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Democracias, autocracia y pandemia

Tribuna publicada originalmente en El Mundo y disponible AQUÍ.

En los duros momentos que estamos viviendo en el mundo en general y en Europa en particular, es fácil que muchos ciudadanos se pregunten si nuestras democracias liberales están en condiciones de combatir una pandemia como la que nos asuela.  Al fin y al cabo, las cifras europeas están empeorando las de China, así que es una pregunta muy legítima. Sin duda, el primer objeto de cualquier contrato social entre un Estado y sus ciudadanos (ya se trate de una autocracia, una democracia iliberal o una liberal) es velar por su vida, su salud y su seguridad.

Pues bien, lo primero que hay que señalar es que la epidemia se originó en China, y no por casualidad. Como se explicaba muy bien en el estupendo libro del corresponsal del Washington Post Philip P. Pan, “Out of Mao’s Shadow: The Struggle for the Soul of a New China” (creo que no hay traducción al español), la expansión de las epidemias en este país tiene mucho que ver con su sistema político. Ya ocurrió con el SARS, brote que se intentó ocultar al principio con graves consecuencias para la salud de los propios ciudadanos chinos y para el resto de los habitantes del planeta, si bien no llegó a producirse una pandemia. Y ha vuelto a ocurrir ahora con el COVID-19. Los incentivos de los dirigentes locales del partido no están precisamente alineados con la posibilidad de dar malas noticias a sus jefes reconociendo que tienen una potencial pandemia entre manos: los intentos de encubrir la gravedad y la extensión del brote de Wuhan están en el origen de su posterior expansión. El virus se detectó en noviembre de 2019 y no se supo públicamente hasta bastante tiempo después, permitiendo que siguiera la vida normal y, por tanto, el contagio. Tampoco está de más recordar la historia del doctor “wistleblower” Li Wenliang, que denunció la existencia del brote y fue implacablemente atacado por las autoridades chinas. Como es sabido, ha muerto a consecuencia del virus a los 34 años de edad.

En definitiva, son historias que serían más difíciles de ocultar en una democracia aunque solo sea por el papel de los partidos políticos –para eso está la oposición- los medios de comunicación y los ciudadanos a través de las redes sociales. Todos ellos pueden expresarse con libertad y sin temor de sufrir represalias por exigir transparencia a sus gobernantes, criticarles o exigirles rendición de cuentas. Nada de esto es posible en una autocracia como la china, donde hay una censura férrea. Por no mencionar otras cuestiones como la represión protestas de Hong Kong o el confinamiento (nada que ver con la epidemia) de los uigures musulmanes en campos de internamiento.

Claro está -dirán ustedes-; pero, al final, la realidad es que en China y otros países autoritarios (como Singapur) están venciendo la epidemia, mientras que a nosotros en las democracias occidentales nos queda mucho por hacer. Entre otras cosas, porque son capaces de poner en marcha protocolos y actuaciones que en un Estado democrático de derecho llevan más tiempo, en la medida en que no solo requieren decisiones políticas que hay que adoptar de acuerdo con las reglas democráticas sino que requieren también un aparato jurídico que hay que poner en marcha en muy poco tiempo. No se puede multar y menos detener a la gente por salir de casa ni restringir sus derechos ni cerrar los tribunales ni los centros de enseñanza ni las tiendas sin una normativa previa que habilite al Gobierno para hacerlo y, en todo caso, garantizando un equilibrio adecuado entre las necesidades imperiosas de una crisis sanitaria y el respeto a los derechos y libertades de cada uno. Y con el debido control parlamentario y jurisdiccional en su caso. No solo eso: la oposición política y los medios de comunicación pueden y deben monitorizar estas decisiones e incluso cuestionarlas. No olvidemos que las decisiones de las autoridades chinas, sean buenas o malas, no las puede cuestionar nadie sin afrontar los consiguientes riesgos. Esta es la grandeza y también la servidumbre de una democracia.

No obstante, las ventajas que -al menos aparentemente- tiene un modelo autocrático en un momento de crisis excepcional están ahí. Este debe de ser un motivo de preocupación desde el punto de vista de nuestros sistemas políticos, máxime ahora que China está facilitando ayuda de forma desinteresada a los países más afectados por la pandemia, entre ellos el nuestro.  No cabe duda de que toda ayuda es muy de agradecer, con independencia de cuales sean las motivaciones o la estrategia geopolítica que las guíe en un momento en que además Estados Unidos, el tradicional “salvador” de Europa, ha apostado por una estrategia muy diferente bajo la presidencia de Trump. Pero hay que ser conscientes de que esas motivaciones geopolíticas y estratégicas existen. Como también hay que serlo del inmenso aparato propagandístico que tiene a su disposición una dictadura y de la facilidad con la que puede emprender campañas de desinformación masivas o promover  “fake news” en las democracias occidentales, al mejor estilo ruso.

Dicho lo anterior, el reto para nuestras democracias es demostrar eficacia para combatir esta pandemia. Hasta ahora, por lo que podemos ver, las respuestas de los distintos países han sido distintas no tanto en cuanto a las medidas a adoptar (con la salvedad de las tecnológicas, que en este caso son cruciales como ha demostrado el ejemplo de Corea del Sur) sino en cuanto a la previsión, la organización y los tiempos. Pero es que la previsión, la organización y los tiempos son cruciales en una pandemia de estas características. Las consecuencias del temor a dar malas noticias a los ciudadanos más afortunados del planeta o los intereses políticos cortoplacistas (ya se trate de cancelación de fiestas populares, eventos deportivos o mítines y manifestaciones multitudinarias) han sido y van a ser muy costosas en vidas, en sufrimiento y también en términos económicos.  No solo en España, por cierto, pero esto no es un consuelo.

En España la falta de previsión y de organización también la hemos padecido, de forma muy notable tanto en lo que se refiere al aprovisionamiento de material médico imprescindible para combatir la pandemia, a la realización de tests masivos o en lo referente a la falta de aplicaciones tecnológicas para controlar los focos de infección al estilo de lo que se ha hecho en China, en Corea del Sur y Singapur. También hemos visto un auténtico caos en todo lo que se refiere a la estadística y la información sobre número de infectados, ingresados, ingresados en la UCI y fallecidos procedentes de las distintas autonomías, procedentes de la falta de uniformidad  entre los datos manejados y de coordinación con el Gobierno central. Durante días no hemos tenido información centralizada fiable: el único país que no la ha dado. Nada sorprendente en un Estado autonómico que está pidiendo a gritos una racionalización en todos los sentidos, empezando por el ámbito del “big data” en el ámbito de la sanidad.  En ese sentido, hemos perdido un tiempo precioso hasta conseguir –si es que se ha conseguido- algo parecido a una coordinación y dirección única por parte del Ministerio de Sanidad, algo imprescindible en una epidemia que no conoce de competencias ni de colores políticos ni mucho menos de fronteras, reales o ficticias. Cuando termine esta crisis debemos plantearnos de una vez la construcción de un modelo federal racional en beneficio de los ciudadanos y no de las élites o los partidos locales.

