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Black Lives Matter, Me Too y el concepto de identidad en Fukuyama y otros

Los acontecimientos derivados de la muerte de Floyd, aunque también los del Me Too, LGTBIQ+, o incluso el proceso secesionista, invitan a reflexionar en torno al fenómeno identitario que parece estar detrás de estos movimientos sociales que tanto polarizan a la sociedad. Y me gustaría hacerlo partiendo de algunas lecturas recientes.

Fukuyama, en su libro “Identidad” (Deusto 2019), proporciona, un tanto deslavazadamente, algunas ideas que pueden arrojar alguna luz sobre el asunto. La primera que destaca –ya bien conocida, en realidad- es que mientras la política del siglo XX se organizaba por problemas económicos -la izquierda quería más igualdad, protección social y redistribución económica y la derecha más libertad, reducir el tamaño del Estado y promover el sector privado- en el siglo XXI este espectro ha cedido por otro centrado en las políticas de identidad: la izquierda se ha centrado en promover la igualdad de un extenso número de grupos percibidos como marginados, y la derecha se redefine como patriota y trata de defender la identidad nacional, a veces relacionada con la raza, la religión.

Para explicar el nacimiento del fenómeno Fukuyama hace algunas referencias interesantes. Señala que en 1990 el Grupo de trabajo de California para Promover la Autoestima y la Responsabilidad Social Personal, publicó un informe titulado Hacia un estado de autoestima, en el que consideraba que en el moderno concepto de identidad debía primar la autorrealización del individuo incluso frente a las necesidades de la sociedad en general; lo que, en su opinión, conecta con una larga estirpe de ideas que comienza con el ser interior de Rousseau y sus sensaciones subjetivas, que deben priorizarse sobre los acuerdos compartidos de la sociedad. La proposición californiana fue inicialmente objeto de burla, pero en los años posteriores cobró vida propia como agenda política y se convirtió en el objetivo de un gran número de instituciones sociales. Es “el triunfo de lo terapéutico”: la terapia se constituyó en un sustitutivo de la religión y lo que hasta entonces había sido considerado una conducta desviada que había que castigar, ahora es sólo una patología que hay que curar. Y ello influyó en el propio Estado, que ahora tenía como objetivo la felicidad del ciudadano y ya no tanto la justicia o la igualdad. Por ejemplo, quizá haya que cambiar el programa de estudios de las universidades porque algunas de las asignaturas podrían ofender a algunos colectivos: no importa si tales materias traten temas clave de la cultura, lo decisivo es cómo se sienten esas personas.

Por supuesto, esta idea pronto recibió críticas: en primer lugar, no había que excluir que Rousseau estuviera equivocado y el yo interior del ser humano no fuera naturalmente bueno sino refugio de impulsos asociales y dañinos. Algunos pensadores señalaron además que el impulso de autoestima no fortalecía el potencial humano sino un narcisismo paralizante que según ellos caracterizaba a la sociedad estadounidense en su conjunto. Y ya antes Walter Benjamin había alertado contra ese “nuevo tipo de barbarie” en el que la memoria comunitaria se descompone en una serie de experiencias individuales.

Y, claro, esa forma de ver las necesidades del individuo afectó también a las reivindicaciones de grupos marginados, cuya autoestima quedaba directamente vinculada a la consideración del grupo en su conjunto, como es natural en la psique humana. Las políticas de estos grupos podrían ser de dos tipos: o exigir que la sociedad les tratara de manera idéntica a los demás o afirmar una identidad diferenciada y exigir que se les reconociera y respetara como distintos a la sociedad en general, pero con el tiempo esta última estrategia es la que tendió a predominar. Por ejemplo, los Black Panthers defendían que la experiencia de ser negro era diferente porque estaba moldeada por la violencia el racismo y la denigración, y las personas criadas en otro ambiente no podían entenderlo. La feminista radical McKinnon afirmaba que la violación y el coito eran difíciles de distinguir y que las leyes existentes sobre violación reflejaban el punto de vista del violador. Si bien no todos los redactores de tales leyes eran violadores, decía, pertenecen a un grupo que comete violaciones y lo hace por razones compartidas incluso con aquellos que no las ejecutan, a saber, la masculinidad y su identificación con las normas masculinas. Por tanto, cada grupo tiene una identidad propia inaccesible para los extraños, la “experiencia vivida”, que determina su autoestima y también el deber del Estado para con el grupo. Una consecuencia de ello es el multiculturalismo, programa que pretende respetar a cada cultura por separado, incluso aunque tales culturas limiten la libertad de sus participantes o no respeten los principios de aquellas en las que están integradas. La adopción de estas ideas por la izquierda y el abandono de los valores clásicos responde, en opinión de Fukuyama, al agotamiento del modelo del Estado de bienestar (y cabría suponer que también a la caída del comunismo y al “fin de la historia”, aunque se cuida de decirlo).

