. 

Como se argumenta posteriormente, podríamos estar viviendo algo parecido en términos del deterioro de la calidad democrática e institucional en nuestro país. En este caso, el sistema en equilibrio inestable es el propio gobierno, sustentado por una aritmética parlamentaria precaria e imprevisible, la mariposa, pequeñas perturbaciones como el baile de un diputado en favor de Junts en la últimas elecciones, que le dotaron de una capacidad de presión muy superior a su éxito electoral –la mariposa catalana, aunque puede haber otras–, y los bucles de realimentación serían las reacciones que se van produciendo frente a las perturbaciones políticas por parte del ejecutivo en busca de un equilibrio cada vez más alejado de lo que sería una democracia estable con contrapesos adecuados.

Partimos de que todo sistema busca un equilibrio. El problema, que se pone de manifiesto en el último Informe del Estado de derecho de la Fundación Hay Derecho, es que, frente a la debilidad, se está buscando el equilibrio en el extremo peligroso de la autocracia en lugar del equilibrio de contrapesos y amplios consensos que sería deseable. Los síntomas son inequívocos: ya el 32% de las normas son decretos–leyes, muchos de ellos ómnibus para presionar a los grupos políticos a aceptar un amplio espectro de normas heterogéneas. La última vuelta de tuerca es que ni siquiera tiene garantizada el gobierno la ratificación de DLs, por lo que ha decidido gobernar sin legislar, lo cual en sí mismo parecería un oxímoron. Dicha debilidad, a su vez, incide en la necesidad de eliminar contrapoderes, deteriorando las instituciones: el informe destaca cómo crecientemente los cargos clave (Presidenta del Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo o Fiscal General del Estado) están ostentados por personas con afiliación política que en muchos casos han tenido, además, altas responsabilidades recientes de Gobierno. La colonización autocrática se extiende, por otro lado, más allá de las instituciones de carácter político y alcanza amplias áreas de la sociedad y la economía, como pone de manifiesto el último Dedómetro de la Fundación, donde se pone de manifiesto que la vinculación política de los directivos públicos se ha ido incrementando en los últimos años (incluso instituciones que se habían caracterizado por primar mérito y capacidad y estar poco politizadas como el Banco de España parecen haber perdido recientemente esa independencia), así como la disparidad en el mérito y capacidad de los directivos de diversas empresas públicas (Correos y Paradores son paradigmáticos en el extremo negativo), en un proceso que, en general, viene ya de muy atrás.

Caso aparte merece el poder judicial. Si bien la reciente renovación del CGPJ puede considerarse en general una buena noticia, la realidad es que las dinámicas antes descritas amenazan seriamente esta pieza esencial del juego de contrapesos democráticos. Si centramos el análisis en el impacto de la «mariposa catalana», vemos cómo un puñado de votos fue el germen de la Ley de Amnistía que socavó uno de los principios de nuestra democracia y contribuyó a la actual vía de negociación del cupo catalán, que puede acabar modificando la actual estructura territorial del Estado como hoy la entendemos. El cupo catalán surge, en gran medida, por un bucle pernicioso de realimentación: la competencia por el liderazgo independentista entre Junts y ERC y la necesidad por parte del PSOE de gobernar en Cataluña y España.  Adicionalmente, el afán revisionista del procés ha socavado la credibilidad del sistema judicial, empezando por los efectos de la Ley de Amnistía. Aquí el ciclo de realimentación es evidente: al creciente intento de intromisión del poder ejecutivo en el judicial, que ya había comenzado con la designación de la Fiscal General del Estado y su sustituto y la colonización del Tribunal Constitucional, se unió la creciente crítica abierta a los jueces (ya con la ley del «sí es sí» hubo un ataque a los jueces, en lugar de asumir el error de una mala legislación)  y en particular al Tribunal Supremo, así como menciones continuadas al concepto de »lawfare». Este ataque produjo una reacción del propio poder judicial, que ha seguido adelante con procesos muy sensibles al ejecutivo, como es la investigación del entorno del Presidente o el cuestionamiento de aspectos de la ley de amnistía. Todo ello ha generado, si cabe, aún más animadversión e intento de control por parte del ejecutivo. Inestabilidad, perturbación y ciclos de realimentación nos están llevando a un terreno peligroso.

Por último, llama la atención la poca sensibilización de la población general frente a este proceso de deterioro. No es de extrañar, ya que el deterioro es progresivo. Este proceso gradual es especialmente peligroso porque la ciudadanía lo percibe cuando ya es demasiado tarde, como en el símil de la rana que se va cociendo gradualmente sin darse cuenta. Al igual que ocurrió en otros países, que recorrieron un proceso similar –el de más actualidad y paradigmático sería el caso de Venezuela–, lo que empieza con pequeños cambios en el funcionamiento democrático, acaba siendo un daño irreparable con difícil marcha atrás. En esto, la sociedad civil y los medios de comunicación tienen una responsabilidad y un papel importante para identificar los problemas y actuar e influir. Quizá también por eso el afán del Ejecutivo de controlar los medios y limitar la acción que puede desarrollar los diversos entes de la sociedad civil, todo en la misma lógica de buscar un equilibrio lejos del que sería deseable en una democracia plena. Si algo enseña la dinámica de sistemas es que hay que actuar lo antes posible frente a cualquier perturbación del sistema democrático –por pequeña que parezca– antes de que el daño sea irreparable y estos poderes de contrapeso no tengan ya ni voz ni mecanismos de actuación.

Jose María Muñoz

Empresario, ha dedicado buena parte de su carrera profesional al ámbito de las inversiones en capital-riesgo y la promoción de empresas. Trabajó durante la primera mitad de su carrera profesional como consultor de estrategia en las consultoras McKinsey & Co. y Accenture en España, Portugal y Estados Unidos. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Master (MBA) por la Universidad de Harvard, ha sido consejero de unas veinte compañías, privadas y cotizadas, profesor externo de emprendimiento en programas másters del Instituto de Empresa, columnista de Cotizalia, miembro de diversas organizaciones empresariales como el Círculo de Empresarios, el Instituto de Consejeros y Administradores (ICA), del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) o InvestEurope y colabora activamente en fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro como la Escuela de Música Reina Sofía o la Fundación Hay Derecho.