Entradas

¿Cuándo deben dimitir los políticos imputados?

Si aliquis aliquem incusaverit et homicidium calumniose super eum iecerit nec confirmatione potuerit, incusator eius occidetur (1950: 12-13).

Código de Hammurabi, traducción latina de Pohl y Follet.

De todos es conocido el escándalo del Presidente de la comunidad autónoma de Murcia, Pedro Sánchez, que, investigado por el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se niega a dimitir. Semejante actitud supone para muchos un empecinamiento traidor al compromiso de su partido de limpiar la vida pública de reos de corrupción. Donde dije digo digo Diego. Cuál teólogos bizantinos quediscutían el sexo de los ángeles mientras los turcos asediaban Constantinopla, nuestros políticos se extravían en disquisiciones pseudojurídicas sobre el significado del término “imputado”. Y ello pese a que nuestro legislador ha intentado, en vano, desterrar del vocabulario popular tan infausta palabra, soez para los oídos más delicados, para substituirla por el supuestamente más neutro tecnicismo de “investigado”.

Nos hallamos ante un pseudoproblema engendrado por la pérdida de calidad de nuestras otrora excelentes normas procesales. Expliquémoslo:

La primera de las leyes del famosísimo Código de Hammurabi prescribía, más de tres mil años atrás, la pena de muerte para el denunciador que no lograse probar una imputación de homicidio. He aquí el antecedente de lo que más tarde se conocería como ley del talión o “inscriptio” en Derecho Romano. Hoy día, en cambio, las cosas son muy diferentes. Cualquier ciudadano tiene el derecho (y hasta la obligación) de poner en conocimiento de la autoridad la supuesta comisión de hechos delictivos (notitiacriminis) sin que tal decisión le acarree especiales riesgos.En nuestro país es difícil condenar a alguien por denuncia falsa, por ser muy complicados los requisitos de dicho tipo penal. Se pretende, de esta manera, impedir la impunidad de los criminales, incluso favoreciendo la delación.

Entonces, ¿basta con interponer denuncia para acabar con la carrera de cualquier rival político? Esa es el argumento de Sánchez y de tantos otros, de uno y otro color, que se han visto en tan apurado trance. En principio, no. Y es que no es, o al menos no debería ser, lo mismo “denuncia” que “imputación”. La denuncia es la mera transmisión de la noticia criminal. La imputación, en cambio, consiste en un acto de atribución acordado por la autoridad judicial. De ahí los malabarismos verbales sobre imputación “formal” e “informal”; “provisional” o “definitiva”; en definitiva, suma y sigue en una impenetrable jerigonza de leguleyos.

El problema radica en una degeneración teratógena de nuestro derecho procesal. Una jurisprudencia, bienintencionada pero ingenua, ha interpretado que el juez debe citar a declarar sin demora alguna al sospechoso, tan pronto cuanto se reciba la denuncia (artículo 118 de la LeCrim). Por tanto, la “denuncia” se trasforma, mecánica e irreflexivamente, en “imputación”. La teoría aspira a evitar que se abra una investigación secreta.  La práctica, por el contario, ha traído que, a cualquier ciudadano, culpable o inocente, se le coloque el sambenito de los reos sin más carga procesal que una sencilla declaración de conocimiento. El paraíso de Meleto y de todos los infames delatores.

Nuestro derecho histórico delineaba otro diseño. Al denunciado no se lo llamaba, sin más, sino que previamente se formaba un procedimiento secreto llamado “sumario” donde se investigaba con abreviación de trámites (de ahí el nombre). Solamente una vez que se hubiesen recogido indicios racionales de criminalidad se citaba a declarar al denunciado que entonces adquiría el nombre de “procesado”. El “auto de procesamiento” era la resolución que dotaba de forma jurídica a dicha decisión.

De esta manera la pretensión incriminatoria iba conformándose gradualmente: primero la “denuncia”; luego la “investigación”; más tarde, terminada ésta, el “procesamiento” que, en su momento, iría seguido de la “acusación” con la apertura del juicio oral para finalmente, en su caso, recaer “condena” a la que seguiría su respectiva “ejecución”. Hoy, día, en cambio, están confundidas las figuras de “denunciado” e “imputado” (o “investigado” que, a la postre, viene a ser lo mismo). En esa escala ascendente, un buen peldaño para considerar la dimisión sería el dictado del auto de procesamiento, pues la indagación criminal ya está ultimada y es el momento cuando, sin tejemanejes verbales, se formaliza la imputación, que no es sino la atribución indiciaria de la comisión del delito. De hecho, todavía nuestra ley procesal penal, en su artículo 384, ubica precisamente en esa fase procesal la suspensión de los cargos públicos de los procesados, si bien únicamente para los casos de terrorismo y bandas organizadas.

