Entradas

La hora de la convicción

Por unas cosas y por otras, durante el infausto día 27-O estuve muy atareado y no tuve apenas tiempo para seguir las informaciones que transmitían los medios sobre los acontecimientos que iban sucediendo tanto en Madrid como en Barcelona. De lo poco que pude ver y oír, dos frases captaron especialmente mi atención.

La primera la pronunció el Presidente Rajoy en una declaración improvisada rodeado de periodistas en un pasillo del Senado. La cámara le enfocaba muy de cerca y desde abajo, distorsionando su cara como en un cuadro expresionista. Después de decir que el Gobierno, en la aplicación de las medidas del artículo 155, iba a actuar de forma proporcionada, razonable e inteligente, como hasta ahora, añadió que Cataluña no se iba a independizar, porque la independencia de Cataluña es imposible.

¿Imposible? -pensé yo-. ¿Se refiere a una imposibilidad metafísica?, ¿lógica?, ¿jurídica?, ¿fáctica?

En un plano fáctico o práctico, un proceso de independencia o secesión puede ser difícil, traumático, ruinoso…, pero, ¿imposible? Casi nada es imposible en el curso incierto de los asuntos humanos. No hace tanto hemos asistido en el continente europeo a unos cuantos procesos de independencia culminados con éxito con ocasión de la descomposición de la URSS y de Yugoslavia, y no uno ni dos.

No parece que el señor Presidente se estuviera refiriendo a este tipo de imposibilidad, sino más bien a una imposibilidad jurídica. Por supuesto que en el ámbito jurídico-constitucional vigente actualmente en España la independencia de Cataluña es un imposible. Simplemente, porque su posibilidad supone una derogación de la Constitución en una porción del territorio nacional y el reconocimiento como sujeto soberano de una parte de la población y no de la totalidad del pueblo español. Como imposible jurídicamente es también el diálogo y la negociación entre un ordenamiento y lo que supone su negación.

Pero que la independencia de Cataluña choque con la lógica jurídica vigente hasta hoy en España no quiere decir que sea algo práctica o fácticamente imposible, ni que choque con toda lógica jurídica.

Todo proceso de independencia, aunque sea incruento, supone una revolución, una ruptura del orden jurídico vigente en un Estado. Pero esto, por sí solo, no quiere decir que los rebeldes o secesionistas renuncien al derecho (o a la idea de Estado de derecho), sino que pretenden instaurar una legalidad diferente, lo que presupone que postulan una fuente de legitimidad diferente, en concreto, la afirmación de la soberanía de un sujeto distinto del que presupone el ordenamiento vigente en el Estado contra el que se alzan. Por eso, los mismos actos que, desde la lógica del derecho de nuestro Estado, pueden ser calificados de sedición, rebelión o golpe de Estado y que moralmente se pueden ver como una traición, desde la lógica del ordenamiento jurídico que se pretende instaurar por los secesionistas, se trata de actos de la más absoluta legitimidad e incluso de un gran valor moral.

Y al final, lo que termina decidiendo este irreductible conflicto de legalidades y legitimidades es el éxito en el plano fáctico. Si los rebeldes consiguen de facto controlar los resortes del poder en el ámbito territorial objeto de su acción, si consiguen hacer de facto vigente su ley, entonces, el reconocimiento internacional del nuevo statu quo no se hará esperar mucho. Porque lo relevante en el plano del derecho internacional es la efectividad en el ejercicio del poder sobre un territorio y una población. Y así, una nueva lógica jurídica habrá terminado sustituyendo a la anterior en el territorio afectado y nadie verá en el futuro contradicción alguna.

Si esto es así, me resultaba preocupante (salvo que en ese momento, en un alarde de presciencia, supiera todo lo que ha sucedido desde entonces) que el Presidente del Gobierno de España, además de afirmarla, creyese realmente en la imposibilidad de la independencia de Cataluña (como alarmante me pareció en su día que calificase como sorprendente e inimaginable la aprobación por el Parlament de las leyes del referendum y de transitoriedad jurídica, cuando todo lo acontecido había venido siendo anunciado durante meses y años). Se trataba de una posibilidad en absoluto descartable en ese momento, cuando todo estaba todavía por decidir, cuando ya había sucedido lo peor que podía suceder: que no estábamos ya simplemente ante un conflicto de “relatos” (acerca de acontecimientos históricos remotos como la Guerra de Sucesión, o más próximos, como la anulación por el TC de determinados preceptos del nuevo Estatuto Catalán; acerca de balanzas fiscales y de lo que da y recibe económicamente Cataluña del resto de España; o acerca de la interpretación de lo sucedido el 1-O), sino ya ante un conflicto de legalidades, ante la proclamación de un Estado independiente por un Parlament en rebeldía declarada contra el orden constitucional y estatutario hasta ahora vigente en territorio catalán.

