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Discriminación de la mujer en la carrera judicial y corrección política

Confieso haber escrito este artículo no sin una cierta dosis de aprehensión; o, ¿por qué no decirlo? de temor. Y es que, al hablar de la discriminación de la mujer, y más aún en la carrera judicial, seré juzgado sumarísimamente y condenado a la cancelación cultural de no atenerme dócilmente los dogmas sancionados por la corrección política. Por eso ruego benevolencia, sino por el respeto a la libertad de expresión al menos por la curiosidad de oír alguna opinión siquiera mínimamente disonante. Me explico.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), asociación a la que represento, acaba sacar a la luz un informe donde se demuestra, sin duda alguna, que las magistradas están subrepresentadas en los cargos de libre designación en la carrera judicial. No son opiniones subjetivas sino hechos objetivos, ya que el estudio se nutre de los datos publicados por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el cual ningún interés tendría en falsear unos resultados que lo perjudican. No olvidemos que es precisamente dicho Consejo el órgano legalmente investido de la facultad de efectuar tales nombramientos.

En concreto, mientras que en las últimas promociones judiciales en torno al setenta por ciento de los aprobados son mujeres, solamente el veinte por ciento de ellas ocupa los altos cargos de designación discrecional. ¿Acaso porque todavía ha dado tiempo a cubrir la brecha generacional? Pues no, ya que en las franjas de edad correspondientes a dichos procedimientos selectivos hay en la actualidad una mayoría femenina. La razón parece ser otra. Y muy poco políticamente correcta.

Se trata, simplemente, de que menos mujeres se postulan a esos cargos. Así, en 2019, el porcentaje de solicitantes varones era del 60, 2%; el de magistradas, en cambio, sólo 39, 8%. La culpa sería de ellas. ¿Si no lo piden, cómo se lo van a dar?

Lo que los jueces comentan a título particular, sin embargo, es otra cosa. Eso sí, con la voz baja, no vaya a ser que se oigan opiniones heréticas en redes sociales. A saber: las mujeres dedican como regla general su vida al trabajo y al cuidado de los suyos en vez de hacer pasillos, buscar padrinos y, en definitiva, participar en el sucio pasteleo del intercambio de cromos. A los hombres, muy al contrario, les va más la marcha del politiqueo, sienten menos reparos en mancharse la toga de rojo o azul para medrar. ¿Prejuicios machistas? Tal vez, si bien algunos dictámenes científicos son compatibles con esa creencia popular. El psicológico Kingsley Browne publicó en 1988 un artículo en la revista Managerial and Decision Economics donde sugería que las madres preferían atender a los hijos más que los padres, incluso en detrimento de su carrera profesional. Obviamente, en ciencia no hay nada definitivo, las verdades de hoy son las mentiras de mañana. Ello sin contar con que, casi con total seguridad, habrá otros investigadores que hayan alcanzado conclusiones diferentes. Pero da que pensar.

Sea como fuere, y volviendo al análisis de la Plataforma, la desventaja en contra de las magistradas se torna ventaja cuando participan estas en procesos de selección objetivos dependientes en exclusiva del mérito y la capacidad; e incluso en puestos que se proveen mediante la libre elección de sus compañeros. Sabiendo como sabemos que los nombramientos discrecionales están aquejados de arbitrariedad, por no hablar de interferencias políticas o ideológicas, tal como ha puesto de relieve la PCIJ en sus prestigiosos informes, es evidente que ingredientes extraños contaminan la limpieza del sistema. Y que lo hacen en contra de las mujeres.

En realidad, también en contra de los varones y de cualesquiera personas, al margen de su sexo, que se limiten a trabajar en su juzgado y a la vida familiar. Es ridículo, por no decir hiriente, esperar que una mujer que apenas encuentra tiempo para el descanso diario, pendiente de los críos entre montañas de papeles, bajo el peso de una responsabilidad profesional abrumadora, vaya a encontrar hueco para escribir sesudos artículos doctrinales, dictar conferencias o participar en misiones internacionales a fin de fabricarse un curriculum. Y no digamos ya a hacer la pelota a los mandamases. El efecto es que prosperan los políticos togados, no los más listos, sino los más “listillos”, lo que saben cómo moverse por los vericuetos de un chiringuito montado a medida de la oligarquía de la cooptación.

Por eso la Plataforma ha propuesto la “carrera judicial” como mecanismo de ascenso, de tal suerte que las ventajas profesionales no dependan de la naturaleza del cargo, medida ésta que se completa con unas bases para objetivar los nombramientos discrecionales al menos en un setenta y cinco por ciento. No sólo eso, también propugna que los vocales del CGPJ estén obligados a abstenerse cuando el candidato a quién hayan de elegir pertenezca a su misma asociación. E incluso algo más importante: la preservación del modelo de oposiciones libres, el cual se ha revelado empíricamente inmune a la desigualdad de género, a diferencia de lo que ocurre en otros turnos de acceso donde, en mayor o menor medida, se presumen inconfesables injerencias.

En suma, para convertirse juez, tiene que demostrarse excelencia intelectual en severas pruebas competitivas. O sea, meritocracia pura y dura, por muy mal que suene algunos. Y para ascender, una vez ya dentro de la carrera, proporcionar vías objetivas, sin sombra de sesgo político o ideológico, disponibles no sólo en beneficio de los que gocen de tiempo libre para labrarse un curriculum, sino de todos aquellos que consagren abnegadamente su vida al juzgado y a la familia; a los que hayan exhibido coraje para no rebajarse a ser herrados con la marca roja o azul de una u otra ganaderías. Ahora se premia, en cambio, a una estirpe híbrida de político y juez en la que ambición y sumisión se combinan a la par. De ahí que haya que recuperar (aunque lógicamente complementado con otras exigencias) el peso de la antigüedad escalafonal, no importa cuán anticuado parezca.

Y, a mayor abundamiento, una observación sin aparente importancia, casi una nota a pie de página. ¿Habíamos dicho que menos mujeres optan menos a cargos discrecionales que los hombres? Cierto. Pero es igualmente verdad que, incluso corregida esa tendencia, los varones siguen prevaleciendo. Tal como se lee en el citado informe, en 2019 los candidatos, como sabemos, eran 60,2 varones y 39, 8% mujeres. Con todo, fueron escogidos en un 66, 8% de magistrados frente a un 33,3. % de magistradas. Los números son tozudos.

