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DEDÓMETRO V: El juego de la oca

Presentamos hoy un nuevo avance de resultados de “El Dedómetro”, el proyecto de la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos.

Aena SME, S.A. es la sociedad mercantil estatal que gestiona los aeropuertos y helipuertos españoles de interés general. Al analizarla dentro de nuestro proyecto de “El Dedómetro”, hemos observado que nos sirve para ilustrar uno de los efectos de la colonización de nuestras instituciones: el de los nombramientos al más puro estilo juego de la oca. 

¿A qué nos referimos? Pues a personas que “concatenan” diferentes cargos directivos públicos siempre bajo el Gobierno de un mismo color (hasta ahora o bien gobiernos del PSOE o bien gobiernos del PP). Lo único que el tradicional “de oca a oca y tiro porque me toca” lo podríamos adaptar aquí a un “de cargo a cargo y sigo porque me toca”.

Y es que uno de los efectos que hemos observado como consecuencia de la falta de meritocracia y la ausencia de mecanismos de selección públicos, transparentes y objetivos es que los responsables del Gobierno de turno tienden, en muchas ocasiones, a elegir a las mismas personas para diferentes puestos directivos de máximo nivel dentro del sector público. 

Dicho de otra forma: una de las consecuencias de la falta de meritocracia es la endogamia. Y es que en el sector público asistimos a movimientos de personas que ocupan altos cargos de lo más variopintos al albur de un determinado Gobierno (hasta ahora PP/PSOE). Eso sí, cuando no gobierna el partido de su “color”, las trayectorias profesionales de esas personas abandonan las altas esferas públicas y según el caso o se vuelven a la administración si son funcionarios, o vuelven al partido político de turno o ejercen alguna actividad en el sector privado. 

Este fenómeno está intrínsecamente relacionado con unas instituciones públicas donde prima la dedocracia. No podemos obviar que en el sector privado no resulta nada fácil ocupar puestos directivos de alto nivel en diversas empresas sobre todo de diferentes sectores de actividad. Esos “saltos” son complejos, sin embargo, en la esfera pública resultan mucho más sencillos con la “conexión” adecuada. 

Al analizar Aena nos hemos encontrado que tanto el actual como en el anterior Presidente-Consejero delegado de la entidad tienen experiencia previa en cargos públicos, uno con el PSOE y el otro con el PP. Repasamos brevemente su trayectoria. 

Mauri Lucena, actual Presidente-Consejero delegado de Aena, llegó al cargo tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno. Procedía del Banco Sabadell, puesto al que llegó tras ser el portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña. Esa fue su experiencia profesional durante los Gobiernos de Rajoy, pero con Zapatero como Presidente del Gobierno, ocupó dos altos cargos en la Administración General del Estado. Primero, de julio 2004 a mayo 2010, fue Director General del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) y desde mayo de 2010 hasta febrero de 2012 fue vicepresidente ejecutivo (CEO) de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España). Fue cesado de su puesto en ISDEFE tras el cambio de “color” en el Gobierno. 

Por otra parte (en el lado del PP), tenemos a Jaime García Legaz, que fue Presidente-Consejero delegado de Aena entre octubre de 2017 y julio de 2018. Su nombramiento se produjo durante el segundo mandato de Rajoy al frente del Gobierno. Antes de llegar a Aena ocupaba el puesto de Presidente de CESCE (compañía de seguro de crédito a la exportación) y justo antes fue titular de la Secretaría de Estado de Comercio. En resumen, en los casi 7 años de Gobierno de Rajoy “encadenó” tres altos cargos diferentes. 

Cabe señalar que no pretendemos en ningún caso juzgar la valía profesional de los dos últimos presidentes de Aena. Lo que queremos poner de relieve es que, si el nivel de politización de nuestras instituciones fuese menor, no serían tan común ocupar varios altos cargos de diferente índole bajo un Gobierno del mismo color. 

En el momento en el que escribimos estas líneas desconocemos cuál será el Gobierno resultante de las últimas elecciones generales celebradas el pasado 10 de noviembre. Actualmente la alternativa que más visos tiene de prosperar es una coalición PSOE-Podemos. Ambos partidos han alcanzado un acuerdo con 10 puntos donde uno de ellos se denomina “Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción”. 

