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EDITORIAL | El nombramiento de José Luis Escrivá al frente del Banco de España: un grave retroceso institucional

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Hay Derecho manifiesta su preocupación por el nombramiento de D. José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. D. José Luis Escrivá indudablemente reúne las condiciones profesionales y la aptitud técnica para ese puesto pero, lamentablemente, no reúne otra condición a nuestro juicio indispensable: la independencia del Gobierno que lo nombra. Y no la reúne sencillamente porque ha sido por dos veces ministro en gobiernos presididos por Pedro Sánchez, que es quien le ha nombrado. Por tanto, y al margen de su labor como ministro –primero de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, su reforma del sistema de pensiones ha sido muy criticada por los expertos desde el punto de vista de su sostenibilidad y, luego brevemente, como ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España–, lo cierto es que pasar, sin solución de continuidad, de ministro a gobernador del Banco de España no es propio de un Estado democrático de derecho con instituciones sólidas. En conclusión, es un grave error y supone un grave retroceso institucional.

Recordemos que la ley de autonomía del Banco de España dice en su art. 24 que el gobernador del Banco de España será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes sean españoles y tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios. No exige nada más, pero es obvio que para ejercer debidamente sus importantes funciones no sólo es exigible esa reconocida competencia en asuntos monetarios y bancarios que, insistimos, es indudable que tiene D. José Luis Escrivá, sino también una independencia y neutralidad que no podemos presumir en quien ha sido por dos veces ministro del Gobierno que le nombra. Por otra parte, como viene sucediendo con otros nombramientos competencia del Gobierno o de su presidente, no es menos relevante buscar perfiles que susciten amplios consensos, lo que no hubiera sido difícil con una mínima voluntad política de alcanzarlos. 

No solo eso: como demuestra nuestro estudio popularmente conocido como El Dedómetro, sobre meritocracia en el sector público, se había conseguido después de muchos años –tras la gran recesión y la crisis financiera– profesionalizar la figura del gobernador del Banco de España, e independizarlo de los partidos políticos. En ese sentido, el mandato de Pablo Hernández de Cos se ha caracterizado por la profesionalidad y la independencia. Pero todos los avances institucionales son frágiles, especialmente cuando los políticos de turno no tienen sentido institucional alguno, o consideran que las instituciones son piezas de un juego político, en el mejor de los casos, o simplemente sitios para colocar a los afines o premiar los servicios prestados.  Pero, sobre todo, cuando los ciudadanos no están atentos a este tipo de comportamientos o no les conceden la relevancia que tienen. 

Es por ello que resulta imprescindible denunciar la gravedad que el deterioro de las instituciones públicas supone en el medio y largo plazo. Al politizar los organismos reguladores y vincularlos estechamente al Gobierno, éste encuentra menos resistencias y contrapesos para desarrollar su actividad. Si a ello le unimos la endémica falta de diálogo entre los dos grandes partidos de España, la amplia senda del consenso democrático se reduce al pasillo estrecho del partidismo. Ese partidismo, además, termina por recalar en una parte de la opinión pública, que no duda en restar importancia o incluso defender este nombramiento cuando, sin ningún género de duda, hubieran criticado este mismo movimiento de haberlo hecho el partido ‘contrario’. No lo olvidemos: se trata de defender unas reglas del juego político que sean justas para todos.

A lo anterior se suma otro defecto de trascendencia: la ausencia de una línea adecuada para el desarrollo de políticas públicas en el largo plazo, unida a la evaluación continua de las mismas. A modo de ejemplo, el Ministerio de Transformación Digital, que ahora abandona el futuro gobernador de España, habrá visto tres ministros en menos de un año. Ello obstaculiza seriamente nuestra transición digital en el largo plazo, un reto urgente en nuestro país si queremos mantener la competitividad económica; máxime cuando no se busca en el sustituto un experto en la materia, sino una persona cada vez más afín al presidente del Gobierno.

Por último, no podemos olvidar que este último nombramiento sigue la pauta marcada por otros igualmente controvertidos –por la vinculación política– para otras instituciones tan importantes como la Fiscalía General del Estado (se nombró a una exministra de Justicia), el Tribunal Constitucional (un exministro de Justicia y una directora general del Gobierno), el CIS (un miembro de la Ejecutiva del PSOE), entidades públicas, etc, etc. Por tanto, el patrón es claramente el mismo: no se considera relevante mantener la neutralidad e imparcialidad de las instituciones cuidando que sus máximos responsables no solo reúnan los principios de mérito y capacidad, sino que puedan ser percibidos como personas independientes del poder político.

En este contexto, es difícil hablar de regeneración democrática, que no puede existir sin la correspondiente regeneración institucional.

La crisis silenciosa de liderazgo en las empresas públicas españolas: cómo la politización las destruye y qué podemos hacer al respecto

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Imagine, estimado lector, que es accionista de una gran empresa cuyo Consejo de Administración toma la decisión de nombrar como primer ejecutivo a una persona sin formación ni experiencia alguna para el puesto. Imagine que el Consejo continúa actuando así no una ni dos, sino siete veces seguidas a lo largo de 20 años. Esos siete ejecutivos –muchos de ellos «amiguetes» del presidente del Consejo– ni definen ni ejecutan una estrategia coherente para la compañía que, gradualmente, pierde cuota de mercado frente a sus competidores internacionales. Entre tanto, la empresa –que emplea a nada menos que 50.000 trabajadores– arroja pérdidas multimillonarias en ocho de los últimos diez ejercicios. 

Pues bien, esa empresa existe, todos los españoles somos accionistas y clientes de ella, y se llama Correos. El Dedómetro 2024 de la Fundación Hay Derecho es concluyente sobre la entidad 100% propiedad del Estado: en los últimos 20 años han sido nombrados siete presidentes –seis por gobiernos del PSOE y uno del PP– con una nota media de mérito y capacidad de 3,7 sobre 10, aunque con una larga trayectoria política previa. Desde 2020, la compañía arroja unas pérdidas acumuladas de 676 millones de euros. 

Los que conocemos el sector sabemos que Correos es un actor de poca relevancia en el mercado global de la logística y el transporte, por comparación con los correos de otros países –Alemania, Francia o Reino Unido son algunos casos de éxito– que han ejecutado ambiciosas estrategias de crecimiento. El caso del operador postal francés, La Poste, es una comparación especialmente odiosa para Correos: con una estrategia de internacionalización sostenida en el tiempo ha conseguido convertirse en un gran operador global de transporte y logística con 240.000 empleados y 34 mil millones de euros de cifra de negocio. En el mismo período de 20 años en el que Correos ha tenido siete presidentes diferentes, La Poste ha tenido dos, con el actual presidente en el cargo desde 2013. Ambos tenían una sólida formación y una larga experiencia en gestión antes de unirse a La Poste. De ninguno de los dos se conoce una afiliación política concreta. 

Los lectores de este blog saben desde hace mucho tiempo que el poder político tiende siempre a sobrepasar los límites. Las empresas públicas españolas, Correos no es un caso aislado, son un buen ejemplo de ello: el Dedómetro 2024 confirma que, con independencia de la preparación de los directivos, estos están más vinculados a los partidos políticos que los nombran, en una tendencia negativa que se observa desde 2017 con una caída del indicador de independencia política por debajo de 5 sobre 10. Estamos ante un problema persistente y estructural. Dejo a los juristas valorar si nombrar altos directivos incompetentes es, además de una irresponsabilidad, otro tipo más de corrupción política. 

En cualquier empresa privada profesional, los altos directivos tienen su foco en servir a sus 

clientes a través de productos de calidad al mejor precio. Si tienen éxito, la compañía crece y los diferentes grupos de interés –clientes, accionistas y empleados– se benefician de ello. Si no tienen éxito, los accionistas buscarán mejores profesionales para conseguir sus objetivos de negocio. Los líderes de cualquier organización son casi siempre la clave de su éxito o su fracaso. Las empresas compiten por atraer y retener a los mejores; así de sencillo. 

