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Tecnología, neurociencia, democracia y manipulación

Es muy probable que hayan leído el ensayo “Sapiens” del escritor israelí Yuval Noah Harari. Con más de 10 millones de ejemplares vendidos se ha convertido en un éxito, quizás inesperado, y a su autor en un referente en pensamiento y reflexión. El libro aborda la pregunta sobre cómo el hombre ha podido convertirse en la especie que en unos pocos miles de años ha llegado a dominar la tierra.

La tesis central del libro es que el elemento que realmente ha dado la ventaja competitiva al Homo Sapiens no fue su cerebro, que durante mucho tiempo, millones de años, no le confirió una especial ventaja. El elemento determinante habría sido su capacidad de cooperación flexible y a gran escala. Ninguna especie coopera más allá de 150 individuos, unidos por vínculos familiares, o de confianza. La clave de esa cooperación ha sido la capacidad de comunicación hablada y escrita y específicamente la capacidad de construir relatos que unan a comunidades en objetivos comunes. El hombre es el único animal que puede creer en cosas que existen únicamente en su propia imaginación. A lo largo de la historia de la humanidad, esos “relatos” han tomado la forma de religiones, de ideologías o de creencias.

En este artículo no se aborda la importancia del “relato”, sino el impacto de uno de los elementos que introduce Yuval en este libro, y en la continuación, “Homo Deus”, con un enfoque más provocador. Se trata del impacto que el desarrollo tecnológico y el avance científico tiene en uno de nuestros “relatos básicos”: la democracia. Esta reflexión empieza a aparecer en no pocos artículos, y el fenómeno de las fake news no es más que la punta del iceberg de otro  mucho más complejo.

Lo que hoy conocemos sobre cómo funciona el cerebro humano y como tomamos nuestras decisiones cuestiona algunas de las bases del relato del humanismo liberal que ha dominado el mundo desde la segunda guerra mundial, y sobre las que cómodamente se ha asentado la democracia liberal.

El humanismo liberal fue el movimiento intelectual que situó por primera vez al hombre en el centro de todas las decisiones. El liberalismo se centra en los sentimientos subjetivos de los individuos, a los que otorga la suprema autoridad, por encima de dioses o reyes. Lo que es bueno o malo, lo que es bello o feo, todo está determinado por lo que cada persona siente. Por esa razón, la política liberal se basa en preguntar a los votantes, los votantes saben lo que hay que hacer. De la misma forma, la economía liberal se basa en que el cliente siempre tiene razón y el arte liberal en que el observador es el que decide si algo es o no bello. En las escuelas se nos debe enseñar a pensar por nosotros mismos. Se resume en esa frase que tanto aplicamos cuando tenemos que tomar una decisión: “preguntar a nuestro yo interior”.

Lo que la ciencia cognitiva, la neurociencia y la psicología ha descubierto en los últimos años puede describirse de una forma bastante sencilla. Las personas son mucho más fáciles de manipular de lo que podríamos suponer. La idea de que una persona bien informada toma decisiones racionales es un pensamiento voluntarista Si este descubrimiento lo aplicamos al modelo de democracia liberal basada en las decisiones de los votantes, se abren algunas incertidumbres. La ciencia nos va descubriendo lo predecibles que son muchas de nuestras decisiones, sobre la base del conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro.

Steven Pinker, en su libro “En defensa de la ilustración”comenta que los politólogos no dejan de sorprenderse de la incoherencia de las creencias políticas de la gente, por la escasa conexión entre sus preferencias, sus votos y el comportamiento de sus representantes políticos. Hoy sabemos con certeza que la opinión de una persona puede invertirse en función de cómo se formula una pregunta o de qué palabras se utilizan. Ya no nos sorprende que los ciudadanos expresen una preferencia y voten a un candidato que defiende lo contrario. Y aún más curioso es que la retroalimentación entre comportamiento de los gobiernos y votos en elecciones posteriores es, cuando menos, confusa. Solemos castigar electoralmente por acontecimientos sobre los que los gobiernos tienen poco control, y olvidamos rápidamente las decisiones que contradicen nuestras preferencias. Los politólogos suelen afirmar que realmente votamos más a políticos que se parecen a nosotros y con las que nos identificamos, y no tanto en función de sus programas.

