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10 leyes para la transformación digital en 2022

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La Unión Europea está decidida a recuperar el liderazgo tecnológico perdido, y pretende hacerlo mediante una regulación inteligente. Si bien no cabe duda de que la legislación aprobada por la UE nos ha erigido en líderes regulatorios mundiales para las cuestiones digitales (así lo demuestra la buena acogida en otros países del Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Directiva del Copyright o la ‘invención’ del derecho al olvido), lo cierto es que nuestro modelo regulatorio se ha demostrado insuficiente para construir una Europa soberana tecnológicamente.

Con todo, la UE (y sus Estados miembros, por mandato de la anterior) está decidida a seguir incentivando nuestro crecimiento tecnológico mediante la ley. A continuación se exponen 10 de los hitos regulatorios que cobrarán más importancia durante el próximo año 2022:

1. Ley de Servicios Digitales. La DSA (Digital Services Act), pendiente de aprobarse durante el primer semestre en la instancia europea, aborda una actualización de la Directiva de Comercio Electrónico de 2000 al objeto de adaptarla a las necesidades impuestas por las nuevas tecnologías. Sus principales novedades son la clarificación de la responsabilidad de los prestadores de servicios digitales (cuanto más alto esté el servicio en la cadena de valor, más aumentarán sus obligaciones), la regulación de nuevos procedimientos para la eliminación más rápida de contenidos ilegales o el establecimiento de moderación de contenido y la publicidad en línea.

2. Ley de Mercados Digitales. En relación con la anterior,  la DMA (Digital Markets Act) va dirigida a las grandes compañías tecnológicas y pretende evitar la formación de monopolios en el mercado digital. El concepto fundamental introducido por esta norma es el de los gatekeepers o guardianes de acceso, consideración que adquieren quienes ostentan una posición económica sólida y estable y una fuerte posición de intermediación entre una gran base de usuarios y un gran número de empresas, y en cuyo caso le serán de aplicación una serie de obligaciones.

3. Reglamento de Inteligencia Artificial. En abril de 2021, la Comisión Europea propuso un Reglamento de Inteligencia Artificial con una serie de normas armonizadas para abordar los riesgos específicos que plantean los sistemas de IA (clasificándolos en 4 categorías: Riesgo inadmisible, Alto Riesgo, Riesgo limitado y Riesgo mínimo), así como para fomentar su desarrollo y la implantación de la IA, especialmente en las pymes y las Administraciones públicas.  Aunque se espera que su tramitación se alargue aún  un tiempo, los pasos que se den este año serán fundamentales para la que será una de las primeras normas sobre IA del mundo.

4. Directiva(s) de Ciberseguridad. En diciembre de 2020, la Comisión Europea presentó una nueva Estrategia de Ciberseguridad de la UE para reforzar la resiliencia de Europa frente a las ciberamenazas. La nueva estrategia contiene propuestas legislativas concretas como la revisión de la Directiva NIS, para proteger la seguridad de la información, o la Directiva de Ciberresiliencia, que amplía el catálogo de infraestructuras críticas con diez nuevos sectores: energía, transporte, banca, mercados financieros, sanidad, agua potable, aguas residuales, infraestructuras digitales, administración pública y el espacio.

5. Reglamento de Criptoactivos. El llamado ‘Reglamento MiCA’ pretende crear el primer marco regulador armonizado sobre criptoactivos, un hito regulatorio que devendría único a nivel mundial. Se espera su aprobación a lo largo del año.

6. Ley de Telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones también se verá profundamente afectado por diversos cambios regulatorios. De entre ellos, destaca especialmente el Proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que fue aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros y se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso. Aunque el principal desencadenante de la ley es la necesidad de adaptar la normativa sectorial al nuevo Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, lo cierto es que el proyecto va más allá, pues incluye también aspectos relativos a los usos del dominio público radioeléctrico, el despliegue de redes 5G, los incentivos a la inversión o la regulación por primera vez de los servicios de comunicaciones over the top (“OTT”), la instalación o explotación de cables submarinos y la instalación o explotación Puntos de Intercambio de Internet (IXP).

7. Ley de Comunicación Audiovisual. Aunque famosa por las controvertidas discusiones que ha propiciado entre Esquerra y el Gobierno en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (que culminó con la regulación de una ‘cuota de lenguas cooficiales’), esta norma es mucho más: consecuencia también de una directiva europea, regula por primera vez la obligación de las plataformas de intercambio de vídeos (Netflix, HBO, Filmin) de inscribirse en el registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual y estar sujetas, por tanto, a nuevas obligaciones. El proyecto fue finalmente aprobado en noviembre y está pendiente de tramitación parlamentaria.