Para Fukuyama, la política de identidad era necesaria, y considera deben abordarse las experiencias vividas por esos grupos, que no siempre son percibidas por los ciudadanos ajenos a esos grupos. La política de identidad no es mala de por sí, es una respuesta natural e inevitable a la injusticia. Solo se vuelve problemática cuando la identidad se afirma o interpreta de formas específicas. Por ejemplo,

  • Cuando las políticas culturales se usan como trampantojo para entrar en los problemas de fondo. Por ejemplo, es más fácil cambiar los planes de estudio que invertir dinero en los grupos marginados.
  • Cuando se centra la atención en los grupos marginados más recientes y definidos se pierde interés en otros más grandes y veteranos (obreros blancos llevados a la pobreza, o añado yo, feminismo queer frente al clásico).
  • Cuando pone en peligro la libertad de expresión, y de forma más amplia, el discurso racional que la democracia necesita para funcionar. El enfoque de la experiencia vivida ensalza el ser interior que experimentamos emocionalmente y no racionalmente: que un argumento resulte ofensivo para la autoestima de alguien se considera a menudo suficiente razón para deslegitimarlo.
  • Cuando la política de la identidad produce corrección política, y esta a su vez genera una importante movilización de la derecha extrema. La política de la identidad de la izquierda tiende a legitimar solo ciertas identidades y a ignorar o denigrar otras, como la etnia europea, es decir, la blanca, la religiosidad cristiana, la residencia rural, la creencia en los valores familiares tradicionales. En este sentimiento tiene su origen el surgimiento de ciertos populismos como el de Trump.

Me parece interesante la descripción que hace Fukuyama del fenómeno y de sus riesgos, aunque quizá se queda un tanto corto en su valoración política. Es obvio que la defensa de ciertos grupos es buena y deseable, y que sus excesos son reprochables. Pero también es cierto que la defensa de las identidades alcanza vida propia como arma cultural desde el momento en que se le da una significación política. Cuando la defensa de la identidad es usada como un instrumento excluyente (no pueden ir a las manifestaciones más que los míos), separador (tú no puedes entenderme porque no eres catalán), populista (eres culpable por la voluntad de twitter y no hay apelación) y sentimental (lo siento así y da igual cualquier argumento racional, tirar la estatua de Churchill o la de Hitler), quizá lo que importa realmente no es la identidad de esos grupos marginados sino la identidad política de quien los promueve. De hecho, el alejamiento de los ideales de igualdad, racionalidad y universalidad tan conectados con los valores de la ilustración ha sido denunciado desde la misma izquierda. Félix Ovejero en su libro “La deriva reaccionaria de la izquierda” (Página Indómita, 2018)destaca que el voluntarismo moral, la miopía y el difuminado de los problemas y de los dilemas, el perfeccionismo paralizador, el sentimentalismo y el anticientifismo de cierta izquierda la han llevado a abdicar de los valores de confianza en el crecimiento de las fuerzas productivas, el rechazo al nacionalismo cultural identitario o la crítica a las religiones. También Mark Lilla, en “El Regreso Liberal” (Debate, 2018), critica a una izquierda norteamericana empeñada en dirigirse a grupos sociales particulares, en lugar de a la ciudadanía en su conjunto, poniendo la identidad por delante de la comunidad que llevó a la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del año 2016. Y no es mejor, claro que no, este extremismo contrario que usa también otros reclamos identitarios diferentes, xenófobos y excluyentes, de raigambre clásica, magnificando indebidamente los supuestos privilegios de los grupos marginados para obtener el poder.

El panorama no es alentador, pero quizá de este análisis podamos sacar algunas consecuencias útiles:

La primera, que hay imperativos éticos que nos obligan a distinguir el grano de la paja, es decir, a no acoger determinados planteamientos acríticamente, y también a no rechazar reivindicaciones justas y necesarias porque vengan de aquellos con quienes no comulgamos políticamente. Comprender los planteamientos del otro no es gratis: exige un esfuerzo mental y emocional que no todos están dispuestos a hacer, porque prefieren regodearse en la satisfacción inmediata que le produce la confirmación de sus sesgos cognitivos. Pero si lo hacemos evitamos polarización y conflicto.

La segunda, es que no hay armas políticas inocuas y que en las guerras culturales también hay víctimas. Desgraciadamente, abrazar hoy determinados posicionamientos identitarios implica posicionarse políticamente, y oponerse a ellos, también; y parece difícil luchar contra ese hecho. Por eso, es preciso de nuevo volver la ética y recordar la diferencia no está sólo en los fines, sino también en los medios y que debemos imponer como nuevo frente de la batalla cultural la defensa no sólo de las identidades sino también, y al mismo nivel, del uso de sólo de medios inclusivos, los que no pisoteen derechos individuales, que respeten los procedimientos, que prescindan, en la justa medida, de criterios emocionales, que no polaricen. Lo que defendemos en Hay Derecho, vamos.

Lecciones de 2008: si hay rescate público de empresas privadas, no puede haber bonus millonarios

Hubo muchos hechos bochornosos tras la enorme crisis económica que comenzó en 2008. Uno de los más hirientes fue el contemplar cómo los máximos directivos de muchas empresas que habían tenido que ser rescatadas con dinero público, dinero procedente de los ciudadanos vía impuestos esencialmente, se iban a su casa poco después sin responder de nada y con multimillonarios bonus y demás remuneraciones.

