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¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñanza concertada? ¿En qué consiste la libre elección de centro y la demanda social?

De los muchos aspectos que contiene, y de las muchas disputas que ha despertado la nueva Ley LOMLOE  de la Ministra Celaá, algunos son absolutamente disparatados e inconcebibles, como el que elimina el español como lengua vehicular  y, de ser verdad, también es enormemente polémico – e inconcebible- el hecho de que en unos años se podrían eliminar los colegios de educación especial para escolarizar a sus alumnos en los centros ordinarios; pero otros, a pesar del escándalo que han suscitado, son más discutibles y requerirían un análisis mucho más detallado y minucioso del que se viene haciendo por parte de algunos sectores, análisis casi estrictamente ideológico. Por desgracia, la fractura política entre la izquierda y la derecha –aunque no me gusta en absoluto utilizar estos términos por simplistas- , o entre laicos y confesionales,  siempre ha existido en este campo.

Porque, ¿en realidad hay una única enseñanza concertada en nuestro país, un único modelo? ¿Es lo mismo un colegio concertado de un barrio modesto y obrero de una gran ciudad, donde, por escasez de plazas públicas, o falta de calidad de las mismas, una parte de los habitantes de dicho barrio, que no podrían en absoluto pagarse uno privado, se ven obligados a llevar a sus hijos a uno concertado?

¿Es el mismo tipo o modelo de enseñanza concertada -mantengo mi pregunta- la de  los colegios concertados de barrios  elitistas y señoriales de una gran ciudad – pongo por caso el barrio de Sarriá o Sant Gervasi  en Barcelona, o los del Viso, Salamanca  e, incluso, El Soto de la Moraleja en Madrid- por no citar casos concretos de colegios? ¿Es lo mismo establecer un concierto con un colegio donde la media de ingresos  anuales de las familias es de, pongamos por caso, entre  60.000/80.000 euros, si no más, que establecerlo en un barrio donde dicha media de ingresos sea  de entre 12.000/20.000 Euros o menos, dejando fuera otros aspectos que podrían ser tomados en cuenta –situaciones de paro, familias monoparentales, con hijos discapacitados u otras?

Creo que nadie de buena fe, podrá decir que son lo mismo, tanto una situación de concertación como la  otra, a pesar de algunos titulares tremendistas aparecidos en algún diario como el siguiente: ”Nos pisotean”.

Por ello ¿por qué hablamos de enseñanza concertada cuando deberíamos hablar de “enseñanzas concertadas” o de “distintos tipos de centros concertados” para, probablemente, aceptar algunas de estas situaciones y rechazar otras? ¿Son lo mismo los colegios donde los padres tienen que hacer una aportación mensual, más o menos “voluntaria”, de bastantes cientos de euros (se dice que en un determinado colegio de Barcelona esta aportación llega a los 900 euros), que aquellos donde no solo no pueden aportar nada, sino que los niños necesitan que les sean ofrecidas las comidas y otro tipo de ayudas?

Pero la pregunta más interesante en este ámbito es la que se refiere al lema – pues más que un argumento es un lema- de libertad de elección de centro o demanda social, de la que no se suele especificar su contenido. Se hace referencia para ello a la Constitución, cuando como en otros muchos aspectos, la Constitución se movió en una cierta ambigüedad, entre otras cosas para lograr el consenso imprescindible en aquel momento.

Porque, ¿cuál debe ser la amplitud del rango  de esa libertad y su objeto? ¿Se refieren los padres que aluden a esa libertad, como argumento  definitivo y sustancial, a libertad para que sus hijos sean educados en la religión católica u otra? ¿Se refieren a una escala de valores determinada: solidaridad, educación emocional, etc.? ¿Se refieren a una enseñanza de tipo internacional- en la que predomine una enseñanza en profundidad  de dos, tres o más lenguas, que concluya en un bachillerato internacional-, o por el contrario una enseñanza basada en  valores deportivos y por tanto donde se enseñen una serie de deportes competitivos a fondo? ¿O más bien una enseñanza basada en valores artísticos, sean artes escénicas, musicales, pictóricas, o digitales? ¿O una escuela libre, del tipo de las que adoptan la pedagogía Waldorf u otras semejantes? Si consideramos cualquiera de estas opciones  como demandas sociales ¿deben ser financiadas por el Estado en aras del pluralismo educativo?