Para acabar, vuelvo a lo del principio: ¿es políticamente incorrecto insinuar que las mujeres tienen menos ambición política que los hombres? Me da igual. Lo que sé es que el Consejo prometió una investigación sobre tan delicado tema. Y todavía la estamos esperando. Quizás falten agallas.

 

¡Basta ya! Hay que terminar con el asedio al Tribunal Supremo

(Texto de la denuncia presentada por los firmantes el 24 de febrero de 2022 ante la Comisión Europea, por vulneración del artículo 2 TUE)

  1. Según la Comisión Europea, “El Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales de la Unión, y no en vano está consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Pero, además, es requisito previo de la protección de todos los demás valores fundamentales de la Unión, como los derechos fundamentales y la democracia. Para el funcionamiento mismo de la UE, el respeto del Estado de Derecho es esencial: lo es para la aplicación efectiva de la legislación de la UE, para el buen funcionamiento del mercado interior, para mantener un entorno propicio a la inversión y para que haya confianza recíproca. La esencia del Estado de Derecho es la tutela judicial efectiva, que requiere la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales
  2. Las Instituciones comunitarias, valoran progresivamente la exigente determinación del Estado de Derecho en los Estados Miembros. Muestra evidente ha sido el activo papel de la Comisión en recursos finalmente judiciales ante el TJUE y de los que son buena muestra los que paulatinamente han ido in crescendo exigiendo la militante y genuina aplicación de las consecuencias que dicha configuración institucional y política supone. Así y como pauta la última Sentencia referida a Polonia que culmina una saga amplia de advertencias que los tribunales de la Unión han venido realizando en relación con diferentes Estados Miembros.

Esta audaz apuesta por el Estado de Derecho supone resueltamente un reconocimiento explícito de las garantías de funcionamiento del Poder Judicial en todos y cada uno de los Estados Miembros sin excepción.

  1. En relación con el Reino de España, debemos DENUNCIAR que la situación en que la actual Legislación ha colocado al mismo, es, sencillamente, de claudicación obligada, al deprimir por completo las posibilidades de ejercicio normal de la función jurisdiccional, mediante la brutal supresión de los nombramientos por parte del CGPJ; lo que supone cabalmente que dada la situación habitual de jubilaciones y, eventuales decesos, los tribunales de justicia ven cercenadas, cada vez más, su composición. Y con ello no pueden, literalmente, atender a los asuntos que ingresan en sus Tribunales, provocando un gravísimo colapso en la impartición de la Justicia. Y con ello, además de perjudicar inmensamente el derecho de los ciudadanos y empresas, se perjudica la reputación y prestigio de la Justicia, dañando así con gravedad la necesaria autoridad y respeto que se exige en una sociedad democrática, en que el Estado de Derecho forma parte inescindible de la misma.

En efecto, en este Estado Miembro, se dictó la Ley por la que se guillotinaron sus elementales funciones de nombramiento de Jueces y Magistrados. En términos precisos y exactos, se impuso legalmente un atroz declive del número de Jueces y Magistrados, entrando así la función judicial y con ello la impartición de justicia en el Reino de España, en situación de eclipse, parcial de momento, que aumenta día a día.

  1. La situación resulta especialmente grave en el Tribunal Supremo, como muestra el reciente comunicado del propio Tribunal, de 22 de febrero de 2022. Comunicado que se produce tras la visita de la propia Ministra de Justicia, quien despreció la necesidad de recuperar el normal funcionamiento de la Institución Judicial, ya que es obvio que si no se corrige esa continuada situación, el derrumbe y desplome de toda la función judicial es, como advertimos ya, la crónica del desfallecimiento anunciado del Estado de Derecho en el Reino de España. La prensa ha recogido así el resultado de la reunión: “Decepción en el Supremo tras la reunión con Llop: “Parece que se pretende que el tribunal toque fondo”. Fuentes del TS consideran que el Gobierno quiere llevar al límite a la institución, que acumula ya doce vacantes, para “echar la culpa a la no renovación del Consejo”.
  2. Advertimos que, de intervenir la Comisión, es altamente probable que esta situación se corrija, ya que de los antecedentes inmediatos conocemos que el Gobierno de España y en consecuencia su Parlamento (Cortes) es altamente sensible a las sugerencias e indicaciones de las Instituciones Europeas. Se demuestra lo indicado en que cuando al mismo tiempo que se producía la citada Ley, el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de Ley para que todos los miembros del CGPJ fueran elegido por mayoría no cualificada en el Parlamento, la rápida intervención, incluso meramente declarativa, de la Comisión, bastó para impedir que dicho atentado al control sobre el Poder Judicial se parase inmediatamente.
  3. Los aquí denunciantes, confían ampliamente en la sensibilidad de las Instituciones Comunitarias para con el Estado de Derecho.

Estamos seguros de que la simple apertura del procedimiento, sin necesidad de ultimarlo, permitirá corregir esta peligrosa, ardua y grave situación del Estado de Derecho en España y que, con ello, la Comisión y demás Instituciones europeas, lograrán una consolidación imprescindible del mismo en todos los Estados Miembros

POR TODO ELLO

Tenga presentada DENUNCIA contra la actual legislación española citada contraria totalmente al Estado de Derecho en uno de los Estados Miembros de la UE.

Democracias defectuosas

Este artículo es una reproducción de la tribuna publicada en Crónica Global disponible aquí.

El descuelgue de la democracia española de las denominadas “democracias plenas” o completas en el famoso Democracy Index de la prestigiosa revista The Economist para pasar a integrarse en el pelotón de las llamadas “democracias defectuosas” o incompletas (junto con otros países de nuestro entorno, no se piensen que somos los únicos) ha provocado todo tipo de reacciones políticas y mediáticas, la mayoría interesadas.

Todo el mundo ha arrimado el ascua a su sardina: por supuesto, los independentistas, cuya tesis de que España es, en realidad, un Estado franquista y represor puede agarrarse a algo –aunque no sea mucho– menos evanescente que sus propias percepciones subjetivas. También lo hacen políticos como Pablo Iglesias, que ven con satisfacción no disimulada sus autoprofecías cumplidas en relación con el “régimen del 78” y, por supuesto, los representantes del PSOE y del PP, que se imputan mutuamente la responsabilidad de este deterioro. El informe se ha convertido en un arma arrojadiza más. A lo que nadie ha arrimado el hombro es a intentar revertir esta situación.