¿Por qué cambio el sistema?Por los abusos. Como la investigación esa secreta, se prolongaba indefinida y proyectivamente en busca de pruebas de cargo, de tal suerte que no se le daba fin sino hasta tener bien amarrada la condena. Una causa general. Todo ello sin que lo supiese el investigado, el cual, tras meses o años de actuaciones judiciales en la sombra, se enfrentaba a la postre auna completa inculpación montada a sus espaldas. Por eso el legislador reaccionó imponiendo la inmediata comunicación de la denuncia al sospechoso. Cortando por lo sano. Lo malo es que tales atajos no suelen funcionar. Es absurdo investigar mano a mano con el criminal. Mal avenido es el matrimonio entre investigación y contradicción. El remedio fue peor que la enfermedad. Veamos por qué:

La investigación se desplazó a comisaría, sin intervención del juez. Aunque, sobre el papel, la policía no deberíaactuar más de veinticuatro horas antes de dar cuenta a su señoría (remitiéndole un informe llamado “atestado”) lo normal es que no lo pongan en su conocimiento hasta que la pesquisa haya concluido. El atestado, en teoría sin valor probatorio, se ha convertido en la piedra angular del proceso, dondede facto, que no de iure,suele decidir la suerte del reo. Pese a la retórica sobre el valor irreemplazable del juicio oral, mil y una triquiñuelas legales y jurisprudenciales buscan asegurar que ningún “culpable” descubierto por los agentes salga de rositas en juicio. Nefanda es la hipocresía del sistema.

Deformado bajo el peso de una inercia monstruosa, se ha llegado a excesos demenciales. Era frecuente, durante los años de plomo terrorista en el País Vasco, que los etarras denunciasen a los guardias civiles sin más finalidad que accionar el mecánico resorte del artículo 118 para citar a declarar a los agentes y, de este modo, conocer su identidad. El mundo al revés. ¿Qué hacer, entonces?

Recuperar el auto de procesamiento y, con él, el procedimiento ordinario, convertido hoy en una reliquia histórica que subiste residualmente en nuestro ordenamiento jurídico como un ornamento inútil. Eso sí, sin los vicios que lo contaminaron. Recordemos que el sumario, salvo casos excepcionales, no debía durar más de un mes. Y que estaba sujeto al control del fiscal, así como de la Audiencia Provincial, a la que el instructortenía que enviar informes mensuales. Tristemente, papel mojado. Es menester, por tanto, arbitrar cautelas para que no se pervierta el espíritu del legislador. Aunque, bien pensado, bastaría con cumplir la Ley. Así se sencillo.

En realidad, y pese a las apariencias, las proyectadas reformas que aspiran a endosar la investigación a la Fiscalía, en muy buena medida, comparten este propósito: adelgazar la investigación y remitir inmediatamente a juicio a los acusados. Pero, torticeramente, pues pasan por alto un detalle: los autos judiciales. Nuestra tradición preveía la formación del “sumario”, esto es,los legajos donde se registraban todas las pesquisas, sin lagunas ni interpolaciones, controlado por el fedatario judicial, no por el magistrado -en un “arca” bajo llave, según la Novísima Recopilación. Ahora, empero, se desea soterradamente desembrar el expediente, desjudicializar la investigación y reemplazar las actuaciones procesales por un “cuaderno” del fiscal que escaparía a la contradicción. Como en Estados Unidos y, en general, los ordenamientos del Common Law. Muy diferentemente,nuestro proceso proporcionaba al reo la garantía del acceso a todo el material potencialmente incriminatorio,preservado bajo la fe pública sin recortes, que se le publicaba al dictar el auto de procesamiento. Faltando tales imprescindibles cautelas, retrocedemos a lo de siempre: atar al reo para que ascienda indefenso al palenque.

Evidentemente, no son estas las únicas soluciones. El modelo requiere una puesta al día total. Por ejemplo, quizás un instituto francés como el “témoin assisté”, posición intermedia entre el testigo y el investigado, sería interesante. Es cuestión de estudiarlo, sobre todo para proteger el buen nombre de los políticos honrados frente a denuncias bastardas. Mientras tanto, los corruptos seguirán irritándonos con sus logomaquias, interpretando los vagos conceptos de un legislador vacilante como más les convenga para mantenerse en el cargo. Es hora, pues, de ponerse manos a la obra y proponer reformas que, sin mermar las garantías, aumenten la eficacia del sistema.

Rita Barberá o el final de una época: reproducción de la tribuna en EM de nuestros coeditores Elisa de la Nuez y Rodrigo Tena

Lamentar la muerte de un ser humano debería ser la reacción natural de otro ser humano. Y la cosa debería quedarse simplemente ahí, por respeto a su familia y a sus amigos, y sobre todo  a la propia persona que ya no puede defenderse. Pero cuando no ocurre así, como en el caso de Rita Barberá, y a la crueldad y estupidez de unos se une la hipocresía de otros, o cuando se pretende extraer ciertas conclusiones políticas de ese triste suceso, desde la utilidad de revisar pactos anticorrupción hasta la atribuir la instrucción de los procedimientos penales a la fiscalía, pasando por culpar a los medios de comunicación del acoso al que se somete a los políticos sometidos a investigación penal no hay más remedio que sumarse a este ruidoso coro con la finalidad de intentar aportar algo de perspectiva.