Mientras no se concrete  y se le dé contenido explícito a  ese concepto de demanda social así como al de   libertad de elección de los padres, mientras no se vincule a contenidos  concretos  y determinados, se está estableciendo un tratamiento diferencial – y por tanto discriminatorio- respecto a  aquellas  familias  que  – por haber optado por algunas de las opciones citadas, y entendiendo que no sería ético que el Estado  las  financiase –  tienen que  pagar los colegios privados donde mandan a sus hijos usando su libertad de elección.

Por otra parte  no insistiremos, por ser  evidente y sobradamente demostrado, que una buena enseñanza pública que iguale, o, mejor dicho, compense las desigualdades iniciales en la medida de lo posible, (pues no deja de ser una cierta utopía) a todos los niños desde la más temprana edad, dándoles las mismas oportunidades de aprendizaje, es no solo justa socialmente sino necesaria para que haya una – por lo menos relativa- movilidad social, y cada niño pueda, en función de sus capacidades , avanzar en la escala social. Para muchas familias es la única esperanza para que sus hijos tengan un mejor futuro que el que ellos han tenido. Por ello debe ser cuidada y financiada suficientemente para que se puedan lograr esos objetivos.

Para ello no basta una escuela pública ramplona, carente o escasa de medios, con un número de alumnos por clase inasumible por los profesores, en edificios a veces no adecuados, sino una escuela donde, además de los contenidos  específicos para  cada edad, y con una metodología  actualizada, se enseñen lenguas extranjeras dignamente, que tenga laboratorios, campos de deportes, profesores suplentes, edificios dignos y, por supuesto, un nivel de exigencia, como siempre lo ha tenido la enseñanza pública en este país, aunque al parecer no actualmente. De lo contrario, muchas  familias que  obviamente quieren para sus hijos lo mejor, van a huir de estos centros, que seguirán siendo auténticos guettos en algunos barrios.

¿Está nuestra escuela pública en esa situación? Si no lo está no debe financiarse una determinada parte de la privada concertada. Sí debe financiarse, mediante un sistema de becas a aquellos alumnos que por la ubicación de su vivienda, cercanía al trabajo de los padres u otros motivos deban ir  a una escuela privada, sin tener los suficientes recursos  para ello. Esa debe concertarse.

Vuelta a la actividad lectiva en septiembre en la enseñanza: problemas que se arrastran

En dos meses los niños y adolescentes deberán –deberían- volver al colegio y al instituto. Es decir, la Enseñanza y la Educación deberían volver a ponerse en marcha tras tres meses y medio de parón total, establecido en un momento, el 13 de marzo, en el que ni siquiera se sabía la evolución y trayectoria de la pandemia. En total habrán estado 5 meses y medio separados de sus contextos educativos, de sus profesores, de sus compañeros y grupos de socialización, de sus aprendizajes, de sus deportes y juegos, de sus clases de recuperación, de sus psicólogos. Un total disparate. Y no lo calificamos así nosotros únicamente; un grupo de 100 médicos belgas así lo ha planteado, ateniendo a los efectos sobre la salud mental de los niños (y estos se referían solo al primer periodo de tres meses y medio).

¿Qué se ha hecho en este tiempo para preparar el escenario de la vuelta a clase, o los posibles escenarios, en función de la situación en septiembre próximo?

Prácticamente, nada concreto. Pensemos que hay varios equipos de “expertos”, políticos, grupos de debate, trabajando en la vuelta a la normalidad, y a lo más que se ha llegado es –tras varios pasos adelante y atrás por parte del Ministerio de Educación y Formación profesional – a decidir 1) las distancias entre niños  –primero dos metros, luego 1,30, luego 1 y finalmente parece que ninguno; 2) el tener que llevar o no mascarillas –primero sí, luego no–; 3) la decisión sobre el número de alumnos por clase –primero grupos de 10, luego de 15  (la mitad de la clase presencial y la otra mitad a distancia)-  y ahora, ante las demandas de los sindicatos y profesores de la necesidad de mucha mayor financiación para contrataciones, 4) se ha decidido que prácticamente se seguirá como se estaba (obviamente con mayor cuidado y limpieza). Todo esto, en el nivel funcional u operativo.  Es decir el más básico, y para el que en realidad no hay más que seguir las indicaciones de sanidad.

