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Los plebiscitos los carga el diablo: reproducción de la tribuna en El Mundo de nuestra coeditora Elisa de la Nuez

Los recientes referéndums (máxima expresión de la democracia directa o plebiscitaria) que ha perdido el Gobierno convocante con consecuencias previsiblemente negativas para los propios votantes -tanto en el caso del Brexit como en el de Colombia- merecen una reflexión sobre las virtudes y los defectos de este tipo de consultas y sobre su proliferación en las democracias liberales modernas en tiempos de indignación colectiva.

Lo primero que hay que señalar es que si estas consultas las hubiera “ganado” el Gobierno que las convocó probablemente no haría falta una reflexión. Esto es lo que en ambos casos se esperaba. Quizás porque se da por sentado que la democracia directa o plebiscitaria es sólo un complemento de la democracia representativa, de manera que lo habitual y deseable es que los ciudadanos se limitan a refrendar lo que le proponen sus representantes que, al fin y al cabo, son los políticos profesionales. Pero si, como ha sucedido recientemente, los gobernantes electos apuestan por un determinado resultado del plebiscito y los electores por otro es inevitable que se abra una grieta entre representantes y representados. Es lógico, dado que si los ciudadanos convocados al plebiscito se pronuncian sobre una concreta cuestión, pero de especial trascendencia, en contra de las propuestas de sus gobernantes democráticamente elegidos se produce una cierta “deslegitimación” de éstos.

Efectivamente, en la medida en que los ciudadanos prefieren la opción sostenida por la oposición o incluso por algunos representantes del propio partido del Gobierno en casos de especial polarización está claro que el mensaje que se manda al Gobierno es el de que ya no cuenta con la confianza de los ciudadanos, al menos en relación con la cuestión sometida a referéndum. Pero teniendo en cuenta que se trata por lo general de cuestiones muy trascedentes y de enorme impacto -ya se trate de la salida de la Unión Europea, de un acuerdo de paz conseguido muy trabajosamente después de muchos años o de decidir sobre la política de inmigración de un país integrado en la Unión- las consecuencias pueden ser políticamente devastadoras para el líder o el Gobierno que pierde un referéndum. La dimisión de Cameron en el Reino Unido y su sustitución por otro líder del mismo partido obedece a esta lógica, como en su día la dimisión del líder nacionalista escocés Alex Salmond cuando perdió el referéndum en Escocia. El que otros perdedores en otros referéndums no saquen las oportunas conclusiones, como ocurre en el caso de Colombia y de Hungría, tiene más que ver con la calidad de sus respectivas democracias que con otros factores.

El problema, además, es que un plebiscito sobre una cuestión de especial trascendencia, que puede ser muy compleja y estar revestida de un componente emocional muy intenso presenta indudables riesgos. De entrada, el que las únicas opciones posibles sean el “sí” y el “no” polariza tremendamente al electorado, y exige un esfuerzo de concisión y de simplificación por parte de los líderes políticos que defienden una u otra postura que, con frecuencia, conduce  simplemente al maniqueísmo y a la propaganda pura y dura como hemos visto en las recientes campañas. El que sean los partidarios del Bréxit los que hayan ganado el plebiscito en el Reino Unido dado su manifiesto desprecio por la evidencia empírica y su falseamiento de la realidad no es muy tranquilizador que digamos, por muchos motivos que tuvieran los electores para votar en contra de su Gobierno. Es importante tener en cuenta que los referéndums no suelen favorecer precisamente un debate público sosegado.

Lo mismo cabe decir de otros casos similares en que se apela directamente a los afiliados o simpatizantes de un partido político. La tentación de convocar a “las bases” para dilucidar cuestiones que pueden decidir perfectamente los líderes de un partido por sí mismos, como la de apoyar a un partido u otro a la hora de formar Gobierno, es siempre muy grande. Es lo que hemos visto estos últimos meses en España. Por supuesto, se da por sentado que las bases van a ratificar lo que ya han decidido previamente los líderes. En estos supuestos se trata más ben de justificar delante del electorado decisiones que pueden no resultarles demasiado comprensibles. Básicamente se trata de una delegación de responsabilidad, con la finalidad de eludir el coste político personal que para el líder puede tener adoptar una determinada decisión, en el caso español la de apoyar a un partido político “rival” o/y con abrumadores indicios de corrupción.

