Los deberes que acumula España en materia de Estado de derecho en vísperas del 23J
Los deberes que acumula España en materia de Estado de derecho en vísperas del 23J
La Comisión Europea publicó el pasado 5 de julio su Informe sobre el Estado de derecho en 2023. En él se señalan una serie de recomendaciones en línea con las peticiones que plantea la Fundación Hay Derecho y otras organizaciones de la sociedad civil. Las próximas elecciones constituyen una oportunidad para que el gobiernos resultante cumpla con sus deberes. Una tarea que, dada la gravedad de algunos de estos retos, también deberá contar con el apoyo de una oposición a la altura de las circunstancias.
En primer lugar, la Comisión Europea señala como principal problema la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En línea con el Manifiesto por la reforma institucional elaborado por la Fundación Hay Derecho, la Comisión Europea considera prioritario que se renueve el CGPJ, cuyo bloqueo afecta al correcto funcionamiento del sistema judicial. En particular, es especialmente preocupante la forma en que afecta a la labor del Tribunal Supremo, donde el 30% de las plazas de magistrado están vacantes, lo que se traduce en 1230 resoluciones menos al año, además de producir retrasos en la preparación de informes obligatorios sobre los proyectos de ley. Desde la Fundación Hay Derecho, nuestra propuesta es que esta renovación se realice a través del mecanismo de sorteo, que puede aplicarse para designar a una serie de candidatos cuya experiencia profesional haya sido previamente revisada por una Comisión Técnica.
Además del desbloqueo en la renovación, la Comisión considera igualmente prioritario proceder a la reforma del sistema de elección del CGPJ con el fin de adaptarla a los estándares europeos, que exigen que los vocales del CGPJ que sean jueces y magistrados sean elegidos por sus pares. El sistema actual contraviene la STC 108/1986, privilegiando el reparto partidista de los vocales y dañando la calidad técnica y la independencia del órgano. No puede perderse de vista que la percepción de independencia judicial tiene en nuestro país niveles bajos tanto entre ciudadanos (34%) como entre empresas (34%), según datos de la propia Unión Europea. Estas propuestas de reforma, que están en plena coherencia con lo que defiende Hay Derecho, deben contemplar sin embargo precauciones para evitar que las asociaciones judiciales mayoritarias acaben imponiendo una mayoría de candidatos afines, tal y como ya hemos señalado anteriormente
En relación con el Ministerio Fiscal, la Comisión Europea considera prioritario reforzar la independencia de la Fiscalía, disociando el tiempo de mandatos del Gobierno respecto de los del Fiscal General, tal y como propone nuestro Manifiesto por la reforma institucional. Además, también destaca la recomendación del GRECO en su cuarta ronda de evaluación, vinculada con aumentar la autonomía presupuestaria, normativa y formativa para el Ministerio Fiscal. Desde la Fundación Hay Derecho venimos señalando que reforzar el Estatuto del Ministerio Fiscal es especialmente importante debido a su modelo de gobernanza, que concentra enormes poderes en el Fiscal General desde el punto de vista de la organización interna y la gestión de la carrera fiscal. Al fin y al cabo, el Fiscal General del Estado propone a los cargos máximos de la Fiscalía con total discrecionalidad. Por lo demás, el refuerzo de la independencia no solo requiere disociar los mandatos de Gobierno y Fiscal General, sino también un sistema objetivo de promoción en la carrera fiscal que respete los principios constitucionales de mérito y capacidad, tal y como ha señalado Hay Derecho en sus alegaciones al informe de la Comisión Europea.
El informe de la Comisión también reseña como problemáticos una serie de problemas derivados del funcionamiento del procedimiento legislativo. Como señala nuestro Informe sobre el Estado de derecho en España, el principal problema que afecta al proceso legislativo en España hoy en día tiene que ver con el uso excesivo e injustificado del decreto-ley. Además de privar a nuestra sociedad de la deliberación exigible para elaborar leyes en condiciones democráticas, es habitual que el uso abusivo del decreto-ley sirva para regular materias totalmente diferentes y heterogéneas en absoluto relacionadas entre sí, tal como ilustran recientes artículos en nuestro blog publicados bajo la serie El parlamento en el Foco. Esto favorece formas de legislación apresuradas que, proponiendo diferentes medidas como un todo homogéneo, impiden que las formaciones políticas examinen estas cuestiones por separado con el detalle que merecen. Por estas razones, resulta sorprendente la ausencia de recomendaciones por parte de la Comisión Europea en este sentido. El Parlamento es el corazón de los sistemas democráticos, y como tal, debería ser objeto de un mayor cuidado. Es por eso que nuestro Manifiesto por la Reforma Institucional propone una reforma de su reglamento con objeto de aumentar las garantías de los procedimientos legislativos.