No debería sorprendernos la afirmación de que los cambios de los últimos cientos/miles de años han excedido con mucho la capacidad de evolución y adaptación de la especie humana. El hombre descubrió una forma de dominar y tener éxito en su entorno que no está sujeta a la evolución de la especie y a la selección natural, y por tanto nos encontramos viviendo en un mundo, para el que ni nuestra mente ni nuestro cuerpo están realmente adaptados.

Este dato, que asumimos con bastante tranquilidad en relación a nuestro cuerpo, nos cuesta  más cuando se refiere nuestro cerebro. Todos somos conscientes que nuestro cuerpo no fue diseñado para pasar las horas que ahora empleamos sentados delante de un ordenador. La posición sentada ha ocasionado una epidemia de dolores de espalda y cuello que todos sobrellevamos con resignación y procuramos gestionar con una buena tabla de ejercicios y un buen fisioterapeuta. Si dejáramos que la selección natural actuase, nuestro cuerpo evolucionaría para dejar de sufrir esos molestos dolores, con un mejor reparto de pesos y soportes para la posición sentada y erguida. Pero eso ya no es probable que suceda.

Lo mismo pasa con nuestro cerebro. La ansiedad fue de las primeras enfermedades que se explicaron como una pésima adaptación de nuestro cerebro al mundo actual. Un cerebro diseñado con unas prioridades claras: sobrevivir a los depredadores, alimentarse y reproducirse presenta algunos problemas de adaptación en el mundo actual. Un mecanismo, la ansiedad, diseñado para maximizar la probabilidad de salvación ante circunstancias como el ataque de un león se convierte en una enfermedad en un mundo donde no hay leones con un síntoma, el estrés, que  hay que combatir. Como es difícil hacer evolucionar el cerebro para desactivar ese mecanismo, hemos de sobrellevarlo con conocimiento, y en ocasiones apoyo químico.

Esta evidencia, se vuelve más preocupante si empezamos a asumir que muchas de nuestras decisiones tienen poco de racionales. Hoy sabemos que el cerebro cuenta con numerosos sesgos diseñados para tomar decisiones rápidamente en situaciones que nuestro cerebro identificó a lo largo de generaciones como peligrosas. La lista es muy larga, pero algunos son sorprendentes. El sesgo de disponibilidad nos dice que priorizamos el conocimiento que tenemos más fácilmente disponible y lo extrapolamos para crear un concepto general. Por eso las noticias recientes y de impacto siempre tienden a transmitirnos una impresión falsa del a realidad porque las generalizamos fácilmente lo que no siempre es correcto. Es solo un ejemplo de lo sesgos cognitivos que nos llevan a tomar decisiones de formas no siempre conscientes pero hay más:

  • El sesgo del arrastre, que nos lleva a adoptar la decisión de lo que suponemos quiere la mayoría.
  • El sesgo del encuadre, que nos lleva a conclusiones diferentes según se presente la información.
  • El sesgo de la confirmación, que nos lleva a buscar siempre  datos o noticias que avalen nuestras creencias y despreciar los que las pongan en duda.
  • El sesgo del coste hundido, de manera que una vez invertido un coste, monetario o emocional en algo nos cuesta mucho cambiar de opinión.
  • El sesgo de la retrospectiva, que tiende a hacernos creer que algo que ha ocurrido nosotros lo habíamos ya previsto, cambiando nuestro recuerdo.
  • El sesgo del anclaje, que da mucha importancia a la primera información que recibimos (el ancla).

Todos estos, y muchos otros, favorecieron durante miles de años la supervivencia de la especie humana transmitiendo tranquilidad, favoreciendo la rápida reacción ante las amenazas, generando cohesión en la comunidad o la tribu, y favoreciendo la toma de decisiones rápidas para evitar el peligro.

El problema es que estos sesgos que nos han ayudado durante miles de años, ahora plantean nuevos riesgos a la democracia liberal. Lo que ha cambiado es la irrupción de tecnologías que permiten utilizarlos para manipular la decisión de los votantes de forma no solo individualizada sino también masiva. Lo que el marketing lleva tiempo aplicando a nuestras decisiones de compra ahora se ha iniciado su aplicación intensa en el ámbito político para nuestras decisiones de voto. Las fake news, son solo el inicio de un fenómeno que debería empezar a preocuparnos.

