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El Cupo vasco

El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y el PNV para qué éste apoye los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a cambio de un nuevo acuerdo sobre el llamado Cupo vasco (en rigor, de cada una de las tres provincias vascas en virtud de su régimen fiscal especial) ha levantado una importante controversia. Se ha hablado de chantaje, de agravio entre territorios y de intolerable cesión de los intereses comunes  por pare del Gobierno, por una parte. Y, por la otra, de oportunidad para reparar un prejuicio acumulado por el incorrecto cálculo del Cupo en los años anterior conforme a sus normas vigentes. Al margen de las razones de unos y otros hay preguntas que inmediatamente nos asaltan ¿Cómo es posible que exista esta controversia? ¿Cómo puede ser que una cuestión fiscal haya de resolverse en una negociación? Y ¿Qué se podría hacer al respecto? Vamos a tratar de explicarlo.

El sistema de administración fiscal foral vigente en las provincias vascas y en Navarra supone una singularidad de origen histórico. Su reconocimiento en la Disposición Adicional Primera de nuestra Constitución se vio favorecido por la subsistencia de ese régimen durante el franquismo en las provincias de Navarra y Álava, del cual esos territorios supieron sacar buen provecho, y por el deseo de Guipúzcoa y Vizcaya de recuperar este sistema, establecido por Cánovas en 1878, y que les fue arrebatado con agravio por Franco en un Decreto de 1937 en el que se las tildó de “provincias traidoras”. El deseo de no agravar la grave situación de violencia terrorista que entonces afectaba a esas comunidades, y la sentida necesidad de contar con una cierta colaboración del PNV en esos momentos, explican también el reconocimiento de ese resto de los que en su día, durante el Antiguo Régimen, se denominaron los Fueros o Privilegios vascos.

Por ese régimen especial son las administraciones de esas provincias y territorios, las diputaciones forales, las que recaudan la gran mayoría de los impuestos. Y, en virtud de los llamados conciertos (convenio en Navarra), con parte de la cantidad obtenida financian su propia estructura y los servicios públicos que ofrecen, con otra parte mayor en el caso vasco financian a la Comunidad autónoma, y otra parte, el llamado cupo, la entregan al Estado en contraprestación de los servicios que éste sigue prestando allí y de aquellos otros que son indivisibles y comunes en favor de todos los ciudadanos españoles. Por ejemplo, gastos de defensa y relaciones exteriores, entre otros muchos.

Al margen de su explicación histórica, o precisamente por ella, a algunos puede sorprender la existencia de este régimen fiscal diferenciado, que parecería más propia de países confederados. Teniendo en cuenta además que ya no queda ninguno de éstos en el mundo (ni siquiera lo es la llamada Confederación Helvética, nombre oficial de Suiza, que no es sino un país federal muy descentralizado desde hace muchas décadas). Puede discutirse la conciliación de esta especialidad con el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, e incluso si las razones históricas que explican ese tratamiento diferenciado deberían subsistir en un país perteneciente a la UE y en un mundo cada vez más globalizado. Sería ése un debate interesante, sin duda. Pero no es el que queremos hoy abordar aquí. Más humildemente nos conformamos con plantearnos cómo debería funcionar este sistema para que sea presentable su supervivencia. Lo que también interesa, y quizá más que a nadie, a sus propios defensores.

Para que sea defendible el sistema debe responder estrictamente a su fundamento teórico. Y no ser tapadera de trato privilegiado alguno. En primer lugar, si efectivamente el cupo a pagar al Estado tiene una justificación, que es la financiación de determinados servicios, su cuantía debe responder a aquélla con una valoración objetiva de los mismos, con las adiciones y deducciones necesarias. Valoración objetiva que excluiría ab initio que la cuestión pudiera ser objeto de negociaciones entre fuerzas políticas y que se fijara en función de criterios políticos de oportunidad.

En segundo lugar, dado que esas provincias son más ricas per cápita que la media, debe ser considerada y también para ello objetivamente valorada la aportación a un fondo de compensación interterritorial a favor de regiones menos favorecidas. De tal forma que el sistema foral no privilegie a los habitantes de esos territorios respecto de otros que sí realizan esa contribución. No puede entender hoy el formar parte de un país sin ese sentido de la solidaridad con sus habitantes menos favorecidos, ni debe deducirse esa exención de la mera existencia del régimen foral.