En el nivel legislativo, se ha seguido tramitando la Lomloe en pleno periodo de alarma, lo cual no parece muy lógico, y se está tramitando ya en el parlamento, con gran disgusto de algunos grupos parlamentarios que, como el PP, pretenden presentar una enmienda a la totalidad. Mal comienzo para una ley que sería la novena en pocos años: LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE (nunca se aplicó), LOE, LOMCE (Wert) y ahora LOMLOE.

No vamos a entrar aquí en aspectos que consideramos muy conflictivos y objeto de enormes debates y diferencias ideológicas, y por tanto desacuerdos y sectarismos (no por no querer tratarlos, sino porque requieren una profundidad de análisis que iría más allá de un breve post). Entre estos, no consideraremos pese a su importancia el concepto de libertad de enseñanza, la libre elección de centro, la demanda social de un tipo u otro de educación, su anclaje en la Constitución, la educación pública versus concertada y el mantenimiento (aunque sea de manera optativa) de la enseñanza de la religión. Sin embargo, sí apuntaremos a lo que a nuestro modo de ver sería indispensable y se está pasando por alto.

  1. ¿Qué modelo educativo queremos para nuestro país? Modelo en cuanto a concepción pedagógica de la enseñanza/ aprendizaje en función de las distintas edades del niño y el contexto actual.
  2. ¿Qué tipo de evaluación de los aprendizajes queremos y en qué fundamento filosófico y/o científico lo basamos?
  3. ¿En qué valores – cívicos, éticos, y otros- hay que educar?
  4. ¿Qué tipo de instrucción debemos proporcionar en un mundo absolutamente digital?

Este sería el momento, ante una nueva ley educativa, de plantearse a fondo estas preguntas, pero seguimos midiendo las posibles distancias entre pupitres, comparando las mascarillas y decidiendo si las clases se darán en el patio, en el comedor o en el gimnasio. O si, como ha dicho la Ministra, se comerá en las clases. Son aspectos funcionales sin duda importantes, pero muy lejos de lo que debería ser un verdadero debate educativo.

En una televisión privada, Josep María Francás ha dicho, literalmente, que somos el hazmerreír educativo del mundo. No voy a evaluar ese juicio tan duro. Pero lo que es real es que estamos en unos niveles de mediocridad, de desconcierto, de falta de competitividad, de improvisaciones y de desigualdades – no solo sociales, sino también entre las 17 CCAA- alarmantes, que el actual parón no ha hecho más que aumentar.

¿Se evaluarán en algún momento las consecuencias a todos los niveles de estos casi 6 meses sin clase? ¿Por quién, cómo y cuándo?

A vueltas con la Enseñanza.

Sin  abordar aún a estas alturas, y no digamos solucionar, prácticamente ninguno de  los problemas que tiene planteados la Enseñanza y la Educación en nuestro país – la mayoría estancados desde hace muchos años y que son un lastre a muchos efectos: competitividad, paro, agenda digital…- , sale a la palestra con fuerza el tema del pin parental, con debates y discusiones continuos en los medios de comunicación, generalmente acalorados,  y con  enorme tratamiento en los medios de comunicación escritos. (El País, 18, 25 y 30 de Enero; El Mundo, 17 y 30 de Enero; El Mundo de Alicante, 30 de Enero; ABC, 18 de Enero;MundoMadrid, El Mundo de 3 de Febrero).

Por razones varias este post no va a  entrar  a tratar este tema, pues ni se puede tratar  en tan poco espacio con una cierta profundidad, ni se puede abordar con objetividad debido a su enorme componente ideológico, y por tanto político, de donde se derivan  las diversas  posturas enfrentadas.

Quizá fue la expresión tan desafortunada y poco precisa de la Ministra Celaá al poner de manifiesto en una rueda de prensa que «los hijos no son de los padres» (cosa que de no ser mejor explicada y argumentada ni ella misma se puede creer), la que destapó todas las alarmas y de nuevo la batalla ideológica de la libertad de los padres para elegir la educación y las actividades extraescolares de sus hijos. Si se piensa bien esto, llevado al extremo desembocaría en unos problemas de logística y organización muy difíciles de abordar, pero no vamos a seguir por este camino, sino solo a señalarlo como tema emergente en este comienzo del nuevo Gobierno y que ha obscurecido otros.

Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos dicho en un post anterior,  ha sido grave – y ya consumada-  la separación del Ministerio de Investigación, Ciencia  y Universidades en dos para satisfacer a los socios del Gobierno. A pesar de que los dos ministros implicados – Pedro Duque y Manuel Castells- se han apresurado a comunicar  que están totalmente dispuestos a colaborar – y así lo manifiesta explícitamente Pedro Duque, actual ministro de Ciencia e Innovación,  en un artículo de opinión en El País (Ciencia y Universidad: elogio de la cooperación, 12 de Enero) en páginas de Sociedad-. Es muy curioso el tono de este artículo de opinión, pues tras exponer detenidamente  cómo las instituciones universitarias no pueden separarse de la investigación científica, y mantener por activa y por pasiva que la Ciencia y la Universidad son indisociables (repite esto hasta en tres o cuatro ocasiones), acaba diciendo que la coordinación y cooperación entre los dos nuevo ministerios permitirá que actúen como un único actor. Sin embargo hasta el momento parece ser que el único ministerio del nuevo Gobierno  que no ha presentado iniciativa alguna es el de Castells.

Aun así, los Rectores y científicos – representados en la COSCE, FACME y SOMMa- auguran décadas de estancamiento” si se separan ciencias y universidades, y llegan a considerar como  fatalidad esta división de competencias, dice Josefina G. Stegmann el 11/01/2020 en SeguirMadrid; además tanto el Presidente de la CRUE, como el Rector de la UAM como la Presidenta de la COSCE ponen de manifiesto el error de esta toma de decisiones, tanto a nivel de la negociación presupuestaria, como a nivel de la interlocución, como en cuanto a la coordinación con la comisaria europea del área, pues en la Unión Europea la tendencia es la contraria, es decir mantener “el triángulo del conocimiento (investigación, innovación –educación) en un único ministerio .

En general los afectados no están en absoluto de acuerdo con esta separación (y así lo pone de manifiesto Pere Puigdomènech, en El País, 25 de Enero: Dos ministerios por el precio de uno).

Siguiendo con la Universidad, pero ahora con  las salidas profesionales de los recién graduados, se sabe que al menos 4.000 médicos han solicitado la licencia en 2019 para irse a trabajar al extranjero. Esta enorme sangría de nuestros muy bien formados médicos tendría que parar, pues nuestro país los necesita y más a la vista de las 50.000 jubilaciones previstas para los años venideros. Además el coste económico de su formación ha sido enorme, aunque en este post no podamos especificar la cifra.

El abandono universitario sigue presentando cifras abultadas. Según la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de  Investigaciones Económicas, un 33% de los alumnos que inician un grado superior no lo acaban; el 21% de estos deja la Facultad y un 12% cambia de titulación (El Mundo, 26 de Abril de 2019). En universidades no presenciales llega esta cifra hasta el 62%. Entre las causas, que obviamente son múltiples, están la falta de orientación antes de elegir y  empezar la carrera  o bien ser esta orientación muy genérica e insuficiente; formación inadecuada y deficiente para seguir los estudios elegidos; nivel de exigencia inadecuado – por exceso o por defecto- por parte del profesorado, así como aspectos más personales como la falta de motivación, de esfuerzo o de capacidad del estudiante. Por último se cita un aspecto más duro si cabe, como es el nivel de ingresos del hogar familiar que hace que el alumno tenga que dejar sus estudios para ayudar a la familia. Este abandono nos cuesta a los españoles unos  974 millones de euros.

En el marco del abandono citado de los estudios universitarios, aunque esta vez en sentido contrario, aludiremos a otro importante problema, como es el del descenso significativo (no en sentido estadístico) del número de jóvenes  aspirantes a estudiar lo que hoy se conoce por las siglas STEM: ciencias, tecnología y matemáticas, en otras palabras, ingeniería e informática sobre todo, carreras técnicas entre nosotros. Los motivos son de dos tipos principalmente: la dificultad de esas carreras (duración incluida) y los salarios, que no están en absoluto proporcionados al esfuerzo requerido para cursarlas.

Después de entregar este post se han conocido las primeras medidas por parte de la Ministra Celáa para reformar la Enseñanza y derogar la LOMCE. Las comentaremos en uno próximo. Sin embargo, de momento nada nuevo sobre la Universidad, pero sí la publicación del nuevo ranking de Quacquarelli  & Symonds del 2020 (QS) :Top Global Universities, que también comentaremos.

Tres alarmas han saltado en el mundo de la Enseñanza en estos últimos días, pero otras muchas todavía no se han apagado.