Eso ocurrió en Estados Unidos, y así podemos leer en esta noticia fechada el 12 de octubre de ese mismo año de 2008:  Stanley O’Neall se llevó a casa 161 millones de dólares cuando dejó Merrill Lynch; Charles Prince obtuvo 40 millones al dejar Citigroup, cifra similar a la que que obtuvo Richard S. Fuld, de Lehman

 (…) La comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto al descubierto esta semana que la cúpula directiva de Lehman Brothers aprobó bonus por millones de dólares para los ejecutivos que salieran de la empresa mientras negociaban con las autoridades federales el rescate de la quiebra. Su consejero delegado, Richard Fuld, cuya actuación ha llevado a la desaparición del banco de inversión más veterano de Estados Unidos (fundado en 1850), ganaba 17.000 dólares a la hora.

En España el dinero público acudió en masa en rescate de las entidades financieras, pero muy especialmente de las Cajas de Ahorros, como se sabe. Pues bien, aún en 2011, tres años después del inicio de la crisis, se podía leer esta noticia sobre los sueldos:

Los directivos de las cajas de ahorros que han necesitado dinero público -que sale de los impuestos de los ciudadanos- cobraron en 2011 salarios que fueron de los 456.000 euros a los 2,3 millones de euros anuales. Y es que las siete entidades auxiliadas por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario), junto a la intervenida Caja Mediterráneo, retribuyeron a sus cúpulas –consejos de administración y directivos– con un montante global que supera los 70 millones de euros, según datos recopilados por 20 minutos.

 Tal como desvelan los informes de remuneración hechos públicos por las propias entidades –obligadas por una circular del Banco de España–, Bankia es la compañía más generosa con sus altos cargos (unos 21 millones de euros en total). Rodrigo Rato (vicepresidente del Gobierno con Aznar) cobró en 2011 más de 2,3 millones de euros por presidir, además de este banco, su matriz BFA y Caja Madrid.

Y al año siguiente, 2012, tuvimos el disgusto de leer esta noticia:

 no solo no han tenido que rendir cuentas, sino que han recibido indemnizaciones millonarias a su salida, tras años de cobrar sueldos estratosféricos. Pese a que su gestión desastrosa le va a costar al contribuyente como mínimo 50.000 millones de euros en forma de ayudas públicas, como intuye la sabiduría popular, ninguno de ellos ha ido a prisión ni ha devuelto un euro de sus emolumentos.

En esa noticia enlazada pueden ver con detalle las cifras cobradas por parte de algunos, pero solamente les doy las del primero de la lista: un directivo de NovaCaixaGalicia, caja que necesitó ¡3900 millones de euros!. Pues bien, estuvo nueve meses de director general, y se llevó: 7,7 millones son por la jubilación anticipada, 3,9 millones por la indemnización y 6,9 millones por el plan de pensiones. Pero hay muchos más.

Es difícil exagerar la obscenidad de estos comportamientos y de estas cifras. Y en el momento actual es también difícil comprender cómo se pudo admitir semejante atropello. En lo más duro del duro invierno de la crisis económica, los máximos responsables de la quiebra de entidades que han de ser rescatadas, con un comportamiento entre negligente, doloso o directamente criminal, se aseguraban sus retiros millonarios pagados por entidades rescatadas, insultando a una ciudadanía empobrecida y que lo estaba pasando realmente muy mal en muchos casos.

Para recordar lo que fue la época de las Cajas, le recomiendo leer estos nada menos que ocho post que dedicamos a la indecencia supina de los que dirigieron una caja pequeña, Caja Segovia,

Si fue así en una Caja pequeña, imagínense qué ocurrió en las Cajas grandes.

Esto es el lamentable pasado, pero una nueva crisis económica ya esta aquí por ese ejemplo de libro del Cisne Negro de Taleb llamado Coronavirus. Y no deberíamos permitir que esta bofetada ética se vuelva a producir.

Viene esto a cuento por el revuelo formado porque hace unos días pudimos leer en el art. 46 del RDL 11/2020 la decisión de transferir quince millones de euros públicos a empresas privadas como son las televisiones, derivados de mantener durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de cobertura poblacional obligatoria, según se explica en este artículo, pero que aunque tenga su lógica no deja de ser una elección de empleo de dinero público estas empresas  privadas, y no en otras. Y en todo caso, es un recordatorio de que no puede volver a suceder lo que ocurrió en la anterior crisis.

Si hay rescates de empresas, y no es nada descartable esta posibilidad, resultaría inaceptable que, habiendo puesto dinero público en esas empresas, sus directivos percibieran todos esos emolumentos y ventajas pactados previamente, como si no hubiera pasado nada. Porque es obvio que sí ha pasado.

El Estado puede actuar al menos de dos maneras: exigir, en todos estos casos, la previa y total renuncia de los directivos de esa empresas a todas esas cantidades en forma de bonus, planes de pensiones, etc., e incluso sueldos exorbitantes, o al menos su moderación a un límite razonable. E incluso establecerlo en la propia disposición que acuerde ese rescate. Si esas empresas no tienen dinero para subsistir, no lo tienen para pagar cantidades extraordinarias a sus dirigentes.

O bien adoptar una medida similar a la que se planteó en Estados Unidos por parte de Barack Obama en 2009: elevar el gravamen fiscal para este tipo de percepciones de directivos de empresas rescatadas, que en ese caso fue al 90% de lo percibido, como se puede leer aquí.

No sería tolerable que de nuevo, al cabo del tiempo, el sufridísimo ciudadano de a pie contemplara indignado cómo parte del dinero público va a parar a las cuentas corrientes de directivos de empresas rescatadas.