Rita Barberá acumuló un poder prácticamente omnímodo durante décadas en el seno de un partido al que dedicó su vida con toda la fuerza y la generosidad de que disponía, que era mucha, y que terminó siendo tratada como una apestada por el mismo partido que la había encumbrado y alabado como un referente político y hasta personal. Porque eso es exactamente lo que ha ocurrido y lo que los familiares de Rita Barberá consideran que acabó por “romperle el corazón”. El tratar de desviar o de compartir la propia responsabilidad con otros agentes -medios, adversarios políticos, jueces o incluso partidos emergentes- no puede disfrazar la incómoda verdad: a Rita Barberá lo que más le pesaba era el abandono de los suyos.

Y es que más allá del indudable drama personal, ese abandono tiene un importantísimo trasfondo político, que es el que aquí intentaremos analizar. Rita Barberá se había convertido en un símbolo de una forma de hacer política, que ha sido la tradicional en España desde siempre y que apenas se ha cuestionado hasta hace cuatro días. Es la política de los liderazgos fuertes, de los golpes de efecto, de las grandes decisiones individuales sin análisis previo ni estudio técnico, de la falta de contrapesos y controles administrativos, del deber de atender con cariño a los fieles sin percibir por ello ningún riesgo para los intereses generales. La política en la que con el adversario se pactan no las políticas sino los cargos o el dinero. La política que huye de la complejidad, del debate público y de la rendición de cuentas. La política en la que el sincero fin de beneficiar a los ciudadanos siempre justifica los medios.

En resumen, se trata de la política propia de las democracias emergentes o de poca calidad, en la que uno o unos pocos individuos concentran todo el poder y, además, lo hacen con la mejor conciencia de trabajar generosamente por los suyos, por su partido, al menos en muchos casos. En ese tipo de democracias, historias como la de Rita Barberá no son tan extrañas. Son países donde se puede pasar de la Presidencia a la cárcel o al exilio, del todo a la nada, del elogio absoluto a la miseria absoluta, de los baños de masas al ostracismo social casi sin solución de continuidad.

Precisamente, porque el problema que plantea este tipo de liderazgos, tan descuidado con las formas, las reglas y los procedimientos, es que ni el más honesto puede salir indemne cuando las cosas vienen mal dadas. No solo porque ese “descuido” habrá precipitado errores y abusos de los que medraron a la sombra del poderoso y que indudablemente aparecerán tarde o temprano sino, sobre todo, porque la sospecha siempre resulta creíble. No nos paramos a pensar que si los políticos tiene en España tan malísima fama no es porque personalmente o tomados de uno en uno sean más corruptos que los de los países vecinos, sino porque la forma de hacer política en nuestro país presenta muchísimos menos diques frente al mar de la sospecha y favorece a los que deciden utilizar en beneficio propio los bienes públicos. Y eso infecta a todos, a los pocos deshonestos y a la mayoría que no lo son.

Cuando Rita Barberá se ve amenazada por la  investigación del caso Taula, abierto por blanqueo vinculado a una financiación irregular del partido, no entiende nada. Sobre todo no entiende la postura de sus compañeros, especialmente del líder que había avalado, apoyado y consentido su manera de actuar (ahí están las imágenes de Rajoy en el famoso Congreso de Valencia de 2008 y otras muchas con destacados dirigentes del PP valenciano que han sido o están siendo investigados, desde Camps hasta Alfonso Rus) y que, además, se consideraba su amigo personal. Cuando una tiene buena conciencia y convicción de haber actuado en todo momento como se esperaba de ella, incluso más aun, eso resulta especialmente duro.

Rita Barberá no comprende nada porque era una política de raza, pero de una época que toca a su fin. Por eso no se percata de que ese estilo de hacer política empieza a no considerarse presentable por su propio partido, aunque sea de cara a la galería. Porque está claro que internamente todavía la necesidad del cambio en la forma de hacer política está lejos de estar asumido. Pero los tiempos, afortunadamente, están cambiando en España y otros en su partido sí se dieron cuenta. Tras la única pero muy importante concesión de mantenerla contra viento y marea en la Diputación Permanente del Senado en el interregno entre la XI y la XII legislatura, para garantizarla en todo caso el sueldo y el aforamiento, Mariano Rajoy tuvo que dejarla caer para salvarse él y sus posibilidades de ser reelegido. No era la primera vez que tenía que sacrificar a alguien de su entorno próximo y puede que no sea la última. En realidad, no es tan extraño: son las necesidades de la política. Esa reacción dice mucho de la astucia política que con indudable razón se atribuye al Presidente del Gobierno, aunque dice más bien poco de su coherencia personal y moral.

La conclusión que debemos sacar de todo ello no es atribuir la instrucción al fiscal o revisar el pacto anticorrupción para volver a la vieja tesis de que no hay responsabilidad política sin condena penal, sino convertir la política española en algo mucho más aburrido. A los políticos del PP que se quejan del triste final de Rita, lo que les protegerá cuando llegue el momento de dejar el poder –y ese momento siempre llega, al menos en una democracia- es sencillamente hacer las cosas de otra manera. Es necesaria una forma más compleja de hacer política, menos clientelar, menos personalista, más anodina, en la que se comparte la toma de decisiones y, por tanto, también la rendición de cuenta y las responsabilidades. En la que los equipos son más importantes que las personalidades, en la que la evidencia y los datos son el fundamento de cualquier diagnóstico, en la que las relaciones personales y de lealtad cuentan menos que la capacidad y la formación. En la que el líder de turno no asume todos los éxitos, pero tampoco todos los fracasos. En definitiva, se trata de una forma de hacer política más civilizada y moderna, frente a la que cabe esperar que las reacciones de los ciudadanos sean también más civilizadas ymodernas, tanto cuando las cosas van bien como, sobre todo, cuando las cosas van mal.

