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El circo de las comisiones de investigación

Una de las novedades (o no) del deprimente espectáculo en que se ha convertido la vida política española es el anuncio de varias comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado. Desde luego, la utilización partidista de las comisiones de investigación tanto a nivel estatal, como autonómico y hasta local no es nueva: tampoco que la inmensa mayoría no han servido para investigar nada ni para evitar que volvieran a repetirse sucesos lamentables. Incluso algunas no han terminado con el preceptivo dictamen. En cuanto al seguimiento de sus recomendaciones, debería de estudiarse en serio para ver hasta qué punto han sido seguidas. 

Pero quizás la novedad ahora estriba en su utilización torticera como meros instrumentos de pura propaganda, o, si se prefiere, como un auténtico circo, para entendernos, dando así un paso más en la degradación de nuestro Estado democrático de derecho que parece ya imparable, y para algunos hasta irreversible. Así que podemos tener comisiones de investigación sobre cualquier cosa, incluso sobre sucesos acaecidos hace muchos años u otros que están sub iudice. Total, todo vale.

Recordemos que las comisiones de investigación están previstas en nuestro ordenamiento jurídico como comisiones de las Cortes Generales no permanentes para realizar un trabajo concreto sobre cualquier asunto de interés público tal y como recoge el art. 76 de la Constitución Española y desarrollan los reglamentos de las Cámaras, es decir, del Congreso y del Senado. También existen en los Parlamentos autonómicos. Interesa resaltar la idea de que investigar un asunto de interés público puede no coincidir con el interés de un partido o de incluso de varios.  En ese sentido, sería interesante preguntar a la ciudadanía sobre qué tipo de cuestiones preferiría que investigase el Parlamento. Probablemente no habría demasiadas coincidencias con las que se están creando en esta legislatura.

En todo caso, las comisiones de investigación pueden requerir la presencia de cualquier persona para ser oídas, siendo obligatoria su comparecencia. Aquí está donde reside el interés propagandístico del tema: se puede obligar a comparecer a cuantos más adversarios políticos mejor, a ser posible del más perfil alto o más mediático posible y, ya puestos, a sus amigos, familiares o personas cercanas lo que últimamente (al menos para los independentistas que han impulsado varias en el Congreso) incluye también a los jueces. El número de comparecientes en algunas de ellas es sencillamente inabarcable. En la del caso Koldo, más de 100 personas. ¿De verdad esto es gestionable? ¿O va a servir para algo aparte de para dar espectáculo? 

En cuanto a la publicidad hay que señalar que aunque las comisiones de investigación celebren sesiones que no son públicas, los representantes de los medios de comunicación debidamente habilitados sí pueden asistir salvo que versen sobre materias que hayan sido declaradas secretas. En todo caso, los que tienen más interés que nadie en difundir quiénes son llamados a comparecer y qué es lo que dicen son los propios partidos. Porque, insisto, esto no va de esclarecer nada, sino de dar espectáculo

Lo que es cierto es que una comisión de investigación no está pensada precisamente para convertirse en un desfile de celebrities o en un plató de televisión para competir en prime time por la atención de los espectadores, aunque nuestro Parlamento cada vez se parezca más precisamente a una tertulia de andar por casa. El objetivo original era, como su nombre indica, la realización de una investigación sobre una cuestión de interés público a través de la interlocución con expertos o con las personas conocedoras del asunto por su directa participación en el mismo, con la finalidad de alcanzar unas conclusiones que aún no siendo vinculantes para los Tribunales ni afectando a sus resoluciones, se recogen en un dictamen (es decir, un informe) que tiene que debatirse y aprobarse en el Pleno, comunicarse al Gobierno y publicarse el Boletín oficial de las Cortes Generales. 

Se trata, por tanto, de una tarea que presupone que se va a realizar con una cierta seriedad y rigor, y con el tiempo y el sosiego suficientes. No en vano su finalidad última es investigar sucesos graves para formular propuestas o recomendaciones que permitan evitar que en el futuro se repitan situaciones similares (pensemos en las comisiones sobre el rescate financiero, la financiación de los partidos, los ERES de Andalucía, la «operación Kitchen», etc, etc)  o/y bien de recabar información valiosa que pueda después remitirse a los Tribunales de Justicia o al Ministerio Fiscal. 