Otra cosa es que, en algunos casos, los referéndums puedan ser inevitables. A mi juicio, esto puede ocurrir cuando la división de la sociedad –sobre todo a nivel emocional- es tal que sus representantes son incapaces de llegar a acuerdos razonables y duraderos sobre cuestiones trascendentales para el futuro de esa sociedad. El mejor ejemplo es, quizás, el de la Ley de claridad canadiense. Una vez que la polarización social ya existe y que los representantes electos (que son, por otra parte, los que suelen provocarla o utilizarla en beneficio de sus intereses partidistas) no pueden remediarla, puede ser mejor coger el toro por los cuernos, eso sí, con prudencia y con las debidas garantías para no acabar políticamente malherido o muerto.

Porque los referéndums los carga la democracia representativa. O dicho de otra forma, se trata de un instrumento democrático de precisión, que no puede utilizarse de cualquier manera. Hay siempre muchas cuestiones que deben de abordarse antes de convocarlo. Son cuestiones tales como el índice de participación exigible para que el referéndum sea válido, cual debe de ser la  pregunta planteada, cual es el porcentaje de votos necesario para considerar que una determinada postura ha vencido en la consulta, cómo debe de realizarse la campaña previa, etc, etc. Y, sobre todo, cuál será la concreta hoja de ruta a seguir con cada uno de los dos resultados y quién va a pilotarla. Son asuntos de extraordinaria relevancia y que deben de ser analizados y decididos en cada caso concreto. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto el resultado del referéndum vincula políticamente al Gobierno que lo ha convocado. Porque no es muy difícil que los gobernantes derrotados encuentren excusas no ya para no abandonar el cargo sino incluso para matizar sus resultados; al fin y al cabo su mandato representativo sigue vigente.

Lo que nos lleva a la siguiente reflexión ¿por qué se convocan referéndums con el riesgo que suponen? Obviamente nadie que convoca un referéndum espera perderlo, pero siempre hay una posibilidad y máxime en momentos de tanta incertidumbre política como los que vivimos. Las respuestas son tan variadas como las cuestiones planteadas y el contexto político en el que se plantean. Pueden responder a motivos puramente partidistas o de política interna (Cameron vs Farage en el Brexit), pueden convocarse para reforzar una posición gubernamental en materia de inmigración para soslayar los condicionantes políticos y jurídicos que impone la pertenencia a la Unión Europea (Hungría y su referéndum sobre la inmigración) o pueden servir para culminar una ardua negociación de varios años con un grupo terrorista y alcanzar un acuerdo de paz (Colombia).

Claro que también se puede pretender tener lo mejor de los dos mundos: ser elegido para adoptar decisiones complejas y endosárselas a la ciudadanía vía consulta para garantizarse la reelección. El mejor ejemplo pueden ser los famosos referéndums californianos que llevaron prácticamente a la quiebra a uno de los Estados más prósperos de Estados Unidos. El problema es que los políticos electos los utilizaban para preguntar a los votantes sobre los impuestos que deseaban pagar y sobre los servicios públicos que deseaban recibir. Y los electores -muy comprensiblemente- votaban a la vez por reducir los primeros y aumentar los segundos.

En definitiva, los referéndums en los tiempos que corren son un instrumento más de la democracia representativa, en la medida en que proporcionan a la clase política un margen de maniobra muy importante en momentos en que lo puede necesitar. Porque los políticos los que van a decidir qué cuestiones se someten a consulta y cuando, y también los que van a establecer las reglas del juego para cada caso. Son también los que van a interpretar políticamente sus resultados.  Conviene, por tanto, estar alertas y no dejarse manipular demasiado.