Conviene recordar que las limitaciones del Poder son esenciales en una democracia avanzada no solo para tener mejores políticos sino también para tener mejores jueces y fiscales, mejores medios de comunicación y, sobre todo, mejores ciudadanos. Los políticos, como cualquier ser humano, no están libres de cometer errores, por buenas que sean sus intenciones. Pero cometerán muchos menos si existen mecanismos efectivos de contrapesos que limiten sus posibilidades de equivocarse.  Si concentramos todo o casi todo el poder en una persona lo más probable es que multipliquemos el riesgo de que adopte malas decisiones. La Historia nos recuerda que los tiranos benéficos e ilustrados son la excepción, no la regla.

En conclusión, para que no haya más casos como el de Rita Barberá en España lo razonable es impedir que los políticos de cualquier partido prefieran convertirse en reyezuelos o monarcas absolutos que aspiran al amor de sus súbditos más que en simples gestores temporales de los intereses de los ciudadanos. Es más razonable y también más factible aspirar sencillamente a gestionar los asuntos públicos de la mejor manera posible, trabajando en equipo, respetando las reglas de juego y estando siempre dispuesto a rendir cuentas y a ceder el testigo al siguiente cuando llegue el momento, que siempre llega. Quizás actuar así les deparen menos momentos de gloria, pero lo que es indudable es que también les depararán menos momentos de tristeza y de soledad.

Flash Derecho: catálogo de 25 medidas de lucha contra la corrupción de la Asociación Profesional de Fiscales

A la vista de que el acuerdo entre el PP y Ciudadanos que contiene algunas medidas de lucha contra la corrupción, los editores creemos que es interesante recordar las 25 medidas que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales propuso recientemente para luchar contra la corrupción. A continuación reproducimos su interesante comunicado.

(APIF) propone a los partidos políticos y comunica a la opinión pública un conjunto de medidas elaboradas por profesionales para la lucha judicial contra la corrupción. El Consejo de Europa detectó en un informe sobre la investigación de delitos contra la corrupción en España la existencia de problemas procesales estructurales que determinan que de las causas que se investigan haya un escaso número de condenas y además muy tardías cuando las condenas se producen. La APIF desea colaborar a resolver en la medida de sus posibilidades esta lacra que tiene la sociedad española, que produce pérdidas millonarias que se sustraen a la aplicación de las políticas necesarias para España y los españoles, que produce una lamentable imagen internacional, que no para de crecer tratándose ya de manera evidente de un fenómeno sistémico y no meramente de casos individuales en nuestro país, que nos colocan lejos de la ejemplaridad necesaria que todos queremos en la administración de los caudales públicos, y que se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles según las encuestas del CIS. Proponemos un cambio real, no meros parches, no simple publicidad política para empujar un poco el balón adelante. Hay que cambiar muchas cosas en España para que nuestro país mejore y hay que hacerlo rápido y bien.

1) Es esencial un Pacto por la Justicia que aborde reformas procesales y dotación de medios a la Justicia en la lucha contra la delincuencia económica y la corrupción, garantizando la imparcialidad efectiva de los órganos encargados de la investigación y enjuiciamiento de esas conductas. Ello implica un cambio en el modelo de designación del CGPJ, la exigencia de controles en las puertas giratorias de jueces y fiscales a la política o a la abogacía, el respeto al régimen y tiempo de incompatibilidad cuando se cesa en alguna responsabilidad pública para acudir a una empresa privada o a la abogacía, un cambio en la designación del Fiscal General del Estado con un muy amplio consenso parlamentario.

Clarificación del deber de abstención en casos de vinculación previa de un juez o fiscal con un partido político en casos de corrupción que afecten a ese partido o a los demás.

Se trata en suma de trabajar para que en un futuro consigamos acabar con la politización de la jerarquía de la Justicia española, auténtico lastre de credibilidad en la lucha contra la corrupción.

2) Supresión de aforamientos para todos los cargos públicos.

3) Transparencia en la actuación del Fiscal General del Estado, especialmente en lo que se refiere a su agenda de trabajo y a sus relaciones con el Gobierno, con los poderes ejecutivos locales y fuerzas políticas que habrán de hacerse constar en todo caso por escrito y darles la correspondiente publicidad. A fin de enfatizar la independencia del FGE del Gobierno y con carácter preventivo, se propone la tipificación como delito grave del traspaso de información reservada obtenida en el ejercicio de sus funciones por el FGE entre los delitos contra la administración de Justicia y tipificación también como delito grave de las peticiones al FGE de transmisión de esa información, así como crear un subtipo delictivo agravado respecto para el fiscal o juez que deja intencionadamente de perseguir delitos de corrupción o de delincuencia económica. Posibilidad de cese del FGE por incumplimiento concreto de las citadas obligaciones de transparencia.

4) Tramitación preferente de las causas de corrupción y delincuencia económica.

