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EDITORIAL: Koldo y las malas costumbres

No vamos a tratar en este editorial de los presuntos delitos de Koldo García, pues es competencia de los tribunales determinar si se produjeron. Tampoco nos vamos a referir a las responsabilidades políticas derivadas de esas actuaciones por parte de quien le encumbró a los puestos públicos que le permitieron el acceso a los organismos decisores en materia de contratación pública. En todo caso, desde Hay Derecho hemos repetido muchas veces que la responsabilidad política no se limita o se reduce a la responsabilidad penal, como pretenden habitualmente nuestros políticos. 

No obstante, existe otra cuestión sobre el exasesor (y/o guardaespaldas) del exministro José Luis Ábalos que nos parece gravísima y que parece pasar más desapercibida en los medios. Quizás porque forma parte de las costumbres patrias. Nos referimos al nombramiento de Koldo García primero como asesor del ministro Ábalos, y después como Consejero de la sociedad Renfe Mercancías SA y miembro del Consejo Rector de de Puertos del Estado cuando Ábalos era ministro de Transportes. 

Pues bien, la Fundación Hay Derecho considera que este tipo de nombramientos se encuadra en lo que puede considerarse como corrupción institucional normalizada, es decir, una corrupción que se admite o se tolera no ya políticamente, sino socialmente. La Constitución española establece claramente el principio de mérito y capacidad para el acceso al empleo público y así lo desarrollan normas como el Estatuto Básico del Empleado público, que proclama en su artículo 1 que estos principios son los que deben presidir el acceso y la carrera profesional de los empleados públicos. También para el personal eventual (asesores). Se podrá decir que en esta norma no se incluye específicamente al personal directivo de las empresas públicas con forma mercantil, pero esto no es serio: no pueden exigirse más requisitos objetivos y más mérito y capacidad para ser cartero que para presidir Correos.

Por eso hemos realizado una serie de investigaciones en torno a los principios de mérito y capacidad en el sector público estatal y autonómico, con rigor, a través de investigaciones serias basadas en datos objetivos. Estas investigaciones buscan medir el nivel de politización y el amiguismo en el nombramiento de dirigentes de entidades públicas y se conoce popularmente como el Dedómetro

En el último informe, de 2023, calificamos a 101 directivos de 43 entidades públicas de las comunidades de Madrid y Valenciana de acuerdo con los siguientes criterios: formación, experiencia profesional, experiencia profesional en la materia, experiencia en gestión, permanencia en el puesto e independencia política. Les recomendamos la consulta del informe (pueden ver ahí los baremos concretos), pero les adelantamos los resultados, que no les sorprenderán: la nota media es inferior al 5 en ambas comunidades autónomas y con gobiernos de distinto signo. Es interesante destacar que hay una enorme dispersión, existiendo algunos casos de 10 y de 0 y poca concentración en las notas intermedias. Pues bien, si aplicamos este baremo a Koldo García —con poco margen de error a pesar de que no hemos encontrado un currículum oficial— su puntuación total sería 0 (no está solo: en nuestro Dedómetro, cuatro de los 101 evaluados tienen un 0). Quizás se podría argumentar que no es dirigente de la empresa y que no habría que pedirle tanto, pero teniendo en cuenta que Renfe Mercancías factura más de 200 millones de euros anuales (y pierde casi 40), está claro que no le vendría mal tener consejeros con formación y experiencia. 

El simple nombramiento de un colaborador cercano del ministro sin ninguna preparación profesional para el cargo demuestra un absoluto desprecio por la buena gestión y una concepción patrimonial y clientelar del poder político incompatible con un Estado democrático de derecho. Aunque no hay información pública de lo que cobró en estos puestos en esos años, las dietas en Puertos del Estado ascendieron a un total de 160.000 (hay 15 consejeros) euros y de 50.000 en Renfe Mercancías (a repartir entre siete consejeros). Es reveladora la evolución de dietas en esta última de 2018 a 2022: nada, es decir 0 en 2018, pero después, 27.000, 50.000, 58.000, 60.000. Esto es, simplemente, otra forma de corrupción. Significa que hay mucha gente viviendo de nuestros impuestos sin tener la más mínima formación y experiencia profesional para el cargo. Pero el coste de las dietas es lo de menos: lo de más, como estamos viendo, es el coste que supone esa incompetencia en la toma de decisiones.

Pero lo que es más revelador es que Ábalos defendió públicamente ese nombramiento, como pueden ver en este vídeo. Una diputada de Vox preguntó al ministro sobre la cualificación de Koldo García para ser consejero. Su contestación describe perfectamente el tipo de política que no queremos. Primero dice que el nombramiento se realizó de acuerdo con la legalidad vigente. Cuando le vuelven a preguntar con más detalle sobre el pasado y actividades de Koldo, la contestación comienza con un «y tú más» en relación con otros dirigentes de Vox. Después de ese ataque acude al victimismo, señalando que el Sr. García no se puede defender y que acaba de ser padre, cuando evidentemente el que se tiene que defender es el ministro que ha hecho el nombramiento, no el nombrado. Finalmente, alude a los méritos de Koldo en la lucha contra ETA, como si eso fuera una cualificación para ser consejero de una empresa ferroviaria, dando por hecho que las empresas públicas están para devolver favores. Quizás lo peor es que los aplausos espontáneos interrumpen al ministro en ese momento. El problema no es solo Ábalos, sino que los diputados consideren digno de aplauso premiar a los fieles con puestos en empresas públicas, tengan o no cualificación. Esto recuerda la desafortunada frase de Carmen Calvo de hace unos días, cuando dijo que nombrar para cargos institucionales a exministros  «forma parte de los usos y costumbres aquí y en cualquier democracia». Para colmo, puso como ejemplo que Kennedy nombrara a su hermano fiscal general, ligando el nombramiento por conexiones políticas con el nepotismo («hermanismo», en este caso).

No es verdad que estos sean los usos de cualquier democracia, pero sí es, por desgracia, el caso de España. El Dedómetro revela que las deficiencias son semejantes en Madrid y en la Comunidad Valenciana, con gobiernos de distinto signo. Lo mismo nos dijo el Dedómetro estatal en 2020, cuya actualización estamos elaborando. Pero también es cierto que unas entidades funcionan mucho mejor que otras, particularmente cuando existen requisitos legales para acceder a puestos de responsabilidad o/y procesos de selección transparentes, con concurrencia, fijación a priori de criterios y procedimientos de selección, etc…) que pueden mejorar la calidad de los dirigentes. Las costumbres, cuando son malas, no se deben aplaudir, sino cambiar.