8. Ley de Chips. A la vista de que la falta de semiconductores ha supuesto una de las mayores amenazas para el relanzamiento económico europeo tras la pandemia, el pasado 15 de septiembre Ursula von der Leyen anunció que la UE desarrollaría una ‘Ley Europea de Chips’. El objetivo es que Europa logre soberanía tecnológica y enviar una firme señal geopolítica y económica al mundo.

9. Coches autónomos. Otra de las novedades -y en esta nos adelantamos al conjunto de la UE- es la que menciona Percival Manglano, exconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, en su blog: al parecer, la nueva Ley de Tráfico menciona por primera vez los coches autónomos y es posible que bien Interior bien Industria se lancen a regular su homologación pronto.

10. Leyes de Startups (y otras). Con cargo a los fondos europeos Next Generation UE y al subsiguiente Plan de Recuperación español, está pendiente de aprobarse un paquete legislativo compuesto de tres leyes que pretenden fomentar el emprendimiento, la innovación y el dinamismo del mercado. En primer lugar, el proyecto de la llamada Ley de Startups fue aprobada en diciembre y establece un régimen diferenciador para las startups y regula una serie de incentivos fiscales tanto al emprendimiento como a la inversión en emprendimiento, con un especial foco en el aspecto tecnológico. También aprobado en diciembre, el proyecto de la Ley Crea y Crece persigue impulsar la creación de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional. A partir de ahora, no se exigirá un capital de 3.000 euros para constituir una sociedad limitada: bastará con 1 euro. Otra de las novedades es que dichas sociedades podrán crearse en un plazo inferior a los 10 días laborales a través de medios telemáticos. Una tercera ley, la nueva Ley Concursal, pretende tanto evitar el estigma social asociado al concurso como garantizar la continuidad de la actividad empresarial, en la medida de lo posible y mediante el impulso de la eficacia del preconcurso.

Es evidente que la transformación digital es un reto tan necesario como inconmensurable. Coincidimos en la necesidad y oportunidad de recurrir a la ley como instrumento de compensación y garantía del reparto adecuado de los costes de la transición digital, pero no podemos olvidar que del acierto o no en la legislación final aprobada dependerá, una vez más, la capacidad de Europa de alzarse como líder tecnológico del mañana. Apliquémonos, porque nos jugamos mucho.

 

No hay revolución sin transición: energía y digitalización

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Cuando Marx publicó El Capital en 1867, probablemente la hipótesis de que la mejora de la productividad que había generado la revolución industrial no beneficiaría a los trabajadores incrementado sus salarios ya era falsa. El Capital es el texto teórico fundamental en la filosofía, economía y política de Karl Marx, y sin duda uno de los libros más influyentes de la historia y, sin embargo, gran parte de sus afirmaciones se mostraron erróneas. El capitalismo asociado a la revolución industrial trajo el mayor período de crecimiento económico y prosperidad de la historia de la humanidad, y esta riqueza alcanzó a todas las capas de la sociedad. El análisis de los errores y aciertos de Marx están recogidos en numerosos textos de análisis político y económico, pero hoy vuelve a resultar relevante analizar el paralelismo entre el mundo en que vivió Marx, que le llevó a escribir El Capital, y el mundo al que nos estamos asomando.

La revolución industrial generó un extraordinario impacto que la historia ha valorado como muy positivo. Pero ese fue el final de un largo proceso. La transición de la sociedad agrícola a la sociedad industrial fue un proceso pésimamente gestionado: a pesar del final feliz recogido en los libros de historia, durante más de 50 años, varias generaciones vieron arruinadas sus vidas en medio de un cambio que los forzaba a trabajar en condiciones precarias y en jornadas laborales esclavas. Un proceso que generaba la desaparición de profesiones y la pérdida de medios de vida para los que aquellas generaciones no estaban preparadas.

Los ingenieros de caminos saben bien que diseñar un puente no termina cuando calculan la estructura del puente final. Para que la construcción sea un éxito, tendrán que calcular las estructuras de todas las etapas intermedias para garantizar que el puente no se caerá en ninguna de ellas. La transición de la nada al puente construido es tan importante como el puente final. Sin embargo, entender la transición como una parte esencial de una revolución no suele ser común.