Pues bien, en el Congreso en esta legislatura ya están constituidas tres impactantes comisiones de investigación: sobre la «operación Cataluña», sobre el espionaje con ‘Pegasus’ y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils. Los nombres ya apuntan a las particulares obsesiones de los partidos independentistas catalanes, que ahora hay que atender por imperativo numérico. La primera tiene como objetivo las maniobras, sin duda condenables, del Ministerio del Interior en la época del PP que, por cierto ya están siendo objeto de investigaciones judiciales.  Si esto fuera en serio, podría ser una comisión relevante pues es obvio que el hecho de que el Ministerio del Interior utilice recursos policiales para fines partidistas no es precisamente una buena práctica. Pero podemos estar seguros de que si algo no vamos a tener es seriedad.

Y por si alguien tuviera duda de qué se pretende con esto, las otras dos comisiones impulsadas por el independentismo se refieren al espionaje con la herramienta «Pegasus», espionaje del que al parecer habrían sido las principales víctimas y la última, agárrense, es para dilucidar la supuesta intervención del CNI en los atentados del 17-A. Conspiranoia en estado puro, marca de la casa.

Efectivamente, a estas alturas, nadie se engaña acerca de lo que se pretende con estas Comisiones al menos por los independentistas: básicamente echar más leña al fuego para convencer a su electorado (ya de por sí muy convencido) de que España no es un Estado democrático de Derecho sino el Estado represor y franquista con el que sueñan y que, por cierto, cada vez se parece más al que se está construyendo en Cataluña. Claro está que lo más preocupante es que un Gobierno «de progreso» compre esta mercancía averiada, aunque sólo sea por hacer de la necesidad virtud. Al fin y al cabo, no deja de ser el Gobierno legítimo de ese mismo Estado represor. La coherencia, ante todo.

Por último, recordemos que las comisiones de investigación pueden ser conjuntas Congreso-Senado, aunque esto haya sido la excepción en la historia de nuestra democracia: sólo se ha constituido la relativa a la crisis del aceite de colza, allá por los años 80 del pasado siglo. Pero, para variar, hemos dado un paso más: a lo que todo apunta es a una especie de «guerra de comisiones» dada las distintas mayorías existentes en el Congreso y en el Senado. La prueba es que para investigar el «caso Koldo» relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de diversos gobiernos vamos a tener una comisión en el Congreso y otra en el Senado. Será muy interesante descubrir en qué se centra la investigación de cada una, aunque a la vista de las declaraciones de estos últimos días podemos pensar razonablemente que en el Congreso se hablará de mascarillas y del novio de Isabel Diaz Ayuso y en el Senado se hablará de mascarillas y de la mujer del Presidente del Gobierno. 

Lo que me parece que podemos afirmar sin temor a equivocarnos es que ninguna de estas comisiones servirá para avanzar ni un milímetro en la solución de los problemas reales de los ciudadanos españoles.

El Tribunal Supremo declara abusiva la comisión por reclamación de posiciones deudoras o descubiertos

La semana pasada conocimos la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anulaba por abusiva la comisión por reclamación de posiciones deudoras que contenían los contratos del banco Kutxabank con algunos de sus clientes, poniendo, nuevamente, en tela de juicio la legalidad de una de las cláusulas que se incluyen en la gran mayoría de los contratos que suscriben los clientes con los bancos, e iniciando una posible nueva vía de litigiosidad contra éstos.

Como decía, en la referida sentencia se analiza la abusividad de la indicada comisión, impuesta por la entidad bancaria Kutxabank a sus clientes en los contratos de préstamo y en los depósitos a la vista. La referida cláusula tenía el siguiente contenido literal: “Por cada situación de impago de préstamo o crédito, así como por cada posición deudora que se produzca en cuenta a la vista, y una vez realizada la oportuna gestión personalizada (de las que se recogerá constancia fehaciente) con el cliente solicitando su regularización, se devengará una comisión en concepto de Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos que se liquidará en cuenta, siendo el importe de la misma de 30 euros”.