Pues bien, ni uno ni otro requisito se cumplen hoy. No existe apenas aportación a la solidaridad interterritorial. Y los expertos denuncian el sistema de cálculo del cupo como oscuro y sujeto a interpretaciones variadas. Y que su resultado final, en función del aprovechamiento de los nacionalistas vascos de su condición de minoría de desbloqueo en muy diversas ocasiones desde la aprobación de la Constitución, es claramente favorable en recursos disponibles per cápita para los habitantes de esos territorios.

Es significativo al respecto  que la mayoría de los catedráticos y otros académicos elegidos por la Administración central y las autonómicas para integrar la comisión técnica que debate la reforma del modelo de financiación territorial hayan criticado con dureza el modelo foral actual. Y haya cundido entre ellos el desánimo ante el acuerdo alcanzado con el PNV en virtud del mismo. Que, por ejemplo, un miembro de esa Comisión, el Director de Fedea Ángel de la Fuente, haya asegurado que “la forma para determinar el cupo es marciana”, y que si el sistema fuera equitativo el conjunto del País Vasco debería aportar más de 4.000 millones frente a los poco más de 800 millones pactados. Incluso uno de esos expertos,  el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, ha renunciado y abandonado esa comisión por considerar que si el Gobierno no escucha la opinión de este órgano es que es irrelevante y no tiene sentido seguir trabajando en ella.

Un sistema fiscal foral transparente y equitativo no debería traducirse, por tanto, en privilegios respecto a otras regiones en la obtención de mayores recursos disponibles. Lo que no excluiría otras ventajas por el lado del gasto que sí podrían ser legítimamente aprovechadas por los habitantes de esos territorios. Como una administración más eficaz de los recursos obtenidos. Tradicionalmente las administraciones forales eran pequeñas pero muy eficientes, y ese modelo podría haberse trasladado tanto a las nuevas administraciones forales provinciales como a las autonómicas vasca y navarra. Desgraciadamente en gran parte no fue así, y éstas mimetizaron gran parte de los defectos e ineficiencias de otras administraciones españolas, traducidas en un excesivo gasto por habitante. Probablemente la abundancia de recursos favorecida por las indicadas circunstancias coyunturales no han sido precisamente un buen incentivo para la austeridad administrativa en el País Vasco y Navarra.

Como ejemplo significativo de ello podemos señalar lo ocurrido en el modelo educativo. Un estudio de Ignacio Zubiri publicado por Funcas señala que el gasto por estudiante en el País vasco alcanza los 7.229 €, frente a los 4.995 € de media nacional. Y eso no se ha traducido en mejores resultados: el último índice de Pisa colocó los resultados del País Vasco por debajo de la media española, y bastante por debajo de los de otras regiones que gastaron considerables  menos recursos, como Castilla y León.

De la actual situación, por tanto, puede deducirse la necesidad de una reforma que suponga una regulación más justa y más transparente de los sistemas de cupo. Con el establecimiento de claros criterios objetivos de cálculo que excluyan la posibilidad de negociaciones ventajistas como la que ha dado lugar al último acuerdo.

En el debate generado se ha echado de menos el señalamiento de los auténticos responsables no solo de que se haya mantenido un sistema tan problemático, sino de que al amparo del mismo se hayan ido acumulando ventajas injustas. Y no nos estamos refiriendo al PNV, que sólo se ha aprovechado cada situación coyuntural  de ventaja como habrían otros muchos partidos regionales. Los verdaderos responsables son unos partidos nacionales incapaces de alcanzar acuerdos básicos de Estado que pudiesen el ventajismo de cualquier minoría, máxime si sus intereses no son los generales. No lo han hecho hasta ahora, y por eso los resultados de ello son los que son. Ya es tiempo de que se planteen un cambio al respecto.

 

 

Diario de Barcelona: Tarradellas, Maragall y Pujol

Estos días en Cataluña, en el resto de España y en todo el mundo no se habla de otra cosa: ¡Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos! Y a continuación viene la pregunta obligada: ¿Y qué va a hacer? De momento no lo sabe nadie o casi nadie y es probable que ni él mismo lo sepa. Llegar a un lugar tan importante no es fácil, mas si uno acierta en encontrar el punto de intersección entre lo que la gente quiere con lo que uno ofrece, es posible llegar. Quienes han logrado a lo largo de la historia encaramarse a puestos relevantes ha sido por eso, porque supieron dar con ese punto. Ahora bien, una vez se ha llegado a la cima, muchísimo más difícil que la subida es la bajada. (Prueben de subir y de bajar una montaña difícil…)  Ya en la tragedia griega se decía que lo importante no era cómo se entraba en escena sino el modo de salir de ella.