Promover la meritocracia, la transparencia y la concurrencia en la designación de los máximos responsables del sector público sería una medida excelente de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. El problema es que ni Pedro Sánchez ni el PSOE en general han sido capaces de ponerla en marcha gobernando en solitario (al igual que el PP). ¿Serán capaces en un gobierno de coalición?. 

 

Dedómetro IV: ¿Qué ocurre en Correos?

Correos, una empresa estatal con más de tres siglos de historia y diseñada por ley para prestar un servicio postal universal, es una de las principales compañías nacionales por tamaño, contando con una plantilla de 53. 605 trabajadores y una cifra de negocios que ascendió a 2.035.632 euros en 2018 -aunque a su vez arrastra un déficit estructural de en torno a 220 millones, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicado en julio de este mismo año-. El mismo informe sitúa a Correos como el grupo postal más deficitario de Europa, con pérdidas que pueden llegar a alcanzar los 1.727 millones  en los próximos cuatro años. En los Presupuestos Generales del Estado de 2019, se asignó a Correos una subvención de 150 millones.

No parece, por lo tanto, el destino idóneo para alguien sin experiencia ninguna en materia o de gestión. Sin embargo, eso es lo que sucedió en Julio de 2018, cuando el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E nombró a Juan Manuel Serrano Quintana como presidente de Correos. Serrano Quinta desde 2014 fue jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español. Ingeniero Técnico de Informática, Serrano desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). No tiene por lo tanto experiencia de gestión al más alto nivel, y nunca ha desempeñado labor ninguna dentro de la compañía o en el sector.

Este perfil de nombramientos no es desconocido para nuestros lectores, ni tampoco para Correos. Desde 2004, fecha de corte de nuestro estudio, Correos ha tenido un total de 6 presidentes. Juan Manuel Serrano Quintana elegido en julio, 2018, durante el Gobierno de Pedro Sánchez; Javier Cuesta Nuin, marzo 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy; y Ángel Agudo San Emeterio, Alberto Lafuente Felez, Sixto Heredia Herrera y José Damián Santiago Martín, todos ellos elegidos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011.

Cabe destacar que salvo el de Javier Cuesta Nuin, todos los nombramientos tuvieron cargos relacionados con el partido que los nombró (en este caso el PSOE),  y que la mayoría no tenían experiencia en gestión de este tipo de empresas. Y dos de ellos, José Damián Santiago Martín y Alberto Lafuente Felez se movieron por diversos altos cargos. Santiago fue nombrado Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y Lafuente presidente de la Comisión Nacional de la Energía después de su breve estancia en la empresa. Correos (a pesar de ofrecer una remuneración en torno a los 200.000 euros anuales a su máximo directivo) no suele ser el destino final.

También cabe destacar la asombrosa frecuencia de rotación en el puesto de directivo. En Correos ha habido, entre 2004 y 2012, un total de 5 presidentes, un promedio de uno cada año y siete meses. En comparativa su homóloga francesa, La Poste, ha tenido solo dos directivos en 10 años (y 892 millones de beneficios, demostrando que incluso en 2019 es posible ganar dinero como una empresa de servicio postal, o por lo menos no perderlo). Es difícil que estos directivos hayan tenido tiempo para poco más que conocer la empresa, máxime teniendo en cuenta su poca experiencia previa en puestos similares. También es difícil de comprender cómo la empresa puede diseñar una estrategia a medio o largo plazo para salir de su difícil situación actual con este nivel de rotación. Claro que a lo mejor esto no es su mayor preocupación.

Quizás esto explica el que la impronta que puede dejar un directivo de estas características se limite a cambios cosméticos. Recordemos que el último mes de junio saltó al plano nacional la decisión de Correos de cambiar el logo de la empresa, quitándole cuatro puntos a la tradicional corona, algo que fue duramente criticado dado lo mínimo del cambio y el elevado coste de realización (unos 200.000 euros). O no solo cambios cosméticos, dado que el mes pasado Correos abrió la mayor convocatoria de contratación de personal desde 2004: 4.005 plazas de personal laboral fijo. Justo a tiempo para las elecciones.