Mención aparte merece la actitud del Presidente autonómico catalán no ya de una deslealtad inconcebible en un gobernante digno de tal nombre, sino de una falta de decencia en una persona con tanta responsabilidad.. El aprovechar unas circunstancias gravísimas para atacar y arrojar sombras  sobre un esfuerzo colectivo de la magnitud del que estamos viviendo y sobre la actuación de los profesionales que están poniendo en riesgo su salud y quizás sus vidas por protegernos a todos solo se explica por un fanatismo próximo a la enajenación. Tampoco, aunque ciertamente en otro orden de magnitud, podemos olvidar las primeras reacciones del Gobierno vasco del PNV, más preocupado por sus competencias que por la salud de los ciudadanos. Para bien o para mal esta crisis va retratando a todos y cada uno de nuestros políticos no ya frente a las próximas elecciones, sino frente a la historia.

Pero, como también es frecuente en España estas carencias se están supliendo con el  trabajo, la voluntad y la dedicación de un grupo excepcional de profesionales, en nuestro caso el personal sanitario. Tampoco es casualidad: el sistema MIR garantiza de una parte la meritocracia y de otra la vocación de nuestros médicos a nivel nacional. Y esto es un tesoro que debemos preservar, sin olvidar que la situación de estos profesionales deja mucho que desear incluso en periodos normales. Cuando todo termine también debemos replantearnos las condiciones laborales y profesionales del personal sanitario en nuestro país.

En conclusión, muchos de los problemas enunciados no son inherentes “per se” a una democracia. Tienen más que ver con fallos de diseño institucional, con modelos de gestión o con falta de incentivos. Por ejemplo, poner en marcha un sistema de aplicaciones informáticas para controlar la pandemia, disponer de mascarillas o equipos sanitarios suficientes o hacer tests masivos de coronavirus no tiene nada que ver con vivir en una democracia o en una dictadura. Pero sí con tener buenas instituciones y personas capaces y preparadas al frente de ellas; en definitiva, con la meritocracia. Este es el gran reto de nuestras democracias, sin olvidar que a diferencia de lo que sucede en una dictadura, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros es fundamental.

La monarquía en tiempos de pandemia: reproducción del artículo de Elisa de la Nuez en «Crónica global»

Artículo originalmente publicado en Crónica Global y disponible aquí

A la situación de emergencia nacional que vive nuestro país se une la de una de nuestras principales instituciones, la Jefatura del Estado. Es indudable que las graves noticias que se refieren a la fortuna acumulada por el rey emérito no pueden dejar de afectar a la institución, en la medida en que ponen de manifiesto un comportamiento muy poco ejemplar en un momento especialmente crítico para los ciudadanos. El hecho de que D. Juan Carlos I estuviese tan protegido por los grandes partidos y por los medios de comunicación hasta muy poco antes de su abdicación no elimina su enorme responsabilidad en cuanto al daño ocasionado a la monarquía, del que no sabemos si podrá recuperarse. El tiempo dirá.

En todo caso, no es éste el momento de cuestionar la institución ni la Jefatura del Estado como pretenden algunos partidos, y menos con actitudes un tanto infantiles como caceroladas en los balcones alentadas desde los socios del Gobierno. Como no es el momento de cuestionar otras muchas instituciones también muy erosionadas por un largo periodo de decadencia y de ocupación partidista, lo que vienen a ser sinónimos. Tiempo habrá de hacerlo y de exigir las reformas imprescindibles en todas y cada una de ellas desde el análisis sosegado de lo que necesita España y de cuáles son las alternativas reales, no las utópicas. Porque conviene recordar que varias de las viejas monarquías europeas encabezan las democracias más robustas del planeta, como ocurre en Suecia, Noruega o Dinamarca. Y alguna de las peores autocracias son repúblicas.

Con esto queremos decir que la forma del Estado no es en absoluto relevante para garantizar una mayor calidad democrática ni una sociedad más abierta y avanzada, aunque la imagen de un rey o una reina probablemente será siempre menos “moderna” que la de un presidente o presidenta. Pero si no hablamos de imagen sino de arquitectura institucional y de Estado democrático de Derecho, que es lo que realmente importa, conviene no perder esto de vista cuando se sueña con repúblicas imaginarias que guardan más semejanzas institucionales con la Rusia de Putin o la Polonia de Ley y Justicia, que, por cierto, tienen bastantes cosas en común.

Dicho eso, no cabe duda de que el rey actual es muy distinto de su predecesor. Hay que valorar los gestos que ha realizado para defender la institución, puesto que no cabe duda de que comportan altos costes personales, al tratarse de su familia. Entre ellos, el de manifestar ante Notario una futura renuncia a la herencia de su padre que, a día de hoy, no puede materializarse porque sencillamente no es jurídicamente posible al no haber fallecido el rey emérito. Pensar que se trata de engaños me parece injusto. Una cosa es desear legítimamente un cambio en la forma del Estado –lo que exige, como es sabido, una reforma del título II de la Constitución que está sujeto al procedimiento de reforma agravado de su art.168– y otra aprovechar la situación para desprestigiar al actual Jefe del Estado por comportamientos de su predecesor en los que no ha tenido, que se sepa, intervención alguna.

Por otro lado, el componente ideológico y partidista de estas protestas, tanto en el caso de Podemos como en el de los independentistas, es obvio. Lo cual no obsta en absoluto para reprobar el comportamiento muy poco ejemplar del rey emérito.

El rey se dirigió este miércoles a los españoles para hablar de la crisis que padecemos y apelar a la unidad y a la resistencia, trasladando también su convicción de que la superaremos y de que fortalecerá nuestra sociedad.  Es el mensaje que había que lanzar y que vieron más de catorce millones de personas, entre ellas muchas mayores aisladas en sus domicilios necesitadas de consuelo y de esperanza. Decir que con el mensaje pretendía “lavar su imagen” es desconocer el papel de la institución en circunstancias como las que vivimos y hasta dudar de la decencia de las personas que la encarnan.

¿Perdió el rey una gran ocasión el miércoles en su discurso al no aprovechar para hacer referencia a las informaciones relativas a su padre y dar alguna explicación? Lo primero que hay que reconocer es que no es fácil para un hijo respecto de un padreY tampoco para una institución de estas características reconocer las debilidades del anterior Jefe del Estado, máxime cuando se ocultaron por todos durante tanto tiempo. Sin embargo, en situaciones excepcionales las respuestas deben de ser también excepcionales y hay que arriesgarse más. También es cierto que en nuestra cultura política las explicaciones y las disculpas tradicionalmente brillan por su ausencia. Pero quizás si la monarquía ha de pervivir debe de estar a la altura de los momentos extraordinarios que estamos viviendo. Ciertamente es un poco injusto pedir a nuestros representantes que sean excepcionales, pero eso es exactamente lo que necesitamos y lo que justifique su permanencia.