En estos vuelcos inesperados que está ofreciendo la política hay quien por aquí en Cataluña dice que primero fue el Brexit, que luego ha sido la llegada de Trump y que el siguiente bombazo será la secesión de Cataluña. El independentismo se agarra a lo que sea para seguir soñando, cueste lo que cueste. Se ha de conseguir. Pero, ¿qué es lo que quedará de todo esto? ¿Independencia para qué, nos preguntábamos hace unas semanas? ¿Cómo saldrán de la escena estos personajes que ahora están sentados en el Olimpo de la política? ¿Qué se recordará de Mas, de Forcadell, de Junqueras o de Puigdemont?  ¿Cómo dejaron la política algunos de nuestros más prominentes personajes de la vida pública?

De Tarradellas se recordará que, contra viento y marea, supo perseverar y guardar el legado de la Generalitat en el exilio. Con tesón consiguió que fuese restaurada y creó un embrión de estructura de estado autónomo catalán dentro de lo que viene en denominarse el estado de las autonomías. Se recordará de él su lealtad a Cataluña, a la Constitución, a la Monarquía –que allanó el camino para la restauración de las instituciones catalanas- y a España.

De Maragall se recordará el vuelco que supo darle a la ciudad de Barcelona tras el tirón que supuso el ser sede olímpica en 1992. Hay un antes y un después en la ciudad de Barcelona desde 1992, aunque ahora pretendan quitarle los nombres de las plazas al Rey Juan Carlos o la cita de Samaranch en un busto que él mismo donó. Maragall quedará en la historia de nuestra ciudad como el alcalde que la engrandeció en la segunda mitad del siglo XX.

De Pujol, ¿qué quedará? Se que es una pregunta que él se hace constantemente y que le preocupa. No es para menos. Cómo quedará mi figura en la historia de Cataluña, pregunta a sus contertulios y les pone los ejemplos de Tarradellas y de Maragall, que ya tienen por derecho propio un lugar en la historia de Cataluña. La respuesta merecería una meditación. Meditemos, pues. Qué fue de la Banca Catalana; de la Generalitat que Pujol heredó, leal al Estado y de incipientes y prosperas instituciones, ¿qué quedó?; esa ética que predicaba, ¿dónde está?; ¿qué fue de todo aquello que ahora se dilucida en la Audiencia Nacional? Quizás sea prematuro aventurar un juicio. Hubo un momento que Pujol, presidente de la Generalitat, tuvo la confianza de una inmensa mayoría de catalanes y el respeto de casi todos los españoles. Sus herederos políticos, de momento, se van repartido la herencia, a un lado o a otro, a pedazos y sin saber a dónde dirigirse. Veremos cómo termina todo esto y cómo sale Pujol de la escena. Bueno, de momento Pujol ya ha salido de la escena. Nadie le pidió que se fuera. Se marchó el mismo dando un portazo. Un portazo de tal magnitud que, de momento, ha dejado el escenario tambaleándose. Afortunadamente todavía nos quedan en el imaginario catalán figuras como Tarradellas o Maragall; y para los nostálgicos del franquismo, figuras como Samaranch que supieron mudar de piel con dignidad.

Diario de Barcelona: aquel 11 de septiembre

 El 11 de septiembre se recuerda por el brutal ataque a las torres gemelas de Nueva York y al Pentágono. También por el golpe de estado de Pinochet en Chile que sacudió al mundo y movilizó a la izquierda. Y en 1714 cayó la ciudad de Barcelona y entraron las tropas borbónicas en la ciudad dando fin a una guerra de sucesión a la corona de España que había comenzado en 1700 a la muerte del Rey Carlos II. Ya es mala suerte esa coincidencia de fechas, diría Chiquito de la Calzada, levantando la pierna, moviendo las manos y dando un giro a su cuerpo para mandarlo en dirección contraria.