Como se sabe, debido a  los recientes – y no tan recientes- acontecimientos políticos, nada nuevo ha sucedido en el mundo de la Enseñanza y la Educación en nuestro país en los últimos tiempos, pero cuando se forma un nuevo Gobierno, aparecen noticias sobre nuevos posibles conflictos ¿o posibles soluciones? en el ámbito de aquellas.

Empezando por la Universidad,  ha habido rumores sobre un hecho muy significativo, y es que la posible separación del Ministerio de Ciencia y Universidades en dos – “uno para ti, y otro para mi”- , ha hecho saltar todas las alarmas y suscitado críticas por parte de la Conferencia de Rectores, tan poco propensa a significarse en política y a involucrarse en temas conflictivos, aunque esta sea política universitaria. 

Efectivamente, la Investigación, y por tanto la generación y producción de Ciencia, debe ir ligada a la Universidad, aunque no únicamente – pues las empresas y otras instituciones también tienen o deberían tener su papel en la misma-, pero aquella  debería ser indisociable de la actividad que allí se hace y de lo que allí se enseña. ¿Cómo si no podrían actualizarse los contenidos y las prácticas docentes, que serían sin ella una mera repetición de contenidos año tras año?

No todos los profesores y/o equipos docentes investigan, pues algunos  lo hacen muy escasamente, pero desde luego una decisión política, y no fundamentada en argumentación alguna de tipo científico, sino al parecer –en el caso de que sea así- motivada por un reparto de carteras ministeriales para poder llevar a cabo el pacto con Podemos, sería nefasto para la Universidad.

La necesaria coordinación de ambos ámbitos –Universidad e Investigación-  en lo que se refiere a actualización y valoración de la pertinencia de las diferentes líneas de investigación en cada campo científico, su importancia para diversos aspectos de las políticas públicas, la coordinación entre los equipos a efectos de valorar lo anterior para la dotación económica de los diversos proyectos, etc. etc. hacen que esta posible separación no pueda traer más que problemas.

Otra noticia reciente, ahora respecto a la Enseñanza primaria y secundaria, esta más impregnada de ideología y por tanto más “sensible socialmente”  tanto a la hora de plantear un debate teórico-conceptual como de tomar decisiones, es el comentario  hecho por la Ministra Celáa sobre la libertad de los padres para  elegir la educación de sus hijos, y su fundamento, o no, en la Constitución (ABC, 10 de Diciembre de 2019. Sociedad). En este caso las alarmas han saltado principalmente por parte de las asociaciones de padres más ligados a la enseñanza confesional, mayormente concertada, y por tanto financiada por el Estado en una gran parte. (Para una toma de posición sobre este tema ver la columna de Fernando Savater en El País, 30 de Noviembre de 2019)

Personalmente, me llama la atención cada vez que se aborda este tema, bajo el rotundo título de libertad de enseñanza, el que alguien dude de que en nuestro país haya libertad de enseñanza (excepción hecha del problema lingüístico en alguna Comunidad Autónoma).

Lo que al  parecer está en juego, y es lo que es discutible, es la financiación por parte del estado de esta libertad, pues hay que preguntarse: ¿cuáles son los límites de la misma? En otras palabras ¿qué tipo de elección, basada en nuestra libertad, es la que debe financiarse por el Estado? ¿Nos estamos refiriendo solo a libertad religiosa, es decir a elegir que se eduque a nuestros hijos en una determinada religión  o ideario confesional o, como ya comenté en un post pasado, nos referimos también a otros tipos de libertad posible y existente en el panorama educativo actual: enseñanza libre, bi/trilingüe, enfocada a lo deportivo, artística, internacional, etc.? ¿Todos estos tipos de libertades, o mejor dicho elecciones, deben ser financiados por el Estado?

Mantengo la postura de que es necesaria una enseñanza pública buena, o muy buena, como única forma de que exista la igualdad de oportunidades, con suficiente dotación de profesorado bien preparado, laboratorios de ciencias, idiomas, campos  de deportes, profesores de apoyo, por no citar edificios dignos. ¿Está esto conseguido en el momento actual? Si no ¿cómo se pueden financiar algunos colegios de élite en determinados barrios privilegiados de Madrid o Barcelona, entre otros?