HD Joven: ¿Segundas votaciones nunca fueron buenas?

Han pasado ya algunas semanas del famoso referéndum sobre Brexit -el 23 de junio-, cuyo desenlace  nadie esperaba y que fue un jarro de agua fría para las instituciones comunitarias y en general para el resto de países y ciudadanos de la Unión Europea, salvo contadas excepciones.

Desde entonces, si bien ha habido escasos avances en las negociaciones de la salida del Reino Unido (que ni siquiera ha notificado formalmente al Consejo Europeo su intención de salir de la UE, tal y como exige el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea), lo que sí que se ha producido es un terremoto político en el país británico de importantes dimensiones, sucediéndose diversos acontecimientos que van desde la dimisión del presidente del país, el Sr. Cameron, o del líder del principal partido euroescéptico (UKIP), el Sr. Farage, hasta las reivindicaciones de una repetición del referéndum sobre la independencia de Escocia o sobre la propia permanencia del Reino Unido en  la Unión Europea.

Centrándonos en las peticiones de segundas votaciones por parte de un sector de la sociedad escocesa y británica, respectivamente, cabe analizar brevemente el por qué de las mismas:

En el caso de Escocia, el origen de estas demandas parece estar en el propio Brexit. Como seguramente recordarán, en las semanas previas al referéndum escocés, los defensores del “NO” enarbolaron como principal argumento para persuadir a los escoceses de permanecer en el Reino Unido, el hecho de que, si se independizaban, saldrían automáticamente de la Unión Europea y se convertirían en un país tercero, el cual tendría que ponerse a la cola para solicitar el ingreso en la UE, en un procedimiento que podría durar años. De hecho, este argumento fue también sostenido desde las propias instituciones de la Unión (aquí). No sabemos si esa fue una de las razones decisivas para que finalmente el “NO” a la independencia triunfara  (55,3% vs 44,7%), pero lo que sí que sabemos es que sin haber pasado ni dos años desde aquella votación, el Reino Unido ha salido (o está en camino de salir) de la propia UE, y evidentemente,  Escocia con él, pese a que en dicho territorio el “Remain” ganó por goleada (62% vs 38%). Por lo tanto, es innegable que desde que se produjo el referendo se ha producido un cambio del status quo, puesto que una de las motivaciones que tenían los escoceses para seguir en el Reino Unido –permanecer en la UE-, a día de hoy ya no existe, por lo que los nacionalistas escoceses se estarían planteando volver a solicitar al Parlamento británico una nueva votación (aquí).

Por su parte, la reivindicación de una segunda votación sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, pese a no a que no han pasado ni tres meses desde su celebración, más allá de los posibles votantes arrepentidos o frustrados, están basadas en la participación que hubo (71,8%) y en el estrecho margen por el que ganó el “Leave” (51,9% vs 48,1%), unido a ciertas falsedades vertidas durante la campaña de los que estaban a favor de la salida (aquí), la falta de información recibida por los británicos y las primeras consecuencias económicas negativas del propio Brexit, entre otras. Lo cierto es que desde la votación del pasado junio, se han sucedido las recogidas de firmas solicitando una nueva votación –más de 4 millones (aquí)-, ha habido varias manifestaciones –las últimas el pasado fin de semana (aquí)-, llegándose hasta a debatir esta misma semana en el propio Parlamento sobre la posibilidad de realizar un segundo referendo (aquí).

Llegados a este punto, cabría plantearse, ¿es razonable una nueva votación en el Reino Unido sobre la permanencia o la salida en la UE? ¿Y sobre la independencia de Escocia?

En un primer momento, podría parecer que las razones que alegan los que reivindican una segunda votación son bastante comprensibles y de la suficiente contundencia como para plantearse seriamente la convocatoria de segundas votaciones, tanto en uno como en otro caso.