 

Dedómetro VIII: La Agencia EFE o como las entidades públicas no deberían ser propiedad del Gobierno

El cese del actual presidente de la Agencia EFE Fernando Garea ha sido una de las noticias que han sacudido esta semana la política española. Tan solo un mes después de la formación del nuevo gobierno de coalición han comenzado a producirse los primeros ceses y nombramientos de presidentes de varias entidades públicas, la Agencia EFE entre ellas. Este hecho no hace sino confirmar lo que desde la Fundación Hay Derecho hemos denunciado en el Estudio sobre la meritocracia en la designación de los máximos responsables del sector público estatal y autoridades independientes: la politización y constante rotación de los presidentes de las entidades públicas con la llegada de cada nuevo gobierno, incluso (como sucede en este caso) con el mismo partido en el poder, aunque se trate de un gobierno de coalición con Podemos.

La Agencia EFE es una de las entidades que hemos analizado en el estudio y actualmente es la tercera entidad pública mejor valorada según nuestra metodología. Sin embargo, decisiones como éstas rebajarán su posición en nuestro índice de meritocracia pues, con independencia de la valía de su sucesora al frente de la Agencia EFE, lo cierto es que la rotación la penaliza. Desde la Fundación Hay Derecho venimos alertando sobre los peligros de la constante rotación de la dirección de entidades públicas y especialmente en sectores tan sensibles como son los medios de comunicación. Recordemos que los presidentes de la Agencia EFE, la agencia de comunicación y noticias más importante en español y cuarta a nivel mundial, han contado tradicionalmente con una larga trayectoria previa y un conocimiento amplio sobre los medios de comunicación y su gestión. De ahí que la agencia haya obtenido un buen resultado en nuestro estudio. El propio Fernando Garea era un periodista con más de 35 años de experiencia en medios y llevaba presidiendo la Agencia EFE desde julio de 2018 por designación del anterior gobierno de Pedro Sánchez. Le sucederá Gabriela Cañas, licenciada en Ciencias de la Información, periodista de larga trayectoria y experiencia en “El País” y directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación entre 2006 y 2008 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En cuanto a las explicaciones del cambio no pueden ser más evanescentes. El ejecutivo dice haber prescindido de Garea debido a la “necesidad de renovar los recursos humanos en las empresas públicas”, unas explicación que no se sostiene cuando el directivo lleva un año y medio en el puesto. La decisión apunta a que el gobierno no tolera directivos profesionales y neutrales. En ese sentido, no deja de ser llamativo que Pablo Iglesias en su día llegara a calificar como purga la salida del periodista de “El País”. No parece que ahora tenga la misma impresión.

En el caso de la agencia EFE lo preocupante no es tanto la falta de experiencia o/y formación de sus máximos directivos (como en el caso de otras entidades públicas) sino su politización, ligada ahora a los cambios de gobierno incluso con el mismo partido. En su carta de despedida Fernando Garea afirmaba que las entidades públicas no son propiedad del Gobierno y por lo tanto no deberían estar sujetas a relevos según el color del ejecutivo. La presidencia de la Agencia EFE –como el resto de entidades públicas- debería tener un mecanismo de selección de su presidente que fuera público, transparente y meritocrático y sujeto a un contrato de desempeño y no a los cambios políticos, tal y como se hace en otros países de nuestro entorno como recordamos en nuestro estudio.

La constatación de que algunas de las prácticas que apuntábamos en el Estudio del Dedómetro no solo no cesan, sino que se extienden a cada vez más entidades es preocupante. Como hemos indicado otras veces la calidad de nuestra democracia depende del buen funcionamiento de sus entidades públicas y, por tanto, de que sean los mejores profesionales – independientemente de su signo político— los que estén al frente de ellas.

Lecciones austríacas (impartidas a quien no quiere ni escuchar ni oír)

En Austria se celebraron elecciones generales el pasado 29 de septiembre como consecuencia de la disolución anticipada del Parlamento (Nationalrat) motivada por el escándalo que protagonizó el vicecanciller Heinz-Christian Strache conocido como el “caso Ibiza”. Strache era el líder del FPÖ, partido de la Libertad de Austria pero no partido liberal, en puridad un partido de extrema derecha, aliado a estas formaciones en el Parlamento europeo y practicante de habituales coqueteos con el presidente Putin y con oligarcas rusos. Precisamente fue un video en un apartamento de Ibiza el que motivó la crisis pues en él se veía a  Strache y a otros dirigentes del partido traficando con abundantes sumas de dinero destinadas a la financiación del partido.

En Austria, cuando se descubre que un partido está tramando estas trapacerías, sus dirigentes se ven obligados a dimitir de los puestos relevantes que ocupan.

Por eso se produce la crisis de Gobierno que desemboca en las elecciones de septiembre al anunciar el canciller (del partido popular, ÖVP, Sebastian Kurz) el fin de la coalición que le unía a los trapisondas de Ibiza.

Celebradas las elecciones, el citado ÖVP gana con claridad, con la misma claridad con la que pierden los del amaño de Ibiza y los socialdemócratas. Los verdes vuelven al Parlamento de donde habían salido en 2017 después de haber entrado en él en 1986. Preciso es añadir que el actual presidente de la República, el Profesor van der Bellen, ha sido un eminente miembro de los verdes aunque su candidatura a la presidencia de la República la formalizó como independiente.

Con estos resultados, el Presidente encarga a Kurz el 7 de octubre la formación de Gobierno.

La tradicional coalición austriaca entre populares y socialdemócratas, que se ha sucedido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, arrojaba 111 escaños; los populares y el partido de la Libertad, 102; los populares más los verdes, 97. Estamos hablando de 183 diputados.

El encargado de formar Gobierno, Kurz, comienza el 8 de octubre las conversaciones con los presidentes de todas las formaciones políticas representadas en el Parlamento. Esta es una costumbre constitucional respetada desde hace años en Austria.

Se constituyen los grupos de trabajo nombrados por las direcciones de los partidos.

Pronto el partido de la Libertad dio por finalizadas las conversaciones y lo mismo hizo poco después la socialdemocracia. Otra formación política más pequeña, los NEOS (este sí, partido liberal, presente en Estrasburgo), también se dan de baja en las conversaciones con Kurz.

Quedaban los verdes, dirigidos por el economista Werner Kogler. Las respectivas delegaciones de los populares y de los seguidores de Kogler constatan sus diferencias programáticas pero comienzan las negociaciones en cinco temas: Educación, Emigración, Economía, Transparencia y Clima. Tras varias sesiones, los expertos en las distintas materias anuncian que han llegado a acuerdos positivos. De manera que esta primera fase, llamada “negociaciones de sondeo”, se da por terminada a principios de noviembre.