5) Estudio técnico procesal sobre el tipo de resoluciones interlocutorias de los Jueces de Instrucción que no pueden ser recurridas o los límites del alcance de los recursos a fin de compatibilizar la agilidad procesal con la proscripción de la indefensión.

6) Prohibición de todo tipo de regalos, sea o no de cortesía (incluyendo naturalmente la asistencia habitual a palcos de equipos de futbol, espectáculos o corridas de toros), a cualquier autoridad o funcionario público y con más razón a jueces o fiscales, incluso a familiares o personas interpuestas.

7) Dotación en todas las Fiscalías españolas de unidades o fiscales especializados en delincuencia económica y corrupción y potenciación de la formación a jueces, fiscales y policías en la materia.

8) Asignación de recursos a las unidades anticorrupción de las fiscales de los efectos decomisados en operaciones anticorrupción y de delincuencia económica en forma de medios materiales, de contratación de expertos o de mejora de la formación (que ha de ser también interadministrativa: fiscales con policías, inspectores de hacienda, interventores), así como aplicación de parte de esos decomisos a campañas publicitarias de concienciación anticorrupción.

9) Profesionalización y consiguiente sustracción al poder de control del Ministerio de Justicia de los nombramientos de los magistrados de enlace, es decir, de jueces y fiscales españoles en labores de auxilio judicial internacional, así como del personal (jueces, fiscales y policías) al servicio de la delegación española en Eurojust, que en último caso deberían ser nombrados parlamentariamente con concurrencia de amplias mayorías.

10) Reglamentación más detallada del estatuto penal y procesal de las personas jurídicas.

11) Eliminación por ley de toda capacidad de los alcaldes y consistorios en las fijaciones del complemento específico de los puestos de trabajo, potestad disciplinaria e influencia en las demás condiciones de trabajo de los funcionarios de los Cuerpos Nacionales de Interventores, Secretarios y Tesoreros de la Administración Local, que den efectiva protección e independencia a estos profesionales de vital importancia en el desarrollo y control de la actividad de los municipios y de sus ediles.

12) Deslindar las competencias en el ámbito municipal entre los órganos políticos que toman decisiones sobre la necesidad del contrato y la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y de condiciones económicas con su participación en el expediente de contratación y selección del contratista. El órgano de contratación debería ser un funcionario de carrera y los concejales no deberían ser miembros de las Mesas de contratación, como ahora sucede.

13) Poner coto a la huida del Derecho Administrativo, que se promueve  por muchos órganos  políticos respecto de aquellas decisiones y contratos. Como ejemplo puede citarse las falsas encomiendas, por las que se encargan a sociedades mercantiles de propiedad pública potestades administrativas de adjudicación de contratos que se pagan con cargo a fondos de las Administraciones Públicas. Con esta técnica, que es manifiestamente ilegal porque no se pueden encomendar potestades administrativas de contratación, se producen dos fraudes claros:

  1. a) Se cambia el régimen legal de la contratación porque las sociedades mercantiles no están sujetas al TRLCSP, solo a sus principios.
  2. b) Se elude el control de la intervención sobre el destino efectivo de los fondos públicos ya que las sociedades mercantiles no están sometidas a fiscalización previa.

14) Reducir los amplios plazos de ejercicios de los Consejeros del Tribunal de Cuentas actualmente con mandatos de 9 años prorrogables por otros 9 años más,por no garantizarse independencia y fosilizarse en su trabajo creándose redes de intereses incompatibles con la importancia de su función. Exigírseles que realicen sus trabajos de control sobre las contabilidades electorales y la financiación de los partidos políticos con las técnicas de cruces de datos, indagando en las informaciones bancarias, registros públicos etc..

15) Prohibición establecida por ley de que las Corporaciones Locales puedan contratar abogados externos en labores de asesoramiento. No solo porque es una vía de grandes gastos por las minutas que puedan abonarse que pagamos los ciudadanos, sino porque los informes de legalidad han de realizarse en los servicios jurídicos públicos, cerrando así la vía a cualquier cobertura que necesite un político para dictar la resolución que desee sin exponerse a ser acusado de prevaricación por la existencia de ese informe jurídico privado.

16) El control del expediente digital, de Lexnet, y de toda la custodia de documentación judicial obtenida en registros ha de pasar del Ministerio de Justicia al Poder Judicial. Asimismo, la Oficina de Recuperación de Activos derivados del delito (liderada en toda Europa por los órganos de investigación –Policía y Fiscalía-) ha de ser sacada del control del Ministerio de Justicia, al tratarse de un instrumento para la investigación y buen fin de los procesos, y para garantizar la imparcialidad en la investigación (por ejemplo, ¿qué pasaría si los bienes a investigar fueran del partido en el Gobierno?).

17) Declarar una lucha sin cuartel contra el funcionamiento de los paraísos fiscales en tanto afecte su actividad a la ocultación de capitales provenientes del delito o por los que haya de tributar. Hay que recordar que son numerosas las entidades bancarias y empresas importantes españolas que operan en dichos territorios.

