Sistema Kafala: esclavitud estatal en el siglo XXI
“Estuve más de un año sin poder salir de casa, ni siquiera para acercarme a una tienda del barrio. Me pegaban todos los días con cables de la electricidad, me arrastraban por el pelo a través del suelo de la casa, incluso me estampaban la cabeza contra las paredes. Un día ya no pude más y salté por el balcón de la cocina. Estaba en un segundo piso. Me partí las dos piernas, y me destrocé la cara. Y sí, no tenía opción. Ninguna ONG, ni la policía, ni nadie, me hizo caso hasta que salí lisiada en televisión”.
Esta es la historia de Lensa Letisa Tufa, una trabajadora doméstica de origen etíope.
El sistema Kafala (o sistema de patrocinio), constituye una de las últimas formas de esclavitud más claras que podemos encontrar en el mundo. Implementado y protegido por algunos gobiernos, este sistema de trabajo denigra y explota a las personas, sumiéndolas en un laberinto del que difícilmente podrán escapar.
¿Qué es el sistema Kafala?
El término Kafala, significa “patrocinio” en árabe, y se encuentra intrínsecamente relacionado con la realidad de este sistema. Nació a principios del siglo XX, aunque sufrió una notable expansión en 1950 con el objetivo de permitir la entrada de trabajadores extranjeros en el país durante épocas de bonanza económica, concediéndoseles un estatus especial que les permitía trabajar sin necesidad de tener que completar los complejos trámites que requiere un visado de trabajo para los nacionales de algunos países.
Pese a ello, se ha ido transformando con el paso de los años, llegando a ser lo que muchas ONG consideran una forma de esclavitud moderna de nuestro siglo.
En el año 2022 el Kafala se encuentra ya implantado en casi todos los países de la región del golfo pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Arabia Saudí, Omán, Kuwait y Qatar), así como en el Líbano y Jordania. A pesar de la similitud del sistema entre los países mencionados anteriormente, hay ciertas variaciones en cuanto a su modo de establecerse en cada territorio.
Para ONGs como Migrants-Rights, el Kafala es entendido como una vía que utilizan los gobiernos para delegar la supervisión y responsabilidad de los trabajadores migrantes a ciudadanos o empresas privadas, desentendiéndose casi al completo de ellos, y dejándolos totalmente desamparados ante la ley.
El sistema brinda a los denominados patrocinadores o kafeel un conjunto de medios legales para controlar a los trabajadores: sin el permiso explícito de estos, los trabajadores no podrán cambiar de trabajo, dejar el que desempeñan, o abandonar el país. Si el trabajador decidiese abandonar su empleo sin permiso del patrocinador, este, amparado por la ley, gozaría del poder de cancelar la visa de residencia del trabajador, convirtiéndolo automáticamente en un residente ilegal sin documentos, que son previamente retirados por los patrocinadores.
Esta situación tiene su origen en que cuando los trabajadores llegan al hogar o a un lugar de trabajo determinado, el patrocinador les suele retirar el pasaporte, a pesar de estar prohibido por ley, pero no perseguido; lo que les convierte automáticamente en esclavos ante la imposibilidad de poder acudir a la policía a denunciar su situación, a sabiendas de que acabarán entre rejas por no tener documentos, o por no tener prueba alguna de que su patrocinador es la persona a la que buscan demandar.
La situación descrita es muy común entre los trabajadores y suele ir acompañada de la cancelación del visado de trabajo, lo que implica la expulsión de aquellos mediante duros procesos de deportación, o sufrir un tiempo indefinido privados de libertad.
Un punto muy importante en este sistema de patrocinio es la necesidad de un intermediador, que bien se refleja en la figura de una empresa, o en la de un agente solitario. Ambas figuras pueden llegar a cobrar más del 35% del supuesto salario mensual de dichos trabajadores.
La cuestión clave de muchos de estos problemas reside en que el sistema Kafala se encuentra directamente regulado por el Ministerio del Interior, y no por el Ministerio del Trabajo. Esto provoca que los trabajadores extranjeros que llegan a los países previamente mencionados mediante este sistema no puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto de trabajadores.