Uno no espera que una compañía de mensajería consiga acaparar muchas portadas. Pero lo cierto es que por dedazos, déficit presupuestario y controvertidas decisiones de marketing Correos lo está consiguiendo. No es algo de lo que estar muy orgulloso,

Dedómetro III: desmontando algún mito

Presentamos hoy la tercera entrega de avance de resultados de “El Dedómetro”, el proyecto de la Fundación Hay Derecho para medir el nivel de politización y amiguismo en la designación de los principales ejecutivos de organismos públicos.

Después de la AEDP (Agencia Española de Protección de Datos) y la SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado), le toca el turno a la Entidad Pública Empresarial Red.es, cuyo caso nos sirve para desmontar un mito: los cambios en los directivos del sector público se producen solamente cuando cambia el partido de turno en el Gobierno (PP / PSOE). 

Es cierto que cuando cambia el color del Gobierno, una de las primeras consecuencias que observamos es el “baile” en los máximos responsables del sector público y suele tener cierta repercusión mediática. Por ejemplo, el cese y posterior nombramiento de más 300 altos cargos tras convertirse Pedro Sánchez en Presidente de Gobierno.  

Pero no menos cierto es que el “baile” de directivos públicos se produce también cuando hay cambios o tensiones dentro de un Gobierno, sin que cambie el partido político al mando. Y es que no olvidemos que cuando se colonizan las instituciones públicas, los nombramientos y ceses de los directivos públicos no obedecen a razones ni objetivas ni basadas en el mérito sino a los contrapesos internos, las luchas de poder, las afinidades personales… y todo eso sucede dentro de un mismo partido político, no hace falta un cambio de “color”. 

Y una entidad que nos sirve para ilustrar este hecho es la Entidad Pública Empresarial Red.es, que es una de las entidades analizadas dentro de nuestro proyecto que más rotación a nivel ejecutivo ha sufrido: desde 2004 hasta la actualidad, la entidad ha contado con 10 Directores Generales. 

El Director General de la entidad es nombrado y cesado por el Consejo de Administración a propuesta del Presidente, siendo el Presidente el Secretario de Estado para el Avance Digital (anteriormente Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información) que depende en la actualidad del Ministerio de Economía y Empresa.

Cabe destacar que no existe un procedimiento ni objetivo, ni público ni transparente para elegir al Director General de Red.es. Tampoco en sus Estatutos se fijan unos requisitos mínimos de formación y experiencia profesional que se deban acreditar para poder acceder el al puesto. Cuando esto sucede, la práctica nos demuestra que como consecuencia del alto nivel de politización imperante, la elección se reduce principalmente a un factor: la confianza. Se trata de un único factor pero con muchos matices (no excluyentes entre sí): la confianza puede ser de tipo personal (amistad/familiar), profesional (personas que han trabajado juntas en el pasado) o política (alguien del partido, o recomendado por alguien del partido en su defecto). Es innegable que encontrar a alguien de confianza para un puesto directivo público resulta sencillo y rápido, otra cosa es que ese alguien sea el perfil más adecuado para el puesto a cubrir, pero eso a nuestros políticos no suele importarles.

Lo único que en el caso que nos ocupa, el Presidente de Red.es y responsable del nombramiento de la Dirección General es el Secretario/a de Estado de turno, que depende del Ministro/a de turno, por lo que según los contrapesos internos y la relación que pueda existir entre ambos, la decisión sobre los nombramientos y ceses  puede “caer” de un lado u otro.

Un ejemplo: en los casi 7 años de Gobierno de Mariano Rajoy la entidad pública empresarial Red.es tuvo 4 Directores Generales. Por supuesto que después de prosperar la moción censura y con Pedro Sánchez de Presidente del Gobierno, se nombró a otro Director General, el quinto en apenas 7 años. Repasemos a continuación brevemente los cambios producidos en la Dirección General de Red.es durante este periodo. 

El primer Director General que nombra en enero de 2012 el por aquel entonces Secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información Víctor Calvo Sotelo, es Borja Adsuara, que había sido años atrás alto cargo con el PP y asesor parlamentario del PP en el Congreso. Podríamos decir que es un nombramiento basado en la confianza política que mencionábamos anteriormente. 