18) Exigencia de responsabilidades por su gestión a los fiscales jefes en la lucha contra la corrupción. Análisis especial del programa de actuación del Fiscal Jefe Anticorrupción previo a su designación, y control parlamentario anual del trabajo del Fiscal Jefe anticorrupción y obligación de dación de cuentas periódicas de su gestión.

19) Establecimiento de unos protocolos claros de asignación de asuntos a la Fiscalía Anticorrupción, al margen de que la decisión final recaiga en el Fiscal General. Posibilidad de impugnar dichas asignaciones o el rechazo a las mismas.

20) Instauración de un sistema completo de protección a funcionarios y personas denunciantes de hechos delictivos de corrupción, garantizando su indemnidad y la ausencia de represalias. Tipificación penal agravada de las represalias sobre personas denunciantes de hechos supuestamente constitutivos de corrupción.

21) Establecimiento de una responsabilidad civil in vigilando o in eligendo de quienes (personas o partidos políticos) hayan designado directamente a personas que hayan sustraído o defraudado caudales públicos mediante prácticas de corrupción, hasta el límite de la cantidad sustraída al erario público y de los perjuicios causados.

22) Tipificación como delito de malversación de caudales públicos la donación en negro de cantidades de dinero a partidos políticos por quienes en un periodo de cinco años anteriores o de dos posteriores hayan contratado con las administraciones, desde la constatación de que esas cantidades entregadas a los partidos acaban siendo recuperadas en sobrecostes contractuales que recaerán sobre los ciudadanos.

23)  Prohibición de suspensión de penas hasta la devolución total de lo sustraído en casos que afecten al erario público.  El delitos de corrupción con penas inferiores a dos años sin responsabilidad civil, exigencia de cumplimiento efectivo.

24) Elevación de penas para ciertos delitos económicos o de corrupción especialmente en sus tramos inferiores para evitar que estos puedan ser castigados con penas excesivamente bajas.

25) Prohibición de indultos para delitos de corrupción en todo caso, y cuando menos, en los supuestos en los que no haya informe favorable del Fiscal y del Tribunal.

¡Ay, Derecho! Lecciones de financiación ilegal de partidos políticos

Para que no se pierda entre tantas y tantas noticias sobre corrupción, y las revelaciones que día tras día surgen de los procedimientos judiciales en marcha, ya se trate de la Gürtel, de las tarjetas black o de otros procesos famosos, queremos dedicar este ¡Ay Derecho! a la ppt del PP destinada a instruir a sus alcaldes sobre cómo financiar ilegalmente sus campañas electorales. La noticia ha sido dada a conocer por el periódico El Mundo 

Probablemente no será fácil encontrar otras organizaciones –ni siquiera entre las que se dedican al crimen organizado- que hayan diseñado con tanto cuidado una estrategia para ayudar a sus cuadros a sortear la ley y a su controlador, en este caso el Tribunal de Cuentas. Aunque a juzgar por su inexistente actividad sancionadora en relación con los partidos políticos tampoco se tenían por qué haber preocupado demasiado por su reacción, aunque esa es otra historia.  Las razones por las que el TCu no tiene demasiado celo en sancionar a los partidos políticos las hemos explicado en este informe. 

Pero volviendo a nuestro tema, aquí tienen una “slide” (diapositiva) sobre financiación ilegal

14760346130202

Pero si ya la noticia es asombrosa, y pone de manifiesto el esmero que pone el PP en la formación de sus cargos electos en cuanto al respeto al Estado de Derecho, no lo es menos la reacción de sus representantes ante las preguntas de los atónitos periodistas. A nosotros personalmente la que más nos gusta es la de Pablo Casado, portavoz y joven esperanza de la regeneración del partido, que añadió al tradicional “no nos consta” el interesante dato biográfico de que él, en la época en que se realizó la ppt (1999) estaba estudiando COU y no financiación ilegal de partidos. La reacción de otros ilustres miembros del partido del Gobierno en funciones y que aspira a gobernar España ha sido similar. Nada que comentar, no sabemos nada, estas son cosas del pasado.

Lo que nadie ha hecho es negar la existencia ni de la ppt ni de la financiación ilegal del partido, lo que a estas alturas hubiera sido bastante complicado, dicho sea de paso. Suponemos que tampoco la cosa les parece tan grave, sobre todo si la gente que les sigue votando parece más preocupada por la falta de Gobierno, por la estabilidad presupuestaria o por el crecimiento del PIB. Y siempre podemos consolarnos: al fin y al cabo no han encontrado las slides explicando cómo llevarse el dinero a Suiza o como amañar contratos, aunque no cabe perder la esperanza. O a lo mejor sí, si es que eran justo las que estaban en los destruidos discos duros del ordenador de Bárcenas.

Bueno, dirán ustedes pero al fin y al cabo ¿es tan grave esto de la financiación ilegal de los partidos? ¿Qué tiene eso que ver con la estabilidad económica o incluso con el dinero de nuestros impuestos? ¿No es mejor tener un Gobierno aunque sea de un partido que expida títulos de experto en financiación ilegal de campañas electorales? Pues la verdad es que la cosa es bastante grave. Los informes GRECO (Grupo de Estados Europeos contra la corrupción) vienen señalando insistentemente la financiación ilegal de los partidos políticos como una de las principales causas de la corrupción que padecemos en España. Y recientemente (en 2015) se ha incorporado a nuestro Código Penal el art.304 que recoge como el delito la financiación ilegal de partidos políticos.