El Dedómetro 2024 plantea varias recomendaciones de mejora para las autoridades y las entidades. Hay tres soluciones que están probadas hace mucho tiempo en la empresa privada y que contribuirían en favor de tener empresas públicas menos politizadas que presten servicios de calidad de forma eficiente: 

Primero, es esencial seleccionar a los altos directivos a través de procesos abiertos y competitivos. Uno de los principales problemas en la selección de directivos del sector público es la falta de transparencia y competencia. Estos procesos deberían incluir convocatorias públicas y la participación de comités independientes de evaluación. Los criterios de selección deben ser claros y objetivos, centrados en la experiencia, formación y competencias específicas necesarias para el puesto. 

Lo segundo es alinear la retribución con los resultados. En el sector privado, la retribución de los altos directivos está conectada con los resultados y alineada con los intereses de los accionistas. Esta práctica motiva a los directivos a alcanzar altos niveles de eficiencia y efectividad en su gestión. Para trasladar esta práctica al sector público, es necesario establecer una estructura retributiva que sea competitiva y transparente, con retribuciones adecuadas alineadas con las responsabilidades del puesto y con incentivos basados en el logro de resultados concretos. 

Por último, es clave retener a los mejores directivos a través de proyectos de largo plazo. La alta rotación en los puestos directivos es un problema significativo en el sector público. Para fomentar la estabilidad y la continuidad en la gestión, es esencial retener a los mejores directivos a través de proyectos de largo plazo. Esto puede lograrse ofreciendo contratos de desempeño con objetivos anuales claros y una duración mínima de cinco años, desvinculados de los ciclos electorales. 

La insuficiente profesionalización de los directivos del sector público español es un problema complejo pero no insuperable. Implementar un marco normativo riguroso para crear procesos de selección abiertos y competitivos, alinear la retribución con los resultados y retener a los mejores directivos a través de proyectos de largo plazo es esencial para abordar este problema de raíz. Al garantizar que los directivos del sector público sean seleccionados por su mérito y capacidad, se puede mejorar significativamente la gestión y eficiencia de las entidades públicas, beneficiando así a todos los españoles. Es hora de aprender del sector privado y aplicar estas lecciones para construir un sector público más competente, eficiente y menos politizado.

Un paso más a partir del Dedómetro: luchemos activamente contra la degradación de la democracia

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El magnífico trabajo realizado por nuestra Fundación Hay Derecho con el Dedómetro es absolutamente encomiable y necesario para los fines que perseguimos de la defensa del Estado de derecho y, una vez realizado, presentado y publicado, algunos nos planteamos cuáles debieran ser los siguientes pasos para continuar avanzando en nuestros objetivos.

Buscando la mejora de nuestras instituciones, el Dedómetro señala que su objetivo es analizar la adecuada selección de los máximos responsables del sector público institucional y empresarial, en cumplimiento, por otra parte, de los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Claramente, el informe, y así se señala, no tiene por objeto el posterior desempeño de las personas, empresas e instituciones cuya selección ha sido evaluada y que, en su caso, será objeto de otro análisis y evaluación.

Dando ese paso más en lo que han sido algunos procesos de selección y su posterior desempeño y partiendo del principio básico de que ocupar un puesto de responsabilidad, tanto en el sector privado como en el sector público, debe ser para servir a los objetivos del puesto y no para servirse en beneficio propio o de los afines del mismo, nos encontramos con algunos casos absolutamente flagrantes y ante los que no es posible mantenerse pasivos, como si lo que está ocurriendo fuera correcto o asumible, cuando se trata de una auténtica antidemocrática y supuesta ilegal vergüenza.

Para los puestos de responsabilidad política se pueden proponer a personas de confianza, siempre ha sido así, pero han de estar capacitadas para la función a realizar (este punto es el que se analiza ampliamente en el Dedómetro) y que la gestión se desarrolle con arreglo a la ley y no de manera descaradamente partidista y arbitraria incurriendo en desviación de poder e incluso prevaricación en algunos casos como a continuación veremos.

El Dedómetro pone de manifiesto que «nos encontramos ante un incremento de las relaciones políticas previas de los máximos directivos. Esto es, aunque los responsables directivos pueden estar mejor preparados, también están más vinculados a los partidos políticos que los nombran, por lo que la imagen de su imparcialidad se puede ver seriamente comprometida». Y esto, claramente, obedece a una clara intencionalidad y tiene consecuencias.

La piedra angular de la cuestión planteada es el art. 103 de nuestra Constitución, que nos recuerda que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales, y que las leyes deben regular el acceso a la función pública de acuerdo con «los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones». A su vez, el artículo 23.2 de la CE señala que los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Y, una vez más y lamentablemente, tales artículos se incumplen por parte de nuestros partidos políticos.

Las razones para los nombramientos en el sector público institucional y empresarial pueden ser variadas y se concretan, más o menos, en las siguientes: mérito y capacidad (sería lo deseable), confianza, agencia de colocación, agradecimiento de favores recibidos o por recibir (do ut des, o doy para que me des) y, lo que ya resulta inaceptable e intolerable, es que el nombramiento se haga para que el nombrado, de absoluta confianza del proponente, actúe en defensa de intereses de partido o personales. Este último supuesto es el que debe ser especialmente supervisado por las instituciones de control o contrapeso y, en su defecto, por la sociedad civil.

Probablemente, uno de los casos más flagrantes y que a estas alturas consta acreditado, es el del nombramiento y desempeño del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, que en nada responde a la finalidad que tiene dicho organismo público, que es el estudio científico de la sociedad española, y por supuesto tales estudios deben ser técnicos, objetivo e imparciales y hacerse siempre velando por el interés general y no el particular de nadie ni de partido político o ideología. 

¿Quién puede dudar a estas alturas que, como señala el periodista Kiko Llaneras en El País del pasado 12 de junio, analizando las encuestas de la elecciones europeas, el CIS es imparcial cuando dice que «el CIS lo hizo peor y sobrestimó a la izquierda, como en 41 de 42 elecciones desde 2018»? ¿Cómo pueden calificarse esas encuestas, muchas de ellas previas a un proceso electoral, como simples errores de evaluación técnica por incompetencia, o estamos ante una desviación de poder e incluso alguna conducta de ilícito penal? Merece la pena molestarse en leer la Nota de Prensa del CIS del 3 de junio de 2024 para opinar sobre su imparcialidad. Claramente, lo que está sucediendo no es democráticamente aceptable.

El Dedómetro, en su informe tantas veces citado, tiene un apartado dedicado al curioso caso Tezanos al que, con eufemismo, denomina «Cuando hacer encuestas se convierte en una cuestión política. El caso de Tezanos y el CIS». Título exacto y políticamente correcto, teniendo en cuenta los tiempos que corren.

Según se indica en el Código Ético y de Buenas Prácticas del CIS en su Introducción: «El CIS es un organismo público, y como administración instrumental ha de dar cumplimiento a los principios constitucionales de objetividad, eficacia, y servicio al interés general, y estar sujeto tanto a la Constitución como al resto del ordenamiento jurídico. De esta forma, dado su carácter público, debe inspirarse en una política de integridad institucional y gobierno ético materializado en la codificación de buenas prácticas, lo que no sólo no genera coste económico alguno, sino que ofrece beneficios obvios en términos de legitimación científica e institucional».

En cuanto al principio general de actuación de la Imparcialidad, en dicho Código se indica: «Los empleados públicos deben abstenerse de toda actuación arbitraria que pudiera afectar adversamente al ciudadano, así como de cualquier trato preferente. Además, no influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato, o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros».

A la vista de la gestión realizada por José Félix Tezanos, puede afirmarse que ha cumplido sobradamente con las razones e intereses de quien lo nombró, aunque ello tenga poco que ver, o nada, con el interés general al que se debe todo cargo público legítimamente ejercitado y, a la vista de lo que está sucediendo, parece que no se puede hacer nada y esto no puede ser así.