Año y medio después de su nombramiento, el Sr Adsuara es cesado y nombran en su lugar a César Miralles, persona de confianza (personal y profesional) del por aquel entonces Ministro José Manuel Soria, que hizo su particular “colonización” de Red.es de la que se hicieron eco diferentes medios (ver por ejemplo esta noticia). 

Año y 9 meses después de acceder al cargo, el Sr Miralles es cesado una vez que José Manuel Soria deja de ser Ministro. En esta ocasión, el nombramiento recae en Daniel Noguera, persona de confianza del propio Víctor Calvo Sotelo. 

Como se habrán imaginado, año y medio después el Sr Noguera es cesado, coincidiendo con el nombramiento como Secretario de Estado de José María Lasalle, que accede al cargo en el segundo gobierno de Rajoy. El nuevo Secretario nombra para la Dirección General de Red.es a José Manuel Leceta, profesional que llegó por recomendación de María Dolores Cospedal (quien años atrás le había dado el reconocimiento al Sr Leceta de hijo predilecto de Castilla La Mancha ensalzando públicamente su trayectoria). Sí, somos conscientes que la Sra Cospedal no era en aquella época Ministra de Economía, Industria y Competitividad, el titular de esa cartera y por tanto “jefe” del Sr Lasalle era Luis de Guindos, pero está visto que la confianza no conoce fronteras.

Y para cerrar el círculo (o el despropósito según se mire), año y 8 meses después el Sr Leceta es cesado, ya con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Francisco Polo, Secretario de Estado para el Avance Digital nombra a David Cierco, que había sido con anterioridad alto cargo en el gobierno de Zapatero y posteriormente cargo electo municipal del PSOE (en Pozuelo de Alarcón, municipio de Madrid). Volvemos a la confianza política en este caso. 

Pero viendo el histórico de la entidad, lo más probable es que se produzcan cambios en la Dirección General de Red.es cuando dejemos de tener un Gobierno en funciones, sea del color que sea… salvo que el nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del 10 de noviembre trabaje duro en la descolonización de nuestras instituciones públicas, cosa que a día de hoy, vemos poco probable la verdad. 

Dedómetro II: sin cambios en el rumbo. Loterías del Estado

El proyecto del dedómetro continua, viento en popa, en su finalidad de comprobar hasta qué punto el clientelismo y el nepotismo permean nuestras instituciones.

Esta vez la institución analizada es la empresa pública SELAE, más conocida como Loterías del Estado. SELAE es una Sociedad Mercantil Estatal, con una participación del 100% por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda, por lo cual el nombramiento, así como el cese de los miembros del Consejo de Administración y a última instancia el Director General, depende enteramente del mismo. Realiza la gestión, explotación y comercialización exclusiva de los juegos de titularidad estatal (loterías, apuestas deportivas, etc)

Nos hemos centrado en los últimos quince años para abarcar gobiernos de ambos lados del espectro político. Desde el año 2004 hasta la fecha, SELAE y la entidad previa (LAE) ha tenido un total de seis presidentes; Don Jesús Huerta Almendro (elegido según Doña María Jesús Montero, actual Ministra), Doña Inmaculada García Martínez (por Don Cristóbal Montoro), Don José Miguel Martínez Martínez (también por Don Cristóbal Montoro), Don Aurelio Martínez Estévez (propuesto por el ex-Secretario de Estado de Hacienda Don Carlos Ocaña Pérez de Tudela), Don Carlos Ocaña Pérez de Tudela (por Pedro Solbes), y Don Miguel Ángel Fernández Ordóñez ( también por Don Pedro Solbes), en orden cronológico inverso.

Los dos directivos de LAE aquí mencionados fueron nombrados por el Ministro de Economía de la época, y los cuatro últimos por el Ministro de Hacienda (aunque en el caso de Don Aurelio Martínez fuera una recomendación directa del Secretario de Estado de Hacienda, Don Carlos Ocaña, quien a su vez presidió LAE meses antes).