Así puede comenzar la segunda, las “negociaciones para formar Gobierno”. Se constituyen al efecto 36 grupos: más de 100 negociadores, divididos en seis grupos principales y 30 grupos especializados, han buscado desde el 18 de noviembre la concreción de acuerdos programáticos de Gobierno. Los nombres y los curricula de todos ellos son perfectamente conocidos.

Con resultados alentadores pues, en estos momentos, se puede decir que es altamente probable que se constituya un Gobierno entre una formación tradicional de la derecha y una formación tradicional de la izquierda.

Para el lector español inteligente no es necesario hacer más precisiones.

Sin embargo, quiero desahogarme y hacerlas. Adviértase la forma de negociar, confiada a grupos de trabajo compuestos por expertos, no como entre nosotros a personas que carecen de una mínima hechura profesional; adviértase cómo se distinguen las fases de sondeo entre expertos y de negociación política propiamente dicha; adviértase cómo la derecha y la izquierda, esas derecha e izquierda españolas que jamás se pueden sentar a hablar porque tienen entre ellas diferencias insalvables (excepto para nombrar magistrados constitucionales y vocales del CGPJ), se sientan a dialogar y llegan a acuerdos; adviértase el abrazo entre el presidente en funciones y el líder de Podemos a las veinticuatro horas de la jornada electoral; adviértase cómo el respaldo que dice tener el presidente de nuestro Partido Popular de sus socios europeos (y que nos lleva a estar en manos de los separatistas) no debe de incluir a los homólogos austriacos dispuestos a sentarse en un Gobierno con los verdes …

Adviértase, adviértase … un sin fin de “adviértase …” podríamos anotar. Para concluir que España carece de enmienda en un horizonte visible pues que estamos en manos de políticos vacíos de sustancia y rebutidos de vulgaridad a quienes sobra de ambición lo que les falta de formación. Por no hablar de los que tienen a gala dar golpes de Estado y hoy son cortejados. Vivimos en el cieno del egoísmo político y bañados en la inmundicia. Lo dejó escrito Gracián: “que el nadilla y el nonadilla quieran parecer algo o mucho, que el niquilote lo quiera ser todo, que el villanón se ensanche, que el ruincillo se estire, que el que tiene que callar, blasfeme ¿cómo nos ha de bastar la paciencia?”.

Brote de nepotismo múltiple en Móstoles

Una de las cosas más penosas de dedicarse altruistamente al enhancement institucional (utilizo un semibarbarismo por no hablar de la manoseada regeneración) es constatar que las cosas de palacio van despacio. Pero mucho. No es que aquí creamos que nadie nos tenga que hacer caso por nuestra autoridad o prestigio, pero sí tiene uno la ingenua esperanza de que ideas que parecen obvias vayan poco a poco calando porque es claro que a medio plazo van a beneficiar a todos. Es más, tienes la esperanza de que en una época de crisis, en que las bases establecidas de la sociedad se tambalean, pueda producirse un momento oportuno para el cambio.

No quiero hablar de la situación política en general, en la que parece que el bipartidismo-rodillo ha dado paso a una especie de multipartidismo esclerotizado que no va ni para adelante ni para atrás en las reformas institucionales que urgentemente necesitamos. Pero, eso sí, las prácticas del antiguo régimen se repiten y, lo que es peor, se repiten sin conciencia alguna de que son reprochables.

Me refiero, por poner un ejemplo, al caso de la alcaldesa de Móstoles, que no ha dudado en nombrar a su hermana para llevar las redes sociales del Ayuntamiento por 52.000 euros, ha ascendido a su tío, Héctor, de auxiliar administrativo en Cultura a director técnico de Deportes y se ha subido el sueldo un 16%, hasta los 82.000 euros anuales, como nos cuentan aquí. Eso está mal, pero peor está que diga que no entiende las críticas y que ella se rodea de personas competentes y de la máxima confianza. Si esta señora no comprende las críticas, que al parecer vienen incluso desde su propio partido, es que tenemos un brote de nepotismo de una cierta gravedad.

¿Qué hacer para prevenir el contagio? Lo de siempre, tomar una serie de medidas profilácticas; básicamente  grabarse a fuego en la cabeza estos principios democráticos fundamentales:

Primero: que una cosa no esté contemplada en el Código Penal no quiere decir que esté bien. Las responsabilidades políticas son diferentes de las penales. La legislación penal es la ultima ratio ante conductas absolutamente reprochables que pueden llevar a la pérdida de libertad y sanciones importantes pero que no definen el ámbito de lo correcto e incorrecto en una sociedad normal.

Segundo: que un acto administrativo o civil no esté prohibido o que una incompatibilidad no esté regulada no quiere tampoco decir que sea justo y necesario. Hay actos que son discrecionales de la Administración, pero pueden ser controlados y anulados por los Tribunales si no tienden a cumplir los fines a los que deben estar dirigidos. Hay contratos que son lícitos e incluso exigibles, pero moralmente reprochables.

Tercero: que si un político es un representante, como tal representante tiene sus poderes limitados en caso de conflictos de interés, y siempre hay éste, por principio, cuando alguien usa dinero de otro para pagar actos, hechos o personas en que el político está interesado, y por definición hay ese interés cuando se trata de tu familia y allegados. ¿Por qué? Pues porque hay una duda fundada de si ese dinero, ese contrato o esa decisión la estás tomando en beneficio de quien te ha dado el poder y a quien te debes o si lo estás haciendo porque te interesa a ti y a tu familia. Por eso el que tiene un poder notarial para vender un piso no lo puede comprar a su nombre según el Código civil, ni un administrador de una sociedad puede contratar a su esposa, según la Ley de Sociedades de Capital, sin los consentimientos de aquellos a quienes representan, pues es muy posible que en esos casos el representante quiera fijar un precio o unas condiciones “de amigo” en perjuicio de quienes les han nombrado y cuyos intereses guardan.

Estas ideas, bien metidas en la cabeza de los políticos y de los ciudadanos, previenen de la enfermedad del nepotismo. Porque un país democrático comme-il-faut no se limita a aplicar las normas escritas sino que, como decía Tocqueville, lo esencial para una democracia son los hábitos o costumbres de la sociedad, “la suma de ideas que dan forma a los hábitos mentales”. Las mores son incluso más importantes que las leyes para establecer una democracia viable, porque estas son más inestables cuando carecen del respaldo de las mores.