Algunos empiezan, como tantas otras veces, a cuestionar la democracia liberal. Pero quizás, como hemos hecho asumiendo que nuestro cuerpo no está preparado para la vida actual, y tenemos que “ayudarle”, no estaría mal empezar por asumir que nuestro cerebro tampoco está bien preparado para nuestro entorno actual, y necesita ayuda. Ayudarle especialmente para poder ser consciente del extraordinario esfuerzo de manipulación de nuestras decisiones a través de la tecnología que podemos esperar en los próximos años. Seguiremos hablando sobre este desafío.

 

¿Nominalismo mágico? De nuevos Ministerios, nombres y organigramas

El nuevo  (e ilusionante, todo hay que decirlo) Gobierno de Pedro Sánchez va a tener nada menos que 17 Ministerios y prácticamente ninguno es igual a su equivalente en el Gobierno anterior de Mariano Rajoy ni en cuanto a la denominación ni -suponemos- en cuanto a los organigramas.  Como saben nuestros lectores a nuestros políticos les encanta dictar leyes aunque no resulten muy útiles (lo que en este blog llamamos legislar para la foto o para la galería) pero se habla menos de que también les encanta poner nombres nuevos a los Ministerios o a las Consejerías o Concejalías. Los nombres se convierten así en auténticas declaraciones políticas.

Ahora bien, los nombres por sí mismos no transforman la realidad, aunque sin duda pueden mandar un mensaje muy potente en el sentido de que el cambio climático, la igualdad de género, la ciencia o la pobreza infantil son ahora una prioridad política, lo que está muy bien. Visibilizar siempre es importante, y los símbolos también lo son. Pero lo mismo que una ley sin mecanismos efectivos de implantación (y de sanción en caso de incumplimiento) no sirve para mucho, algo parecido ocurre con los nombres por sí solos, salvo que creamos en la taumaturgia de las palabras. Los Altos Comisionados para la Pobreza Infantil o las Vicepresidencias de Igualdad de género suenan muy bien y sin duda ponen el foco en el lugar adecuado, pero hay que ser conscientes de que sin recursos, estructura e instrumentos adecuados para desarrollar sus funciones se pueden quedar en meros gestos y generar más frustración que otra cosa. No sería la primera vez; recordemos, por ejemplo, la extinta Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, a la que Rafael Rivera dedicó  este post.  

Hay, además, otro problema del que se habla menos, pero que los funcionarios (y los Oficiales Mayores) conocen demasiado bien. Los bailes ministeriales y los cambios de nombre traen consigo un montón de inconvenientes, algunos de ellos muy pedestres, pero que no por eso dejan de consumir tiempo y esfuerzos, que podrían estar mejor invertidos en otras tareas. De entrada, cambios en las webs oficiales, los correos electrónicos (para adoptarlos al nuevo nombre oficial) y en la papelería ministerial que todavía existe, aunque a lo mejor sería una buena ocasión para ir pensando en suprimirla. Pero eso no es lo peor; a los cambios nominales les siguen los cambios organizativos y, en el peor de los casos, las mudanzas y cambios de sede, con el  consiguiente baile de altos cargos y de funcionarios de un lado para otro. Al fin y al cabo, a los Ministros y a sus segundos niveles hay que sentarles en algún sitio digno, y si ahora hay más Ministros que antes, esto supone un problema seguro a la hora de buscarles un despacho.

Lo cierto es que todas estas idas y venidas consumen un tiempo precioso, máxime cuando no hay mucho disponible.  Y no es infrecuente que  cambios como los que supone un desdoblamiento o una fusión de ministerios no están  terminados cuando toma posesión un nuevo Gobierno, que quiere también dejar su impronta organizativa y los vuelve a cambiar. En fin, un eterno tejer y destejer que no resulta especialmente productivo desde ningún punto de vista.

Claro que este no es el problema mayor: como ya decíamos nada menos que en un post de 2012  los organigramas ministeriales están  muy obsoletos y responden a una organización y a unas funciones más propia del siglo pasado y de sus necesidades. Es decir, si hay ahora una política pública a la que dar prioridad, la solución suele ser la de crear una unidad administrativa que se ocupe del tema, a ser posible reutilizando una ya existente, porque ni el reclutamiento de funcionarios expertos ni la dotación de medios es nada fácil. Esta unidad se unirá a las ya existentes con las que tendrá que competir por competencias y presupuestos. Si además sus políticas tienen carácter transversal -como es muy habitual- se las verá y las deseará para poder desarrollarlas con un mínimo de eficiencia.