Contra el consumidor irresponsable

Una adecuada educación es la base de cualquier sociedad sana. Y un pilar de esa educación es asumir que hay que hacerse responsable de los propios actos.  Esta máxima es aplicable a cualquiera de las facetas de la vida, entre las que se incluye la de ser consumidor. Se nos habla continuamente de la necesidad de un “consumo responsable”,  pero poco de la necesidad de que el consumidor mismo asuma sus consecuencias.

Y es que en España, especialmente en materia hipotecaria -haciendo gala, todo hay que decirlo, de nuestra tradicional generosidad legislativa y jurisprudencial- se está transmitiendo en nuestra opinión una idea muy perniciosa a medio y largo plazo, la de que al consumidor le tienen que proteger todos –instituciones públicas, empresas y profesionales-, todos… menos él mismo.  La noción que se está imponiendo legislativa y jurisprudencialmente es la de que el consumidor es alguien pasivo, que no tiene tarea alguna que hacer en la comprensión de los actos y contratos que firme, porque la transparencia es cosa de los demás y el Estado le protegerá de todas maneras. Es el  “consumidor irresponsable”.

No se trata en ningún caso, como es obvio, de criticar o desactivar los mecanismos de protección de la parte débil contractual a la hora de negociar con las entidades financieras, que son absolutamente necesarios.  Aquí estamos hablando de algo más de fondo: de educación. De qué mensaje se está le mandando al consumidor por parte del legislador y de muchas sentencias del Tribunal Supremo, que -en nuestra opinión- es un mensaje que no educa sino todo lo contrario, maleduca. Porque educar (sea a un niño o a un ciudadano adulto) es, entre otras cosas, transmitir que en la vida hay no solamente hay derechos, sino también obligaciones, y que, si no cumples tus obligaciones, las consecuencias son atribuibles solamente a ti.

Que en España, por las trifulcas políticas de los últimos veinte años, se está descuidando alarmantemente la educación lo conocemos todos. Basta echar un vistazo a los reiterados Informes PISA que se publican de forma periódica. Los sucesivos cambios legislativos -consecuencia de la hasta ahora tradicional alternancia en el gobierno central entre PP y PSOE- y las competencias autonómicas mal ejercidas y peor controladas por la inspección general educativa han causado la catástrofe educativa en la que estamos inmersos. Además, la peculiar evolución sociológica de la ciudadanía actual, con una alarmante pérdida de valores y referencias  éticas y morales, está haciendo el resto. Todo eso lleva a que la gente considere normales cosas que hace unos años sonrojarían a cualquier ciudadano: declarar públicamente que uno no se ha enterado de los contratos que firma, denunciar falsamente a profesionales o empresas sólo para intentar cobrar de sus seguros de responsabilidad civil, engañar con tranquilidad al fisco o a la Seguridad Social, o incluso mentir en denuncias o declaraciones judiciales para sacar unos euros a su banco o a su empresa. 

Es cierto que, en un país libre, la gente tiene derecho a vivir de una forma despreocupada, o incluso directamente irresponsable. Como tantas otras elecciones que hacen las personas a lo largo de su trayectoria vital, se trata de una opción del modelo de vida que cada uno quiere experimentar. Allá cada cual con sus decisiones. Pero eso debe suponer también cargar con las consecuencias de las mismas. Porque lo que no es nada normal es que quienes optan legítimamente por la irresponsabilidad como modelo de vida exijan luego al Estado -o sea a todos nosotros- una protección desmesurada, que implique que les saquemos con el dinero público de los líos en los que su despreocupación les ha metido. Eso no supone solo irresponsabilidad sino un exceso intolerable. Por todo ello es bastante peligroso el mensaje que algunas resoluciones judiciales o actos legislativos recientes están transmitiendo a los ciudadanos: “cuanto menos te enteres de lo que haces más te voy a proteger, porque tú nunca tienes la culpa de nada, ni siquiera parcialmente. Y muchos ciudadanos, claro, se aprovechan. Unos por iniciativa propia y otros estimulados por despachos que han hecho de la reclamación su “modus vivendi” y un muy lucrativo negocio.

En ocasiones, el consumidor se convierte en una especie de Doctor Jekyll y Míster Hyde, como consecuencia tanto de los mensajes que se le mandan como de su falta de límites éticos personales. A la hora de contratar no hace un particular esfuerzo por comprender, a pesar de que en la documentación recibida -no siempre fácil- aparecen todos los datos, y que él mismo insiste en otorgar el negocio. Pero al cabo de los años negará haberse enterado, negará que se le haya informado y negará lo que haga falta, porque su despacho de abogados así se lo aconseja y el mensaje que llega desde el Estado va por ahí: si dices que no te enteraste, aunque tu actitud fuera voluntariamente pasiva, puede que recibas un premio.

Insistimos para que no quede ninguna duda: no se trata de que no se reclame todo aquello a lo que se tenga derecho, o que se exija el cumplimiento de las leyes en materia de defensa del consumidor. Eso se da por supuesto y hay que defenderlo de manera firme. Aquí estamos hablando de educación, tema esencial y de fondo. La etapa adolescente es muy importante en el proceso de maduración de una persona, y se suele caracterizar en el plano negativo, entre otras cosas, por una falta de asunción de responsabilidades: nunca la culpa es de él, sino del mundo que le rodea.  Por eso es tan necesaria una educación que le señale cuáles son los caminos correctos y los límites éticos. El consumidor irresponsable es un adolescente que no ha madurado y quienes deberían educarle le animan a seguir así.