Pero dirá la interesada (y lo ha dicho), “es que confío mucho en ellos”, “son personas de mi total confianza y eso es un valor”. La confianza está sobrevalorada, estimada alcaldesa. Al menos en un país mínimamente desarrollado. Como exponíamos en nuestro libro Contra el capitalismo clientelar, los economistas dicen que éste –el clientelismo- es una respuesta lógica ante la falta de instituciones: como no sé si la justicia me va a proteger, ni si habrá estado de Derecho, mejor es sobornar a quienes detentan el poder para así asegurar el buen fin de mis inversiones. Pero si hay buenas instituciones esa solución no solo es mala jurídicamente, sino que a la larga produce ineficacia y enriquecimiento de sólo unos cuantos, los que manejan el poder. O sea, en un país desarrollado las relaciones jurídicas y económicas ya no se limitan a los parientes, amigos y clientes, porque ya existen instituciones que sustituyen la confianza que da el conocimiento directo y las relaciones personales por la seguridad que proporcionan unas reglas estables que permiten el juego del mérito y la capacidad: los cargos, los contratos, las funciones nos las van a ejercer las personas, competentes o no, pero de mi total confianza, sino personas competentes que, si no actúan correctamente serán removidas de su cargo. Eso permite el progreso, la innovación y el desarrollo económico, porque además promocionar el mérito, amplia el alcance de las relaciones económicas y políticas mucho más allá del limitado ámbito de la familia y los amigos.

Y ¿qué hacer con el brote nepotísitico de Móstoles? En mi opinión no debería caber otra que la remoción de sus cargos de los nombrados y la dimisión de la Alcaldesa por la responsabilidad política derivada de nepotismo agravada por la ignorancia de su gravedad. ¿Muy radical? Para nada: es lo que ha ocurrido en Portugal no hace mucho con el llamado  familygate o en Francia con cuatro ministros de Macron y antes con Fillon. Algo que que dejara en buen lugar a los míticos Alcaldes de Móstoles de 1808, cuyo bando incorporo en la imagen.

PS: terminando estas líneas me entero de que la Alcaldesa rectifica y «anula» la contratación de su hermana. Algo es algo. Aunque de dimitir nada, porque «no es una rectificación: es un acto de coherencia después de que la ciudadanía se mostrase en contra de una decisión lícita». Sigue sin comprenderlo del todo, me temo.

Las políticas del miedo. Reproducción de la tribuna en EM de Elisa de la Nuez

Este verano está siendo difícil. Hay una sensación de depresión colectiva palpable en el ambiente a la vista del aumento de la incertidumbre global, la deriva populista y la incapacidad de nuestros dirigentes de afrontar los retos que tenemos a la vuelta de la esquina. El miedo es quizá el sentimiento más destructivo que albergamos los seres humanos; ya sea el miedo a lo que nos deparará un futuro que intuimos peor que el presente, el miedo a los que son distintos a nosotros, el miedo a perder nuestra identidad, nuestro trabajo o las cosas que son importantes para nosotros. Y todo está cambiando tan rápido que es difícil no tener miedo a algo; si los mayores sienten miedo ante un mundo que ya no reconocen y que les resulta hostil, los jóvenes también temen la precariedad, la falta de estabilidad o el desarraigo que acompaña muchas veces a las oportunidades que ofrece la globalización. Hay que entender bien la capacidad de destrucción que tiene el miedo de lo más valioso que tenemos, lo que Barack Obama llamó «la audacia de la esperanza» en el libro con el mismo título.

El problema es que el miedo colectivo es tremendamente efectivo en manos de dirigentes demagogos y sin escrúpulos, ya se trate de buscar un chivo expiatorio para echarle la culpa de los complejos problemas de las sociedades modernas que ellos son incapaces de resolver o de transformar a los adversarios políticos en enemigos irreconciliables con los que no es posible ni debatir nada ni llegar a ningún acuerdo. Y esto ocurre precisamente cuando es más necesario que nunca alcanzar pactos y soluciones transversales , precisamente por la complejidad de los problemas y porque nos afectan a todos los ciudadanos, que hemos elegido a nuestros representantes precisamente para que, desde distintas sensibilidades, los afronten. Es imposible que un solo líder pueda resolver cuestiones que trascienden no ya a los partidos políticos sino incluso a los Estados. Pero eso es precisamente lo que nos venden esos nuevos hombres fuertes que utilizan nuestros miedos y nos prometen seguridad y una vuelta a un mundo que ya no existe.

De esta forma se socavan los fundamentos mismos de la democracia, que exige partir de la base del reconocimiento de que el adversario político también busca -y de buena fe- soluciones a los problemas colectivos, y que por tanto una alternancia en el poder no es ninguna catástrofe, ni atenta contra la supervivencia del Estado o de la sociedad. Es más, la realidad nos muestra que las soluciones o propuestas de los competidores políticos pueden ser muy parecidas, sobre todo cuando tienen un fundamento técnico y/o empírico. Pero la polarización lleva a que se descarten por el simple hecho de no proceder de los correligionarios o por el supuesto coste político que tiene coincidir con el adversario en cuestiones importantes. Dejamos así el terreno abonado para populistas de todo tipo y condición y maltrechas las reglas del juego democrático.

Pero también hay que reconocer que nuestros miedos no aparecen de la nada; los problemas reales están ahí, ya se trate de la precariedad laboral, los precios del alquiler, la desigualdad, el calentamiento global o cualquier otro que podamos elegir. Lo que ocurre es que en vez de enfrentarse a ellos con rigor y solvencia, con racionalidad y con el mayor consenso posible, el político demagogo, nacionalista, iliberal, populista (todas las etiquetas se pueden aplicar porque suelen coincidir) simplemente se limita a azuzar las pasiones más básicas del electorado con la imprescindible colaboración de medios de comunicación igualmente poco escrupulosos o de las redes sociales, que desempeñan un papel fundamental en la propagación de bulos y en la excitación de nuestros peores instintos.

Recordemos que no es casualidad que a las palabras y discursos que criminalizan o desprecian o presentan como una amenaza a determinados colectivos les sigan actuaciones violentas contra los mismos. El papel de la radio del odio, por ejemplo, en el genocidio de Ruanda es bien conocido. Algo parecido sucede cuando los discursos que fomentan el miedo proceden de dirigentes políticos o de personas con poder, de comunicadores o simplemente de personas que pueden ser consideradas como referentes, como ocurre con los profesores en relación con sus alumnos. Hacer crecer la semilla del odio y del miedo lleva su tiempo pero no nos engañemos; la Historia nos enseña que siempre acaba por fructificar. Por eso es tan importante detectarla e identificar a los responsables lo antes posible. Y protegerse.

