La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es una buena ocasión para replantear aspectos esenciales de la práctica política y del Estado, en un nuevo contexto europeo e internacional. Aquí se sugieren siete cambios fundamentales que podrían ser impulsados por la crisis.
Consenso político dentro del Estado
La primera lección debería ser que es preciso un consenso en asuntos de Estado. Las luchas entre partidos pierden mucho sentido cuando surgen amenazas que afectan a todos. Los peligros externos y los objetivos comunes sirven de cemento para unir a las comunidades políticas. Un ejemplo de proyecto colectivo que unió a los españoles fue la democratización del país y la adhesión a la Comunidad Europea en los años 80, y este tipo de proyectos falta hoy. Estamos asistiendo a una creciente polarización política en España, y está demostrado que esta lacra termina desestabilizando a los países. La polarización impide identificar objetivos comunes y termina perjudicando a la sociedad. A pesar de todo, la pandemia ha servido para unirnos más de lo que los debates parlamentarios dan a entender. Diversos partidos han aceptado hasta ahora los estados de alarma, los ciudadanos han respetado con gran disciplina las normas, y han apoyado los esfuerzos de sanitarios, fuerzas del orden y suministros con admirable espíritu de comunidad en esta etapa tan dura.
La actuación colectiva no debe limitarse a la lucha contra el coronavirus. La crisis debería servir para comprender que hay cuestiones de Estado que no pueden ser objeto de reyertas partidistas o territoriales. Un buen sistema sanitario es una necesidad que se impone por sí misma. Tenemos una buena sanidad pública y una de las esperanzas de vida más altas del mundo, pero hemos descubierto que no invertíamos lo suficiente, que faltaban medios, y que la descoordinación entre territorios puede ser disfuncional. Los ciudadanos necesitan la mejor sanidad posible con independencia del partido que gobierne y del territorio donde se encuentren. Otras cuestiones esenciales que requieren el máximo consenso son la educación, la protección del medio ambiente, la justicia, la acción exterior o la sostenibilidad del Estado de bienestar. Tras la pandemia, dichas cuestiones deberían situarse al margen del mercadeo político, en beneficio de todos.
La columna vertebral de la sociedad y los ingresos públicos
La crisis ha puesto de manifiesto que un país moderno funciona gracias a estructuras sólidas que aseguran bienes y servicios públicos. La sanidad, los transportes, la seguridad, los suministros, el registro civil, la administración, o la educación funcionan no porque una ministra, un director general, una parlamentaria o un alcalde sean geniales sino porque detrás hay un entramado de grandes profesionales que realizan su trabajo de manera eficiente. Los aplausos que cada tarde se dedicaban a ellos no estaban dirigidos a los políticos, sino a héroes anónimos que hacen una labor esencial en tiempo de crisis – y también en tiempos normales. De ahí la necesidad de desacralizar la tarea de los políticos, quienes al fin y al cabo son también servidores públicos. Tras este episodio, los representantes políticos deberían fomentar menos el culto a la personalidad y mostrar mayor reconocimiento a la función esencial que realizan las estructuras del Estado.
Los servicios y los bienes públicos son la columna vertebral de un Estado moderno. Para mantener ese sistema óseo, sustentador de los demás órganos y del tejido económico y empresarial, son imprescindibles ingresos públicos, que otros países invertebrados no aciertan a recolectar. Hemos descubierto que la sanidad pública estaba infradotada, y esto se aplica igualmente a partidas que se encuentran por debajo de las medias europeas. La huida hacia paraísos fiscales de fortunas personales y de empresas, la evasión y elusión de impuestos, así como la economía sumergida tienen una gran parte de culpa de que no tengamos una sanidad (y otros bienes y servicios públicos) como necesitamos. Las cifras que se calculan de economía sumergida en España están entre las más altas de Europa. Algunas empresas multinacionales, en especial las tecnológicas, hacen ingeniería fiscal para no pagar impuestos allí donde hacen sus beneficios. A partir de ahora todas las empresas y todos los ciudadanos deberían ser conscientes de que una sociedad bien estructurada y justa requiere la contribución progresiva, y esto se aplica especialmente a los más adinerados. La presión fiscal en España es de un 35,4% del PIB, una de las más bajas de Europa, mientras que en la Eurozona la media es el 41,7%. Y esta no es una cuestión partidista: en los países escandinavos, gobiernos de todo signo han mantenido una presión fiscal que permite el buen funcionamiento de los servicios públicos y del bienestar.