Es importante destacar que el racismo se encuentra muy presente en el sistema: prueba de ello es que los precios de contratación de los trabajadores varían considerablemente dependiendo del país de origen: así, en Líbano, los filipinos (los mejor pagados), cobran 450 dólares de media al mes, y los bangladesíes (los peor pagados) una media de 150 dólares al mes.
Este sistema aglutina a millones de personas que lo padecen, y llega a conformar mayorías poblacionales en determinados países como Qatar, donde en 2019 había más de un millón ochocientos mil trabajadores domésticos (incluidos los del servicio de la construcción), suponiendo el noventa por ciento del total de la población del país.
Para ver la magnitud real de este sistema de patrocinio, podemos poner el enfoque en el Emirato de Catar. Este pequeño país rico en petróleo tiene una población de 2.8 millones de personas, con 1 millón de trabajadores en el sector de la construcción y 100,000 trabajadoras del hogar incluidos en el sistema Kafala.
El periódico inglés The Guardian reveló en una investigación del 2021 que más de 6,500 trabajadores habían muerto en Catar construyendo estadios desde que en diciembre de 2010 se revelase que iba a ser la sede del mundial de fútbol de 2022. Debido a su nula protección legal, el artículo revela que ninguna de las empresas constructoras de los estadios ha sido imputada por alguna de las 6,500 muertes.
Caso concreto: el Kafala en Líbano
En el Líbano, uno de los pocos países considerados democráticos de todo Oriente Medio, el sistema Kafala tiene una enorme presencia en la sociedad, e históricamente la situación de las trabajadoras domésticas ha sido, y continua siendo, completamente denigrante.
Según The Human Rights Watch, en el Líbano, un país con una población estimada en unos seis millones de habitantes (el último censo poblacional se hizo en 1932) trabajan un total de unas 250,000 trabajadoras del hogar, lo que supone un cuatro por ciento de la población del país. Esto, dicho así, puede parecer no tener la relevancia real que verdaderamente entraña, pero según el artículo 7 de la ley de los trabajadores del país, las mujeres afectadas no tienen derecho a ser reconocidas como trabajadoras, por lo que no gozan de protección estatal ni de derechos laborales.
Esta situación acarrea consecuencias devastadoras para las trabajadoras domésticas, que son frecuentes víctimas de abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos, y explotación laboral. Cómo defiende la ONG libanesa Kafa, más del 75% de trabajadoras del hogar no cobran salario alguno; trabajan más de 14 horas al día; y no tienen ningún día de descanso a la semana ni vacaciones en todo el año. A esto se le unen unos datos muy chocantes, pero que solo aporta esa ONG, ya que no hay datos ni del Ministerio del Interior ni de la policía: se calcula que de media se suicidan 2 trabajadoras del hogar semanalmente, aunque hay algunas ONG que aseguran que muchas son asesinadas por sus contratistas.
Únase a todo lo expuesto el hecho de que la policía suele cerrar o archivar los casos de desapariciones o muertes de trabajadoras del hogar en menos de veinticuatro horas, lo que hace que estas se sientan indefensas y abandonadas por las fuerzas de seguridad, única institución pública a la que podrían acudir en caso de necesidad.
En pleno año 2022, seguimos viendo como la esclavitud no siempre se presenta en forma de cadenas sino en trabas legales que condenan a personas a ser invisibles para el Estado, y estar indefensas en países extranjeros en los que su situación no tiene vuelta atrás salvo en casos contados.
Jaime Rufino Campos es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Loyola.
Tras sus periplos por el Líbano y Francia, y haber probado suerte en el mundo de los documentales en zona de conflictos armados, decidió que el mundo de la defensa y la seguridad era lo suyo.
Ha colaborado con diversos medios de comunicación como el periódico “El Español”, en portales especializados en temas de defensa y seguridad como “14 Milímetros” y “Descifrando la Guerra”, y otros medios.
A su vez, fue uno de los 3 creadores de el documental “Homeland Gone” que trata las revueltas que sacudieron el Líbano en 2019, y que ha sido publicado en Amazon Prime Video y Filmin siendo galardonado con 7 premios internacionales.
En el apartado de la comunicación ha tomado parte en varios programas de radio y podcast en los últimos años.