Para protegernos necesitamos conocer mejor el mundo y conocernos mejor a nosotros mismos. En primer lugar, manejar la evidencia empírica, es decir, los datos que avalan que hoy vivimos en general más y mejor que en ninguna otra etapa de la Humanidad y que tenemos una impresionante riqueza acumulada, como nos recuerdan Hans Rosling y sus coautores en su libro Factfulness. En segundo lugar, no nos podemos olvidar de nuestros sesgos cognitivos que son responsables de muchas de nuestras conductas irracionales. Hay que reconocer que tenemos cerebros diseñados para una vida muy diferente y mucho más insegura que la que llevamos ahora en las sociedades modernas y civilizadas. Tener miedo todo el tiempo y estar siempre alerta frente a los posibles depredadores era una garantía de supervivencia en la sabana; aunque al final el peligro no se materializase siempre era más aconsejable pecar por exceso que por defecto de prudencia. Quizá ahora los miedos que padecemos en nuestras sociedades no resultan tan útiles. En definitiva, es importante saber cómo funcionan nuestros cerebros, y que su función principal es mantenernos vivos, no alcanzar la verdad o, más modestamente, entender la realidad. Desconocer cómo funcionan algunos sesgos característicos de nuestra especie nos hace tremendamente vulnerables frente a los discursos políticos populistas, catastrofistas o directamente falsos.

Pero, en tercer lugar, necesitamos volver a poner en valor nuestras instituciones y nuestras democracias liberales que son las que mejor nos pueden defender frente a los cantos de sirena de la barbarie que se esconde detrás de tantos discursos populistas de nuestros días, aunque se pronuncien por personas educadas en instituciones de élite y desde partidos respetables. Para empezar, deberíamos devolverles su papel de lugares aptos para el debate y la conversación pública sosegada y razonada. Empezando por los dirigentes políticos y terminando por los ciudadanos hay que volver a tener las discusiones públicas en las instituciones que han sido diseñadas para eso, empezando por los Parlamentos. Nuestra democracia tiene que ser, hoy más que nunca, una democracia deliberativa donde todos, representantes políticos, expertos y ciudadanos de a pie intentemos resolver los problemas que provocan nuestros miedos colectivos.

Decía Judith Shklar en su ensayo El liberalismo del miedo que el liberalismo lo que pretende es precisamente que toda persona pueda tomar sin miedo y sin privilegio las decisiones efectivas posibles en todos los aspectos posibles de su vida siempre que no impida a su vez el que otra persona adulta haga lo propio. También nos recuerda que hay que temer al poder y que la mejor forma de que pierda su carácter amenazante es convertirlo en algo impersonal (el Estado de derecho) limitarlo y dispersarlo (a través de checks and balances). Estos son los grandes logros del liberalismo como ciencia política o ciencia de las instituciones.

De manera que necesitamos más que nunca nuestras democracias liberales con sus entramados institucionales, jurídicos y ciudadanos que debemos reforzar para que sean capaces de protegernos de partidos y de líderes dispuestos a jugar a la ruleta rusa con nuestros temores y angustias. En el ámbito nacional esperemos que un partido como Vox con cuyos votos va a gobernarse tras ser investida ayer Díaz Ayuso la Comunidad de Madrid no se deje arrastrar por el ejemplo de formaciones como la Liga de Salvini. Y es que el miedo es incompatible con la libertad.

The Economist vuelve a considerar a España como una de las veinte democracias plenas

Esta semana hemos conocido el Democracy Index de 2018, el estudio que elabora anualmente el medio británico The Economist, sobre la calidad democrática de los países y que es uno de los indicadores actualmente más prestigiosos.

Pues bien, en el estudio de este año (pueden consultarlo completo aquí), España sigue siendo uno de los veinte países que el medio considera democracias plenas, situándose en la posición 19ª de 165 países que han sido incluidos, con una calificación de 8,08 sobre 10. En el referido ranking, encabezado por Noruega, Islandia y Suecia, en el que España repite la misma nota y posición que el año pasado, nuestro país se encuentra por delante de otros países con democracias más maduras como Estados Unidos o Francia.

 

El estudio divide a los países, entre democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, puntuándolos de 0 a 10, utilizando diferentes variables como el pluralismo político, en la que nuestro país saca una nota de 9,17, libertades civiles (a España se le puntúa con un 8,82), cultura política (7,50), funcionamiento del gobierno (7,14) y participación política (7,78):

Si siempre es importante que la democracia de nuestro país se valore en estos términos, más si cabe lo es este año, teniendo en cuenta los intentos de desprestigio de cierto sector del independentismo catalán, tratando de asimilar a España con regímenes poco democráticos como Turquía, o denunciando la existencia de presos políticos en nuestro país. Pese a ello, la realidad se suele imponer y lo cierto es que podemos presumir de vivir en uno de los pocos países del mundo (sólo hay 20) con una democracia plena.

Pese a lo dicho, esto no debe hacernos caer en la autocomplacencia porque lo cierto es que hay una gran cantidad de trabajo por hacer y multitud de cosas por mejorar, como tratamos de hacer ver en Hay Derecho desde hace varios años.

El problema es que de un tiempo a esta parte, los partidos políticos están más centrados en sus disputas internas, en el frentismo y en encasillar al oponente, que en tratar de llegar a acuerdos para implementar las reformas necesarias que nos permitan seguir avanzando como país democrático. Basta con poner el reciente ejemplo del intento fallido de reforma de parte de los vocales del CGPJ, en el que se ha perdido una oportunidad histórica de conseguir un poder judicial sin injerencias políticas.

Por ello, más nos valdría recordar el camino recorrido desde la Transición para lograr que la democracia en nuestro país se haya consolidado de una manera plena y olvidar cortoplacismos electorales, con el objetivo no sólo ya de conservar nuestra democracia, sino de mejorarla, ya que, insistimos, hay mucho margen de mejora.

 

Gráficos: The Economist

Podemos se querelló contra Díez-Picazo

Tal vez haya llamado la atención del lector el rotundo pretérito verbal del título, pero, así es, Torra y la Generalitat de Cataluña no son pioneros en emprender acciones legales populistas contra el Tribunal Supremo. El pasado 26 de octubre, la formación morada ya presentó su propia querella contra el presidente de la Sala Tercera del Alto Tribunal, acusándolo de prevaricación.