En el marco de ese conflicto ya declarado, me resultó llamativo un momento de duda que se apoderó de una locutora de TVE -la segunda frase a la que quería hacer referencia- cuando esta emisora estaba retransmitiendo las imágenes del acto que tuvo lugar en una escalinata del Palau del Parlament donde los líderes del procés hacían piña con una multitud de alcaldes soberanistas, enarbolando éstos sus bastones de mando. Entonces comenzó a hablar el señor Oriol Junqueras y la locutora nos dijo que había tomado la palabra el Vicepresidente de la…, y ahí, tras el artículo, se quedó atascada unos instantes. ¿Qué pasó?, ¿que no sabía si decir “la Generalitat” o “la República Catalana”? Del atolladero salió dando marcha atrás y diciendo “… el Vicepresidente catalán”.

Semejante episodio de duda -en el mismísimo canal 1 de la televisión pública estatal española- me pareció muy revelador tanto de la confusión institucional generada, como de la importancia que tenían las palabras en la lucha de legalidades y de legitimidades a la que nos veíamos abocados. Una lucha a la que -pensaba – nadie iba a poder ser ajeno en territorio catalán (donde nadie, salvo los indigentes, podrían dejar de decidir a qué Administración pagar sus impuestos o ingresar sus cotizaciones a la Seguridad Social).

En relación con este conflicto y su resolución me parece oportuno recordar una enseñanza de Hans Kelsen. Para el célebre jurista austriaco, la cúspide de todo ordenamiento jurídico positivo la ocupa la constitución. El resto del ordenamiento se encuentra en una relación de dependencia lógica con la constitución en el sentido de que sólo son válidas las normas emanadas o los actos realizados por aquellos órganos investidos del correspondiente poder normativo o de decisión sobre una determinada materia por la propia constitución.

Ahora bien, por encima de esta validez determinada por un criterio puramente lógico, la vigencia de cualquier constitución y del ordenamiento jurídico derivado de ella presupone la existencia de una “norma fundamental” no escrita, que tiene un significado fáctico, y que no es otra cosa que la convicción por parte de los ciudadanos del país en cuestión acerca del carácter vinculante de su constitución.

De esta manera, la vigencia y la propia validez de un ordenamiento no es una cuestión puramente lógica, sino en último término fáctica. Depende de que esa constitución sea realmente vivida como vigente por la población del Estado correspondiente. O dicho de otra forma, la vigencia de un ordenamiento jurídico no se basa en una simple apreciación lógica, ni tampoco en la pura coacción, en la fuerza, sino más bien en la convicción; en el hecho de que la población se sienta obligada por ese ordenamiento, reconozca realmente su vigencia y actúe en consecuencia.

En esa hora difícil que atravesamos el pasado viernes, el quid de toda la cuestión se encontraba exactamente en este punto: en si la Constitución española y el ordenamiento que emana de ella iban a seguir siendo reconocidos como derecho vigente en el territorio y por la población catalana. Lo que en último término –como demostraron los tristes hechos acaecidos el 1-O- no es una cuestión de fuerza o coacción, sino de convicción, de convencimiento. En definitiva, porque es imposible imponer por la fuerza un ordenamiento a todo un pueblo.

Los acontecimientos han evolucionado tan rápidamente que las reflexiones que me tuvieron en vela durante la noche de ese viernes han quedado en gran parte superadas. No obstante, aunque el panorama se ha aclarado enormemente, creo que todavía conservan interés de cara a todo lo que todavía tenemos pendiente.

Lo que me planteaba entonces, en el mismo calor de la noticia de la declaración unilateral de independencia, y en relación con el mantenimiento o incluso la recuperación de esa aludida convicción (que parecía para muchos ya perdida), era lo siguiente.

Primero, que debíamos tomar conciencia de que este tema de la vigencia de nuestras leyes no es un asunto sólo de los jueces o de los policías. Por supuesto que los funcionarios públicos en general tienen un papel decisivo (como oportunamente señaló Elisa de la Nuez), pero es toda la población la que debía sentirse y estar implicada, tanto allí –donde se jugaba lo más difícil de la partida-, como en el resto de España. En todo este asunto, los primeros que debemos estar convencidos somos los españoles no catalanes. Y aquí es donde muchos, por absurdas y anacrónicas razones, flaqueaban y todavía siguen flaqueando.