En conclusión, bienvenidos los cambios y las nuevas prioridades, pero no nos olvidemos de que modernizar es algo más que cambiar los nombres.

Lecciones de la crisis. ¿Necesitamos una Comisión de la verdad sobre la crisis económica?

2018 marca el décimo aniversario de la “Gran recesión”. Muchos políticos europeos, así como otros miembros de la sociedad en general, desean -de forma bastante comprensible- olvidarse de los años de austeridad y concentrarse en el futuro.

Pero ¿hemos aprendido lo suficiente para evitar crisis futuras? ¿Sabemos la razón por la cual nuestras instituciones resultaron ser tan ineficaces la ultima vez? ¿De verdad consideramos que lo harán mejor en el futuro?

Los tiempos de crisis no suelen ser buenos momentos para estas y otras reflexiones. Los políticos están demasiado ocupados intentando salvar la economía (y sus carreras políticas) mediante cualquier método posible para malgastar su tiempo en tan inútil labor. Sin embargo, una vez evitado el desastre, consideramos que descubrir y ilustrar la forma en la cual los errores institucionales condujeron a la crisis sería un ejercicio de gran utilidad para la sociedad española.

En nuestro estudio, que pueden encontrar aquí comparábamos las distintas experiencias de 6 países europeos, llegamos a la conclusión que las Comisiones de la Verdad Económica (a pesar de lo desafortunado de su nombre), eran la mejor forma de aprender de pasados errores.

En primer lugar hay que clarificar qué es una Comisión de la verdad. Se trata de organos independientes llamadas a documentar casos de errores institucionales en los años antes de la crisis, así como las posibles pautas que pueden poner de manifiesto. Es importante destacar que estas comisiones son diferentes de las Comisiones de Investigación en el Parlamento. Las Comisiones de Investigación están formadas por políticos, algunos de ellos responsables de lo mismo sobre lo que investigan y en cualquier caso partidistas, y normalmente faltos de la experiencia y conocimientos que ostentan los profesionales expertos en los aspectos más técnicos del sistema financiero y económico. Las Comisiones de Investigación, a su vez, son fáciles de desprestigiar a los ojos de la ciudadanía dado que es un mecanismo político de ‘toda la vida’.

Las Comisiones de Verdad, al contrario, son lideradas por expertos (financieros, académicos, auditores…) que que pueden recomendar soluciones técnicas no ideológicas y que carecen de intereses políticos.

En este punto, la experiencia comparada es muy interesante. Recordemos que la crisis económica en Islandia llevo a la quiebra al 97% del sistema bancario islandés. Dada la magnitud del desastre, el primer ministro en los días siguientes del ‘crash’ estableció la primera Comisión de Verdad Económica en Europa. Esta Comisión tras dos largos e intensos años de investigación publicó un informe de más de 1.500 páginas, logrando a través de una combinación de testimonios variados reconstruir las causas y el desarrollo de la crisis con una precisión notable.

El informe culpaba en gran medida a los bancos islandeses, por su comportamiento de excesivo riesgo y sus errores estructurales. El Parlamento islandés, basándose en estas y otras conclusiones, entendió que procedía enjuiciar al entonces primer ministro, un suceso único en Europa. A su vez, las recomendaciones del informe llevaron al parlamento a aprobar varias reformas institucionales de gran calado. Es más, el informe tuvo tanto éxito que se convirtió en un ‘best seller’. Se llegaron a vender copias hasta en los supermercados.

Está claro que Islandia no es España, pero ¿puede una Comisión de la Verdad Económica en España llegar a tener un efecto positivo? Creemos que sí.