Que ni siquiera Podemos se tomó en serio su querella se constata echando una ojeada al auto nº 5/2018, de 31 de octubre, de la Sala Especial art. 61 LOPJ. Como se recoge en el Antecedente de Hecho 2º, hubo de requerirse a «la parte querellante para que procediera a la subsanación del defecto consistente en la ausencia de poder para interponer la citada querella”. Con esto en mente, poco sorprenderán al lector los peregrinos argumentos de la querella por prevaricación (art. 446.3 CP):

  1. La convocatoria del Pleno de la Sala, según el art. 197 LOPJ y la propia jurisprudencia de la Salta Contencioso-Administrativa, es una resolución judicial, lo cual da fundamento básico al cargo de prevaricación.
  2. Es más que notorio [sic.] que la decisión del querellado de paralizar los recursos y convocar el pleno no se ha fundamentado en criterios estrictamente jurídicos y de justicia material, sino en una clara defensa de los intereses económicos” (FD 2º). Por ello la querella afirma que no se habría convocado el Pleno en interés de la Justicia como exige el art. 197 LOPJ, sino en interés de las entidades bancarias.
  3. La parte querellante consigna la existencia de: “un supuesto conflicto de intereses en el querellado por su «vinculación profesional previa con las entidades financieras», al haber sido profesor de CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros). Así lo habrían revelado ciertas informaciones publicadas en el diario InfoLibre, cuya noticia al respecto se transcribe en la querella [sic.]” (FD 2º).
  4. Este argumento se remata calificando “el acceso a la Presidencia del Excmo. Sr. Magistrado D. Luis María Diez-Picazo fue «dudoso». Así se derivaría, según los querellantes, de las consideraciones contenidas en un informe de Rights International Spain, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente de fecha 28 de julio de 2015, dirigido a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los Jueces y Abogados (parte de cuyo contenido se transcribe también en la querella.)” (FD 2º).
  5. Se citan, además, los comunicados críticos de las Asociaciones Judiciales Juezas y Jueces para la Democracia y Franciso de Vitoria contra la decisión del juez Díez-Picazo, ambos fechados el 22 de octubre, y la que “la decisión ha sido criticada por partidos, sindicatos, jueces, magistrados, economistas y asociaciones [sic.]” (FD 2º)

La querella, desde luego, muestra un esmerado corta y pega, lo cual no sería necesariamente negativo, si los argumentos recogidos tuvieran algún valor jurídico. Pues, quizás, el lector comparta la impresión de que hemos leído una arenga política disfrazada de querella.

Con incontestable argumentario la Sala 61 inadmite la querella. En primer lugar, referenciando la STS (Sala de lo Penal) 228/2015, de 21 de abril, recuerda que la base probatoria por el cargo de prevaricación judicial es sobre todo la resolución en la que se habría cometido el delito, dando a entender que, entre el aluvión de citas y referencias del querellante, nula atención suscita el texto de la convocatoria del pleno de la sala del 19 de octubre (FD 4º).

Seguidamente, recuerda que la potestad del Presidente de Sala de convocar el pleno está prevista en la LOPJ (arts. 197 y 264) precisamente para analizar casos de gran complejidad, que supongan jurisprudencia novedosa o cuando se requiera de la unificación de criterios jurisprudenciales. Después de que, en su sentencia 1505/2018, la Sección 2ª de la Sala Tercera anulara el art. 68.2 del RD 828/1995, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, frente a una jurisprudencia histórica de la misma Sala -confirmada en las SSTC 24 y 223/2005- que ningún problema apreció con el citado precepto, poco margen había para esquivar la convocatoria del Pleno.

Implícitamente, la Sala Especial no niega que lo deseable hubiese sido convocar el pleno antes de que esa sentencia se emitiera, pero no hay ningún motivo de orden legal que impida su convocatoria posterior. En cierto modo casi parece que la LOPJ impone el deber de unificar criterios a las salas. Aún a riesgo de pecar de coloquial, siempre he visto en los acuerdos de sala la herramienta mediante la cual el TS se anticipa a los recursos de casación en interés de ley y análogos.

Por último, de nuevo referenciando la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, STS 101/2012, de 27 de febrero, la calificación como prevaricadora de una resolución judicial se debe entender en términos objetivos, de modo que: “su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos” (FD 4º). No pudiendo incluirse la decisión de Díez-Picazo en ninguno de los supuestos, decae nítidamente el cargo de prevaricación, lo que en base al art. 313 LECrim, condujo a la inadmisión de la querella.

¿En la asesoría jurídica de Podemos nadie era consciente de tan mayúsculas obviedades jurídicas? ¿Nadie lo es entre los servicios jurídicos de la Generalitat que gastarán dinero público en una querella a la que se le anticipa el mismo breve recorrido que el que tuvo la de la formación morada? Parece previsible que Podemos anhelaba el protagonismo de unos titulares que, para su decepción, no se le dieron.

Para algunos no hay crisis de Estado ni institucional bastante grave como para al menos disimular un poco la cacería carroñera de votos. Como otros muchos juristas, he vivido con gran preocupación este episodio trágico en la historia del Tribunal Supremo. De entrada, como ya apuntó Miguel Fernández Benavides en este mismo foro (ver aquí), los ciudadanos deberíamos saber si una deslealtad hacia Díez-Picazo ha sido el detonante de este embrollo. En ese caso, el CGPJ debería depurar responsabilidades según determina la LOPJ. Las animadversiones personales no pueden afectar al buen funcionamiento de un órgano judicial y menos al Tribunal Supremo.

La clase política bien haría en callar. La aplicación de esta norma que ha confirmado el Pleno de la Sala Tercera se venía produciendo desde principios de los noventa y nadie había puesto el grito en el cielo. Precisamente, en diversas CCAA donde gobiernan «las izquierdas» el IAJD había experimentado subidas en la última legislatura. Por no hablar de que la norma en cuestión era harto confusa, el Pleno decidió por 15 votos frente a 13.

Si a Podemos le preocupa cómo se estructura el Poder Judicial en España, más le convendría no entrar en el reparto de vocalías del CGPJ que emborronar querellas. Precisamente, Hay Derecho se preocupa hace mucho tiempo por esta cuestión y por la independencia de la fiscalía desde una concepción imparcial, profesional y comprometida, libre de oportunismos del politiqueo.

Mucho más compleja es la cuestión de cómo debe hacerse la justicia. A mí me parece inconcebible un sistema judicial puro, abstraído totalmente de la sociedad y sus necesidades. Ahora bien, sería deseable que ningún juez pusiera su ética, valores… o sensibilidad social por encima de la norma escrita que el legislador le ha dado. Con esto no pretendo tomar partido en contra la STS 1505/2018, pues, con sincera humildad, creo que es una cuestión en que debo oír a expertos tributaristas y civilistas antes de hablar yo. Por no hablar de que, según viene ocurriendo en cuestiones de consumidores y usuarios, la meta final de esta polémica, tal vez, la encontremos en Luxemburgo. Me despido con una reflexión algo más abstracta, pero asimismo fundamental, como es que la democracia necesita de una lealtad recíproca entre legislador legal, legislador reglamentario e intérprete judicial. Lealtad que no hemos visto los ciudadanos durante este crisis.

El retroceso de la tercera ola democratizadora

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del fascismo. Para una generación de bebés nacidos después de la caída del muro de Berlín, como es la mía, la historia se desliza a través de las grietas de la cultura de Hollywood que la ha encarnado. En nuestra conciencia colectiva, 1989 se asemeja más al nombre de un álbum de la cantante Taylor Swift, que al año piramidal. En 1989 se produjeron revoluciones en Bulgaria, Polonia, Hungría y Alemania del Este, por nombrar solo algunas. Estas revoluciones en gran parte pacíficas vieron el derrocamiento de líderes políticos atrincherados y la participación de partidos no comunistas en procesos democráticos nacientes. Estos acontecimientos terminaron con medio siglo de miedo, de sangre derramada en las balas translúcidas de las guerras proxy, de censura, de la represión y de las cortinas que rasgaron el mundo más profundamente de lo que la imagen de un telón de acero puede llegar a transmitir.