Papel de la inteligencia y del mérito
La crisis también ha demostrado la importancia de una buena inteligencia para hacer frente a las amenazas y los problemas de hoy. El ciclo electoral de cuatro años obliga a un enfoque de corto plazo en la mayoría de las cuestiones que afectan a los ciudadanos, mientras que muchas de ellas se despliegan en el largo plazo y dependen del entorno global. Para un correcto análisis, es precisa una visión más amplia que solo pueden dar los expertos y científicos, que conocen a fondo los problemas, especialmente cuando du complejidad ha aumentado.
Para tomar decisiones bien fundamentadas, habría que huir de las recetas simples y precocinadas que dominan en los partidos, y que después ellos mismos se ven obligados a rectificar. El mito de políticos que saben todo y tienen respuestas para todo debería ser puesto en cuestión. Es evidente que la gestión de la crisis sanitaria ha sido realizada por expertos en todos los países, y la futura situación jurídica, llena de cuestiones espinosas, así como la inminente crisis económica requerirán también profundos conocimientos técnicos. Hacen falta potentes unidades de análisis sobre las diversas cuestiones clave en los Ministerios y también en el Parlamento. En el Congreso de Estados Unidos existe un Congressional Research Service, en Francia los servicios de la Asamblea Nacional producen unos completos Rapports d’information accesibles en internet, y el Parlamento británico dispone de la House of Commons Library, que es una unidad independiente que produce información imparcial.
En España, el nombramiento de los ministros es una decisión exclusiva del Presidente del Gobierno sin ningún otro requisito, según el artículo 100 de la Constitución. Esto ha supuesto, por ejemplo, que la lista histórica de Ministros de Sanidad, tanto del PSOE como del PP, incluya personas que tenían formación y experiencia en este campo, pero también otras muchas que no. Estas últimas pueden tener intuición y sentido común pero deben aprenderlo todo. La crisis debería ser una llamada de atención para que el nombramiento de ministros y otros altos cargos no se hiciera solo con criterios de reparto político sino teniendo en cuenta criterios de competencia y mérito. Esta es una cuestión sobre la que insiste acertadamente la Fundación Hay Derecho. No es una obligación constitucional pero debería existir la presión social y de los medios para que fuera así.
La trampa de la deuda
A lo largo de décadas hemos conseguido un Estado del bienestar que es un gran avance de nuestras sociedades. Pero el bienestar consume gran parte del presupuesto. La partida más abultada son las pensiones, que actualmente suponen el 42% del gasto público. El Banco de España ha indicado en sucesivos informes la necesidad de moderar esta partida para asegurar su sostenibilidad en el futuro. El colosal aumento del gasto social en las últimas décadas se ha financiado en gran medida gracias al endeudamiento y al déficit. De hecho, durante años pudimos paliar las consecuencias de la crisis iniciada en 2008, que provocó una reducción de los ingresos fiscales, por medio de un aumento del déficit y la deuda. España comenzó aquella crisis con una deuda pública del 40% del PIB hasta llegar al 97% en 2019, Francia empezó con una deuda del 69% en 2008 y actualmente está en el 98%, mientras que Italia tenía una deuda del 106% en 2008 y hoy soporta un 134%, según datos de Eurostat. El hecho de que la deuda pública en estos países sea tan elevada nos sitúa en un mal punto de partida para afrontar la crisis, como intenté explicar en este artículo, y como advertía de forma premonitoria un estudio de la OCDE de noviembre de 2019.
Más arriba hemos subrayado que el consenso es necesario en cuestiones de Estado. Normalmente este consenso significa que la derecha debe aceptar que hay que pagar impuestos y la izquierda reconozca que el gasto público debe limitarse. Eso es en condiciones normales. Ahora el escenario es muy diferente. El reto que impondrá la enorme crisis a que nos enfrentamos es que debemos hacer las dos cosas simultáneamente: es muy probable que debamos aumentar los impuestos (directos e indirectos) y reducir drásticamente el gasto público. Hoy consenso significa que las fuerzas políticas deberían ponerse de acuerdo sobre estos grandes objetivos y que acierten a explicar esas recetas dolorosas a sus respectivos electorados. Parece evidente que los ricos y las empresas que resistan deberán pagar más impuestos y la elusión y la evasión fiscal deberán perseguirse con más determinación en el ámbito internacional. Asimismo las pensiones y los sueldos de los funcionarios deberán reducirse junto con muchos conceptos de gasto social. Pero habrá que mantener los bienes y servicios públicos esenciales que se ensalzaban más arriba, como sanidad, educación, justicia y seguridad, para consolidar una sociedad fuerte. Será una tarea de todos y cuanto antes nos demos cuenta de este nuevo desafío común, mejor.