Una breve investigación de sus respectivos currículos revela un dato interesante, todos ellos contaban con cargos de naturaleza política previos a su nombramiento, acorde con la definición estipulada por la ley, de “alto cargo”. Dos ejemplos. Don Aurelio Martínez fue concejal por el PSOE (no sin acusaciones de favoritismo) en Valencia años antes, y Don Jesús Huerta formó parte del equipo de Doña María Jesús Montero, la ministra de Hacienda que le nombró presidente años más tarde, en la Consejería de Hacienda en la Junta de Andalucía. Sin embargo, solo el caso de Don José Miguel Martínez destaca por su relación estrecha con el cargo político que lo nombró: el ex-Ministro de Hacienda Don Cristóbal Montoro, concuñado, o como poco, íntimo amigo de Don J. M. Martínez.

Puede ser que la gestión de Loterías no requiera conocimiento muy especializados en materia o experiencia de gestión previa en el ámbito de los juegos de azar pero un dato a tener en cuenta es la alta remuneración que recibe el máximo directivo, unos 220.000 euros anuales lo que le convierte en un destino muy adecuado para remunerar los servicios prestados en otras tareas al servicio del partido político de turno. Esta hipótesis es congruente con la rotación existente asociada a los cambios de gobierno de uno y otro signo. En definitiva, aunque en muchos casos se trate de altos funcionarios resulta llamativo que nadie tenía experiencia previa en la gestión de una entidad de este tamaño.

Efectivamente, excepto Don Aurelio Martínez, que fue presidente de Navantia, ninguno había gestionado una empresa de este tamaño. No obstante algunos contaban con experiencia en gestión de personal y presupuestos al haber estado al cargo de consejerías o direcciones generales. En cuanto a su formación, dos de ellos pertenecen al Cuerpo de Inspectores de Hacienda (Doña Inmaculada García Martínez y Don José Miguel Martínez), y por lo tanto tienen estudios al menos parcialmente relacionados con la actividad de la entidad; los otros cuatro no tienen estudios relacionados con la industria del juego o con las competencias directas del Ministerio de Hacienda. El actual Presidente, Don Jesús Huerta Almendro, por ejemplo, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Cádiz y un máster en Gestión Sanitaria.

En definitiva, los nombramientos en SELAE parecen mezclar una pizca de meritocracia y una cucharada sopera de politización.

El Dedómetro

En nuestro reciente estudio del índice de gobernanza de las instituciones españolas en la AIReF defendíamos la relevancia que tiene para la calidad de nuestro Estado de derecho el buen funcionamiento de las instituciones. El tener malas o buenas instituciones tienen un efecto directo sobre nuestro bienestar social y sobre la salud de nuestra economía. Y si queremos buenas instituciones necesitamos que estén dirigidas por buenos profesionales. Los mejores disponibles en cada momento, con un profundo conocimiento y experiencia sobre el tema correspondiente, con reconocida capacidad de gestión, con amplitud de miras y con independencia para tomar las mejores decisiones al servicio de los intereses generales. Profesionales formados y conocedores de sus materias y alejados de los, normalmente egoístas y cortos de mira, intereses partidistas. Es la meritocracia frente a la politización y el amiguismo, la búsqueda del bien común frente a la extracción de rentas con fines interesados. Un asunto que hemos tratado de forma recurrente en nuestro blog, y del que existe evidencia empírica que muestra que “contar con una burocracia meritocrática —no politizada— tiene un efecto positivo y significativo sobre la calidad de gobierno en democracias avanzadas” como la española (Lapuente, 2010, párr. 1).

Pero medir el nivel de ocupación partidista de las instituciones no es tarea sencilla. Tradicionalmente se ha hecho por países o regiones usando encuestas a expertos o análisis de percepciones (Charron, Dahlström, & Lapuente, 2016). Un buen ejemplo son los análisis basados en los datos —del año 2013— proporcionados por The Quality of Government Institute (University of Gothenburg, Sweden, 2019) sobre la percepción que tienen 85.000 ciudadanos de 24 países europeos sobre si el éxito en el sector público se debe al trabajo duro (meritocracia) o a los contactos y la suerte (sistema politizado) [1. Para ello usan una escala de 1 a 10, donde 1 indica meritocracia perfecta y 10 relevancia exclusiva de los contactos y la suerte]. Esta encuesta es interesante porque, además, permite analizar la visión de los empleados públicos por un lado y del resto de la sociedad por otro.