Y ello es así, como se señalaba en el artículo publicado por José María Pérez Gómez el 4 de mayo de 2013, con el título La desviación de poder: ese tabú jurídico: 

«En el ámbito del Derecho administrativo, se llama desviación de poder a un vicio del acto administrativo que consiste en el ejercicio por un órgano de la Administración Pública de sus competencias o potestades públicas para fines u objetivos distintos de los que sirvieron de supuesto para otorgarle esas competencias o potestades, pero amparándose en la legalidad formal del acto. 

Pero  la reticencia de los órganos judiciales para aceptar su existencia hace que en la práctica conseguir una resolución anulando un acto administrativo por esta causa sea cuestión ardua y difícil».

Ante dicha dificultad y aunque concurren elementos para ello, se está propiciando el empleo de la vía penal ante tan evidentes casos de presunta prevaricación o malversación y claramente, y a falta de organismos públicos que lo hagan, deberá ser la sociedad civil, una vez más, la que lo haga, ante una conducta tan bochornosa y antidemocrática como la que está desarrollando, con pleno conocimiento y alevosía, por José Félix Tezanos en el CIS, que con su conducta ha puesto en duda su profesionalidad e imparcialidad.

Dedómetro 2024: ¿en manos de quién está el sector público?

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En Hay Derecho nos hemos preguntado en manos de quién están las empresas y otras entidades del sector público con responsabilidad en la regulación y/o en el control de áreas clave para el buen funcionamiento institucional (organismos reguladores y autoridades independientes). Partimos de una premisa fundamental: si son entidades a las que se le ha conferido una naturaleza pública por su clara vocación de servir a los intereses generales, ¿no debería, entonces, asegurarse que estén al frente las personas mejor cualificadas? Por eso nos pusimos a investigar, y el resultado acaba de ser presentado: el Dedómetro 2024.

Nos referimos a empresas tales como Correos, Paradores, ADIF o Loterías del Estado; o a organismos reguladores como el Banco de España o la CNMC, por citar algunos de los cuarenta analizados.

Es oportuno recordar que el art. 103 de nuestra Constitución señala que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales, y que las leyes deben regular el acceso a la función pública de acuerdo con «los principios de mérito y capacidad». A su vez, el artículo 23.2 de la Carta Magna señala que los ciudadanos «tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes». Aspectos que refuerza y desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado a través del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que alude, junto a los principios de mérito y capacidad, al criterio de idoneidad y a la selección mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Recoge que el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.

Cuando hablamos de empresas públicas, resulta sorprendente que exista una práctica extendida de colocación en la dirección con criterios de afinidad política y al margen de exigirse una acreditada preparación para asumir una responsabilidad de tal envergadura que atañe funciones públicas. No obstante, hay excepciones.

Para indagar exactamente el alcance de este tipo de prácticas la Fundación Hay Derecho elabora el Dedómetro, estudio que mide y evalúa el mérito y la capacidad de los máximos directivos del sector público estatal en nuestro país, tomando una muestra de 40 entidades, en una serie temporal de 20 años (2004 – 2024), abarcando 8 legislaturas e incluido a 215 directivos. Lo hemos llevado a cabo mediante un análisis basado en datos y tras el diseño de una metodología específica de evaluación que tiene en cuenta la formación, la experiencia profesional general, la de gestión y la específica en la materia, a lo que se añade un factor de politización. El resultado es demoledor: solamente 39 superan el examen con una nota de 8 (notable). 

Mediante el Dedómetro, una investigación exhaustiva, rigurosamente cuantitativa —y poniendo a prueba el sistema de transparencia y acceso a la información pública— la Fundación Hay Derecho es la primera (y única) organización que ha venido trabajando en una trazabilidad sistemática de los currículums de quienes están en la primera división de la dirección del sector público.

En términos generales, se trata de un nuevo estudio que pone de manifiesto un elemento central para la calidad democrática: es necesario mantener una actitud alerta y vigilante sobre quienes conducen la gestión del sector público pues administran importantes fondos de recursos. Estamos hablando de directivos cuyo salario medio asciende a 158.915 euros/año, al cargo de presupuestos nada desdeñables (media analizada de 717 millones de euros) y al mando de equipos de entre decenas y miles de personas (3.228 empleados de promedio).

A pesar de estas cifras, sorprende, para empezar, que únicamente 11 de todas las entidades públicas exigen en su regulación requisitos específicos para acceder a su máxima dirección, ya sea en relación con el perfil o con el procedimiento de selección. Las pocas que incluyen requisitos son algunas de las autoridades independientes u organismos reguladores. Es decir, las empresas públicas están al albur del mangoneo de turno como si fueran un espacio de colocación de afines. Así lo corroboran los datos que, si bien muestran una leve mejoría en el indicador de experiencia, acentúan en cambio la politización de los nombrados.

Una cuestión es hacer depender la estrategia global de la entidad pública de la dirección política que imprima el Consejo de Ministros y otra bien distinta es hacer inviable un modelo de gestión profesionalizada con cierta estabilidad temporal. 

Y esto nos lleva a abordar otro de los elementos que hemos considerado en el estudio: la permanencia en el puesto. Uno de los datos más preocupantes es la alta rotación, no solamente en función de cambios de gobierno, sino de otros equilibrios políticos. La mitad de los directivos permanece en el cargo menos de tres años, habiendo ejemplos extremos de hasta nueve responsables al frente de una empresa pública en un periodo de 20 años (caso SEPES: Entidad Pública Empresarial de Suelo). Esta situación es, a ojos de cualquier persona, incompatible con la posibilidad de liderar y gestionar planes estratégicos a medio plazo. 

En complemento destacamos el incumplimiento flagrante de la normativa de transparencia de cara a ofrecer proactivamente información sobre el perfil profesional de sus propios directivos, así como otra veintena de indicadores. Hasta un 85% de las entidades reporta un deficiente cumplimiento de las exigencias contenidas en la ley estatal de transparencia.

Aunque la fotografía que hemos capturado con nuestro Dedómetro parece apuntar hacia aspectos fundamentalmente negativos y hacia callejones sin salida, hemos detectado casos de buenas prácticas que el informe pone de relieve. Evidencian que es posible hacerlo de otro modo que, sin duda, repercute positivamente en el interés general. 

Finalizamos aludiendo a dos de las recomendaciones que realizamos para mejorar la elección de los responsables de las entidades públicas: 

  • Establecer requisitos objetivos para acceder al máximo puesto directivo de la entidad.
  • Procesos de selección transparentes, abiertos y por concurrencia competitiva. Este proceso debería incluir, como mínimo, una convocatoria pública, la exigencia de que los candidatos presenten planes estratégicos para la entidad que aspiran a dirigir, la selección de una terna y el establecimiento de un contrato de desempeño.

Cabe preguntarse: si para acceder a la dirección de una empresa privada o de cualquier organización (esta Fundación mismo), se articula un proceso de selección con base en unos requisitos objetivos previamente definidos y se concurre a sabiendas de poder resultar elegida o no, al igual que es posible superar o no una oposición, ¿cómo es posible que asumamos que las empresas públicas estén al margen de procesos selectivos? 

No se trata solo de elegir bien, sino de asegurar además la atracción de talento, preservar la igualdad en el acceso a la función pública y que quienes resulten designados puedan llevar a cabo su responsabilidad poniendo el foco en su buen desempeño y no en el favor político.

El Dedómetro es una investigación necesaria y valiente, y además es de acceso libre: está a disposición de quien desee consultarla en este enlace. También será presentada en un acto público en Madrid el próximo 12 de junio a las 19h, del que se encuentran aquí los detalles.