Carlos II murió el 1 de Noviembre de 1700 y su testamento, obra del cardenal Portocarrero, abrió la guerra de sucesión a la Corona de España, una de las más poderosas del mundo entonces. Duro casi catorce años hasta la firma del tratado de Utrech en 1713. Felipe V no cumplió el testamento de su antecesor que ordenaba acatar las “leyes, fueros, constituciones y costumbres” de sus reinos. Impuso una nueva planta judicial y modernizó la Corte –que era como se llamaba al Estado de entonces. Como ya hemos recordado en anteriores comentarios, después Cataluña obtuvo grandes ventajas de la nueva situación pues se le abrió todo el mercado peninsular, primero, y luego el de América. Pero la historia se escribe como cada uno quiere; y se conmemoran los acontecimientos según la singular apreciación de quien tiene el poder. Hoy, el 11 de Septiembre se conmemora, desde 1976, la caída de Barcelona, la derrota en suma, y el nacimiento de la “nación catalana”.

Recuerdo muy bien la primera “Diada Nacional de Catalunya”, la de 1976, que se celebró en Sant Boi, donde se encuentran los restos mortales de Rafael de Casanovas, Conseller en Cap –el equivalente a President de la Generalitat- de la ciudad que fue herido en las batallas finales pero que terminó sus días ejerciendo la profesión de abogado reconocido por todos, en 1743 o sea al cabo de veintinueve años. Formé parte de la comisión negociadora para discutir con el Gobernador Civil los términos de la autorización. Desde entonces han pasado, nada menos, que 39 Diadas. Este año conmemoramos la 40. Desde aquel 11 de Septiembre, festivo y generoso, a los últimos, independentistas y separadores, va todo un recorrido de abandonos, políticas a corto plazo, falta de entendimiento, incomprensión de los “hechos nacionales” por parte de los gobiernos centrales, utilización de la lengua como hecho separador, etcétera. Todo lo cual ha convertido a Cataluña en algo que sería casi irreconocible si la miramos con los ojos de entonces.

Ahora, o nos sumergimos en la nostalgia o intentamos llegar a algún punto de encuentro, unos y otros. Eso no será posible mientras el presidente del gobierno sea Rajoy. ¿Por qué? Pues porque ha demostrado a lo largo de sus años de gobierno que carece de una sola idea política. Su única idea política es la anti idea: la resistencia; el haber llegado a un sitio y mantenerse en el a toda costa. Todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, coincidamos o no con ellos, tienen unas determinadas ideas políticas y, en el tema concreto catalán, saben más o menos lo que quieren. El único partido que carece de una idea con respecto a Cataluña es el Partido Popular. Y cuando desde sus filas alguien ha intentado ofrecer unas cuantas líneas de actuación, fue barrido. El último que lo intentó fue Piqué; después vino ya el desierto de ideas en el que está sumido el PP que lo único que ha sabido hacer, al menos en Cataluña, ha sido montar un sistema de espionaje, primero con Sánchez Camacho y luego a través de la oficina antifraude en conexión con el ministerio del Interior para hundir la sanidad catalana. Todo ello muy ejemplar.

Heredé de mi madre una novela histórica que se publicó en 1926 y cuya lectura recomiendo porque el rigor histórico es notable. Nada que ver con Galdós, pero yo no la pude dejar y leí los catorce volúmenes de corrido. Alguno de los personajes está bien caracterizado. Bien escrita, en un estilo florido, al que te acostumbras rápidamente. La serie se llama “Las guerras fratricidas” y el autor es Alfonso Danvila. Ahí puede comprobarse que el llamado “problema catalán” no es de ahora. Y ahora, lo que fue útil en 1978 ahora ya no lo es. En el País Vasco, con el sistema del cupo, prácticamente consiguieron la independencia. En Cataluña, de momento, no se ha sabido negociar un sistema de financiación satisfactorio. De nada sirve soliviantarse, enrojecerse de ira o contestar insultando, como hace algún lector, cuando se formulan afirmaciones como ésta. Guste o disguste, en Cataluña existe un sentimiento generalizado de injusticia que atraviesa transversalmente todos los partidos, incluido el PP. Es demasiada ciudad Barcelona como para considerarla una ciudad de provincias. Y mientras no se enfrenten los problemas con decisión e ideas claras, el encontronazo será mayor. Como decía el lúcido editor, amigo y prematuramente fallecido Jaume Vallcorba todos los actores de este drama parecen caminar “endavant, endavant, sense ideas i sense plan.”