Dicha cláusula fue impugnada por una asociación de consumidores y usuarios, denominada “Uribe Kosta”, que ejercitó en su día, ante los Juzgados de lo Mercantil de Vitoria, una acción colectiva de cesación contra el banco, solicitando que se declarase la referida cláusula como nula al ser contraria a derecho y se procediera a ordenar el cese de su cobro. El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria estimó íntegramente la demanda declarando nula por abusiva la cláusula y la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, confirmó la misma, desestimando el recurso de apelación presentado por Kutxabank. Contra la sentencia de la Audiencia, presentó la entidad bancaria recurso ante el Supremo, que es el que se resolvió el pasado 25 de octubre.

En primer término, la sentencia se encarga de confirmar la legitimación activa de la asociación de consumidores demandante, puesta en duda por Kutxabank que sostenía que no era una asociación representativa, que son a las que corresponde en exclusiva la interposición de demandas colectivas para la defensa de los intereses difusos de los consumidores, al albur del artículo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, el Alto Tribunal, considera que no se trata de una acción que pretenda la protección de intereses difusos, sino que busca la defensa de intereses identificados o identificables “como son los suscriptores de los contratos bancarios de activo o pasivo en los que se incluía la posibilidad de cobro de la comisión de reclamación de posiciones deudoras”, estando los actores debidamente legitimados, en base al artículo 11.2 de la mencionada ley.

En lo que respecta al análisis relativo a la cláusula impugnada, con mención a la normativa bancaria sobre comisiones bancarias de referencia (básicamente, la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago), el Alto Tribunal recuerda que: “para que las entidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio”.

El propio Banco de España, en su Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009, citada también por el TS, fijó que las comisiones por descubierto deben responder a gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por el cliente, además, tienen que estar en el contrato y, para que sean acordes con las buenas prácticas bancarias deben de reunir las siguientes requisitos mínimos: i) el devengo de la comisión tiene que estar relacionado con la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el propio cliente; ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin; iii) su cuantía debe ser única; y, iv) no puede aplicarse de manera automática.

En lo que respecta a la cláusula impugnada, sostiene el Supremo que no cumple con dos de los cuatro requisitos marcados por el Banco de España, al poder reiterarse su cobro y tratarse de una reclamación automática. También llama la atención del Tribunal el hecho de que no diferencia periodos de mora, aplicándose el devengo de la comisión, además de los intereses moratorios, desde el impago de la cuota en la fecha prevista. Y, por último, recalca que no se identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo por el banco, no quedando del todo claro si se generará un gasto efectivo, apuntando, al respecto, que no es lo mismo “requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial“.

Precisamente esa indeterminación de la comisión, que a juicio del Alto Tribunal tiene la cláusula, es la que provoca la abusividad de la misma, suponiendo ello que se sumarían al cobro de esta comisión, los intereses de demora aplicables, sancionando dos veces por el mismo concepto, contraviniendo lo que contemplan los artículos 85.6 y 87.5 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios.

El segundo motivo que alega la entidad bancaria demandada en su recurso, es que la comisión es válida debido a que se trata de una cláusula penal, que sustituye a los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento del cliente deudor, constituyéndose como una garantía más del cumplimiento de la obligación principal.

Sin embargo, el Tribunal Supremo también niega este argumento, basándose en que la comisión de reclamación por descubiertos no es una cláusula penal, ya que “ni contiene un pacto de preliquidación de los daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no sean abusivos). Y si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el art. 85.6 TRLCU”, confirmando la abusividad de la comisión y, por ende, la nulidad de la misma.

Bajo mi punto de vista, la decisión del TS es acertada, ya que la legalidad de la referida cláusula es, cuando menos, cuestionable, teniendo en cuenta que permite al banco cobrar una serie de cantidades a los clientes que se encuentren en esa situación, operando de una manera prácticamente automática, sin justificar si se ha realizado o no alguna gestión, qué tipo de gestión se ha realizado, en su caso, etc., llegando a permitir cobrar esta comisión en reiteradas ocasiones. A lo que hay que sumar que por esas posiciones deudoras ya se van a cobrar unos intereses de demora que precisamente no suelen ser bajos.

Más allá de la legalidad de esta cláusula en particular, lo que parece claro es que no será la última resolución judicial que tendremos sobre la validez de este tipo de comisiones (sumándose a las ya existentes, como las relativas a la comisión de apertura), las cuales han venido siendo introducidas tradicionalmente por los bancos en el clausulado de sus productos, en muchas ocasiones, sin ningún tipo de control.