Una sociedad civil fuerte requiere ciudadanos maduros, que sepan defender sus derechos, que reclamen frente a los abusos y las injusticias, pero también que no esperen que todo el mundo les defienda menos ellos mismos y, sobre todo, que asuman sus propias responsabilidades.

Por qué se corrompen los políticos -y los ciudadanos- y cómo evitarlo (Teoría de la Regeneración Práctica)

En este blog nos hemos dedicado ampliamente a hablar acerca de la corrupción política, de los conflictos de intereses y, en general, de las ineficiencias de los sucesivos gobiernos. Y, como en el chiste del vasco que va a misa y le preguntan qué ha dicho el cura, básicamente para oponernos y luchar contra ello.

Pero quizá convendría profundizar en el cómo. Digamos que de lo que se trata es averiguar por qué quienes tienen la responsabilidad de gobernarnos a veces mienten, roban, engañan o actúan en su propio beneficio contra el interés de las personas a quienes representan y del país en general y cómo evitarlo. Por simplificar, cabe decir que en este blog manejamos, en general, una visión institucionalista de la realidad política, lo que significa que entendemos que el comportamiento político viene determinado por las instituciones (entendidas en sentido amplio como toda norma o escrita o no escrita) y que por tanto el buen funcionamiento de éstas es esencial para el progreso de los países.

Por supuesto, no es la única forma de abordar la realidad política. Existen enfoques conductistas, que ponen el énfasis en la conducta  individual de las personas y grupos, con origen en la piscología y en la sociología. También es muy importante el de la elección racional o teoría económica de la política, que crea un modelo de comportamiento político basado en la racionalidad económica, entendiendo que toda acción humana está orientada a la maximización de algún tipo de interés asociado al bienestar personal, lo que significa que el comportamiento político debe estudiarse sobre la base de los intereses y motivaciones personales.

Quizá en algún momento sería interesante profundizar en sus diferencias e importancias relativas. Baste decir ahora que obviamente todos los enfoques tienen algo de razón, que en unos casos unos son más adecuados que otros, y que pueden ser complementarios. Obviamente, nosotros, como juristas que somos, ponemos el foco en lo que conocemos, la norma, pero no excluimos los demás.

Por eso tengo el gusto de presentar hoy una lectura que es muy ilustrativa de por qué y cómo la gente miente y de cómo ello puede afectar a la conducta política. Se trata de “The (honest) truth about dishonesty”, de Dan Ariely que tuve ocasión de traerme de USA. Ariely, catedrático de psicología y economía conductual en Duke, usa, obviamente un enfoque conductista para hablar de la honradez en general, pero obtiene conclusiones que no desmerecen para nada, como veremos, la visión institucional.

Lo primero que hace el autor es criticar el análisis económico de Gary Becker. Este autor hizo un análisis racional de la situación y creó el modelo SMORC (SIMPLE MODEL OF RATIONAL CRIME), que entiende que las decisiones sobre honradez están basadas siempre en un análisis coste-beneficio. El propósito del libro de Ariely precisamente  demostrar que este análisis muchas veces no funciona y que a menudo hay fuerzas irracionales que pensamos que no importan pero que son esenciales, por lo cual se propone explorar las fuerzas que nos inclinan a hacer trampas y las que nos mantienen honrados.

El autor ha hecho muchísimos experimentos para comprobar diversos extremos. Fundamentalmente se apoyaba en un test matemático que consiste  en 20 matrices que el sujeto ha de resolver (buscar dos números que sumados daban más de diez) con la mayor rapidez. En su resolución se formaban dos grupos: uno al que se le corrige presencialmente la prueba y otro al que se le dice que lo corrija él mismo y lo destruya en la trituradora a continuación. Se les pagaba 50 céntimos por cada respuesta correcta. Pues bien: estadísticamente, la gente “acertaba más” en el tipo “trituradora”, 6-7 de 20 frente a los 4 de 20 de los que eran supervisados.

La prueba se modificó incluyendo sucesivamente otras variables: ofreciendo más dinero, facilitando la posibilidad de ser cogido, con un supervisor ciego….en todos los supuestos el resultado era el mismo.

La conclusión que saca Ariely es importante: nuestro sentido de la moralidad está conectado con la cantidad de engaño con el que nos sentimos cómodos. Esencialmente, engañamos hasta el nivel que nos permite mantener la imagen de razonablemente honrados que tenemos de nosotros mismos. Parece claro, dice, que aquí hay más algo más complejo que el modelo SMORC (coste-beneficio) de los economistas,  dado que el nivel de engaño no depende de la cantidad de dinero que esperamos ganar ni de la posibilidad de ser descubierto.