Pero es que además conviene hacer algunas consideraciones:

  1. La financiación ilegal de un partido fuera de los límites previstos en las normas supone una ventaja ilegal sobre los otros partidos que no recurren a estas fórmulas. Permite al partido en cuestión tener unos gastos tanto corrientes o de infraestructura como extraordinarios o de campaña mucho mayores que los de los partidos a la competencia que respetan las reglas. Se distorsiona, por tanto, la competencia electoral y además se favorecen los gastos absurdos y desproporcionados en mítines, vallas, mailings, etc, etc
  2. Se desconecta el partido de la financiación procedente tanto de sus afiliados –lo que añadido a la falta de democracia interna es muy negativo- como del sector público, al que -por lo menos sobre el papel- hay que rendir cuentas. Se pasa a depender en cambio de la financiación procedente de  terceros con intereses particulares a veces poco confesables.
  3. Los partidos que se financian ilegalmente pierden su credibilidad y su legitimidad. No olvidemos que los partidos políticos en cualquier democracia representativa tienen un papel institucional fundamental, por lo que deben de ser especialmente respetuosos con el cumplimiento de las leyes. Es más, si alcanzan el Gobierno y dirigen la Administración uno de sus papeles esenciales será el de cumplirlas y hacerlas cumplir. Difícil que alguien crea que pueden hacerlo cuando para llegar al Poder se ha vulnerado la legalidad.
  4. Un partido que se financia ilegalmente necesita controlar la Fiscalía y el Poder Judicial, así como otras instituciones de control para asegurarse, si puede, la impunidad, o, por lo menos, minimizar los riesgos judiciales de su conducta
  5. Un partido que se financia ilegalmente genera necesariamente una red clientelar y corrupta. Efectivamente, ya se trate de las campañas electorales o de los gastos del partido en general, esta financiación procede de empresarios o incluso de particulares con los que el partido queda en deuda, favoreciendo el ciclo vicioso de la corrupción y el clientelismo político que tan bien conocemos en España y que es lo que subyace en tramas como la Gürtel. El dinero –y en particular el que se mueve fuera de los circuitos legales y por tanto tiene que ser opaco- se le da a un partido no tanto porque se comparte su ideología, sino porque se esperan favores a cambio. De ahí las famosas  anotaciones de Bárcenas.  Pero no hay que olvidar que esos favores se devuelven en forma de contratos, concesiones públicas, licencias urbanísticas o regulación más favorable para el que los hace y siempre en perjuicio de los intereses generales.  Además, el dinero no puede llegar al partido por los cauces ordinarios (como bien explica la ppt) porque sería detectado por el Tribunal de Cuentas. De ahí la necesidad de los circuitos opacos, las cajas B, las loterías, las facturas falsas y los maletines.
  6. Un partido que se financia ilegalmente no puede ser un buen gestor del dinero público ya que dará siempre prioridad a aquellos proyectos -sean o no necesarios o viables o eficientes- que puedan generar esa financiación, ya se trate de urbanizaciones, de radiales de peaje, de AVES a ninguna parte o de aeropuertos sin aviones.
  7. Por esa misma razón un partido que se financie ilegalmente necesitará politizar y controlar a los funcionarios y empleados públicos que se puedan oponer a esta forma de actuar o que puedan denunciarla.

¿Estamos hablando del pasado? Esta es una afirmación que nosotros no nos atreveríamos a hacer, sobre todo mientras no se depuren las responsabilidades políticas que deberían acompañar a las judiciales. Como ya ocurrió en la época de los Time Export, Filesa o Naseiro, si solo se asumen –poco y tarde y por personajes subalternos- responsabilidades penales es más que probable que la financiación irregular compense. Y recordemos que tampoco se persigue a los financiadores, Ni siquiera por lo que estamos viendo se les llama como testigos.

No es por tanto improbable que lo que ha ocurrido -y ha traído para muchos actores políticos más ventajas que inconvenientes- pueda volver a ocurrir si es que no sigue ocurriendo. Al fin y al cabo, no es más que un tema de incentivos. Y conseguir el poder, aunque sea vulnerando las reglas, es un gran incentivo.

¿Por qué nos quejamos de los políticos si los hemos escogido nosotros?

¿Por qué protestamos, ahora, de los aeropuertos sin aviones, las autopistas sin vehículos y tantas infraestructuras inútiles y no lo hicimos antes de su construcción, cuando aún estábamos a tiempo de evitarlo?

¿Por qué nos indignamos ante la falta de competencia de tantos dirigentes políticos si aceptamos su nombramiento para desempeñar funciones en las que no estaban capacitados, sin hacer ninguna crítica? ¿Por qué tienen que ser buenos gestores de lo público los que antes no lo demostraron en lo privado para lo que se habían preparado?

¿Por qué les confiamos la gestión de nuestros impuestos y no vigilamos su gasto? ¿Por qué continuamos confiando en los medios que solo  denuncian una parte de la tarta de la corrupción, la que les interesa? Lo que los contribuyentes queremos es  que desaparezca toda y que los impuestos se destinen a financiar servicios públicos y prestaciones sociales y no se pierdan en su utilización partidista y/o electoralista, y en desidia e incompetencia.