Unión Europea: las fronteras de la solidaridad
En las últimas semanas, el debate en la UE se desarrolla entre los países del norte y del sur a propósito de las ayudas que deben articularse para superar la crisis profunda a que nos enfrentamos. Desde España, apelamos a la solidaridad, ya que sufriremos por la gran dependencia de nuestra economía del turismo y de exportaciones como la industria automovilística. Desde el norte, se ha comprendido esta necesidad, aunque subsisten recelos en cuanto a la naturaleza y la cuantía de las ayudas. ¿Qué subyace en el fondo de este debate? Con criterio realista, es importante comprender que la Unión Europea es una unión de Estados, como claramente reflejan sus tratados constitutivos. Los más federalistas y europeístas (y los españoles lo somos) quisiéramos que la Unión estuviese más integrada, pero la verdad es que los Estados siguen siendo los protagonistas de las grandes decisiones. Por este motivo, las fronteras de la solidaridad siguen siendo las de los Estados, aunque la Unión sea un gran avance histórico de integración, que ha establecido normas y libertades, una moneda común y cierta solidaridad, pero no dispone de una política fiscal común.
Sin duda, la Unión Europea ejercerá un gran papel en la salida de esta crisis, ayudará a los países más afectados, e intentará evitar males mayores. Pero todo ello lo hará dentro de sus posibilidades. Su acción para la salida de crisis tendrá dos dimensiones: las ayudas a la economía real, y el sostén financiero. En cuanto a las ayudas, el Consejo Europeo del 23 de abril decidió que el presupuesto de la UE pasaría del uno por ciento de la suma de los PIB de los Estados miembros, como es hoy, hasta el dos por ciento, para crear un Fondo de Recuperación que podría administrar hasta 100.000 millones de euros. Este aumento del presupuesto es una magnífica noticia, y supondrá una transformación del marco financiero plurianual 2021-27. Solo semanas antes, los países más ricos se negaban y, debido a la pandemia, lo han aceptado rápidamente. Este fondo servirá para reactivar las economías que más lo requieran, cumpliendo una misión similar a los fondos estructurales y de cohesión de los que España se benefició durante años. No obstante, el monto indicado, con ser enorme, deberá ser repartido entre los miembros y no cubrirá las necesidades de una caída del PIB como la que se anuncia en torno al 8% de media.
En cuanto al sostén financiero, será fundamental para la estabilidad del sistema, en especial durante los próximos meses cuando el shock se deje notar en las cuentas públicas y los Estados necesiten recursos para hacer frente al gasto. Aquí no se ha decidido todavía el mecanismo preciso, y los expertos detallan las diversas opciones. Desde luego, las ideas de mutualizar deuda, hacerla perpetua para pagar solo intereses y no el principal, o crear “coronabonos”, que proponían los países del sur, no parece que puedan ponerse en práctica. En todo caso, si el Banco Central Europeo y los países con finanzas más sólidas están dispuestos a mantener el sistema, esa voluntad será fundamental para generar confianza, como resumió la famosa frase de Mario Draghi “whatever it takes”. Aquí el problema será la dimensión de las necesidades, que alcanzan un monto formidable. Y de nuevo el peso de la deuda planea como una sombra alargada sobre nuestras economías. Los países que soportan una deuda en torno al 100% del PIB tienen menos margen para endeudarse, y actualmente ya están pagando ingentes cantidades cada año en intereses: se calcula que Francia paga un 2% de su PIB, España un 2,4%, e Italia sube hasta un 3,5%.
En estas condiciones, será imprescindible usar una batería de medidas combinadas: incrementar los impuestos, reducir el gasto público, recibir ayudas de la Comisión en sectores clave, y además será preciso también el respaldo decidido del Banco Central Europeo, otras instituciones financieras, y de los Estados del norte para asegurar que la financiación pueda seguir fluyendo y que no sea demasiado onerosa. El papel de los Estados en la economía se incrementará más allá de los criterios keynesianos, como ha señalado recientemente Alicia González. Incluso en términos de proteccionismo industrial, es posible que los países europeos necesiten realizar acciones más allá de los Tratados, como han comenzado a hacer para proteger las aerolíneas. La lección de todo esto es que necesitamos un Estado fuerte y una Unión Europea que responda de acuerdo a la interdependencia que nos une. La solidaridad entre europeos no será exactamente como nosotros quisiéramos, pero será absolutamente necesaria para sostener el sistema. Otra idea que deberíamos retener para el medio y largo plazo es que una deuda excesiva compromete a la sociedad hacia el futuro, porque significa expansión y más gasto para hoy pero dificultades para mañana.