En segundo lugar, la propia forma de proceder de los secesionistas -pese a sus bravatas, a sus solemnes escenografías y liturgias, y a su “la calle siempre será nuestra”- mostraba una muy escasa convicción acerca de la viabilidad fáctica de su proyecto. Así, esa declaración de independencia con la boca pequeña para inmediatamente proponer su suspensión, ese no saber si convoco elecciones o someto a votación la DUI, esas frenéticas idas y venidas por los pasillos, los retrasos en los plenos y en las comparecencias, hasta esa elocuente muestra de debilidad consistente en votar de forma secreta en un parlamento por temor a unas represalias que presuponen el propio fracaso de lo que estoy votando. También, seguir hablando de resistencia cívica a la aplicación de una norma del orden constitucional autonómico de nuestro Estado después de haber declarado formalmente –parece, porque no termina de estar claro (véase la estupenda explicación de Ignacio Gomá Garcés)- la independencia de su República. Como las inmediatas dudas explícitas sobre si concurrirían o no a unas elecciones autonómicas convocadas por el Presidente del Gobierno español. En definitiva, el problema de la nonata República Catalana no es la falta de reconocimiento internacional, sino que sus propios promotores y solemnes declarantes no se la terminan de creer, se han seguido moviendo en un terreno puramente simbólico y retórico.

Unos días más tarde, está claro ya que toda convicción por su parte ha desaparecido. Al día siguiente, las banderas españolas continuaban en sus astas en los edificios oficiales más emblemáticos, el jefe de los Mossos acataba su cese y el President estaba de paseo por Girona como si tal cosa, mientras se transmitía una declaración institucional pregrabada en la que había mucha queja por la aplicación del artículo 155, pero de la República Catalana poco o nada se oía hablar. Para el miércoles 31 ya estaban todos planificando su estrategia de participación en las elecciones autonómicas de diciembre. El estrambote final de la huida de medio Govern a Bruselas es algo que pertenece más al género de lo bufo que al de la tragedia histórica. No parece que aunque Puigdemont haya marchado a Flandes esté tratando de emular a un Horn o a un Egmont.

Y en tercer lugar y sobre todo, la idea de que en esta lucha de legalidades y de legitimidades (de momento pospuesta, por la asumida debilidad de uno de los contendientes), no sólo la inercia de una legalidad formal preexistente, sino también la razón y la justicia están claramente de una parte.

Así, ese desprecio por las formas y los procedimientos jurídicos y parlamentarios más elementales, ese prescindir de quorums y mayorías reforzadas para decisiones de la máxima gravedad, ese ninguneo de la oposición y de los dictámenes de letrados y secretarios, ese imponer a toda costa lo que se trae ya predecidido, ese cambiar sobre la marcha cualquier regla que ahora me resulta incómoda, ese protagonismo de organizaciones y sujetos ajenos a los cauces normales de la representación política, todo eso que habíamos presenciado en la fase final de aceleración del procés, incluso la abyecta instrumentalización de una manifestación ciudadana de dolor y repulsa por unos crímenes que nada tienen que ver con el asunto, no son algo casual o episódico, unas fricciones inevitables en toda crisis de sustitución de una legalidad por otra, sino más bien síntomas –por mucho que se la invoque- de una concepción enferma de la democracia y que delatan el verdadero rostro de la ideología que impulsa el proceso, es decir, el nacionalismo.

Una ideología “esencialista” y contraria a la idea de sociedad abierta, fundamentada en la radical distinción de naturaleza entre los de aquí y los de fuera (los verdaderos catalanes y los que no lo son). Una ideología egoísta e insolidaria; que practica un sempiterno victimismo, la identificación de un enemigo exterior al que culpar de todos los males propios, el señalamiento, el acoso y el aislamiento social no sólo del disidente sino del no entusiasta. Una ideología para la cual el fin justifica cualquier medio, en especial la mentira y la tergiversación sistemática de la realidad, el adoctrinamiento de los niños, la movilización total de la población, ancianos incluidos. Una ideología que justifica el empecinamiento en un proyecto ilusorio, el hágase la República aunque perezca el mundo, el sacrificio de la prosperidad y la tranquilidad de toda una generación en el altar de una anhelada patria redimida.

Todo esto es propio de esa enfermedad nacionalista a la que Stefan Zweig atribuyó las grandes catástrofes del siglo XX, y que hoy vemos con alarma rebrotar en forma de Brexit, de euroescepticismo, de partidos populistas y xenófobos que por toda Europa obtienen preocupantes éxitos electorales, de un personaje como Trump en la Casa Blanca,…

Saber que nuestra legalidad, la hasta ahora de todos, representa, con todas sus imperfecciones, exactamente lo contrario de todo esto debería ser la base última y más firme de nuestra convicción.