La regeneración empieza por uno mismo: el CIS de Tezanos y otras historias de instituciones, por Elisa de la Nuez en ‘El Mundo’

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Es de suponer que la regeneración democrática anunciada por el Presidente del Gobierno tendrá que esperar a que pasen las elecciones europeas, o incluso a lo mejor a que se forme el nuevo gobierno catalán. Lo que es seguro es que no va a afectar a uno de los problemas clave en este ámbito: el de la ocupación partitocrática de las instituciones públicas, algo que sería muy sencillo de resolver desde el propio Gobierno sin necesidad de cambiar ni una coma de una ley. Bastaría efectivamente con que los partidos políticos, empezando por el PSOE, renunciasen voluntariamente al tradicional reparto por cromos de todas y cada una de las instituciones de este país, y pusieran al frente -preferiblemente concurso abierto y competitivo por delante- a profesionales independientes y respetados en el sector. Lo mismo podría hacerse a nivel autonómico. Dicho de otra forma, bastaría con que pusieran en la práctica los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al sector público. Fácil ¿no?

Pues se ve que no. Los problemas institucionales no figuran en la famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Es más, cuando en una entrevista concedida al periódico “El País” se le preguntó al Presidente del Gobierno si en el marco de esa futura regeneración democrática contemplaba la posibilidad sustituir al Presidente del CIS y frenar la deriva poco profesional y poco independiente de este organismo público, la contestación fue muy ilustrativa. José Félix Tezanos es un magnífico profesional. Podía haber añadido que era un magnífico profesional al servicio del PSOE y todo hubiera quedado más claro. En definitiva, la regeneración de las instituciones públicas ni está, ni se la espera. 

Por tanto, los ciudadanos que se quejan, con razón, del sesgo de las encuestas electorales del CIS, presididas por un ex miembro de la Ejecutiva del PSOE, los periodistas y políticos que hablan, con razón, del “CIS de Tezanos”, los analistas independientes que ponen de relieve una y otra vez los constantes errores de sesgo en las encuestas electorales -por cierto, siempre en la misma dirección sobrevalorando al PSOE en particular y a la izquierda en general e infravalorando al PP en particular y a la derecha en general-  y los profesionales y analistas que trabajan en el CIS tendrán que seguir esperando a una auténtica dirección pública profesional. Y eso que estamos hablando de una institución pública pagada con dinero de todos los contribuyentes y puesta al servicio descaradamente del partido en el gobierno.  

Desgraciadamente, el CIS de Tezanos es sólo un ejemplo ni siquiera demasiado extremo aunque sí muy vistoso de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público, que es la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines. Ya se trate de entidades públicas empresariales, empresas de la SEPI, empresas participadas por el Estado o de entes públicos de cualquier tipo y condición (incluidos los de garantía o control) se parte por el político de turno de la premisa de que están a su disposición para premiar fidelidades políticas o devolver favores personales o sencillamente colocar a amigos y familiares. En este sentido, la democracia no ha traído en todos estos años un verdadero cambio de esta cultura política profundamente clientelar que lleva vigente en España desde los tiempos de Pérez Galdós y que es capaz de subsistir a cualquier cambio de régimen. Cultura política que no es en absoluto la dominante otros países de nuestro entorno comparables en cuanto a población y PIB ni en el marco de la Unión Europea ni en el de la OCDE.

La razón de ser es muy sencilla: para presidir este tipo de entidades públicas con sueldos muy superiores a los del Presidente del Gobierno y sus ministros, no hace falta absolutamente nada. O para ser más exactos, sólo es preciso tener los contactos adecuados. Es decir, ni se requiere ser funcionario (como sí se exige para muchos altos cargos de la Administración aunque cada vez las excepciones sean más numerosas) ni tampoco hace falta reunir determinados requisitos de mérito y capacidad, tales como una determinada formación, experiencia en la materia, experiencia en la gestión de entidades de similar complejidad en cuanto a presupuesto y recursos humanos, etc, etc.  Salvo excepciones en las que las normas sí establecen algún tipo de requisito objetivo (por ejemplo, en Autoridades Independientes) o incluso aún cuando los establezcan si se interpretan de manera muy laxa, como ocurre en demasiadas ocasiones, la realidad es que a este tipo de puestos directivos puede llegar cualquiera, literalmente. 

De ahí que las entidades públicas sean especialmente atractivas para la colocación de aquellos que “se han portado bien” con el partido o con su líder, como le oí hace muchos años al responsable de uno de nuestros grandes partidos. En qué consiste ese “portarse bien” ya lo podemos dejar a la imaginación de los lectores. Lo que es seguro es que portarse bien con el partido puede consistir precisamente en portarse mal con los ciudadanos, especialmente si se utilizan los puestos y las funciones públicas para hacer favores a un partido determinado. 

Todo esto, como hemos indicado, se acabaría si realmente hubiera voluntad de regeneración democrática en algo que afecta a todos los ciudadanos, como es el buen funcionamiento de las instituciones, en particular de las de control y contrapeso, pero en general de todas y cada una de ellas. No olvidemos que si se ha decidido en algún momento que formen parte del sector público es porque se han identificado determinados fines de interés general que así lo justifican, ya se trate de actividades prestacionales, de entrega de bienes públicos, de prestación de servicios al mercado, regulación de un sector, etc, etc.  Lo que no tiene sentido es que la “defensa de lo público” no conlleve unos niveles mínimos de exigencia para dirigir entidades que forman parte del sector público. Es el mundo al revés: ninguna entidad privada y no digamos ya una de tamaño y relevancia semejantes a RENFE, ADIF, Correos, Isdefe, Paradores, la Agencia EFE, etc etc  selecciona a sus máximos directivos con tan poca profesionalidad y tan poca transparencia, es decir, sin atender a los principios constitucionales de mérito y capacidad. 

Para llamar la atención sobre esta anomalía, la Fundación Hay Derecho presenta su nuevo estudio sobre el mérito y capacidad de las principales entidades del sector público estatal el próximo 12 de junio, con una rueda de prensa previa el día 5 de junio. Nos parece que si -como señaló Felipe González en su entrevista al Hormiguero- la sociedad española está, al menos en cuanto a experiencia y preparación profesional, por encima del nivel de su clase política lo menos que debemos de exigir es una profesionalización de la dirección de nuestras entidades públicas. Entre otras cosas para que cesen de ocurrir episodios tan lamentables como nombrar a un personaje como Koldo García Consejero de una empresa pública como Renfe Mercancías. Sería algo que no solo no costaría dinero ni requeriría de largas reformas normativas sino que tendría un impacto muy positivo desde el punto de vista de la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones.  Y de forma muy inmediata, por otra parte.

En suma, habría que poner en marcha de una vez procesos públicos abiertos y competitivos para seleccionar a los mejores directivos públicos. Es cierto que todos los procesos de este tipo iniciados hasta ahora han fracasado por las constantes injerencias de los políticos, como ha ocurrido en el caso de n RTVE que merece un estudio aparte o en caso de la AEPD en la que directamente los partidos políticos decidieron primero los nombramientos con el tradicional reparto de cromos y luego montaron un procedimiento “ad hoc” para elegir a los ya elegidos, paripé que acabó anulado por el Tribunal Supremo. Por cierto, que la Presidenta de la AEPD sigue en funciones después de 5 años de acabado su mandato (igual que el CGPJ) y no parece que haya renovación a la vista. 

 Es cierto que también hay casos, si bien excepcionales, de buenas prácticas: la AIReF es uno de ellos y el Banco de España, otro. Pero son islas en un mar de clientelismo, y como tales islas uno no puede estar nunca seguro de que no quedarán sumergidas si sube la marea.

Y es que la voluntad auténtica de regenerar tanto en el ámbito privado como en el público es muy fácil de detectar: si existe se empieza por lo fácil, por lo rápido y por uno mismo.

Artículo originalmente publicado en El Mundo (04/06/2024).