La globalización es otro de esos ejemplos paradigmáticos de extraordinarios resultados y pésima gestión de la transición. Desde que se inició el proceso a finales de los años 70 con la apertura de las fronteras y la explosión de los intercambios comerciales, el crecimiento económico ha sido espectacular. Y, sin embargo, los perdedores de este proceso se han sentido abandonados, lo que ha alimentado movimientos populistas en la mayor parte de los países desarrollados.

Hoy Europa afronta lo que se ha denominado la “transición dual”: verde y digital. Las dos cuentan con un amplísimo consenso sobre la necesidad de abordarlas, y Europa las ha situado como prioridades estratégicas. Y, sin embargo, de nuevo parece que el foco se centra en el objetivo final, mientras la gestión de la transición recibe poca atención.

La transición verde, o transición energética, diseñada en medio de las urgencias derivadas del cambio climático, se ha mostrado en las últimas semanas como un diseño precario. Esta transición busca abandonar las energías basadas en combustibles fósiles y apoyarse en nuevas energías renovables y limpias, como el sol o el viento. Estas tecnologías no pueden asegurar un suministro estable, por lo que el diseño se basa en contar siempre con una energía de respaldo que asegure el suministro. Desechada la energía nuclear por cuestiones ideológicas y sociológicas, Europa se ha puesto en manos del gas, en una decisión que ha dejado a Europa geopolíticamente dependiente de países como Rusia y Argelia. En toda transición, los tiempos y las etapas intermedias son importantes. El actual proceso corre el riesgo de fracasar si la población asocia el elevado precio de la factura de la luz a la transición verde, y empieza a generar rechazo sobre un proceso, que hasta ahora había generado un amplísimo consenso.

Pero si la gestión de la transición verde empieza a mostrar debilidad, aún más relevante es la gestión de la transición digital. Los medios se han llenado de análisis y discursos sobre las bondades de la digitalización y el extraordinario impacto positivo que puede tener en nuestra economía y en nuestras vidas. Y de nuevo existe un amplio consenso sobre estos efectos, que ha llevado a todos los países a una carrera para acelerar el proceso de digitalización de todos sus sectores económicos. Y en medio de esta carrera, la gestión de los pasos intermedios parece de nuevo ignorada.

No cabe duda de que la revolución digital provocará, como la revolución industrial, un extraordinario cambio en el mundo laboral y en el entorno económico. No sólo cambiarán los trabajos, sino que, por ejemplo, el sistema de impuestos que ha sido la base del actual estado del bienestar queda en entredicho, por mencionar dos de los efectos más evidentes. Por supuesto que existe una amplia conciencia de la necesidad de formar y educar a amplios sectores de la población para reengancharlos al mundo digital, pero es probable que esto no sea suficiente. Hablamos de una revolución que cuestiona el trabajo como el principal mecanismo de redistribución de la riqueza, y cuestiona los impuestos de las personas físicas, y de las sociedades, como los principales elementos de financiación del estado del bienestar.

Parecería necesario prestar más atención a estos impactos. Hace falta mucho más esfuerzo para diseñar e impulsar nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza y revisar los sistemas fiscales. La reciente decisión de la OCDE para fijar un mínimo en el impuesto de sociedades en todos los países es un pequeño parche que difícilmente permitirá afrontar el impacto de la digitalización. Todos los impuestos actuales están ligados a la localización de empresas, personas, bienes o servicios, con un modelo diseñado en el siglo XX, para la economía del siglo XX. Pensar que fijar un mínimo en el impuesto de sociedades es lo único necesario para adaptar este sistema a la economía digital es pecar de una extraordinaria ingenuidad. Igualmente, la formación en habilidades digitales debe verse complementada por nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza, y probablemente por una completa revisión del modelo de trabajo. Los economistas, filósofos y sociólogos de los siglos XIX y XX reinventaron los modelos económicos y sociales. Hasta ahora pocos esfuerzos hemos visto en el siglo XXI a la altura de lo realizado en los siglos anteriores. Con el bagaje actual, las herramientas con las que afrontamos la doble transición no permiten ser optimistas sobre la suavidad con la que va a desarrollarse el período de transición. Y los baches siempre vienen acompañados de inestabilidad social.

Son muchas las enseñanzas sobre la transición a la sociedad industrial a las que deberíamos prestar atención. Todas las revoluciones, y todas las transiciones generan ganadores y perdedores, y esta situación se da mucho antes de que la revolución culmine alcanzando los objetivos de prosperidad y riqueza prometidos. Sin atender a las necesidades e inquietudes de los perdedores que puede generar el proceso, será difícil que las revoluciones puedan realmente tener éxito. Ninguna revolución puede realizarse dando la espalda a amplias capas de la sociedad.