Una Comisión de Verdad Económica en España podría revelar aquello que suele estar ‘oculto’ a los ojos del ciudadano medio. Como antes hemos indicado, las crisis financieras modernas son extremadamente complejas, y solo unos pocos expertos pueden llegar a comprender todos sus aspectos en su plenitud. La Comisión, formada por estos expertos, tendría la capacidad de explicar los aspectos técnicos mas relevantes y ponerlos a la vista de la sociedad. Una Comisión seria también un ejercicio de catarsis. A pesar de su naturaleza independiente, las Comisiones de Verdad son comisiones oficiales. Una declaración de «mea culpa» por parte del Estado podría tener un efecto positivo en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Una narrativa oficial de las causas y consecuencias de la crisis podría tener, a su vez, un efecto disuasorio  de las corrientes populistas. Como apunta Michael Ignatieff, las Comisiones de Verdad reducen el número de ‘teorías aceptables’ sobre la crisis que circulan en los medios. Una reducción de los varios mitos o teorías de conspiración existentes rebajarían el enfado e indignación generales que suelen alimentar a los movimientos populistas. En Islandia, como ejemplo, los partidos tradicionales no han cedido terreno a nuevos partidos populistas.

Por último, una Comisión de la Verdad Económica, mediante un análisis de los errores institucionales sucedidos, podría hacer recomendaciones de reformas concretas. Un buen ejemplo de esto fue la Comisión Pecora en Estados Unidos. Fernando Pecora fue el encargado de investigar las causas del ‘crash’ de Wall Street del año 1929, y sus propuestas de reforma formaron la base de la ‘Ley Glass-Steagall’ de 1933, que durante décadas protegió al sistema financiero estadounidense de crisis similares.

Aunque la mayoría de los economistas, así como los políticos, suelen preferir aquellas reformas que estimulen el crecimiento futuro, especialmente después de una crisis, no se puede subestimar la importancia de los hechos pasados para moverse hacia el futuro. Investigar las causas de la crisis no solo permite pensar en posibles reformas, sino sobre todo permite restablecer la confianza en la ciudadanía en un Estado que reconoce sus errores. Esta transparencia es fundamental en la legitimación del Estado moderno, tan atacado hoy en día.

Muchos lideres políticos han considerado la crisis como una oportunidad para implementar grandes reformas. Una Comisión de la Verdad Económica seria un buen punto de comienzo en ese sentido. ¿Dejaremos pasar esta oportunidad para reformar nuestras instituciones?

(Traducción del inglés de Antonio Tena)

Learning from the crisis

2018 marks the 10th anniversary of the Great Recession. As some European countries have only now started to recover, societies and politicians understandably want to forget the years of painful austerity and look to the future.

But have we learned enough to prevent another crisis? Do we know how our institutions failed us the first time around? And are we confident they are better protected now?

Times of crisis may not be ripe moments for learning, as politicians are necessarily in a ‘firefighting’ mode, trying to save the economy and their political careers. Yet as the economy finally stabilizes, a backward-looking mechanism shedding light on the institutional failures that paved the way to the collapse may benefit a society like Spain in a number of ways.

In our project we explored the comparative experience of six European countries; we found economic truth commissions offer the best shot at learning.

 

Economic truth commissions

Economic truth commissions are independent fact-finding bodies tasked to document patterns of institutional failures in the run-up to the crisis.

They are distinct from other fact-finding bodies. Parliamentary commissions of inquiry are guided by politicians who may lack the expertise to fully understand the technical aspects of a modern financial crisis. At the same time, their partisan and confrontational nature may discredit their contributions in the eyes of the citizenry; simply put, they are seen as ‘business as usual’.

In contrast, the independent commissioners who lead truth commissions have expertise in technical aspects (i.e. finance, auditing, academic). Importantly, by identifying patterns of institutional failure, they can offer useful policy recommendations to protect the system from a future crisis.

 

The international Experience

The 2008 crash in Iceland led to the collapse of 97% of the banking sector. A few days after the crash, the Prime Minister set up the first truth commission in Europe. After almost two years of intensive investigation, the commissioners released a comprehensive final report (9 volumes and 1,500 pages). By coupling new technologies with the testimonies of bankers and politicians, they managed to reconstruct patterns of institutional failures with remarkable accuracy.

The final report apportioned blame to the Icelandic banks, noting their reckless risk taking, and identified institutional flaws. Based on the findings of the report, the Icelandic parliament decided to prosecute the former PM; no other European country has taken this step. In addition, the report’s recommendations became the basis for comprehensive legislative reform to strengthen state institutions.

The final report was so successful that it became a best seller. Copies were sold in super-markets and quickly became popular gifts, with parents giving them to their children so they could avoid making the same mistakes in the future.