Por último, el reciente “escándalo” sobre lo sucedido en los exámenes de Pisa con los alumnos de la Comunidad de Madrid, también es bastante alarmante, bien sea –pues aún no se ha analizado e investigado suficientemente – por la confusa elaboración de algunas de las preguntas de la prueba de comprensión lectora, – y ciencias – lo cual pondría en entredicho la prueba misma, bien por parte de los equipos correctores o bien por el nivel de los alumnos. El escándalo está servido y la CAM ha pedido que se anulen todos los resultados de esta convocatoria, a lo cual parece que no ha accedido la OCDE (El País, 8 de Diciembre de 2019. Opinión de Elvira Lindo)

Si citamos estos tres potenciales problemas en el marco de la Educación y de la Enseñanza – posible división del Ministerio de Ciencia y Universidades, financiación de la enseñanza privada en aras de la libertad de la misma y el bajo nivel obtenido por los alumnos de 15 años de la CAM en la prueba PISA-  es porque han aflorado públicamente en estos últimos dos meses pero no son obviamente los únicos a los que tendrá que enfrentarse un futuro próximo Gobierno, pues siguen sobre el tapete entre otros los siguientes, sin ánimo de exclusividad:

  • Plagios y fraudes en las tesis doctorales. En el ABC de 4 de Octubre de 2019, tanto en el editorial (Coto al fraude en las tesis doctorales) , como en un documentado reportaje en páginas interiores, se abordó de nuevo el espinoso tema de las – cuando menos – sospechosas pautas de la realización de tesis en algunas universidades, (en concreto en la UCJC –Universidad Camilo José Cela-), con un número excesivo de tesis dirigidas por un solo profesor en un año, a todas luces increíble por cualquiera que haya dirigido una tesis, con formación de tribunales saltándose todas las normas  sobre la pertinencia y adecuación de los CV de los profesores que deben participar en ellos, con plagios sin parar, etc. Por ello tuvo que dimitir una directora general de la CAM, Concepción Canoyra, y se ha puesto en entredicho la reputación de un directivo del grupo SEK. Por su parte Manuel Cruz, expresidente del Senado, también ha dimitido, aunque ha alegado otro tipo de motivos. El Gobierno y la Conferencia de Rectores echan balones fuera, o al menos no se toma este tema con la seriedad con la que debería tratarse, un tema tan importante para la Universidad, su ética y su credibilidad.
  • El día 20 de Diciembre salta otra noticia a los medios, surgida de la Conferencia de Rectores, pero que se viene conociendo hace algún tiempo. El número de alumnos/as en Escuelas de Ingeniería y Tecnológicas ha descendido en nuestro país un 25/30% en los últimos 20 años. Es una noticia alarmante en cuanto que este tipo de estudios dan acceso al mercado laboral con mucha mayor facilidad que otros tipos de estudios universitarios, y por tanto es una mala noticia que nuestros estudiantes los elijan cada vez menos, al margen de la absoluta necesidad de titulados en estos campos por razones obvias. Tema prioritario -¡hay tantos!- será el de analizar las causas por las que esto está sucediendo.
  • Sigue siendo muy necesario potenciar la FP dual, cantera para la empresa. (El Mundo, Economía,  11 de Diciembre de 2019). 
  • Más Robotización e Inteligencia artificial, como forma de luchar contra el paro en un futuro que ya está aquí. Insuficiencia  de la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial que se acaba de publicar, aunque es un paso positivo en este sentido.  (Actualidad Económica 33. Entrevista muy interesante a Lasse Rouhiainen).
  • Seguimos en la cola de Europa en nivel de Inglés, mientras otros países (incluso del sur de Europa mejoran.  ¿Qué pasa con la Enseñanza bilingüe? (El País, 2 de Noviembre de 2019).

Dejamos para otro post el tema del enorme crecimiento de la Universidad privada en la CAM, en torno a un 35%, por ser un tema muy complicado y complejo de analizar. Han votado a favor PP y Ciudadanos y se han opuesto PSOE, Podemos y la Conferencia de Rectores. ¿Cambio de modelo universitario? (El Mundo, 17 de Marzo de 2019).

Una buena noticia de estos últimos días  de fin de año es que un grupo de reflexión y debate – think tank trasversal –  creado recientemente por  Toni Roldán, ex de Ciudadanos, Jordi Sevilla, Alberto Nadal y David Vegara entre otros, con la finalidad de impulsar grandes acuerdos desde el centro político,  pretende abordar como primer tema en su nueva trayectoria un pacto de Estado por la Educación (El Mundo, Viernes 13 de Diciembre de 2019. España). De ser verdad sería una estupenda – y muy necesaria-  noticia.