La larga mano del gobierno en Indra

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Uno de los elementos característicos de nuestro tradicional clientelismo político es la falta de  dirección pública profesional en nuestro sector público. En la Fundación Hay Derecho hemos estudiado este fenómeno, que supone que cada vez que hay un cambio de Gobierno -o incluso de Ministro dentro del mismo Gobierno- cambian los directivos de las empresas públicas de nuestro país, ya se trate de Renfe, Correos, ADIF o INECO, por citar algunas de las más conocidas. No es un problema menor, dado que conlleva falta de profesionalidad (recordemos que el actual Presidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, era con anterioridad jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y por supuesto carecía de experiencia previa de gestión no ya en el sector sino en general) e inevitablemente,  falta de capacidad de estrategia y planificación, falta de criterio a la hora de elegir al equipo –se suele atender más a criterios de cercanía y afinidad que a criterios profesionales– y, en suma, una excesiva dependencia de directrices políticas. A esto cabe añadirle una excesiva rotación que dificulta o hace imposible mantener el rumbo estratégico de una empresa pública lo que provoca constantes bandazos, curvas de aprendizaje u ocurrencias puras y duras. Todo lo contrario de lo que necesita cualquier empresa, pública o privada.

Esta situación está tan interiorizada por nuestros políticos y nuestros medios de comunicación –yo he oído equiparar a un presidente de empresa pública con un secretario de Estado, sin ir más lejos, a la hora de defender que se trata de nombramientos políticos y que el gobierno puede nombrar a quien le parezca, faltaría más- que ya no sorprende algo que debería de producir un hondo rechazo a la opinión pública. Las empresas públicas no pueden ser juguetes en manos de los políticos de turno; entre ellas hay empresas de infraestructura de gran tamaño, que manejan ingentes presupuestos o/y que emplean a miles de trabajadores. El que sistemáticamente sean dirigidas por gestores poco profesionales, sin ninguna experiencia previa en el sector, sin la formación necesaria, sin capacidad de gestión y sin más aval que la proximidad al partido político de turno supone, en el mejor de los casos, que se mantenga a duras penas lo que hay o, en el peor,  que se empeore sustancialmente.

Este fenómeno, por supuesto, se produce con Gobiernos de uno y otro signo, dado que al final tanto el PP como el PSOE consideran este tipo de puestos como botín a repartir, máxime cuando se trata de los puestos mejor pagados del sector público, con sueldos muy por encima del que tiene el Presidente del Gobierno o sus ministros; el sueldo del Presidente de Correos es de unos 200.000 euros, por ejemplo. De ahí también que los nombres de los agraciados se repitan siempre cuando llega al poder el partido al que son afines, lo que provoca el fenómeno de que las mismas personas salten con desenvoltura de una empresa pública a otra, con independencia del sector. Es el caso, por ejemplo, de Marc Murtra, actual Presidente de Indra y persona cercana al PSC, que ha ocupado diversos puestos políticos y también ha sido directivo de entidades públicas durante el Gobierno de Rodríguez-Zapatero. ¿Directivos de amplio espectro o más bien políticos metidos a gestores?

Bien, dirán ustedes, pero eso, siendo muy lamentable, pasará sólo en las empresas públicas que son aquellas en las que el Estado (o las CCAA o los Ayuntamientos) tienen la mayoría del capital, es decir, más del 50% de las acciones. Pues la respuesta es que no. Pasa también en empresas privadas en las que el Estado tiene una participación, sobre todo si es significativa o si el accionariado está muy disperso. Existen, efectivamente, una serie de empresas en las que la participación del Estado (a través de SEPI, la Sociedad estatal de participaciones industriales) es minoritaria, pero relevante. Son nueve empresas, entre ellas Red Eléctrica (participación del 20%), Hispasat (7,41%) Enresa (20%)o Indra (18,41%). Son empresas teóricamente privadas, pero llama la atención que, en todas ellas, el Gobierno utiliza la misma lógica: designar al máximo responsable con criterios de afinidad o proximidad política aunque coticen en Bolsa, como es el caso de Indra, con los consiguientes riesgos para los accionistas. De hecho, este tipo de decisiones políticas no suelen ser bien recibidas en Bolsa, como ocurrió con el propio nombramiento de Murtra, si bien al final se nombró presidente no ejecutivo precisamente por la inquietud desatada por su designación. Otro caso similar ha sido el de Red Eléctrica, presidida en la actualidad por la ex Ministra de Vivienda con el PSOE  y registradora de profesión, Beatriz Corredor.

El último episodio por ahora, siguiendo con esta misma lógica político-clientelar, ha sido  la destitución de cinco de los ocho consejeros independientes de Indra que se oponían al interés del Gobierno de controlar el Consejo en una maniobra que parece más propia de pasillos o de despachos del partido que de empresas cotizadas. Efectivamente, resulta que varios accionistas –algunos próximos al Gobierno, Amber Capital, dirigido por Joseph Oughourlian que es también el máximo accionista de Prisa y Sapa Placencia, dirigido por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad- se han puesto de acuerdo entre bambalinas para tomar el control de la sociedad y, de paso, quitarse de encima  a  consejeros independientes molestos. Mientras esperamos que la CNMV tome cartas en el asunto conviene no olvidar que de aquellos polvos vienen estos lodos. O empezamos a tomarnos en serio la dirección pública profesional en el sector público y exigimos que cese el reparto del botín partidista en los máximos puestos directivos  o terminaremos convirtiendo empresas privadas estratégicas que cotizan en Bolsa instrumentos al servicio del Gobierno de turno. Por el camino se quedarán inevitablemente los buenos directivos, los consejeros independientes y probablemente los resultados. Normal que a la Bolsa no le gusten este tipo de aventuras: son impropias de economías avanzadas y  no auguran nunca nada bueno.

La farsa de los nombramientos en la Fiscalía

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El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, “una acción realizada para fingir o aparentar”. Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le dé la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías.

Para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no. Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas.

Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto. Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la fiscalía general a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y, por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de contraste. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y, si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género.

Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antigüedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y, por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales.

De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014. Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía.  Bueno, cosas que pasan.

De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antigüedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha más producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales).

El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias publicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica. Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad.

Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección, ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta vergüenza la llevamos padeciendo décadas.

Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón…?

Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.

¿Quién regula al regulador?

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Este post es una reproducción de un artículo de El Mundo.

Las instituciones de la Administración Pública constituyen el centro de gravedad permanente, social y jurídico, que soporta por entero el entramado público de un país, su organización, al generar confianza y seguridad, basadas en su reconocimiento íntegro y aceptación de su solvencia, forjada precisamente por el adecuado conocimiento técnico y por ende referencia moral que proyectan. De ahí la importancia de su prestigio, de la reputación de los miembros que las integran basada en su mérito y capacidad, y de la necesidad de cuidarlas.

Sin Estado no hay ni sociedad ni mercado, desde luego, ya que no basta la mera agrupación de una horda sujeta a la voluntad un jefe o caudillo, ni tampoco el asalto de las necesidades que tenemos todos de bienes, mediante el fraude, miedo o violencia por parte de poderosos desalmados. Y a su vez, en el Estado, cuando es de Derecho, son las Leyes, realizadas por representantes elegidos libremente, las que determinan cómo debe actuar el poder para lograr esos objetivos de disponer de los bienes, públicos y privados, en paz y seguridad si se demuestra que tiene que intervenir para equilibrar el campo de juego. Con toda exactitud ése es el papel de las instituciones administrativas, ya que, por una elemental división del trabajo, no podrían los pocos representantes parlamentarios hacerse cargo de la totalidad de las actividades y funciones del poder que exige una sociedad y sus ciudadanos.

Se necesitan miles, millones, de efectivos, trabajando en unas organizaciones segregadas del poder ejecutivo y cuya selección, precisamente para atender a los ciudadanos, impone que se haga garantizando la mayor calidad. Solo cuando se certifica que una institución está en manos de personas acreditadas y suficientemente preparadas, se les puede confiar esa misión, en la que está en juego, muchas veces la economía, otras el bienestar o inclusive la seguridad de los ciudadanos. Conviven perfectamente con la democracia representativa; aún más, ayudan a evitar la maligna democracia plebiscitaria de la que tan perversos ejemplos hubo en la Europa de entreguerras durante el pasado siglo, de los que hay ejemplos vivos en Latinoamérica, y que en Europa asoman ya Las instituciones administrativas son pues absolutamente necesarias y sin ellas, el puro poder político podría entrar a saco en la seguridad y bienestar de los ciudadanos. A mayor institucionalización, mayor calidad en la actuación del poder público. «Nada que esperar, nada que temer», tal sería el lema clásico de quienes las sirven. De ahí que si la cúpula responde a un mero reparto político, surjan de inmediato, cuestionamientos sobre su independencia.