Y España está, como es habitual, en una posición intermedia poco reconfortante, especialmente en cuanto a la percepción de los ciudadanos que se sitúa en un 6,55 (recordemos que la escala va de 1 —mejor— a 10 —peor—). Estamos peor que los países considerados tradicionalmente más “avanzados” como los nórdicos, Reino Unido, Alemania, pero mejor que otros países mediterráneos como Italia, Portugal o Grecia. Lo habitual. Todo ello se ve en el siguiente gráfico:

En España también llama la atención la diferencia tan acusada entre la percepción de los empleados públicos y los ciudadanos (mayor cuanto más se aleja el valor de la diagonal). Si entramos en el detalle por comunidades autónomas y empezando por la percepción de los ciudadanos, vemos que en la cola se encuentra Cataluña con un 6,88. Los ciudadanos catalanes perciben que su administración está fuertemente politizada y es poco meritocrática. Una revelación poco sorprendente con todo lo que estamos viendo. Llaman la atención las proclamas de algunos líderes catalanes manifestando que quieren convertirse en la Dinamarca del sur de Europa. De momento parece que les queda un camino bastante largo por recorrer, mejor harían en ventilar un poco su administración. Le siguen de cerca Andalucía y Galicia, resultados esperables. En cualquier caso, todas las comunidades se mueven en un estrecho margen de 1 punto.

Si analizamos la percepción de los empleados públicos la peor situada es Andalucía. Los funcionarios de Andalucía son los que consideran que su administración es la menos meritocrática, lo cual después de varias décadas de gobierno del mismo color no resulta nada sorprendente. En cualquier caso, también aquí todas las comunidades se mueven en un estrecho margen.

Pero lo que resulta más curioso que los empleados públicos tienen una percepción de su administración más meritocrática que el resto de los ciudadanos. En algunas comunidades, como Baleares, esa diferencia se acerca a los 2 puntos. Es un asunto relevante y que denota cierto alejamiento entre la burocracia y la ciudadanía y que pide ser investigado. Puede que los empleados públicos ya se hayan acostumbrado a ese entorno politizado y lo consideren normal (o incluso saquen rédito de él), mientras que los ciudadanos, que lo ven con cierta distancia, tengan una percepción menos sesgada de la realidad; pero también podría ser que los ciudadanos, como clientes del sistema, sean más críticos y tengan una opinión con un sesgo demasiado negativo sobre la situación real.

En cualquier caso, malos resultados. Solo 3 comunidades consiguen bajar del 5 en la percepción de los empleados públicos y todas se encuentran por encima del 6 en la percepción de los ciudadanos [2. Para ser justos, Murcia baja del 6 con un 5,98].

Efectivamente, ya sabemos que, en nuestro país, el cambio de Gobierno lleva aparejada la rotación de cientos o miles de puestos de responsabilidad en las instituciones, puestos en la mayor parte de las veces de perfil técnico, pero que nuestra clase política se ha acostumbrado a manejar a su antojo para colocar a amigos, acólitos y “leales”. En definitiva, para saldar las deudas de nuestro sistema clientelar. Y los ciudadanos, así lo perciben.

Esta “ocupación” institucional tiene varios efectos muy perversos. El primero, en nuestra opinión el más visible pero menos grave, es el despilfarro de fondos públicos para “financiar” a toda esa grasa del sistema, gente que aporta muy poco, sin preparación ni experiencia para desempeñar los puestos asignados. Y decimos que es el menos grave porque, aunque tiene un impacto económico, este es conocido y acotado. El segundo, menos aparente en el corto plazo, pero mucho más dañino, es el progresivo deterioro y el desprestigio de nuestras instituciones. Instituciones tan relevantes como correos, RENFE, la CNMV, el CIS, RTVE, sin una estrategia firme, que se ven sujetas a los intereses partidistas sin que se les deje desempeñar de forma eficaz las relevantes misiones que tienen encomendadas y que conducen irremediablemente a la pérdida de calidad de nuestro sistema democrático y nuestro estado de derecho con todas las consecuencias sobre el conjunto de la sociedad y la economía. Y finalmente, la eliminación de contrapoderes entre los políticos y los gestores públicos en un sistema clientelar fomenta un entorno mucho más proclive a la corrupción [3. Hay evidencia empírica del efecto de la falta de meritocracia en la corrupción e ineficiencia de las administraciones (Charron, Dahlström, Fazekas, & Lapuente, 2016; Charron, Dahlström, & Lapuente, 2016; Mueller Hannes, 2015).] con todos los efectos perversos que eso conlleva, entre otros la merma de confianza en el sistema y el auge de peligrosos movimientos populistas. Seguramente sería más rentable para nuestro país mantener a toda esa panda de allegados pagándoles un sueldo en sus casas, pero permitiendo que se pudieran contratar a buenos e independientes profesionales al frente de las instituciones.