Dicho lo anterior, caer en la tentación de plantearse segundas votaciones en cualquiera de los dos referéndums, teniendo en cuenta la cercanía de las primeras, parece, cuando menos, ilógico, ya que se estaría deslegitimando una decisión tomada por millones de habitantes y esto podría lleva a caer en la peligrosa tentación de que uno quiera continuar repitiendo votaciones hasta que salga el resultado que desea (algo así como lo que sucede en España con los partidos y la repetición de las elecciones, por cierto), ya que ¿cuál sería el motivo para darle una mayor validez a una segunda votación que a la primera?

Tanto en el caso del Brexit, como en la votación por la independencia de Escocia, los votantes conocían a priori las reglas de juego. En lo relativo a los escoceses, eran conscientes cuando fueron a votar de que Cameron, de resultar reelegido, planteaba convocar un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE (aquí), por lo que había una posibilidad real de que tanto si decidían independizarse como seguir en Reino Unido, podían acabar saliendo de la UE. Igualmente, los británicos sabían que no se exigía ni un umbral mínimo de participación, ni una mayoría reforzada, para que la opción del “Leave” saliese victoriosa (aquí). Por lo que, en definitiva, como ya apuntásemos en el artículo que escribimos los editores de HD Joven el pasado 1 de julio (aquí), una vez que se conocían las reglas del juego, no cabe echar la culpa al árbitro. Cuestión diferente es que dichas reglas del juego podrían haber sido mejorables, sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de haber establecido mayorías reforzadas o umbrales mínimos de participación, al estilo de lo establecido por la tan comentada “Clarity Act” canadiense (aquí), o que la información recibida por los votantes sobre las consecuencias de una u otra opción, podría haber sido más objetiva y próxima a la realidad.

A lo anterior, cabe sumar el factor externo. Hay que tener en cuenta que los resultados de ambas votaciones no solo tenían consecuencias para los votantes, sino también para el resto de habitantes e instituciones del Reino Unido y de la Unión Europea, respectivamente. Es decir, el futuro del propio Reino Unido y de la UE, dependía de dicha votación. Y una vez se conocieron los resultados, se tomaron una serie de decisiones en función de éstos. Por lo tanto, asumidos ya los resultados, la convocatoria de una nueva votación, supondría generar nueva incertidumbre y la posibilidad de que en un espacio de tiempo tan breve, se tuviera que volver a replantear, por segunda vez, el modelo de país, en el caso del Reino Unido, o de la institución, en el caso de la UE.

Con lo anterior, no pretendo insinuar que un país no esté en su derecho de volver a consultar a sus habitantes si desean seguir perteneciendo a un país o a una institución, si bien parece prudente que, para realizar nuevas votaciones sobre temas tan importantes, se espere un tiempo razonable para que se generen en la sociedad (o no) nuevas demandas. A título de ejemplo, podríamos reseñar el caso de Quebec, en el que pasaron quince años (1980-1995) para que se celebrara una nueva votación de independencia respecto a Canadá, o el del propio Reino Unido, que ha vuelto a repetir el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea treinta y un años después (1975-2016). Parecen plazos más que aceptables, los cuales distarían mucho de una repetición de los referéndums escocés y británico, de cuyas votaciones solo habrían transcurrido tres años y tres meses, respectivamente.

En definitiva, salvo que hubiera un clamor por parte de la mayoría de la población, algo, por otro lado, difícilmente ponderable, lo más lógico parece que referendos a cuyos resultados se les ha reconocido plena legitimidad no volvieran a ser repetidos hasta pasado un tiempo razonable, al menos los quince años del caso quebequés, s teniendo en cuenta que seguramente estas peticiones de repetición tengan más que ver con la frustración ante un resultado que parte de la ciudadanía no deseaba y que no acepta, que con razones de fondo que justifiquen realemente la posible revocación de una decisión tomada conforme a unas reglas establecidas.