Nos podemos consolar pensando que la posición de España en el ranking no es tan mala; al fin y al cabo, estamos en el número 24 de la lista, y hay otros países de nuestro entorno en la misma situación. Pero sin duda, todo descenso de este tipo es una mala noticia. Y el problema es que es consistente con lo que vemos en otros indicadores similares: también descendemos posiciones en el ranking anual de Transparencia Internacional, por ejemplo. Por no hablar del desplome en todos los indicadores nacionales e internacionales que miden la confianza en la democracia liberal parlamentaria, empezando por sus principales instrumentos, los partidos políticos, que en España está bajo mínimos.

Más allá de luchas partidistas la tendencia, por tanto, no es nada buena y en mi opinión se está acelerando con la degradación institucional y política que padecemos (ahí tenemos el último ejemplo, por ahora, con las luchas intestinas en el PP). Dicho eso, también hay que tener en cuenta la cantidad y la complejidad de los indicadores que maneja el estudio de The Economist agrupados bajo cinco categorías: limpieza del proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Además, las mediciones se basan en valoraciones y percepciones, inevitablemente subjetivas, aunque procedan de expertos. Medir la calidad de una democracia no es tarea fácil, y por tanto el informe puede ser objeto de críticas razonables, mucho más allá, por ejemplo, que otro informe que no nos deja en buen lugar, el informe PISA y que mide los resultados de forma bastante más objetiva.

Sin embargo, sí que hay una cuestión que destaca y sobre la que merece la pena detenerse: la anómala situación del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de tres años bloqueado y sin visos de ser renovado. Como es sabido, el bloqueo es consecuencia de la negativa del PP a pactar con el PSOE el tradicional reparto de cromos partidista de los vocales del consejo: tantos para ti, tantos para mí, alguno para Podemos o los nacionalistas. Lo que lleva pasando más de 35 años.

Obviamente la causa inmediata del bloqueo es precisamente el interés del PP en no perder la mayoría que ahora tiene en el CGPJ pero la causa estructural subyacente es su politización. De suprimirse, permitiendo que los jueces y magistrados nombrasen al menos a la mitad de sus miembros (como se viene reclamando incesantemente desde instancias europeas) no habría problema. Pero los partidos no quieren renunciar a su presa. Y así seguimos.

Así que, les guste o no les guste, todos los que siguen insistiendo en el reparto de cromos partidista deberían sentirse interpelados. En cuanto a los independentistas, deberían recordar que una de sus máximas aspiraciones es precisamente la politización total del Poder Judicial en su territorio; lo dejaron por escrito allá por el año 2017. Este tipo de ataques a la separación de poderes (dejando constancia además por escrito) no habría ayudado mucho precisamente al posicionamiento en el famoso índice como una democracia plena.

Los problemas generados por el independentismo en Cataluña merecen también una consideración aparte, en cuanto a que el informe considera que supone un problema de gobernanza importante. Nada que los sufridos ciudadanos catalanes no sepan. No obstante, los datos no resultan fáciles de interpretar, en la medida en que es una situación que se lleva arrastrando desde hace varios años y probablemente el año 2021 no ha sido el peor de la serie. Pero desde luego esta situación obviamente afecta a algo tan importante como “el grado de consenso y cohesión para fundamentar una democracia estable y funcional”. De hecho, Cataluña está exportando su modelo profundamente disfuncional al resto de España. No es una buena noticia.

Coloquio HD: ¿Discriminación contra la mujer en el CGPJ?

En este coloquio abordaremos la discriminación de género en la judicatura. Aunque la igualdad en el acceso a la carrera judicial está garantizada legalmente y las mujeres son mayoría en la misma, su presencia es minoritaria en los altos puestos de la magistratura. ¿A qué se debe este hecho? ¿Cómo influyen los nombramientos discrecionales en la discriminación a las mujeres? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, contaremos con grandes profesionales expertos en la materia.  

El coloquio tendrá lugar el jueves 3 de marzo a las 19:30 y podrá seguirse online a través de Zoom y también de nuestro canal de Youtube.

Intervendrán:

  • María Isabel Llambés Sánchez, magistrada.
  • Jesús Manuel Villegas Fernández, magistrado.
  • Elisa de la Nuez, abogada del Estado.

Moreda: Nacho Abad, periodista.

Es imprescindible registrarse para asistir, momento en el que podrán hacernos llegar alguna pregunta breve que quieran que se trate durante el coloquio. También podrán realizar preguntas vía Zoom en directo (no así en Youtube).

Recibirán el enlace a Zoom en su correo al registrarse. ATENCIÓN: EL ENLACE APARECE AL FINAL DEL CORREO QUE SE LES ENVIARÁ CON LA ENTRADA.

¡Pueden registrarse aquí!

Nubes de tormenta en Europa para el sistema judicial español

Todo aquel que tenga alguna preocupación por la justicia de nuestro país, y por su prestigio en Europa, debería estar ciertamente inquieto por las señales coordinadas que están llegando desde el eje judicial Luxemburgo-Estrasburgo en relación con el caso polaco.

Tras los avisos que han supuesto las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2019 -C-624/18- y de 2 de marzo de 2021 -C-824-18 (comentadas en el post La esperanza está en Europa, Blog Hay Derecho) nos llegan ahora de Estrasburgo nuevas señales de alarma, justamente cuando la justicia española tiene en el horizonte un difícil examen en Europa al hilo de los recursos de los condenados por el procés catalán.

Las sentencias del TEDH de 22 de julio 2021(Reczkowicz), 8 de noviembre 2021 (Dolińska-Ficek and Ozimek) y 3 de febrero de 2022 (Advance Pharma) declaran vulnerado el derecho de distintos ciudadanos polacos a que sus asuntos sean examinados por un tribunal independiente e imparcial (art. 6 CEDH), al haber sido resueltos por un tribunal -el Tribunal Supremo de Polonia- cuyos miembros habían sido total o parcialmente designados por un consejo de la magistratura cuyos miembros judiciales, a su vez, habían sido elegidos por el Parlamento. Los asuntos que dieron lugar a los casos ante el TEDH habían sido decididos, respectivamente, por la Sala de Asuntos Disciplinarios, por la Sala de Revisión Extraordinaria y por la Sala Civil del Tribunal Supremo polaco.