Junto con las cuestiones que afectan a nuestras principales instituciones, la corrupción sigue siendo un problema importante para nuestro país que requiere todavía grandes esfuerzos. En relación a la investigación y enjuiciamiento de los delitos asociados a la corrupción, la Comisión Europea recomienda solucionar el problema vinculado con la duración de los mismos, especialmente en relación a la corrupción de alto nivel. Para ello, se recomienda en particular finalizar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fundación Hay Derecho ya indicó en sus alegaciones que el principal problema tiene que ver con que no se ha derogado el plazo máximo de instrucción penal introducido por la reforma de la LECr de 2015. Dado que los casos de corrupción son complejos de investigar, estos plazos máximos tan exiguos pueden conducir al archivo de causas, dejando impunes las conductas delictivas. El retraso en los procedimientos se vincula también con la falta de equipos especializados, como reconocen asociaciones de jueces y magistrados y la Fiscalía Anticorrupción en sus alegaciones.
La Comisión apremia también a España a realizar mayores avances en la regulación sobre conflictos de intereses. Específicamente, debe reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses y finalizar la tramitación de la ley sobre los grupos de interés, que debe crear un registro público obligatorio de dichos grupos. Tras la convocatoria de elecciones, no parece que ninguna de estas dos cuestiones vayan a tener solución hasta la próxima legislatura, como reconoce el propio Gobierno en sus alegaciones a la Comisión. Un retraso preocupante que se suma al que afecta a los derivados de la trasposición tardía de la directiva sobre denunciantes de corrupción, hecho por el que España fue demandada ante el TJUE. Es previsible que este retraso afecte tanto al desarrollo de una Estrategia nacional contra la corrupción como a la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Además de estos retrasos, que afectarán a todas aquellas personas perseguidas por denunciar la corrupción, desde la Fundación Hay Derecho también destacamos dos motivos más para la preocupación. En primer lugar, la ley nace con insuficiencias derivadas de excluir la protección de aquellos casos vinculados con expedientes de contratación que contengan información clasificada o hayan sido declarados secretos o reservados. En segundo lugar, existen motivos razonables para dudar de la independencia de una Autoridad Independiente vinculada al Ministerio de Justicia. A pesar de la gravedad de estos problemas, que la Fundación señala en el Manifiesto por la Reforma Institucional, la Comisión Europea no ha emitido recomendaciones específicas al respecto.
Hubiera sido deseable, finalmente, mayor contundencia por parte de la Comisión en relación a los problemas que derivan de la modificación del delito de malversación, sustanciada a través de la Ley Orgánica 14/2022. Como señaló Alejandro Coteño en un artículo de nuestro blog, el problema de esta reforma tiene que ver con el hecho de que castiga con menor dureza aquellas conductas delictivas vinculadas con la malversación en las que no se exista ánimo de lucro de naturaleza privada. Una decisión que privilegiaría injustificadamente este tipo de casos, donde el daño al patrimonio público puede ser igual o incluso mayor, especialmente cuando lo que se busca es privilegiar a determinados partidos políticos.
Todas estas cuestiones merecen ser el centro de los programas de reforma que propongan los diferentes partidos que concurren a las próximas elecciones del 23 de julio. La próxima legislatura supone una oportunidad histórica para reforzar nuestro sistema político en un contexto internacional marcado por las amenazas a la democracia. La sociedad civil debe ser consciente de este reto, exigiendo a sus representantes que doten al país de instituciones capaces de encauzar de forma democrática los importantes conflictos sociales que hoy sufrimos.
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Javier Zamora García es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas (UAM), master en Pensamiento Social y Político (University of Sussex) y doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas (UAM).
Fue investigador FPU en el departamento de Ciencia Política de la UAM, donde impartió las asignaturas “Introducción a la Ciencia Política”, “Teorías de la democracia” e “Historia de la teoría política”. Ha realizado estancias de investigación en Canadá (Western University) y Países Bajos (University of Utrecht).
Ha publicado en revistas académicas como Isegoría. Revista de filosofía moral y política, Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política o Studies in Social and Political Thought. Fue galardonado con el Premio Gillian Rose Memorial por su trabajo From the ‘Indignados Movement’ to power politics: a critical study of the theoretical underpinnings of Podemos.