Por ello, la tesis central del libro es que nuestra conducta está dirigida por dos motivaciones opuestas. De un lado, queremos vernos a nosotros mismos como personas honradas y honorables, mirarnos al espejo y sentirnos bien (sicológicamente, ego motivation). De otro, queremos los beneficios de engañar y obtener tanto dinero como sea posible. Pero estas dos motivaciones están claramente en conflicto, ¿cómo podemos conseguir las dos cosas? Aquí es donde nuestra asombrosa flexibilidad cognitiva entra en juego: cuando solo engañamos un poco, podemos beneficiarnos de engañar y aun vernos como maravillosos seres humanos. Este equilibrado acto es el proceso de racionalización y la base de lo que llama “fudge factor theory” (el elemento trampa, o elemento compensatorio introducido ad hoc en un modelo para hacer que encaje en nuestras expectativas). Piense usted en esas pequeñas defraudaciones fiscales, en esas trampitas en los negocios que justificamos por la mayor corrupción de los políticos o por cualquier otra cosita.

Pero hay más. Ariely hace a continuación otro experimento: en vez de usar dinero, usa fichas que luego se cambiaban por dinero. Pues bien, sorprendentemente se engañaba casi el doble. Eso significa que si incrementamos la distancia sicológica entre el acto deshonesto y sus consecuencias, es decir, el dinero contante y sonante, el fudge factor se incrementa y los participantes engañan más. Y es muy preocupante esto en una sociedad que cada vez es más cash less: parece que es menos grave robar un número de tarjeta de crédito que quitarte el dinero directamente de la cartera, porque lo digital te separa de la realidad de nuestras acciones en cierto grado. Igualmente aplicable a profesionales y entidades que cargan abusivamente sus facturas en pequeñas cantidades durante años y no se sienten culpables.

Pero hay soluciones. Ariely constata, con un nuevo experimento de sus matrices, que simplemente recordando oportunamente los estándares morales se mejora la conducta moral: a la mitad de los voluntarios se les hace recitar los mandamientos de la ley de Dios antes y a la otra mitad no. Los primeros no engañaron nada y los segundos lo de siempre. Lo mismo si se hace invocando un supuesto “códigos de honor” en la universidad (donde se efectúa el experimento) ya sea cierta la existencia del código (Princeton) o no lo sea (Yale). Por tanto, quizá hacer seminarios o cursos de moralidad o Responsabilidad Social Corporativa no es útil, pero a lo mejor hacer presente los principios éticos en el momento oportuno sí lo sea.

El libro es pródigo en experimentos y consideraciones, pero sólo quiero resaltar algunas más:

-La inmoralidad es contagiosa: El autor repitió su experimento introduciendo modalidades. La primera, CONTROL supone que hay supervisión y no hay engaño. En la modalidad DESTRUCCION (shredder) es la que admite el engaño, como al principio, y se resuelven 7 de 20.  En la que llama MADOFF hay un participante -un actor- que obviamente está mintiendo porque termina en un minuto y se lleva todo el dinero a la vista de todos: en este caso se “resuelven” 15 de 20. En el sistema de PREGUNTA, en el que el mismo actor sólo pregunta al supervisor si puede decir que lo ha resuelto todo con el dinero e irse y le dicen que puede hacer lo que quiera, sólo 10/20. En el sistema del OUTSIDER, en el que el que se va rápidamente es un miembro de la universidad rival, solo 9, el que menos.

En resumen, concluye que el ejemplo es muy importante (MADOFF); que no engañamos tanto si nos hacen conscientes de la posibilidad (QUESTION) y que se engaña menos si el ejemplo no es de nuestro grupo (OUTSIDER). Por cierto, es interesante el dato que aunque hubo algún desalmado que mintió a tope, lo que Ariely tuvo que pagar por las muchas pequeñas mentiras fue muy superior.

Unas infracciones conducen a otras: Ariely realiza un experimento con un grupo de personas a quienes se les proporcionan gafas de marca falsificadas y a otros grupo  verdaderas. Pues bien, los resultados muestran que el engaño es mayor en los que llevan gafas falsas; todavía más, se engañan más incluso cuando es clarísimo el engaño, y no sólo cuando era dudoso. Y más: hay un punto concreto en el que se pasa de un punto equilibrado entre un cierto engaño y la creencia de que somos honestos a engañar en cualquier oportunidad que se tenga. Este patrón de conducta es el que llama “qué demonios” (aquí diríamos “de perdidos al río”), que se da cuando se supera el “límite moral”. Ello significa que no hay que despreciar las pequeñas inmoralidades porque éstas inconscientemente nos llevan a otras y que a veces estadísticamente muchas pequeñas son más dañosas que una sola corrupción grande.

No hay diferencias entre países: Es curioso observar que la mayoría de la gente piensa que en su país se miente más que en América, país del autor. Hizo unos experimentos en otros países, utilizando otras retribuciones equivalentes (hamburguesas o cervezas) para evitar el efecto de la moneda. El resultado fue muy interesante: el nivel de engaño era igual en todos los países. ¿Cómo podemos reconciliar este hecho con nuestra convicción personal de que hay diferencia entre los diversos países y con los diversos niveles de corrupción? Pues bien, los datos reflejan un aspecto real del engaño, pero las diferencias culturales también. Los experimento se hacía fuera de todo contexto cultural. En las actividades diarias estamos en un contexto cultural y la cosa es diferente. Por ejemplo, el plagio, en algunos países se toma como algo muy serio y en otros más bien como un póker entre estudiantes y la facultad, y lo malo no es eso, sino que te cojan.

