Entradas

La Constitución en la pandemia, ¿papel mojado?

Una situación tan grave y relativamente sobrevenida como es la mayor pandemia mundial sufrida el último siglo supone un reto para todos los países, también en el ámbito legal y en la defensa de los derechos y libertades. La pandemia y el riesgo de contagio llevan a los Gobiernos y autoridades a regular el ejercicio de los derechos fundamentales en un régimen de excepcionalidad que justifica ciertas decisiones, pero esto mismo debe llevar a doblar el control a los Gobiernos, tanto por parte del poder legislativo y judicial como de la propia ciudadanía, o de lo contrario se producirán abusos de poder.

No sólo se producen abusos de poder en los regímenes iliberales, las Democracias también se están resintiendo durante la Pandemia y España no es una excepción. Desde hace cuatro meses, diversas medidas tomadas por los Gobiernos centrales y autonómicos han llegado al límite, y lo han sobrepasado, del marco constitucional.

El domingo 12 de julio se celebrarán las elecciones en Galicia y País Vasco, aplazadas hace cuatro meses, en las cuales las respectivas administraciones impedirán ejercer su derecho al voto a parte de los ciudadanos. Los respectivos gobiernos autonómicos han indicado que personas que hayan dado positivo por covid-19 en las últimas dos semanas, o tengan pendiente el resultado de las pruebas no podrán acudir a votar.

La ley 3/1986 de Medidas especiales en Materia de salud pública, en su artículo 3, contempla la posibilidad de tomar las medidas oportunas para el control de enfermos con enfermedades transmisibles. En la aplicación de cualquier ley debe imperar siempre el principio de proporcionalidad. Aunque tanto las causas como las posibles medidas son a propósito ambiguas, es razonable pensar que se puede impedir a un infectado acudir a un centro electoral y poner en riesgo la salud pública. Lo que es mucho más dudoso es que exista proporcionalidad al impedir a estas personas ejercer su derecho al voto sin alternativa posible. Que las autoridades no hayan tomado las medidas necesarias para permitir el ejercicio de un derecho fundamental tras cuatro meses de pandemia, es algo que afecta seriamente al sistema democrático.

Toda persona que lo desee, debe poder ejercer su derecho al voto y las autoridades deben hacerlo posible, especialmente en los casos donde ellos han impedido el ejercicio de este derecho de la forma ordinaria. El voto por correo con las medidas oportunas debería ser la solución menos mala, ya que tras cuatro meses de pandemia no se han desarrollado alternativas tan viables como el voto electrónico. Que esta situación, tras cuatro meses de pandemia y el aplazamiento de esas mismas elecciones sea sobrevenida es discutible. Que la existencia de situaciones, en abstracto, que puedan dificultar el ejercicio de un derecho fundamental como es el voto, y la necesidad de articular alternativas por parte del legislador, no lo es.

La ley mencionada otorga la capacidad a los Gobiernos de tomar las medidas que consideren oportunas con control judicial a posteriori, lo cual no impide que estas puedan y deban ser criticadas al carecer absolutamente de proporcionalidad. No sólo se impide la asistencia al centro, algo comprensible, sino que al no ofrecer ninguna alternativa, impide ejercer un derecho fundamental como es el voto.

Estas cuestiones no deberían coger de imprevisto a unos dirigentes que hace cuatro meses suspendieron las elecciones por la pandemia aún hoy presente. La decisión de aplazar las elecciones fue a todas luces inconstitucional. La Constitución no contempla aplazar las elecciones, tampoco por la existencia del Estado de Alarma. Es completamente razonable defender que las elecciones no podían celebrarse dadas las condiciones, menos comprensible es que el legislador no haya previsto ninguna solución constitucional tras cuatro décadas de democracia, especialmente cuando el debate no se da ahora por primera vez, sino que ya surgió con el 11M.

Se hizo lo único que se podía hacer, con el consentimiento de todas las fuerzas políticas y de la ciudadanía, se saltó la Constitución aplazando las elecciones en Galicia y País Vasco. Violar la Constitución de forma tan clara, incluso en tales circunstancias, debería llevar a tomar conciencia del grave fallo institucional que ha llevado a tal situación y abrir un debate, de forma inmediata, sobre su solución. En lugar de eso, se dio por bueno que los políticos pudieran saltarse sin más la Constitución de forma tan grave, sin que tal hecho generase debate alguno ni propuestas de reforma.

Que hoy algunos vuelvan a poner sobre la mesa el aplazamiento de las elecciones sin que se hayan tomado medidas tras un hecho tan grave, por mucho que fuera necesario, y que otros acepten sin más la limitación de un derecho fundamental como es el voto, pone en relieve un riesgo que va mucho más allá de las situaciones concretas. Si el miedo a la pandemia nos lleva a permitir que se violen derechos y libertades, así como normas constitucionales sin ninguna consecuencia, lo que está en peligro es la propia Democracia.