Su máxima expresión son las agencias independientes, caracterizadas porque tienen como misión desarrollar y aplicar el contenido de normas de muy diferente índole, que ocasionalmente delegan en dichos organismos inclusive la capacidad y el poder de definir jurídicamente el campo de juego donde los diferentes actores sociales y económicos se mueven, es decir, los regulan. Y es característico que sus miembros sean nombrados de forma inamovible por un período que no coincide con el de las elecciones generales, ya que se trata, resueltamente, de evitar la coincidencia y alineación con el Gobierno, garantizando así su máxima independencia. Nada de orientación gubernamental, pues; más aún, pueden acabar oponiéndose al propio Gobierno. Las instituciones, cuando adoptan la forma de Autoridades independientes, suponen, en definitiva, fragmentar el poder político, que como hidra se extiende a todos los lados y rincones de la sociedad. Para ello, desgajan un ámbito objetivo de sectores que demandan una intervención muy técnica sobre los mismos, alejada desde luego de la improvisación, siendo más bien la reflexión académica, científica y experta, la que adopta resoluciones –nunca meras decisiones– fundadas en el conocimiento, con transparencia, sometidas a pruebas a través de procedimientos y finalmente siempre sujetas a control judicial.

Esas Autoridades nacen para lograr el juego justo y limpio en los intercambios sociales en que medie poder y desigualdad y por ello florecieron en el ámbito de la economía; pero no solo en ese campo: también cuando existan bienes públicos en juego que no puedan ser resueltos simplemente mediante la habitual intuición e improvisación políticas que se basa en la pura decisión o negociación. Al contrario, las instituciones resuelven tras una meditada reflexión, sujeta a contraste de terceros (autoridades supranacionales, jueces, etc.) y procedimientos perfectamente controlables, transparentes y autorizados por su innegable auctoritas. En Europa se adoptaron procedentes de Estados Unidos, país que, con todos sus defectos, algunos enormes, nos recuerda permanentemente que jamás hubo un golpe de Estado que lograra sus objetivos de establecer una dictadura (ni siquiera la fanfarria que entre charanga y brutalidad tuvo lugar el pasado seis de enero cuando una turba supremacista asaltó el Capitolio).

Se trata, desde Jefferson, de reconocer que la Democracia sirve exactamente para elegir representantes, pero que existen ámbitos que no se resuelven votando, al exigirse una resolución técnica inasequible en su formulación por el simple hecho de ser ciudadano. Así valorar si detener la cotización en Bolsa de un valor no puede quedar al albur de lo que nos parezca por caernos bien la compañía y votemos alegremente expulsarla del parqué, o autorizar una concentración no depende de la percepción que tales empresas tengan en la opinión publicada y la sometamos al voto ciudadano. Tales actos no son puras decisiones sobre las que tengamos nada que decir votando. Son, de forma decidida, acciones que han de respaldar quienes con auctoritas, por su conocimiento y trayectoria, las puedan justificar motivadamente en términos de alta especialización mediante una resolución contrastable. Por ello, ha de confiarse solamente en quienes tengan formación e independencia de criterio, con un cursus honorum plenamente justificado, pero nunca en quienes, devocionarios del poder, preguntan al jefe político qué han de hacer y desde luego, si se les cuestionara sobre ello, nada tendrían que decir porque nada saben sobre la materia.

Experiencia e independencia, conocimiento y autonomía, son esenciales para garantizar los bienes públicos en juego: certeza económica, igualdad ante la ley, prestigio estatal, reputación pública, en definitiva, todo lo que hace que estar en un país sea algo atractivo por su estabilidad y seguridad, por su igualdad de oportunidades para todos, en fin, por ese poder blando que significa la cultura del mérito, clave para que todos los derechos e intereses sean tratados por igual y con corrección. Y los países con ese poder blando resultan sin duda, los más seguros para vivir, los más interesantes para invertir, los mejores para tener un proyecto personal, para promocionar e innovar. Porque las acciones que se adopten sobre los administrados, serán fiables, incluso predecibles técnicamente o al menos defendibles, sin estar al albur del capricho político del sátrapa de turno.

En cuanto los designados no tengan otro currículum que el carnet del partido y la consecuente devoción por el jefe que los nombra y que, todo lo da y todo lo quita, se impone el capricho y mengua la razón. Algo que todavía no ha sucedido (con alguna necia excepción) ni debe suceder. Las instituciones así dejarían de serlo, entonado un puro canto de cisne en cada decisión ignorante, política, servil en que cada vez que un administrado se acerque a ellas, habrá melifluamente de avecinarse y simpatizar con el partido de turno, en un trágala permanente, corrompiendo sus derechos mediante el simple mecanismo de abatirlos en un eclipse total, subordinando así a la ignorancia y politización todo lo que le interesa. Pasando por encima de ellas, además del decidido propósito de controlar prensa y jueces, secan algunos partidos políticos y sus jefes, dictócratas, todo elemento de contrapoder, alcanzando a tales instituciones administrativas que quedan reducidas a ceniza, como muestra el ejemplo de Venezuela. Más que resoluciones, son esperpentos administrativos, más que Instituciones, farsas en el callejón del Gato administrativo. Mantengamos siempre la calidad de sus órganos y personal. Evitemos su politización. Nos jugamos mucho en ello.

Partidos de cargos públicos y dirección pública en España

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“En política, los partidos o están en el gobierno o esperando gobernar. Ahora todos ocupan cargos” (P. Mair, Gobernando el vacío, Alianza, 2013, p. 99)

“El patronazgo y el clientelismo son otras dos herramientas con las que los partidos controlan su entorno, obtienen recursos y atraen y compensan a los afiliados” (P. Ignazi, Partido y democracia, Alianza, 2021, p. 358)

 

La penetración de la política en la alta Administración y en su sector público

Si bien es algo muy sabido, es obvio que las estructuras directivas del sector público en España tienen una elevadísima penetración de la política, lo cual en sí mismo es una rémora inmensa para cualquier proceso que se pretenda de profesionalizar la alta Administración o de salvaguardar la eficiencia y la imparcialidad de las organizaciones públicas. Los intentos normativos de profesionalizar la dirección pública, muy pobres en su trazado y más tímidos aún en su ejecución, han sido un evidente fracaso. Las pocas leyes autonómicas que se han aprobado y que regulan la DPP, se hacen trampas en el solitario: al final, la DPP se ha convertido en una libre designación travestida. Quizás alguien se pregunte por qué lo que se ha terminado implantando en la inmensa mayoría de las democracias avanzadas, cuesta tanto que aquí arraigue.

Razones hay muchas, y no es mi intención abordarlas en un espacio tan limitado como es un post. Pero, sin duda, el freno más evidente a la institucionalización de estructuras directivas en nuestro sector público procede de que una vez ocupado intensivamente ese espacio por la política las resistencias a abandonarlo son numantinas. Y entre ellas destaca una especialmente: la amplísima nómina de personas que viven de la política o de desempeñar cargos políticos y directivos, que se ha ido incrementando con el paso de los años. Satisfacer a tales clientelas requiere disponer de un abanico cada vez más extenso de cargos públicos para distribuir entre los fieles.

En realidad, como han estudiado Peter Mair y, más recientemente, Piero Ignazi, los partidos políticos viven ya adosados a las instituciones y, en especial, a las administraciones públicas que son proveedoras de innumerables cargos públicos de naturaleza intermedia o incluso de posiciones de asesores o de personal de confianza. José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro escribían en 2019 (Desprivatizar los partidos, Gedisa) que la nómina de cargos públicos (representativos y ejecutivos), o de quienes vivían de la política en España, superaba las ochenta mil personas, llegando incluso a rondar las cien mil. Desconozco cómo se hizo el cálculo, pero intuitivamente sí que se puede afirmar que son decenas de miles quienes desempeñan cargos públicos de confianza política en las administraciones públicas y en su sector público.