 Conclusiones prácticas para un buen regeneracionista:

  • Los políticos roban, pero tú también un poquito, y encima ni te das cuenta.
  • Cuanto más de “guante blanco” sea el delito y más alejado este del daño o del dinero, menos culpable te sentirás. Es preciso insistir en las consecuencias de la inmoralidad.
  • No siempre aumentar la vigilancia, los castigos o la transparencia es efectivo: a veces recordatorios morales pueden hacer que la gente sea más honrada. Es preciso insistir en la educación moral y en la regeneración (que es lo que procuramos hacer en este blog). 
  • Los demás son –somos- esenciales en la definición de los límites de nuestra propia conducta. Si vemos a otros miembros de nuestro grupo social conduciéndose fuera de un nivel aceptable, es probable que recalibremos nuestro compás interno y adoptemos ese modo de conducta como modelo. Y más si es una figura de autoridad como un jefe, un padre, etc. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que muchas veces perseguir un solo acto de Gran Corrupción –salvo el efecto ejemplificador- es menos efectivo que miles de pequeñas infracciones.
  • Las pequeñas inmoralidades son importantes porque determinan la forma en que una persona se ve a sí misma y sus acciones futuras, por lo que es importante cortar el número de actos singulares aparentemente inocuos.
  • Y, finalmente, hay que recordar que las instituciones son esenciales: al final en todos los sitios se engaña y lo que marca la diferencia es la cultura y las normas escritas o no que condicionan nuestra cultura, que, por tanto, son los mejores instrumentos para cambiar la racionalidad económica o la irracionalidad psicológica.

 

 

Bloqueo político, postulados sociológicos y fallas institucionales

Tunel1En febrero hablaba en este post (Zugzwang) de la situación de bloqueo en la que nos encontrábamos y apelaba a los valores democráticos. Pasados unos cuantos meses el enfermo no ha mejorado.

Por supuesto, puede alegarse que por la novedad de la situación no hay un protocolo claro de cuáles son los valores aplicables. También que puede ser razonable tomarse un tiempo para pactar e incluso –concedámoslo- aunque se reiteren una vez las elecciones por imposibilidad de llegar un pacto. Pero entre eso y encontrarnos sin gobierno casi un año, e incluso más si nos vemos abocados a unas terceras elecciones,  hay un largo trecho. Parece obvio que esta situación no puede ser buena para el país, no tanto por la falta de dirección en los asuntos corrientes sino porque quedan paralizados muchos proyectos, por la incertidumbre económica que genera, y por la magnitud de los retos que tenemos sobre la mesa, como el del separatismo. Es cierto que para los juristas un año sin leyes es una bendición y que Bélgica estuvo 541 días sin gobierno y al parecer tampoco fue una tragedia, pero no parece que esta deba ser la regla general.

Pero ¿por qué se produce esta situación? ¿No sería más razonable asumir la situación y pactar unas cuantas cosas en las que esté la mayoría de acuerdo, que las hay como lo prueban la existencia del pacto entre el PSOE y Cs y entre este y el PP, con gran coincidencia entre las propuestas? ¿Por qué no una abstención que simplemente permitiría la formación de gobierno, cuando ese gobierno estaría en tus manos porque no tendría mayoría? La ciudadanía no lo comprende y se genera en ella una gran indignación paralela al descrédito de los políticos.

Pero la respuesta es, en realidad, obvia: no pactan porque eso es lo que conviene a los intereses personales de quienes tienen que tomar esa decisión, y esa conveniencia se pone por delante de los intereses de quienes representan. Frente a la hipocresía de discursos en los que se apela a España y  al interés general, se impone el mensaje subyacente de que los ciudadanos hemos hecho mal el examen que constituyen las elecciones y que, por tanto, hemos de ir a la recuperación hasta que el resultado correcto –el que les convenga a ellos- se imponga. Algo así decía Rivera el otro día en su discurso e incluso pedía perdón a los ciudadanos en nombre de toda la cámara; y tenía toda la razón, aunque quizá pecara de exhibir una demasiado explícita superioridad moral.

Y digo esto último porque la naturaleza humana es la que es y nadie –o muy poca gente- hace las cosas por amor al arte, reconozcámoslo. Salvador Giner tiene publicados unos postulados sociológicos sobre la naturaleza humana (“Sociología”, Península, 2010, pág. 49) que conviene tener siempre presentes. Dice, por ejemplo, que los seres humanos están dotados de una fuerte tendencia a maximizar su dicha y bienestar subjetivos según se lo permitan los recursos físicos y sociales disponibles, la estructura social y moral del mundo en que cada uno vive, y ello a menudo en detrimento de su propio bienestar físico objetivo así como en detrimento del bienestar físico y moral de sus  congéneres. Afirma, además, que, con intensidad variable, los hombres poseen también una tendencia hacia la conducta altruista, que se manifiesta en su solidaridad efectiva con la condición de los demás. En caso de incompatibilidad entre egoísmo y altruismo, el primero gana al segundo, salvo que el segundo incremente el prestigio, poder o autoridad.