¿Por qué nos quejamos de la corrupción generalizada si permitimos a los políticos que ganaban las elecciones que se repartieran el Estado como un botín, como si estuviéramos en la Edad Media y no como en los países democráticos avanzados, en los que se considera que es de la sociedad y los políticos son servidores públicos y gestores de dinero ajeno?

¿Por qué en nuestra vida privada, cuando tenemos que afrontar un tema importante, procuramos escoger al profesional que consideramos de más solvencia y seriedad, le pedimos presupuesto para calibrar su coste y acostumbramos a comprobar como les ha ido a sus clientes  y no lo hacemos en la vida pública, que es vital para nosotros? ¿Qué pensamos de un consumidor que, ante una compra necesaria y de valor, se deja llevar por la propaganda y “el carisma” del vendedor sin estudiar las cualidades técnicas de lo que necesita? Y ante el reto de una difíciles oposiciones de larga duración y de grave dificultad, ¿que pensaríamos  (de los 2) si un opositor se decide por un preparador que promete que en 6 meses y sin apenas estudiar, se puede aprobar?

¿Por qué no sospechamos que los políticos puedan tener objetivos egoístas y contradictorios con los intereses generales y que esta tendencia se agudiza en sociedades poco diligentes y maduras que descuidan su control?

¿Por qué nos escandalizamos con las entidades y sociedades que utilizan causas y agravios ciertos y graves para lucrarse en actividades que pensábamos altruistas y no hacemos lo mismo con los grupos políticos que, denunciando graves lacras sociales cuando están en la oposición, se olvidan de los  problemas básicos de los ciudadanos, como el paro, cuando acceden al poder?

¿Por qué les seguimos en sus proyectos y sueños, que sólo ellos se benefician, sin exigir que nos aclaren el camino, los riesgos que pueden recaer en nosotros, el destino final y lo que nos va a costar ya que, como se ha demostrado reiteradamente, acabamos siendo los únicos “paganos”?

¿Por qué confiamos que resolverán el grave problema del paro los que reiteradamente han demostrado en sus anteriores gestiones que no lo hicieron?

¿Cuando aprenderemos, de una vez, que el destino económico de un país y del empleo no depende de las promesas de los políticos, que reiteran en cada elección, sino del éxito en los mercados de sus productos y servicios?

¿Cuándo reservaremos el nombre de progresistas a los políticos que hacen progresar el nivel de vida de sus pueblos y no sólo el de ellos? ¿ Quienes son más progresistas y quieren más a sus pueblos, los dirigentes “a lo Maduro” que llenan las calles de grandes muchedumbres, entre banderas y cantos patrióticos, mientras dejan desabastecidas las estanterías de sus ciudadanos de bienes y servicios necesarios y de libertades fundamentales o los discretos políticos chilenos que no buscan enemigos exteriores para sus problemas porque han concluido que es el camino del esfuerzo, de la calidad educativa y la formación laboral y del cumplimiento de las leyes y obligaciones el único que puede hacer realidad las promesas políticas?

¿Cuando consideraremos “el político que quiere más a su pueblo» al que recauda los impuestos justos, a quien su principal ocupación es la promoción y ejecución de  un programa eficiente para resolver los problemas sociales, se rodea de los mejores profesionales, controla el gasto público y su deuda como si fueran propios y procura que los servicios públicos tengan la máxima calidad?

Si volvemos al mismo río donde las corrientes de la incompetencia en la gestión pública, la utilización partidista de la política económica, del gasto, del empleo, de las empresas y entidades públicas, la sobredimensión del estado autonómico, la falta competitividad de la economía… nos llevaron a la gran crisis  ¿por qué vamos a solucionar nuestros males si agrandamos los problemas que los ocasionaron y encima con la enorme mochila de la deuda anterior?

Y, finalmente ¿no es un buen momento para ir exigiendo a los gestores públicos y para las situaciones de malversación y apropiación de caudales públicos, de negligencia e incompetencia grave y de incumplimiento fraudulento de compromisos sociales, un ámbito de responsabilidad semejante al que se aplica a los ciudadanos?

Aunque, si ante los graves problemas económicos y sociales no reconocemos nuestra responsabilidad en la elección y en la vigilancia de los gestores públicos y descargamos nuestra ira en los que hemos escogido y les insultamos indiscriminadamente sin valorarles su dedicación personal, que en muchos casos es desproporcionada, les retiramos la compensación económica que corresponde a su verdadera valía y ocupación y les exigimos tanta responsabilidad ¿Estamos seguros que estamos allanando el camino para que en el futuro se dediquen a la política los mejores? ¿No nos estaremos equivocando nuevamente?

Un día, un amigo alemán, alarmado por el nivel de corrupción y de incompetencia política nuestra me dijo que, en Alemania, saben que estas cosas no pasan por casualidad y que se reproducen y amplían por la desidia y falta de diligencia de la ciudadanía y de sus entidades sociales más representativas. Y me dejó la siguiente recomendación que allí era muy popular: En la política, la confianza es buena pero el control es mejor.