 

Benefits of a truth commission

But we are more concerned with the Spanish case. Can a truth commission benefit Spanish society?

First, truth commissions can reveal things ‘hidden’ from the public. Modern financial crises are both complex and technical, so only a few experts can get the full picture. Truth commissions have the capacity to shed light on the technical failures in a simplified and accessible narrative.

Second, the final report of a truth commission is an ‘official acknowledgment’ of state failures. The state’s mea culpa can be cathartic and, at the same time, mend the tattered relations of trust between state and society.

Third, an official narrative can curtail the rise of populist leaders who may want to ride the tide of popular discontent.  As Michael Ignatieff has pointed out, truth commissions ‘can reduce the number of permissible lies’ circulated in the public, thereby restraining the appeal of conspiracy theories or myths fueling populism and challenging democratic politics. For proof, we only need look at Iceland; it is one of the few countries where the crisis was not followed by the rise of populist parties.

Fourth, by identifying patterns of failures, independent commissioners can turn these into concrete policy recommendations. A good example is the Pecora Commission in the United States. Commissioner Fernando Pecora was tasked with investigating the causes of the 1929 Wall Street crash. The Commission’s recommendations became the backbone of the Glass-Steagall Act that protected the global financial system from another crisis for decades.

 

Looking back, moving forward

Although most economists and politicians endorse forward-looking policies tailored to help an economy recover from a crisis, backward-looking mechanisms, such as truth commissions can be beneficial. By investigating the causes of a crisis, they offer a ‘public acknowledgment’ of institutional flaws, and this has the potential to restore relations of trust between state and society. The effort to deal with the causes of a meltdown in transparent way may help to legitimize democratic politics and tame the appeal of populist leaders. Most significantly, they can convert past failures into lessons that, if heeded, could prevent a future crisis.

Many political elites have framed the economic crisis as an opportunity, one ‘too precious to waste’. A truth commission is the litmus test of such declarations: do they actual mean it or this simply another wasted opportunity to learn?

Hay Derecho en el Tribunal de Cuentas Europeo

Una vez al año el Tribunal de Cuentas Europeo (ECA en sus siglas en inglés) celebra una jornada de formación para su personal que incluye sesiones plenarias y lo que denominan «Feria de auditoría» en la que se presentan de forma breve diversas experiencias de auditoría de toda Europa. De este modo se intercambian conocimientos y experiencias y los auditores conocen cómo se hacen las cosas en otros tribunales. A raíz de nuestro estudio sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas español, el ECA nos invitó a participar este año en esta jornada para presentar nuestro trabajo, ya que el mismo incluye una comparativa con el propio tribunal europeo, entre otros. Se puede acceder al estudio completo aquí.

Así que el pasado 17 de noviembre Elisa de la Nuez, Secretaria General de la Fundación Hay Derecho, y yo misma fuimos a Luxemburgo para participar en esta jornada.

Por la mañana asistimos a la sesión plenaria que estuvo a cargo de Ramón Escolano, del Banco Europeo de Inversión.

Después nos invitaron, junto con el resto de ponentes, casi todos auditores de diferentes tribunales de cuentas como Noruega, Dinamarca o Alemania, a comer en las instalaciones del Tribunal, que cuenta con una «cantina» donde todos, consejeros, auditores y administrativos, comparten espacio. Durante la comida los trabajadores del ECA, de varios departamentos y diferentes funciones según nos contaron después, hicieron, para nuestra sorpresa, un «flashmob». La verdad es que fue algo simpático, sin mayor relevancia, pero ciertamente nos impresionó bastante, porque no podemos imaginarnos algo así en nuestro Tribunal, bueno, en prácticamente ninguna de nuestras instituciones, la verdad. Creo que este tipo de iniciativas dicen mucho del estilo de una organización y del ambiente que se vive en ella.

Después de comer pasamos a las sesiones de la «feria», que fueron bastante intensas, pues realizamos dos presentaciones seguidas, de modo que más gente pudiera asistir a varias de ellas.

Compartimos sala con representantes de las entidades de fiscalización de Noruega y Dinamarca, que presentaron dos informes de fiscalización en los que se utilizaban metodologías innovadoras: una metodología basada exclusivamente en la participación de usuarios finales (mistery shopper) y una metodología denominada Public Expenditure Tracking Survey (PETS). Ambas fueron muy interesantes, aunque dejaron patentes qué lejos estamos aún de ciertos países.