Podemos condensar los aspectos más relevantes que dimanan de estas resoluciones de la siguiente forma:

  1. a) El TEDH se apoya expresamente en la sentencia del TJUE de 19 de noviembre de 2019 para afirmar que el grado de independencia del consejo de la magistratura respecto de los poderes legislativo y ejecutivo es cuestión relevante a la hora de determinar, a su vez, la independencia de los jueces seleccionados por aquel.
  2. b) El TEDH incluye en las sentencias una enumeración, que solo podemos calificar de intimidatoria -esperemos que también para los políticos españoles-, de las instituciones europeas que han declarado que los miembros judiciales de los consejos de la magistratura deben ser elegidos por los propios jueces. Así, además de citar al TJUE, se alude a las recomendaciones de 5 de abril de 2018 del Relator Especial de la ONU, a la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 17 de noviembre de 2010, al informe de la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa de 28 de junio de 2019, a las resoluciones 2188 (2017) y 2316 (2020) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, a los dictámenes de 11 de diciembre 2017 y 16 de enero de 2020 de la Comisión de Venecia, al dictamen de 23 de noviembre de 2007 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, a los informes del Grupo GRECO, a las recomendaciones de la Comisión Europea de 27 de julio 2016, 21 de diciembre de 2016, 26 de julio 2017 y 20 de diciembre de 2017, a las resoluciones del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2017 y 17 de septiembre de 2020 o a los informes de la Red Europea de Consejos de Justicia de 16 de agosto de 2018 y 20 de mayo de 2020.

A la vista de todo esto resulta poco menos que cómico escuchar a nuestra ministra de Justicia Pilar Llop seguir defendiendo la corrección y bondad del actual sistema de nombramientos (1). Los políticos españoles viven ciertamente en un matrix del que puede que despierten de manera poco agradable en cualquier momento.

  1. c) El TEDH desecha dos argumentos del gobierno polaco que resultarán familiares a cualquier lector español: que la elección de los vocales judiciales por el parlamento es adecuada por ser “más democrática”, y que es aceptable la elección parlamentaria porque la Constitución nacional “no dice claramente” quién haya de elegir a tales vocales. Los dos únicos argumentos que se esgrimen en España para defender el actual sistema de elección son ignorados, por irrelevantes, por el TEDH.
  2. d) Tampoco considera decisivo el TEDH que la elección parlamentaria de los vocales haya de ser por mayoría de 3/5 de la cámara.
  3. e) El TEDH desciende al análisis de indicios que demuestran que la elección parlamentaria de los vocales ha estado sometida a fuertes influencias del ejecutivo. Podemos imaginar a un recurrente español ante el TEDH aportando un abultado dossier de prensa donde aparezca, por ejemplo, el habitual anuncio desde el ejecutivo de quién será el Presidente del CGPJ antes de que se haya votado por el Parlamento a los vocales que deberían elegirlo (2) o el chusco asunto del whatsapp de Cosidó (3), o explicando al TEDH cómo la ley española ni siquiera prevé un examen parlamentario de los candidatos en paladino reconocimiento de que la elección ni siquiera es realmente parlamentaria.
  4. f) Se hace alusión en la sentencia Advance Pharma en la que nueve jueces, de quince, habían sido nombrados en la legislatura anterior como presidentes o vicepresidentes de tribunales, y cuatro habían trabajado en el Ministerio de Justicia. Tampoco costaría nada ofrecer al TEDH una aluvión de casos en España que demuestran que la implicación de los jueces en política supone indefectiblemente un impulso en su carrera profesional judicial.
  5. g) El TEDH no exige al solicitante que demuestre que el fallo dictado contiene un sesgo que pudiera venir provocado por la forma de acceso de los magistrados al puesto. La imparcialidad del Tribunal es algo que se valora ex ante y al margen del sentido de lo fallado.

Es cierto que concurren en el caso polaco algunas circunstancias, más bien accesorias, que no se dan idénticamente en el caso español -por ejemplo, a falta de mayoría parlamentaria de 3/5 se puede elegir a los miembros del consejo de la magistratura por mayoría absoluta, tal y como por cierto se ha llegado a proponer también en España recientemente-. Pero, en lo esencial de las cosas, es imposible no observar la similitud del caso polaco y el español. Y si esto es lo que está resolviendo el TEDH para asuntos fallados por Salas no criminales, cabe pensar qué dirá cuando le llegue un recurso contra una sentencia dictada por la jurisdicción penal, y, además, en un asunto tan significado políticamente como el del procés catalán.

Si finalmente España tiene que ver cómo se declaran vulnerados los derechos de los enjuiciados en la que probablemente sea la sentencia más importante de nuestra democracia, será el momento de agradecer a PSOE y PP, así como a las asociaciones judiciales participantes en el sistema, que lleven treinta y cinco años sin hacer caso de las voces internas que vienen reclamando un cambio. Solo cabrá decir entonces que quien avisó no fue traidor.

 

Notas:

1) (EL PAÍS 9 septiembre 2021)

2) (LA VANGUARDIA 22/09/2008: Zapatero propone a Carlos Dívar como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo; EL PAÍS, 04/12/2013: PP y PSOE pactan que Lesmes presida el Poder Judicial)

3) (EL PLURAL, 19/011/2018: Cosidó, pillado en Whatsapp: «Controlaremos desde detrás la Sala Segunda»).

Doble techo de cristal en la judicatura: Magistradas y Nombramientos Discrecionales de Altos Cargos Judiciales. Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad e imparcialidad

Recientemente se han publicado estudios que evidencian la existencia de una desigualdad de género en la cúspide de los despachos de abogados. Sólo uno de cada cinco socios de los bufetes es mujer, y en el ámbito de los Decanatos de Colegios de Abogados, en los que sólo el 20% de estos puestos corresponden a mujeres. De igual forma, resulta necesario someter a examen en materia de igualdad a la carrera judicial.

El sistema de acceso a la carrera judicial a través del turno libre favorece el acceso de las mujeres, así, en las últimas promociones de jueces un 70 % de las personas aprobadas son mujeres, representando ya el 54,8% de toda la carrera judicial. No obstante, el porcentaje de mujeres que accede a la carrera por otras vías es muy inferior, (30,1% por el cuarto turno; 7,7% son las mujeres que acceden a la carrera judicial por el “quinto turno”, directamente a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo; o un 38,9% las mujeres que acceden por el denominado “turno autonómico”); según los últimos datos estadísticos publicados por el C.G.P.J. y II Plan de Igualdad de la Carrera.

 

Siendo las mujeres mayoría en la carrera judicial ¿Por qué su presencia es muy minoritaria en los altos puestos de la magistratura? (1). El resultado de los nombramientos discrecionales de altos cargos es discriminatorio para las mujeres, siendo un dato numérico objetivo incontestable; así, el porcentaje de magistradas en el Tribunal Supremo es de un 20%, colocándonos a la cola de la UE respecto a la proporción de juezas profesionales en estas altas instancias, sólo se sitúan por detrás de España, según los Cuadros de Indicadores de la Justicia en la Unión Europea de 2021, países como República Checa y Malta.