En un artículo académico para el Journal of Democracy publicado en 1991, el profesor de Harvard Samuel Huntington conceptualizó la formación de democracias en el marco de las olas políticas, culturales y sociales. Desde las revoluciones liberales que se extendieron por Europa y América del Norte en los siglos XVIII y XIX, liderando las primeras experiencias democráticas conjuntas, al proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, Huntington señala la existencia de ambas olas: de formación de democracia y «olas inversas» de reacción antidemocrática.

1989 fue el epicentro de la tercera ola democratizadora, cuando los estados de la antigua órbita soviética formaron democracias que se integrarían, en mayor o menor grado, en un sistema político, económico y social globalizado. En la década de los años 90, Polonia, Hungría y la República Checa ingresaron en la OCDE, lo que demuestra los progresos en la consolidación de sus procesos democráticos y el logro de una economía de mercado funcional. El símbolo final de la consolidación del éxito democrático, la integración en la Unión Europea, vendría para prácticamente todos los antiguos estados satélites soviéticos en la primera década del siglo XXI. Si bien estos procesos de democratización culminaron con la integración internacional, las revoluciones que se extendieron por toda Europa no hubieran sido posibles sin los importantes esfuerzos de los actores de la sociedad civil convertidos en actores políticos en el proceso de transición, como Vaclav Havel o Lech Walesa.

Después del trabajo crítico de las organizaciones de la sociedad civil como promotores de la democracia en la década anterior a 1989 y la creencia social generalizada en la democracia y la integración europea en toda Europa del Este, posiblemente seamos testigos de la tercera «ola contraria» de la democracia. Estas jóvenes democracias están siendo amenazadas desde dentro. Durante la guerra fría, las erosiones de la democracia se produjeron mediante golpes de estado. Actualmente, las erosiones de nuestras democracias están siendo infligidas por líderes elegidos democráticamente.

Desde Viktor Orban, de Hungría, hasta el Partido de la Ley y la Justicia de Polonia, los últimos años han visto a estos países luchar contra la UE al aprobar una serie de reformas legales que debilitan el estado de derecho en favor del ejecutivo, perpetrar detenciones ilegales de refugiados, limitar las libertades civiles y atacar los derechos de las mujeres y las minorías.

Después de 1989, la consolidación de las democracias liberales parecía ser inherente al nuevo orden mundial internacional: el triunfo sobre un sistema mundial en competencia, el comunismo. Para los bebés nacidos después de la caída del Muro de Berlín, la democracia parecía un derecho incuestionable e irreversible en el que habíamos nacido. Como la tecnología, fue entretejida en nuestro ADN. Para las generaciones que estuvieron involucradas en las revoluciones de 1989 y que vivieron la opresión de la esfera soviética, un regreso a la autocracia parecería inconcebible.

¿Cómo es entonces que en 2018 enfrentamos una revolución que es la antítesis de las revoluciones que enfrentamos hace 50 años, en 1968? ¿Por qué estos movimientos favorecen las tendencias autocráticas, las democracias no liberales y el nacionalismo xenófobo? La democracia está siendo erosionada desde sus propias instituciones: en Hungría, el Primer Ministro Orban ordenó la detención de los refugiados y solicitantes de asilo que describió como «invasores musulmanes«. Además, Hungría erigió una valla en su frontera con Serbia y realizó expulsiones extrajudiciales de migrantes ilegales según el Derecho Internacional. Esto, con el apoyo de la población que eligió a Orban y alimenta esta contrarrevolución. Todos estos casos han desencadenado la recomendación sin precedentes del Parlamento Europeo sobre la activación del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, nunca antes aplicada y utilizada solo en las violaciones graves del TUE.

En la década de 1990, Huntington predijo que el catalizador de nuestra actual inversión estaría inherentemente vinculado a un colapso de la economía global. Si bien la economía mundial se está recuperando de la crisis financiera a nivel macroeconómico, este alivio es una tirita para el resultado real de la crisis del subprime. Es decir, la corrosión de la confianza en las instituciones democráticas como contrapesos a la globalización meramente económica y, en última instancia, un deterioro de la confianza del público en la democracia como el medio legítimo de organización. Esta crisis económica, entretejida con crisis humanitarias y conflictos que han provocado la crisis mundial de refugiados, se ha convertido en el escenario de un discurso proteccionista nacionalista.

El papel que Estados Unidos ha jugado en la disminución de la fe en las instituciones democráticas no debe ser subestimado. Como país que se enorgullecía de su misión de la Guerra Fría para exportar la democracia, ahora se está alejando drásticamente de su influencia global. El presidente Donald Trump ha alienado a la comunidad internacional con sus guerras comerciales y ha hablado de retirar a los Estados Unidos de las principales organizaciones internacionales y tratados multilaterales. Los Estados Unidos de Trump son un bastión de esperanza para los países de Europa del Este cada vez más autocráticos, como Hungría, Polonia y Bulgaria. Trump encarna precisamente la solución a los problemas más urgentes que enfrentan las democracias jóvenes post-soviéticas, o las democracias de áreas grises: políticas nacionalizadoras para contrarrestar los impactos de las identidades étnicas yuxtapuestas dentro del estado-nación, una política de fronteras cerradas hacia la migración y un Renacimiento nativista.

Hasta hace poco, estas democracias habían conservado muchos de los principios e instituciones que los han impulsado: desde la división del poder, la liberalización de los medios de comunicación, una sociedad económica y política independiente y los compromisos internacionales que emanan de nuestra membresía dentro del orden multilateral. Por lo tanto, evitando que el Ejecutivo tome el poder de manera autocrática. Sin embargo, el desmantelamiento de la legitimidad de la democracia a los ojos del público es una tendencia sociológica preocupante que amenaza a algo más que a la opinión pública: amenaza los cimientos de la democracia misma. Esta falta de fe en la democracia podría llevar a la normalización de la ejecución de reformas cada vez más autocráticas, como la alarmante reforma constitucional polaca o las detenciones extrajudiciales de refugiados húngaros.

Hay quienes están llegando a la mayoría de edad en 2018, portando símbolos fascistas en manifestaciones xenófobas y pretendiendo reconstruir el muro que la generación de sus padres derribó. Los líderes de los gobiernos polaco y húngaro están destruyendo su independencia judicial; y en la América de Trump, la opinión de su base electoral se basa en los 140 caracteres del Tweet presidencial. Esta es la crónica del retroceso de la tercera ola democratizadora.

 

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