Nuestra presentación, que versaba sobre preocupaciones muy más básicas, consistió en un resumen de los principales aspectos que analizamos en nuestro estudio y puede descargarse aquí.

Aunque nuestro estudio difería un poco del resto de presentaciones, ya que la mayoría presentaba auditorías y explicaba las metodologías que se habían utilizado para realizarlas y en nuestro caso no puede hablarse de una auditoría estrictamente hablando, la verdad es que despertó bastante interés. Muchas de las preguntas que nos hicieron tenían que ver con la reacción que nuestro Tribunal de Cuentas había tenido ante el estudio, cómo «les había sentado», y qué medidas habían tomado a raíz de su presentación. Nuestra respuesta fue que, obviamente, el estudio no había sentado demasiado bien en el TCu, pero que la reacción posterior había sido razonablemente positiva. Inicialmente el estudio despertó sorpresa, ya que nuestras instituciones no están acostumbradas a ser objeto de análisis por parte de la sociedad civil, y después cierto malestar, pues a nadie le gusta que se señalen públicamente sus defectos o puntos débiles.

Sin embargo, a lo largo de este año hemos visto una mayor preocupación del TCu por comunicar mejor y ha empezado a ser noticia no solo por sus problemas internos, sino también por los resultados de sus auditorías – algunos ejemplos aquí, aquí, aquí o aquí-. Hemos visto algunos cambios en la forma en la que se hace el plan de trabajo anual, según nos cuentan están trabajando en mejorar la forma en la que se realiza el seguimiento de sus recomendaciones y, especialmente, una mejor disposición a dar información y, por nuestra experiencia personal, a resolver dudas. No es mucho, pero es un paso importante. No decimos que estos cambios se deban exclusivamente a nuestro trabajo, por supuesto, pero creo que el hecho de sentirse observados, y no sólo por la prensa, es un importante incentivo.

Una de las preguntas que más nos sorprendieron fue sobre la reacción del Parlamento. Lamentablemente, tuvimos que decir que no habíamos presentado el estudio ante el Parlamento y que no tenemos constancia de que lo conozcan. Más allá de las circunstancias «anormales» del último año, la verdad es que para nosotros parece muy difícil, casi impensable, que seamos invitados por el Parlamento a presentar nuestro estudio, cosa que al parecer en Europa les parece algo normal. La Comisión Mixta encargada de estas cuestiones no ha solicitado en el último año la comparecencia del TCu para presentar ninguno de sus informes, así que figúrense. El Parlamento debería ejercer su función de control, entre otros muchos medios, a través del Tribunal de Cuentas y debería exigir las responsabilidades políticas derivadas de la mala gestión y el despilfarro, que si no implican responsabilidad contable no son exigibles por el Tribunal (ni responsabilidad penal que debe ser exigida por la fiscalía). Mi reflexión es que si el Parlamento no hace prácticamente nada – o absolutamente nada en el último año- respecto a los informes de auditoría que hace el propio TCu, sería casi un milagro que nos escuchase e hiciera caso a nuestras recomendaciones de motu proprio.

Un aspecto muy interesante de nuestra visita fue que entre los asistentes a nuestra charla estuvieron algunos de los miembros del ECA que formaron parte del equipo de auditores del «peer review» al que se sometió el TCu en 2015. Todos destacaron que nuestras recomendaciones estaban muy alineadas con las del informe que ellos redactaron, aunque las nuestras fueran menos políticamente correctas y tuvimos ocasión de intercambiar opiniones al respecto tras la sesión. Compartían con nosotros la idea de que es necesario realizar muchos y profundos cambios en el Tribunal para mejorar su funcionamiento y su independencia.

Como miembro de la Fundación Hay Derecho para mí fue muy gratificante participar en esta jornada y ver que nuestro trabajo despierta interés más allá de nuestras fronteras, y creo que debe ser un honor para todos los que hacen posible el trabajo de Hay Derecho, a los que esperamos haber representado dignamente. Agradecemos mucho al ECA la oportunidad, y en particular a su Secretario General, Eduardo García, la cordial invitación.