Una mujer no ha llegado a ser Presidenta de Sala del Tribunal Supremo hasta septiembre de 2020; en los 17 Tribunales Superiores de Justicia sólo dos presidentas son mujeres; y en las Presidencias de las Audiencias Provinciales sólo un 20% son mujeres.

 

La explicación que durante años se ha dado— existencia de un menor porcentaje de mujeres en las franjas de edad en las que se accede como media a dichos nombramientos— no puede mantenerse, ya que según los últimos datos del Informe sobre Estructura de la Carrera Judicial en los rangos de edad en los que habitualmente se participa en estos procedimientos selectivos, ya existe una mayoría de magistradas, (de 41 a 50 años – 66,4% mujeres; de 51 a 60 años – 51,1 % mujeres), teniendo ya las mujeres una antigüedad media equiparable a la de los hombres.

Y si ya es difícil llegar a los altos puestos de la cúpula judicial sin “padrino” que te bautice, más difícil todavía es llegar siendo mujer a estos altos puestos de “libre designación”.  La discrecionalidad en el nombramiento de los altos cargos judiciales se mantiene tras la reforma de la Ley Orgánica 4/2018 del artículo 326.2.LOPJ, no existen unos criterios públicos y objetivos previos, ni  unos criterios baremados. Es precisamente esa falta de criterios previos al nombramiento uno de los incumplimientos señalado desde el 2013 por el Grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO); que denuncia que el sistema actual vulnera la normativa europea en materia de independencia judicial.

Este sistema de nombramientos “a dedo” se configura como una doble barrera infranqueable para las magistradas, sufriendo una doble discriminación, primero, como el resto de nuestros compañeros, ya que la promoción a dichos puestos parece estar condicionada a la existencia de contactos e influencias, y la actuación diaria de un magistrado “de base” es ajena a los mismos. Así queda dividida la carrera judicial por una línea horizontal imaginaria, que funciona como un techo de cristal entre los de arriba y los de abajo. En el caso de las magistradas se produce una segunda discriminación adicional por su género, ya que los datos objetivos indican que la presencia de las mujeres en la cúpula judicial es muy minoritaria. Si ya nos resulta muy difícil el conciliar vida familiar y profesional, resulta impensable tener tiempo extra para mantener relaciones y contactos.

Analizando los datos estadísticos se concluye que los sistemas discrecionales de nombramientos discriminan a las mujeres. Con criterios de selección públicos, reglados y objetivos, las mujeres ganan puestos, consiguiéndose una presencia equilibrada, simplemente ante la posibilidad de competir con unas reglas de juego transparentes y en igualdad de condiciones. Así se evidencia al analizar los porcentajes de mujeres y hombres en las diferentes formas de acceso a la carrera judicial, en la preparación de las pruebas de especialización, en el nombramiento de altos cargos reglados por escalafón, e incluso en los procedimientos de elección democráticos, (salas de gobierno).

Los datos nos alertan de un posible sesgo de género en los nombramientos, que se evidencia en la comparativa de porcentajes entre las mujeres que presentan sus solicitudes y el porcentaje final de mujeres designadas, pese al escaso número de solicitudes presentadas por mujeres durante los años 2014 a 2019, en los nombramientos finalmente materializados no se ha mantenido, ni tan siquiera, el ya exiguo porcentaje de mujeres que optaban al cargo.

Resultaría del todo necesaria la realización de un estudio sobre las posibles diferencias retributivas entre mujeres y hombres en la carrera judicial, sin que hasta la fecha se haya materializado, es evidente la existencia de una brecha salarial, ya que estos altos cargos judiciales, ocupados en su mayoría por hombres, serían puestos con una mayor retribución. Destacándose que el 90% de las excedencias para el cuidado de los hijos o familiar son solicitadas por mujeres, suponiendo también el cese de retribuciones.

Pese a los datos estadísticos existentes no se han adoptado medidas de acción positiva a fin de conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres, no se han realizado informes de impacto de género por la Comisión de Igualdad en los procedimientos selectivos, no se ha incluido valoración alguna referente al principio de igualdad efectiva en las propuestas de nombramientos, no existe una evaluación continua de la materia. Han trascurrido seis años desde la elaboración del I y II Plan de Igualdad, y no se ha efectuado ningún estudio sociológico que analice las causas de la baja participación de las mujeres en estos procesos de selección, ni por supuesto, se ha establecido reglamentariamente un sistema de baremación objetiva de méritos, estando obligado a todo ello desde la entrada en vigor de la Ley 3/2007 LOIEMH. Dichos incumplimientos resultan especialmente discriminatorios en casos en los que optando a la plaza una mujer con más méritos objetivos o especialización, ha resultado finalmente nombrado un varón, a través de una decisión que no reúne las más mínimas garantías de transparencia, al carecer de suficiente motivación.

 

Notas

  • Entre los altos cargos judiciales de nombramiento discrecional, se encuentran: magistrados del Tribunal Supremo, Presidencia del Tribunal Supremo y Presidencias de Sala de Tribunales Superiores de Justicia, Presidencias de Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, servicio de inspección del CGPJ, Mutualidad Judicial, Servicios de Relaciones Internacionales y Escuela Judicial, entre otros.

 

Las autoras son magistradas y forman parte de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

Consecuencias de la última jurisprudencia del TEDH sobre separación de poderes

En las próximas semanas asistiremos a la continuación de las negociaciones entre los partidos políticos a fin de proceder a la renovación de los vocales del CGPJ, realizándose al margen de cualquier tipo de control, sin documentación alguna y fuera del ámbito parlamentario.

Convendría recordar a esas dos únicas personas, representante del PP y del PSOE, que erigiéndose con la legitimidad democrática de todo un Parlamento, pretenden seguir con el “intercambio de cromos” y con la designación discrecional y politizada de los altos cargos judiciales, que el paralelismo entre España y Polonia respecto a la forma de elección de los altos cargos de la judicatura es más que evidente. La ley polaca de 2017, como hizo la ley española de 1985, cambió el sistema de elección de los vocales judiciales del órgano de gobierno de los jueces, (CGPJ en España/NCJ en Polonia), y así, en ambos países la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces son designados por el Parlamento, encargándose este órgano gubernativo, en ambos países, del nombramientos discrecional de la cúpula judicial, incluyéndose los magistrados del Tribunal Supremo.

