España repite puntuación en el informe sobre la democracia de ‘The Economist’
Recientemente se ha hecho público el Democracy Index 2023 que ofrece una imagen sobre el estado de la democracia en 165 países. Se trata de un estudio que realiza anualmente el medio británico The Economist y que se ha consolidado como uno de los indicadores sobre calidad democrática de mayor prestigio.
Este año España repite la puntuación obtenida el año anterior (8,08 sobre 10), situándose en el puesto nº 24 dentro de la categoría de democracias plenas. En 2022, España recuperó dicha categoría (que había perdido en 2021) gracias a la finalización de medidas que habían vulnerado las libertades de los ciudadanos en 2020-21. Este año España ocupa el último puesto dentro de la categoría de democracias plenas, compartiendo puntuación con Francia. Es importante tener en cuenta que las oscilaciones se producen también en vista del comportamiento de otros países, y en ese sentido ocupar el último puesto dentro de las democracias plenas puede suponer que fácilmente oscilaciones internas, o de otros países, supongan la bajada (o subida) de España en próximas ediciones.
El índice categoriza a los 165 países en democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos, y regímenes autoritarios. Los resultados globales apuntan a un contexto en el que aún se notan lo coletazos del covid-19 que, como menciona el informe, provocó un retroceso de las libertades en todo el mundo. Este “malestar democrático” es observable en tanto en cuanto solo una minoría de países han conseguido mejorar la puntuación respecto al año anterior, habiendo obtenido la misma puntuación 67 países, y habiendo registrado un descenso 68.
En términos regionales, Europa occidental es la única región que mejora ligeramente (tan solo un 0,01) recuperando la puntuación prepandemia. Sin embargo, como recoge el informe, sigue presentando peores resultados (8,37 de media) que la puntuación máxima alcanzada en 2008 (8,61). El informe denota una falta de satisfacción en la población con políticos e instituciones que hace sugerir que contar con instituciones democráticas formales no es suficiente para mantener el apoyo público. Añade que las instituciones democráticas y los partidos políticos se han vuelto insensibles y poco representativos, incluso en las democracias con mejores resultados.
Sin que pueda suscitar sorpresas este índice es encabezado por los países nórdicos, que obtienen altas puntuaciones en las categorías de proceso electoral, pluralismo, cultura política y participación política. Noruega repite el primer puesto y Nueva Zelanda consigue el segundo puesto, en este top 10 con carácter nórdico en el que Islandia, Suecia, Finlandia y Dinamarca obtienen los siguientes puestos.
España salva la papeleta al mantenerse dentro de las democracias plenas, siendo que países de nuestro entorno como Estonia, Portugal, Italia o Bélgica son considerados por este informe como democracias defectuosas por peores puntuaciones en participación y cultura política, funcionamiento del gobierno y libertades civiles. Algunos especialistas miran este informe con cautela al ser opaco en el análisis país por país que lleva a la puntuación final. En todo caso, será importante analizar la situación en vista de los próximos resultados, con la situación covid-19 más lejana e incluyendo acontecimientos recientes que no se han podido tener en cuenta por el marco temporal del informe.
Irene de Noriega es graduada en derecho y ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, máster en acceso a la abogacía por la Universidad Abierta de Cataluña y máster en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad de Valladolid.
Fue analista de justicia en el departamento de Gobernanza Pública de la OECD donde colaboró en la redacción de documentos de política pública de la organización sobre acceso a la justicia, confianza en las instituciones y democracia. En la Comisión Europea, contribuyó a los trabajos de preparación del Informe del Estado de derecho 2021.
Durante su estancia como becaria en el departamento de doctrina del Tribunal Constitucional, redactó resúmenes de sentencias para la base de datos del Tribunal, coordinó la elaboración de un prontuario sobre el derecho de la Unión Europea en la jurisprudencia del tribunal, y redactó informes sobre legislación nacional para la Comisión de Venecia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.