 

Partidos “de cargos públicos” y Dirección Pública en España

Los viejos partidos decimonónicos de cuadros o de notables -como estudió en su día Maurice  Duverger- se transformaron en el siglo XX en partidos de masas (o con fuerte afiliación), para involucionar a finales del siglo pasado y en el siglo XXI hacia una modalidad ya dominante de partidos de cargos públicos (esto es, partidos con menos militantes y sin apenas vida interna, que son estructuras de distribución de cargos a quienes principalmente se arriman quienes quieren vivir de la política).  Hoy día la práctica totalidad de los partidos tienen esa factura.  Los congresos, asambleas, convenciones de los partidos o, incluso, algunos mítines, son actividades a las que ya solo asisten en su mayoría cargos públicos del partido.  Ciertamente, se objetará a lo anterior que hay partidos en la oposición que no tocan poder; pero, parafraseando a Peter Mair, en realidad los partidos están en el poder (y, por tanto, acumulan amplias bolsas de cargos públicos para su reparto) o se encuentran en la sala de espera para acceder al poder (y, por consiguiente, tienen expectativas de alcanzar esa distribución discrecional de sinecuras).  Los medios actúan de altavoces de quienes ya no arrastran apenas a la ciudadanía.

La patología española radica, sin embargo, en una combinación diabólica que consiste en una multiplicación territorial de niveles de gobierno, algunos de ellos con nóminas muy generosas de cargos directivos, a lo que se suma una cultura de clientelismo político muy acusada, y para cerrar el círculo aparecen dos ingredientes que distorsionan más aún el panorama: la política miope y de liderazgos cortoplacistas que nos gobierna no ve ningún valor añadido en la profesionalización de las estructuras directivas, porque cercena “su poder” (caso de triunfar dispondrían, por tanto, de una menor bolsa de reparto; o no pueden recolocar a los suyos)  y desconfían, así, que sean altos funcionarios imparciales quienes ejerzan esas funciones que ahora son desempeñadas unas veces por militantes del partido y otras por amigos políticos, aunque tengan la condición de funcionarios. El terrible péndulo de nuestra historia político institucional asoma de nuevo: la tensión entre politización y corporativismo; pues tampoco esta última solución resuelve el problema. El hecho diferencial radica en que el nuestro es probablemente el país de la Unión Europea que tiene el grado más intenso de penetración de la política en las estructuras de la alta administración. Y cambiar eso supondría una auténtica revolución en la forma de entender la política y lo público, que absolutamente ningún político quiere liderar, por la cuenta que le trae. Tienen (o eso piensan) mucho que perder. Y ninguno es capaz de vislumbrar las ventajas que conlleva para la propia política una gestión de excelencia e integridad.

Con este contexto sumariamente descrito, pretender que se va a implantar en España la profesionalización de las estructuras de la alta Administración, es soñar despiertos. Algunos de los partidos que están en la oposición pueden tal vez tener destellos que les iluminen en torno a la necesidad existencial de despolitizar la Administración (y, de paso, el resto de instituciones, también las de control, que están literalmente ocupadas por los amigos políticos de quienes están en el poder o de quienes se lo reparten sin disimulo); sin embargo, cuando tocan poder –tal como hemos visto- sus actitudes y comportamientos cambian radicalmente: beneficiar a los suyos y a sus próximos se convierte en su hoja de ruta. Personas sin oficio o sin apenas ejercicio profesional ingresan o promocionan en los partidos con la exclusiva finalidad para hacer política a través de “pillar” cargos en la Administración, que en algunos casos ya se asemeja a una entidad de beneficencia o de socorros mutuos. Las ubres presupuestarias, como diría Galdós, dan leche para todos. Así los políticos (también en ciertos casos familiares o amigos de ellos que ingresan por la puerta falsa en las nóminas de la Administración), se adosan firmemente al poder, desde donde mediante una rotación interna y grosera de puertas intercomunicadas o puentes de plata van saltando de un cargo público a otro hasta que el cuerpo y el presupuesto lo permitan.

 

Consecuencias de la politización de la alta Administración

No me detendré en todas las consecuencias que este fenómeno descrito tiene sobre la política y la acción pública en España. Omitiré ahora, pues requiere un tratamiento monográfico las conexiones entre politización y corrupción, que no son pocas. Tampoco haré mención a la quiebra de la continuidad de las políticas públicas y sus costes económicos, directos o indirectos, por efecto de la rotación constante de directivos públicos. Nada de esto es gratis. Pero conviene detenerse en algunas de ellas. Así, los partidos de cargos públicos designan personal directivo muchas veces con competencias directivas escasas o nulas, fieles a la causa y a sus consignas, con fecha de caducidad en su ejercicio, pero además timoratos o asustadizos, que nada hacen para seguir estando como están, ya que para ellos lo importante es retener el poder (“no cometer errores” ni tampoco “hacer mucho ruido”: pasar desapercibidos) de tal modo que puedan seguir disfrutando de la nómina a fin de mes. Por tanto, ese tipo de partidos son viveros de gobernantes arrugados (hoy día una fauna abundantísima) o, en el otro lado, de políticos de factura populista o demagógica, cuando no de vendedores de humo o de innovaciones importadas para mayor gloria de sí mismos, que nada quieren reformar o, peor aún, que hacen como que reforman y en realidad nada transforman. Se trata de atender a sus potenciales electores con cantos de sirena para que les renueven el voto y seguir enchufados así perennemente a los presupuestos públicos. Con ello palian el shock existencial que comporta la pérdida del poder y de aquellas prebendas que se anudan a su ejercicio. Quedarse sin nómina pública es la gran pesadilla de los políticos y directivos de esa extracción. Y a veces pasa. Pero, por lo común, pronto son recolocados, allá donde se pueda.

Con ese modo de hacer (mala) política es muy fácil que el país colapse, simplemente porque su impotencia produce una esclerosis institucional múltiple, también de sus propias administraciones públicas, motores de una transformación gripada. Los partidos de cargos públicos –profundizando en la deriva que el propio Max Weber identificó tempranamente- ya solo piensan en ellos, en retener el poder, ganar elecciones y seguir repartiendo prebendas. Su fin último es seguir en el poder. No tienen otro interés. Hace ya mucho tiempo que se olvidaron de los demás, aunque con su impostura habitual se les llene la boca de discursos bonitos y de comunicación vacua que tiene como foco impostado a las personas. Los directivos profesionales ni están ni se les espera, al menos mientras quienes gobiernan los partidos y las instituciones no entiendan que hacer política pensando en la ciudadanía es otra cosa muy distinta y distante de lo que han ejercido y están ejerciendo hasta la fecha. La buena política sin gestión eficiente y sin integridad es un eslogan sin contenido. Dura lo mismo que el entusiasmo, siempre efímero y caprichoso: prácticamente nada.

(…)

 

Apostilla personal

Hace casi treinta años, inspirado en lo que se hacía en otras democracias avanzadas y en algunos trabajos pioneros en España, publiqué mi primer estudio sobre la dirección pública y la alta administración (en el número 32 de la Revista Vasca de Administración Pública). Poco después escribí el libro Altos cargos y directivos públicos. Un estudio sobre las relaciones entre política y administración en España (IVAP, 1996 y 1998). Ya entonces denunciaba la politización y abogaba por la profesionalización de tales estructuras directivas. Desde entonces mucho se ha escrito, yo también, sobre ese objeto. Dejé de escribir sobre ello (2010) cuando fui consciente de que a la singular política española le interesaba un carajo la profesionalización de la dirección pública. Y era poco menos que predicar en el desierto y perder el preciado tiempo del que uno dispone. Desde finales de los años noventa y principio de este siglo, han ido emergiendo cada vez más defensores de la dirección pública entre académicos y altos funcionarios, pero sus generalmente espléndidas contribuciones bibliográficas (tesis, libros, artículos, etc.) y constantes proclamas (en algunos casos incluso asociativas) apenas cruzan los férreos muros de una vieja política que vive fortificada en su cerrado y caduco mundo.