Este sistema no sólo incumple con el estándar europeo en materia de independencia judicial, como nos ha indicado recientemente el Informe sobre el Estado de Derecho/Rule Of Law de la Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa,(GRECO); sino que incumple con el derecho positivo de obligado cumplimiento de la Unión Europea en materia de independencia judicial, porque así se pronuncia ya en numerosas ocasiones el TJUE, a propósito del caso polaco, enlazándose la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, art. 19 TUE, con el art. 47 CEDF, que reconoce el derecho a un juez independiente e imparcial, como un derecho fundamental; destacándose las sentencias del TJUE de 19 de noviembre de 2019( C-624/18) y de 2 de marzo de 2021 (C-824-18). Atendiendo a los pronunciamientos expresos del TJUE existe una infracción del Estado español, teniendo únicamente legitimación activa para presentar recurso de infracción contra un Estado miembro, art. 258/259 TFUE, la Comisión Europea u otro Estado miembro.

Pero el sistema parece agotarse ante la reciente Jurisprudencia del TEDH, que nos indica que dicho procedimiento para el nombramiento de los altos cargos judiciales había sido influido indebidamente por el poder legislativo y ejecutivo, quedando comprometida la legitimidad de un tribunal compuestos por los jueces designados de esta forma. Existiendo en estos casos una violación del art. 6.1.CEDH, “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída…, por un tribunal independiente e imparcial…”. Las cosas se complican, porque aquí la legitimación es mucho más amplia a la hora de recurrir la presunta vulneración de derechos ante el Tribunal de Estrasburgo. En el primero de los dos pronunciamientos más recientes, Asunto C-64/16, sentencia de 22 de julio de 2021, asunto Reczkowicz, nos encontramos ante una abogada polaca que impugna la sanción disciplinaria impuesta por su Colegio ante una Sala del Tribunal Supremo de Polonia, resolviendo el TEDH que la recurrente no había tenido un juicio justo, ya que dicha Sala no podía considerarse como un tribunal independiente e imparcial. Y con la misma línea argumentativa, Asunto 49868/19 y 57511/19 Dolinska – Ficek y Ozimek, sentencia de fecha 08/11/21, dos jueces polacos impugnan su falta de nombramiento en dos puestos judiciales, que agotando la vía interna de recurso ante la Sala de Revisión Extraordinaria de la Corte Suprema, obtienen posteriormente un pronunciamiento favorable a sus pretensiones por parte del TEDH, indicándose que en estos casos existe una violación del Convenio y que el Estado tiene la obligación de acometer las reformas legislativas para reparar la situación de vulneración. Nos encontraríamos ante vulneraciones graves de preceptos de obligado cumplimiento, el propio art. 10 C.E. nos indica que los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con la jurisprudencia del TEDH.

No nos llevemos a engaño, una renovación del CGPJ sin una reforma previa del sistema, implicaría un nuevo mandato de sus vocales durante cinco años, art.122.3.C.E., ante los últimos pronunciamientos del TEDH, un gran número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo podrían ser recurridas ante el Tribunal de Estrasburgo, siendo muy probable la prosperabilidad de los recursos. ¿Merece la pena colocar al poder judicial español en una situación de fragilidad tan grave?. Dos personas deberán tomas la decisión en las próximas semanas.

¡Flash Derecho! Nombramientos: crónica de una decepción anunciada

Hace unas semanas los editores del blog publicábamos un editorial en el que poníamos de manifiesto la poca credibilidad que los partidos mayoritarios en relación a sus promesas sobre el control de las instituciones, a la vista de su trayectoria. El PSOE fue pionero en la politización del CGPJ, pero el PP no le quedó a la zaga y, en cuanto le tocó el turno, se apresuró a desdecirse de sus promesas, aventadas antes con alharaca y estrépito.

La tensión de los últimos tiempos entre ambos partidos sobre si procedía reforma o renovación en el CGPJ, parecía –parecía, digo- encaminarnos hacia una ventana de oportunidad para la vuelta a una independencia del CGPJ perdida. La presión europea y del propio colectivo judicial y de una parte de la sociedad civil  hacía vislumbrar una posibilidad. Aunque en ese editorial ya decíamos: “Si hemos de atenernos a la historia particular de este tema, no resulta descabellado pensar que el PP no quiere perder la mayoría que tiene ahora y dificulta en la medida de lo posible cualquiera cambio a la espera de alcanzar el poder, momento en el que puede procrastinar lo que ahora ve tan necesario”.

No nos equivocamos: la estrategia de despolitizar las instituciones era, según parece, a más largo plazo. Repentinamente se ha precipitado un pacto que abarca relevos en el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Agencia de Protección de Datos y el Tribunal de Cuentas. Y todos los nombramientos de un cariz absolutamente político, en su peor versión, esa que esconde su politización en una supuesta capacidad técnica. Hoy en El Mundo se dice de Ramón Sáez, nombrado para el Constitucional que las opiniones sobre él se resumen en dos: “que tienen una altísima categoría jurídica y que a menudo sus resoluciones rezuman una fortísima ideológica”. De Espejel (escribí de ella con motivo de la recusación en el caso Gürtel), también nombrada para el Constitucional, y de cuya capacidad y buena fe tampoco dudo, sólo se puede decir que es un buen ejemplo de quienes han comprendido que la única forma de ascender en la hoy en la Judicatura es seguir el cursus honorum de la política: que te nombre un partido para el CGPJ, que éste te nombre a su vez para un cargo relevante y de poder en la Judicatura y de ahí se ascienda a las alturas. Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Supremo, hablaba del «gusanillo» que la dinámica de la promoción inoculan al juez, empujándole a la subalternidad y minando su capacidad de autonomía en el juicio, de tal modo que ni siquiera él se da cuenta porque las «indicaciones o sugerencias» -cuya existencia se rechaza airadamente- en realidad ya están impresas en el mismo complejo organizativo y su dinámica, por lo que preactúan a la política de nombramientos, haciendo innecesarias las ordenes explícitas. De Enrique Arnaldo e Inmaculada Montalbán, puedo decir poco, salvo que su curriculum parece de la misma naturaleza.

En definitiva, si esa alta pericia va a servir no para aplicar correctamente la ley sino para hacer una justicia material definida por una corriente ideológica concreta, quizá es preferible convertir al Constitucional en una tercera Cámara, tras el Congreso y Senado, votada por el pueblo Soberano, como decía esta mañana Torreblanca en la televisión. Esto supondría, claro, renunciar a la ley como modo de control del más fuerte y someternos a lo que piensen las mayorías en cada momento.