Datos como los analizados en este post nos permiten llegar a conclusiones muy interesantes. Pero tienen una importante carencia; solo nos permiten hacer análisis agregados sin entrar en el detalle de cada institución. De hecho, ni siquiera sabemos si los resultados se refieren a la administración central, la autonómica o la local.

Por eso, desde Hay Derecho hemos decidido poner en marcha el “dedómetro”.

Queremos entrar en el detalle de cada institución, conocer quienes las dirigen y qué perfil tienen, tanto en la actualidad como su evolución histórica, para poder reconocer a aquellas instituciones que se han esforzado por contar con los mejores profesionales y señalar con claridad aquellas otras que han dejado de estar al servicio del bien común para ponerse al servicio de los partidos. Queremos, en definitiva, poder sacar conclusiones que faciliten la rendición de cuentas y la toma de decisiones en cada una de las instituciones.

Aunque nos gustaría abarcar todo el sector público español, tenemos necesariamente que reducir la muestra porque en España existen nada menos que 18.780 entes públicos, lo que da idea de la magnitud del trabajo. Una interesante reflexión que dejamos para otro momento es si de verdad se necesitan ese número de entes públicos para gestionar la administración pública en España. La siguiente gráfica muestra el número de entes públicos por nivel de la administración e España [4. Todos los datos de los entes públicos los hemos sacado del inventario de entes públicos del Ministerio de Hacienda (Hacienda, 2019).].

Si nos restringimos al sector público estatal, el número se reduce considerablemente hasta los 452. En cualquier caso, un número muy elevado que se distribuyen así según su forma jurídica:

En una primera fase nos vamos a centrar en aquellas instituciones de la AGE —después entraremos en comunidades autónomas y entidades locales— donde consideramos que la meritocracia es especialmente importante y exigible: empresas públicas y entes públicos empresariales por su propia naturaleza de carácter empresarial (suman un total de 117 sociedades mercantiles y 14 entes públicos empresariales) y aquellas entidades públicas de especial relevancia por sus cometidos (otras 20). Nuestro objetivo es hacer un análisis retrospectivo de los últimos 15 años con lo cual abarcaríamos gobiernos de distinto color (Zapatero, Rajoy y Sánchez).

Ya hemos comentado que tradicionalmente los análisis sobre la meritocracia se han hecho en base a encuestas a expertos o encuestas de percepción a la ciudadanía. Nosotros queremos ir un paso más allá y analizar directamente el perfil de cada uno de los directivos públicos para ver si los conocimientos, experiencia y formación se corresponde a lo esperado para el puesto que ocupan (indicador de meritocracia) o si, por el contrario, no se ve ninguna relación razonable. Por tanto, es un trabajo complejo y ambicioso y lo vamos a llevar a cabo utilizando crowd-tasking, es decir contar con voluntarios que se adjudiquen una institución y se encarguen de la búsqueda de datos y del análisis correspondiente a la misma. Para garantizar la calidad y homogeneidad de los resultados hemos definido una detallada metodología y plantilla de trabajo que tienen a su disposición —cualquier ayuda será bienvenida.

Aunque sabemos que los cambios son lentos y difíciles, creemos que este proyecto aportará un valioso granito de arena a la mejora de nuestro entramado institucional. Nuestro objetivo es mantener el dedómetro actualizado, proporcionar los resultados en formatos muy amigables y darle mucha difusión. Queremos que cualquier ciudadano, desde su ordenador o su móvil, pueda conocer de forma cómoda y precisa el nivel de ocupación de nuestras instituciones. Y todos los años haremos un “reconocimiento” a los dedos más gordos y feos. Por lo menos que los dedazos no queden impunes.