A raíz de esta fuerte corriente académica y profesional, la dirección pública profesional llegó incluso a adornar programas electorales y de gobierno. Se coló incluso de tapadillo en algunas leyes (con más voluntad que acierto, como la desgraciada regulación del artículo 13, número maldito, del TREBEP). Reaparece en algunos proyectos de ley. Pero, la clase política española (incluyo en ella a la proveniente de todos los territorios, ya sea de naciones, nacionalidades, regiones o cantones, que al fin y a la postre tienen las mismas patologías), está anclada en la ancestral cultura de clientela y de reparto del botín. Y, por mucho que se difundan las ventajas de disponer de directivos profesionales, nada realmente se hace en nuestro sector público. Hay algún movimiento tibio en alguna comunidad autónoma, que no termina de cuajar. Y esta parálisis generalizada no es gratis, sus costes son altísimos.

El pobre funcionamiento de muchas de nuestras Administraciones Públicas y la impotencia reformadora o transformadora también obedece a que los niveles directivos rotan con una facilidad pasmosa (sin estabilizar las políticas ni sus resultados) y, en no pocas ocasiones, están cubiertos por fieles al partido que no reúnen los estándares de profesionalidad necesarios (por cierto, cada día más bajos). Cuando se mira este problema desde la atalaya de una edad ya madura, se observa con desconsuelo el panorama que precede y el que, si nadie lo remedia, seguirá después.  Y se tiene la percepción cada día más intensa de que ni este país ni sus gentes se merecen esto. Sin embargo, parece una condena bíblica. Si uno analiza nuestra historia, quedará sorprendido de cómo se repiten las patologías y los estereotipos en lo que a las relaciones entre política y administración respecta. Decididamente, no hemos aprendido nada. Pero eso, para otro día. Por hoy, ya basta.

Las duplicidades en los Servicios de Emergencias en la Comunidad de Madrid: El Madrid 112

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La Fundación Hay Derecho ha comenzado la realización de un nuevo estudio sobre la meritocracia y el grado de profesionalización de los máximos responsables de los entes públicos de la Comunidad, dentro de nuestros “dedómetros”. Hace un año la Fundación ya llevó a cabo un estudio de igual naturaleza analizando una muestra de entidades públicas del ámbito estatal, y ha decidido ahora continuar este análisis a nivel autonómico.

La convocatoria de las elecciones a la Asamblea de Madrid hace aún más relevante este estudio, que provee a los ciudadanos información sobre cómo y quién está gestionando el dinero público. Comenzamos por ello a publicar la información hasta el momento reunida sobre los casos más interesantes.

Una de las primeras entidades estudiadas ha sido el organismo autónomo Madrid 112, organismo dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas creado en el año 2002 y cuya función es la atención a las llamadas de Urgencia realizadas al número 1-1-2 en la Comunidad de Madrid, así como la gestión y mantenimiento del canal de urgencias y su remisión a las entidades competentes. Sin embargo, sorprendentemente en la Comunidad existe ya una entidad superior encargada de cumplir funciones similares al organismo Madrid 112, la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

Veamos esta extraña duplicidad. La Agencia de Seguridad y Emergencias 112, además de atender a las llamadas del número 112, tiene como misión la coordinación de los servicios de emergencia, la prevención y extinción de incendios y salvamentos, la atención a las víctimas del terrorismo y, por último, la coordinación de la acción del Organismo Autónomo Madrid 112, entre otras funciones. Como se puede observar, según la propia explicación facilitada en su Portal de Transparencia, el Organismo Autónomo cubre funciones ya desarrolladas por la Agencia. Se trata, aparentemente al menos, de una duplicidad en la gestión y coordinación de un servicio tan fundamental como es el de emergencias en la Comunidad de Madrid. Es interesante destacar que el salario de su máximo directivo actualmente es de 93.855 euros al año, es decir, se trata de un puesto muy bien remunerado por lo que no es de extrañar que se haya convertido en un ‘puesto recompensa’ para personas cercanas al gobierno de la Comunidad, como veremos más adelante, sin que los perfiles profesionales tengan mucho que ver con las funciones del organismo. Todo lo contrario de lo que observamos en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

El caos producido por el temporal Filomena en enero de este año en Madrid puso bajo lupa los servicios de emergencias en la Comunidad. De ahí que el grupo parlamentario de Ciudadanos realizara una propuesta en la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno autonómico a integrar el 112 en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 y evitar la señalada duplicidad. La propuesta fue aprobada por unanimidad de la cámara en febrero de 2021. A pesar de ser una buena noticia para evitar organismos paralelos en la Administración madrileña, esta decisión debería haber llegado antes, puesto que un análisis de los máximos directivos de este organismo autónomo permite comprobar con facilidad como Madrid 112 se había convertido en una sinecura para personas cercanas al Gobierno regional por un motivo u otro. Para explicarlo, nada como examinar las trayectorias profesionales de los gerentes del Madrid 112.

La actual presidenta de Madrid 112 desde septiembre de 2019 es Ángeles Pedraza Portero, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo desde 2010 al 2019, con una trayectoria profesional previa desarrollada en El Corte Inglés como secretaria de Administración y Técnico Textil y de Compras. En 2019 ocupó durante unas breves semanas la gestión del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo y el Comisionado para la Cañada Real Galiana hasta, finalmente, llegar a su actual puesto al frente del Madrid 112. Pedraza ha sido una persona muy ligada al Partido Popular madrileño, llegando incluso a formar parte de las listas para el Senado en las elecciones de 2019. De hecho, su ascenso al actual puesto está estrechamente relacionado con sus buenas relaciones dentro del PP madrileño.

Su predecesora en el cargo, Inés Berrio, también tenía un perfil muy ligado al PP: de hecho,ha desarrollado una carrera profesional política dentro del partido. Licenciada en Sociología por la Universidad Pontifica de Salamanca, ha sido concejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada durante los años 2007-2011; posteriormente, fue concejal delegada de Seguridad, Circulación y Transportes en el Ayuntamiento de Collado Villalba de 2011 a 2015 y también diputada de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Es, de nuevo, ejemplo de una trayectoria ligada al partido que se ha visto recompensada con la gerencia de Madrid 112.

El anterior gerente de Madrid 112, Javier Orcaray Fernández, es politólogo de formación por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó al cuerpo de policía nacional en 1997 y, desde entonces, fue ascendiendo hasta llegar a ser responsable de las UIP en 2014 con el gobierno de Cristina Cifuentes. Un año más tarde pasaría a ser el responsable de Madrid 112. Por último, Gonzalo Quiroga Churruca fue periodista en El Diario Vasco de San Sebastián, labor que dejó para ser el gerente del Partido Popular en Gipuzkoa, antes de pasar al mando de Madrid 112.

Con este análisis, la Fundación Hay Derecho quiere poner de manifiesto la falta de una dirección pública profesional y con la suficiente neutralidad e independencia en numerosos entes de nuestro sector público. En este caso, al haber una continuidad política en la Comunidad de Madrid en la que el PP lleva gobernando más de 25 años, no se han observado cambios relevantes en los máximos responsables de los organismos con cada nuevo cambio de gobierno tal y como se observaron en el Estudio sobre meritocracia a nivel nacional. No obstante, sí que se observa una alta rotación –cuatro responsables en menos de diez años— y una clara falta de experiencia y formación previa relacionada con la materia. Cierto que al estar duplicadas sus funciones con las de la Agencia 112 (donde la profesionalización es mucho mayor), podemos consolarnos pensando en que el desatino no ha sido para tanto. Pero no parece que el sector público deba ser una agencia de colocación del partido de turno a costa del contribuyente.

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