¿Y por qué ese pacto ahora? Pues porque en junio de 2022 se debe llevar a cabo una renovación del TC, momento en que el equilibrio político se alteraría porque al gobierno le corresponde nombrar dos magistrados y al CGPJ otros dos. Pero la renovación ha de hacerse por terceras partes y el gobierno no puede  designar a los dos magistrados si antes no se ha renovado el CGPJ, porque la renovación ha de hacerse de manera paralela.  Lio, por cierto,  en que se ha metido el propio gobierno al reformar la LOPJ para evitar que el CGPJ en funciones hiciera nombramientos. Es cierto que el pacto no altera hoy la correlación de fuerzas, pero sí saca del TC algunos de los magistrados nombrados por el PP le habían salido “ranas”, entre ellos el propio presidente. A cambio, el PSOE obtiene otros nombramientos como el de Gabilondo o purgar el Tribunal de Cuentas.

¿Y qué pasará con el CGPJ? Es cierto que los nombramientos no deberían ser políticos, sino técnicos, pero es verdad que están hechos dentro de la ley. El problema del CGPJ es otro: su forma de nombramiento está en contra de una interpretación recta que incluso el politizado Constitucional mantuvo. No sabemos lo que pasará, pero la realidad es que al PP no le interesa cambiar ahora la composición conservadora de este órgano, de la que depende también la del Tribunal Constitucional. ¿Quiere eso decir que se va a reformar la ley para lograr la independencia judicial? No, quiere decir que se hará reforma o renovación en función de que se logre un acuerdo sobre la adecuada politización del órgano, como el reciente pacto sobre otros órganos evidencia. Es una decepción anunciada porque, recordemos, “todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla”, como dijo el escritor –polaco- Stanislav Jerzy Lec.

La soberanía nacional y la división de poderes

Las relaciones institucionales entre los poderes del Estado son más enigmáticas de lo que familiarmente pensamos. En este artículo me limito a analizar algunos de los elementos clave del “gobierno del pueblo” para que cada uno saque su propio corolario.

El artículo 1 de la Constitución Española (CE) dispone:1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.”

De esta forma, se consagra la supremacía del pueblo como fuente de donde emana el movimiento y modulación de los poderes del Estado. Esto da al Estado una fuerte apariencia democrática en su configuración. No obstante, la autoridad del pueblo no se ejerce de forma directa, sino que se hace a través de un gobierno representativo y sin olvidar lo dispuesto como límite en el artículo 9 de la CE: “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.”. Este artículo deja en segundo plano lo dispuesto en el artículo uno encumbrando como verdadera protagonista a la CE la cual goza de la verdadera supremacía y a la que deben plegarse los poderes del Estado y por tanto los ciudadanos. La articulación jurídico-social de esta forma de gobernanza se expresa fundamental a la hora de tomar cuerpo en las instituciones.

La relación y colisión entre los poderes del Estado es habitual y es una garantía de control, aunque en los últimos tiempos en España esta garantía del ciudadano está sumergida en un ambiente de crispación continua y para entenderlo hay que tener en cuenta tres premisas fundamentales:

  1. Donde está el representante no esta representado y además no hay mecanismos ni instrumentos suficientes que garanticen la soberanía real y efectiva del pueblo en este sentido, más allá del voto en la urna cada 4 años. Las decisiones de los representantes conservan un gran grado de independencia respecto de los deseos del electorado.
  2. El origen de la búsqueda del equilibrio de poderes se encuentra en la descompensación inicial en la estructura del Estado por naturaleza propia de la organización de un colectivo, ello implica que un poder del Estado siempre quiera someter a otro poder del Estado.
  3. En España el poder Legislativo ha sido absorbido por el poder Ejecutivo. El Legislativo únicamente actúa como figurante o como un simple hermoseo de apariencia democrática. De esta manera, el poder Judicial queda como único garante de control real del poder Ejecutivo, pero con un alto componente corporativo donde la falta de expresión soberana del pueblo se intenta completar con la incursión del poder Ejecutivo en el sector judicial a través del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, es decir, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Es esto una garantía democrática suficiente como expresión de soberanía del pueblo dentro del poder Judicial? ¿Debería de ventilarse el sistema? ¿Existen garantías suficientes de la independencia del CGPJ a pesar de ser nombrado por un poder Legislativo estacionado dentro del poder Ejecutivo? No es mi intención en este punto sacar conclusiones, pero si me interesa que el lector inicie una reflexión a este respecto.

Tras las revoluciones burguesas, la voluntad del pueblo es expresión de la soberanía. Pero su materialización real y eficaz tiene algunas lagunas puesto que no trasciende de forma inherente y absoluta en todos los casos. Incluso es normal, que el poder Ejecutivo dirija la opinión sobre los otros poderes del Estado que no gozan de mecanismos para combatirla. Esto se lleva a cabo mediante la interiorización de ciertas ideas y conceptos en la ciudadanía haciéndoles creer que tienen opinión propia cuando lo que expresan simplemente es el eco de un discurso claramente jerarquizado. Además, la ciudadanía tampoco dispone de respuestas jurídicas que permitan a los poderes del Estado abandonar conductas que no corresponden con comportamientos soberanos dirigidos por el pueblo.

Además, el poder político no se puede presentar como supremo ni mucho menos incondicionado por otros poderes del Estado puesto que se están violando las garantías democráticas del ciudadano. Hay que tener claro que el principio de separación de poderes se constituye como un mecanismo complejo que permite mediante el Derecho el control de los poderes del Estado para que estos no incurran en arbitrariedades y abusos de poder.

Aunque la CE no recoge expresamente el principio de división de poderes si refiere al poder Legislativo en el artículo 66 que dispone:

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

  1. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
  2. Las Cortes Generales son inviolables.”