Consumismo y medio ambiente
Otra lección importante de esta crisis es que es posible vivir de manera más sencilla, y que somos capaces de refrenar la vorágine del consumismo que nos engullía. El confinamiento ha sido muy duro y representa sin duda un modo de vida extremo no deseable, por lo que hay que volver gradualmente a la actividad económica en cuanto sea posible. Pero en el otro extremo se encuentra una forma de vida exagerada que se había generalizado en la etapa de la globalización, visible en los más diversos índices de consumo a escala global. La idea, ahora, es si acaso el parón obligado de la pandemia podrá servir para encontrar un modo de vida intermedio, que sea menos destructivo, más humano y más racional. Todos necesitamos consumir, y una economía eficiente por medio de la producción de bienes y servicios, el capital, el trabajo y los intercambios. Sin embargo, un grado razonable de consumo es muy distinto del consumismo que nos ofusca, y que es una degeneración del anterior. El consumismo es en realidad un invento del último siglo, que se inició en Estados Unidos espoleado por la publicidad, y hoy se ha extendido a todo planeta. En mi ensayo Filosofía de las relaciones globales intento explicar que el consumismo es el resultado de los instintos subyacentes en los humanos de posesión, acumulación y curiosidad, y que la alta consideración que se le tiene es exagerada.
El consumismo a escala global produce un efecto devastador sobre el medio ambiente, con una contaminación masiva, agotamiento de recursos, extinción de especies y el cambio climático. Estos problemas están comenzando ahora, mientras que las generaciones futuras los sufrirán con más agudeza. Las advertencias científicas no son atendidas, del mismo modo que las que reclamaron una mejor preparación para contener una pandemia tampoco lo fueron. El coste humano y económico de la actual crisis debería ser una advertencia para tomar las medidas necesarias y evitar costes mayores en el futuro por el deterioro del medio ambiente. Desde la Comisión Europea se ha propuesto un Pacto Verde Europeo que introduciría una economía más sostenible tras la crisis, y esta es una buena iniciativa. Pero estamos ante un desafío multidimensional que, además de medidas concretas en Europa, necesita la actuación en dos frentes. Es precisa una acción internacional concertada que involucre a los países más contaminantes, como China y Estados Unidos. Además, y no menos importante, necesitamos cambios culturales y de mentalidad en nuestra civilización global para promover una forma de vida menos consumista, más humana y más respetuosa con el medio ambiente. Un cambio histórico similar a la abolición de la esclavitud, la prohibición de la guerra o la igualdad entre hombres y mujeres, que requerirá una nueva concienciación de todos.
Gobernanza global
El contraste entre la reacción internacional a la crisis de 2008 y la falta de respuesta frente a la crisis del coronavirus no puede ser más claro. Muy poco después de la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, Estados Unidos convocó una cumbre de urgencia que tuvo lugar el 15 de noviembre en Washington y que dio lugar a la creación del G-20. Aquella reunión lanzó mensajes claros, con el aliciente añadido de que era la voz de la comunidad internacional que hacía frente a una emergencia global. Tras la declaración de pandemia por parte de la OMS el 11 de marzo, y después de comprobar que se extendía a todos los continentes e iba a castigar a los más distintos países, a la economía global y a todo tipo de intercambios, no ha habido ningún gesto de los líderes globales para dar una respuesta coordinada o para lanzar un mensaje de unidad frente a una amenaza común.
Esto se debe a que, lamentablemente, estamos atravesando una etapa de fragmentación global, donde la mayoría de los países mira hacia el interior a pesar de los retos colectivos. Las políticas del Presidente Trump son probablemente el rasgo más característico de esta época. En estas condiciones de dispersión, ¿es posible pensar en un reforzamiento de la gobernanza global? Es impensable. Y sin embargo, una actuación en común de los Estados es más necesaria que nunca, y no solo frente al coronavirus y la crisis que conlleva, sino también a las demás amenazas y desafíos globales, que no han desaparecido. En este punto, la última conclusión que podemos extraer es que, a falta de acción, debemos concentrar los esfuerzos en la preparación de la reforma de la gobernanza global en el futuro próximo. Aunque ahora parezca imposible, llegará el momento, por ejemplo hay un cambio de Administración en Estados Unidos, en que tengamos que acordar reformas, instituciones y normas comunes en los diversos campos de la economía y las finanzas, la paz y la seguridad, y el medio ambiente. Por razones históricas, por su pertenencia a la familia europea y sus vínculos con América, y porque es una potencia media con una situación estratégica de vínculo entre continentes, España está bien emplazada para hacer una contribución útil en esa tarea.