La cuestión, vista así, le quita un tanto el dramatismo propio de la lucha entre buenos y malos o de la vistosidad de la confrontación ideológica. Todos los políticos –como todos los seres humanos e incluso los blogueros- buscan su propio poder, riqueza y prestigio y, secundariamente, el de los demás. Y lo van a hacer –y esto es importante- siempre que no haya algo que se lo impida (esa «estructura social y moral» de que habla Giner). Cuando Sánchez dice “no” al PP no es porque piense que eso es lo mejor para España, sino porque estima que es lo mejor para mantener su propia posición como secretario general y, secundariamente, porque es mejor para su partido, porque el “sí” convertiría a Podemos en la única oposición al gobierno, comprometiendo su viabilidad futura. Rajoy dice que “no” al previo pacto del PSOE con Ciudadanos después de haberse escaqueado de la investidura, no porque considere que es lo mejor para España sino porque piensa que es la mejor forma de conservar el poder, y lo cierto es que le fue más o menos bien la jugada, a decir del resultado de las segundas elecciones. Incluso aunque que nos encontráramos con un postureo temporal, para pactar tras elecciones vascas y gallegas una vez hechos unos pocos aspavientos, también eso supondría anteponer sus intereses personales y de partido a los generales, apoyados en la malísima memoria y presunta estulticia del ciudadano.

El problema verdadero, si enfocamos la cuestión “científicamente”, no es tanto si los políticos son buenos o malos sino cómo conseguir que los intereses de los políticos se alineen con los intereses de los ciudadanos, o sea, lo que en Economía constituye el clásico problema de agencia que trataron mis coeditores Rodrigo y Elisa aquí: los “propietarios” desean que los “agentes” trabajen en beneficio de la empresa-país maximizando sus intereses; pero siempre cabe el oportunismo, el riesgo moral: que el agente (político o directivo empresarial) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista) apoyado en las asimetrías informativas y de poder que se dan en estas situaciones; riesgo mayor cuando la responsabilidad de sus decisiones no recae sobre los agentes.

Pues bien, en la Teoría de la Agencia se suele decir que estos problemas pueden mitigarse con una combinación de control e incentivos. Por supuesto, si se consigue que con educación y ética que los políticos tengan asumido que el interés general debe prevalecer sobre el particular, el trabajo está hecho. Pero la experiencia te demuestra que eso no fácil, y menos en la lucha política, y menos todavía cuando nuestro sistema de selección de elites políticas no prima el mérito sino la lealtad y la adulación. Por eso es conveniente reforzarse con un buen funcionamiento de las instituciones, definidas al modo de Fukuyama en su reciente libro “Orden y decadencia de la política” como “pautas de conducta estables, apreciadas y recurrentes que perduran más allá de cada gobierno de líderes individuales”, es decir, “reglas permanentes que forjan, limitan y canalizan la conducta humana”.

En efecto, si somos realistas, a lo que podemos aspirar como ciudadanos es que esas normas –no sólo jurídicas sino también sociales- estén bien diseñadas para conseguir que el interés de los políticos se acerque lo más posible al nuestro. En este blog hemos hablado cientos de veces sobre este asunto, pero ahora me gustaría señalar algunas fallas institucionales que se ponen especialmente de manifiesto como consecuencia del bloqueo político y que sería conveniente mejorar para el futuro:

  • El proceso de investidura regulado en el artículo 99 de la Constitución ha permitido el uso torticero y partidista por Rajoy de la letra de la ley primero para escabullirse de la designación real por entender que le convenía, y luego para aceptarla pero sin especificar si se iba a someter a la confianza de la Cámara, permitiendo así una prolongación indefinida del plazo de dos meses desde la primera votación para las siguientes elecciones.
  • La actuación de la presidenta del Congreso plegándose a las conveniencias del presidente del Gobierno para establecer un calendario que podría concluir con unas elecciones el día 25 de diciembre no parece sino revelar que la tercera autoridad del Estado está sometida a los designios de la segunda.
  • La rigidez y monolitismo de los partidos, que hace no exista contestación interna que permitiera encontrar soluciones más flexibles e inclusivas al producirse la contraposición con otros intereses. Sin duda es preciso un equilibrio entre la eficacia que resulta de la unidad de mando y la disciplina y la rendición de cuentas que deriva de la existencia de otros poderes, pero no es comprensible este silencio de los corderos en los dos grandes partidos, ambos con sonoras bajadas electorales.
  • Derivado de lo anterior, el secuestro del Parlamento con la disciplina de voto convierte los debates en ataques hueros y sin significado para el ciudadano, desconectados de sus intereses, una representación teatral, que esconde la búsqueda de los intereses de la cúpula del partido.
  • La normativa electoral: por supuesto, ningún sistema electoral es inocente, pues todos tienen sus sesgos y según sea mayoritario o proporcional, o el tamaño de las circunscripciones, el prorrateo o la varianza se favorecerá más la rendición de cuentas o capacidad de reemplazar a un gobierno o la representación del pluralismo social y se dará mayor relevancia a la figura del candidato o a su partido. Y a un partido o a otro. Dicho eso, cabe señalar que nuestro sistema es excepcional: un sistema proporcional con sesgo mayoritario y conservador y listas cerradas y bloqueadas, que busca la estabilidad, y consigue un bipartidismo imperfecto pero sin la flexibilidad y rendición de cuentas propias de los países anglosajones. El ejecutivo tiene un gran poder y no sufre los cambios programáticos o decisiones impopulares y como designa los diferentes órganos reguladores su poder no tiene cortapisas.

En definitiva, tenemos los políticos que tenemos, y probablemente no mucho peores que la sociedad de donde surgen; pero nos queda la opción de mejorar las reglas y exigir su cumplimiento.