Se refiere al poder Ejecutivo en el artículo 97 que dispone:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Por último, se refiere al poder Judicial en el artículo 117 que dispone:

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley…”

En la actualidad estamos ante una situación de desencuentro entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial con la renovación del CGPJ. La tormenta es permanente y el problema se agudiza por la falta de mecanismos oficiales de comunicación a nivel institucional del poder Judicial, que no pueden dar respuesta al poder Ejecutivo y que influyen de manera negativa en la falta de entendimiento que se manifiesta de manera pública ante el ciudadano. Cuando la soberanía nacional y la división de poderes están en juego el poder Judicial debe saber expresarse públicamente más allá de las resoluciones que dicta. Sus precisiones públicas deben en ocasiones estar en concordancia con su responsabilidad como poder del Estado. Este no es un defecto que comparta con el poder Ejecutivo ya que este tiene una relación más estrecha con la soberanía que reside en el pueblo puesto que sus representantes son elegidos por el mismo. Por todo ello, el poder Judicial debe tener un discurso firme que no deje dudas ante los ciudadanos de su compromiso con la soberanía popular y de su relación directa con esta. Además, y por su obligación con el Estado de Derecho, no debe tener miedo en señalar la responsabilidad que tienen algunos sectores de la política en el bloqueo y en la falta de saneamiento de nuestras instituciones democráticas.

A vueltas con la renovación del CGPJ

El culebrón político y mediático que se ha producido con motivo la renovación del CGPJ ha llegado a un punto en que las disonancias cognitivas resultan insoportables. Por supuesto, todos –o al menos los mínimamente informados- sabemos que los políticos y los partidos en particular tienen como objetivo prioritario alcanzar el poder, tras lo cual, si es posible, se cumplirán las promesas electorales y, por consiguiente, es preciso modular el mensaje de las segundas en la forma más adecuada para alcanzar lo primero.

Lo malo es que en lo relativo al CGPJ la trayectoria fáctica de los partidos mayoritarios es tan larga que resulta muy difícil que sus propuestas resulten creíbles. Las del PSOE, porque fue precisamente el que en 1985 consiguió politizar el CGPJ a través de su nombramiento exclusivamente parlamentario con el objeto –supuestamente- de modernizar y hacer más sensible una judicatura que procedía del franquismo. Claro que, una vez modernizada o supuestamente modernizada siguió con ese control; lo mismo que el PP que, tras estruendosos golpes de pecho cuando estaba en la oposición, cuando llegó al poder insistió en el control político del órgano de administración de los jueces. Y se entiende, claro. Como ese órgano reparte premios y castigos, potencia o destruye carreras, otorga cargos y prebendas, es conveniente que pueda recibir sugerencias, influencia o indicaciones o, simplemente, que tenga la “sensibilidad” adecuada para las múltiples cuestiones políticas que acaban en los tribunales. Para empezar, los procedimientos que afecten a los propios políticos, aforados, que serán desarrollados ante las más altas magistraturas, nombradas por el CGPJ con cierto margen de subjetividad.

Por eso son de poco creer las exigencias de un PP, precisamente ahora que no tiene el poder, de reformar la ley para volver a la LOPJ que establecía, como parece más lógico y vienen demandando desde hace tiempo desde Europa, que los 12 jueces de los 20 miembros que conforman el CGPJ, sean elegidos no sólo entre los jueces, sino por los jueces, porque rompiendo la dinámica de las mayorías políticas en el seno del órgano se evitarían también, previsiblemente, acuerdos politizados. Si hemos de atenernos a la historia particular de este tema, no resulta descabellado pensar que el PP no quiere perder la mayoría que tiene ahora y dificulta en la medida de lo posible cualquiera cambio a la espera de alcanzar el poder, momento en el que puede procrastinar lo que ahora ve tan necesario.

No menos criticable es la posición del PSOE, porque no podemos olvidar que este nuevo Gobierno ha mostrado sin ambages sus intenciones de manipulación a través de intentos (fallidos probablemente gracias a la presión  de la Unión Europea), de modificar la ley para nombrar los Vocales del CGPJ por simple mayoría, lo que le permitiría no ya desbloquear el Consejo sino simplemente nombrar él a todos y no una parte proporcional en función de su cuota parlamentaria como ocurre ahora. Resulta asombroso, por decir algo, que el presidente del gobierno dijera ayer en la televisión que los jueces proponen el nombramiento de los 12 vocales que luego refrendan las cortes, en un retorcimiento de la realidad.

Ahora bien, como juristas, quizá lo que más preocupa y duele es la incoherencia, el doble rasero y el cinismo de muchos expertos, periodistas, técnicos o incluso supuestos juristas de prestigio, que son capaces de llegar  a extremos argumentativos verdaderamente penosos para justificar que los suyos hagan lo que les parece inadmisible cuando lo proponen los adversarios. Se nos dice que nuestro sistema actual es perfectamente constitucional, pese a que el Tribunal Constitucional condenó específicamente esta práctica de reparto de cromos por cuotas que lleva realizando nuestra clase política desde hace treinta años. O se afirma con total desvergüenza que nuestro sistema está perfectamente homologado con los países de nuestro entorno, pese a que, como demostró Francisco Hazas en este mismo blog, «nuestro entorno» se reduce a Polonia (aquí), por mucho que duela reconocerlo (pais que esta a punto de ser  sancionado económicamente por incumplir los requisitos de independencia judicial).  O se dice que el PP está «incumpliendo la Constitución» porque no pacta la renovación, que lleva implícita la afirmación «que sean de mi agrado», aunque sea cierto que no lo pacta porque no le interesa. Pero, claro, parece que lo que desprestigia a nuestro país no es la realidad, sino reconocerla. O se ataca el sistema de oposiciones no con la voluntad de reformarlo sino para desacreditar a los jueces por ser supuestamente unos privilegiados (y no unas personas que han hecho un enorme esfuerzo para sacar una difícil oposición).

El debate real no está en esos argumentarios.  La cuestión clave es si se está a favor o se está en contra de despolitizar -de verdad- el órgano de gobierno de los jueces; es decir, si se está en contra del reparto de cromos entre los partidos políticos que es lo que hay a día de hoy, gracias a la inestimable colaboración de asociaciones alineadas con los grandes partidos. Y si estamos de acuerdo en despolitizarlo (y parece que una abrumadora mayoría de jueces y ciudadanos está por la labor) lo que se trata es de buscar la mejor fórmula posible y la que alcance mayor consenso político. Ese es el debate. Por lo demás, decir que el sistema es legal, o que los jueces son «todos unos fachas», o que el PP es muy cínico porque cuando tuvo mayoría absoluta no cambió el sistema (por poner ejemplos de argumentos en boga) no nos aporta mucho. Tampoco aporta mucho el que desarrolle la enésima guerra cultural en el terreno de la separación de poderes y del Estado de Derecho, y que la impresión que se trasmita a los ciudadanos es lo poco que les importa a nuestros políticos el buen funcionamiento de un pilar básico del Estado de Derecho como es la independencia judicial.