Y la gran y ardua tarea que tenemos pendiente, que va a requerir bastante más tiempo que el que resta hasta la inminente celebración de las elecciones autonómicas convocadas, es extender y asentar esta convicción en una amplia mayoría de la población catalana. Lo que supone exorcizar con la palabra y con la razón todos esos demonios, desintoxicar de esa ideología perversa no sólo a aquella casi mitad de la sociedad catalana que se identifica con la causa nacionalista, sino también a aquella otra afectada durante años por un grave síndrome de Estocolmo. Y esto, al tiempo, con una inteligente gestión de los sentimientos y las emociones removidas, porque hay ahora mucha frustración y rabia que tratar. Sin ceder en nuestra reafirmada convición, que no nos sigan viendo en esta hora como aquesta gent tan ufana i tan superba.

Momentos decisivos: elecciones, el artículo 155 y su ejecución

El pasado viernes hacía yo un largo hilo de tuits (se puede ver aquí) en el que exponía mi particular visión del problema catalán hasta ese momento y en concreto de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cuyo anuncio se preveía para el día siguiente. Señalaba en él que una aplicación del artículo 155 “de mínimos” -expresión que se había usado varias veces como opción deseable- no podía entenderse sino en el sentido de que las medidas tenían que ser proporcionales y adecuadas a la situación que trata de resolver, pero no como algo puramente testimonial o para cubrir el expediente que no solucione nada o incluso sea contraproducente. La fuerza coactiva del Estado debe usarse cuando proceda y sin fallar, porque si no se destruye la propia esencia del poder. Por eso me parecieron un error político -por muy profesionales que fueran- las actuaciones policiales del 1-0: no consiguieron en la práctica parar el referéndum y sirvió a los sediciosos para hacerse propaganda.

La aplicación por el gobierno del artículo 155 no fue, sin embargo, de mínimos en el sentido formal, dado que previó medidas que iban más allá de la simple convocatoria de elecciones para enero, como indiscretamente Carmen Calvo dejó caer. Había mucho más: cese del ejecutivo catalán, limitaciones al Parlament, control de mossos y medios de comunicación públicos, lo que evidencia que el gobierno español ha comprendido que el reto al que nos encontramos no es de índole representativa sino de legalidad, por lo que antes de la convocatoria es preciso restituir mínimamente el Estado de Derecho lo que, en la situación actual, no significa anular leyes inconstitucionales (cosa que se ha hecho) ni sancionar conductas penales (que también se ha hecho y se hará), sino simplemente parar la dinámica de unas estructuras de poder catalanas que han decidido presentar una oposición directa, frontal, colectiva y casi física a la normativa vigente contra la cual ni sentencias ni negociaciones (que no sean capitulaciones) son remedio alguno.

Por eso yo me he manifestado en contra de una aplicación del 155 limitada a la convocatoria de elecciones. Convocar unas nuevas elecciones inmediatamente significaría tanto como mandar un mensaje a la población que dijera: “habéis votado mal, es preciso hacerlo otra vez, hasta que lo hagáis bien”, lo que además de no ser demasiado correcto puede no solucionar problema alguno: si simplemente se repitiera el resultado de las últimas elecciones lo único que habríamos conseguido es aplazar el problema. Por supuesto, si el resultado fuera otro totalmente distinto quizá se mejorara la situación, pero ni eso lo podemos asegurar ni tampoco nos encontramos aquí con un simple problema de gobierno –en el que pueden entrar en juego diferentes intereses políticos a corto plazo- sino ante un verdadero problema de Estado que exigirá soluciones de Estado, con visión a largo plazo. Por supuesto, ha de haber tarde o temprano elecciones -como muy tarde, en seis meses- pero esperemos que sea en otras condiciones.

Por eso mismo me está preocupando una especie que corre por las redes que es la posibilidad de que Puigdemont en estos días que quedan hasta la aprobación por el Senado de las medidas del artículo 155 pudiera convocar elecciones. Elecciones de acuerdo con lo establecido en la ley, que luego oportunamente se podrían convertir en plebiscitarias, constituyentes o cualquier otra cosa vigente o suspendida que permitiera alargar un poco más el culebrón. De hecho, en algunas noticias se señala que ello podría paralizar la aplicación del art. 155 (aquí y aquí) aunque Albiol parece decir lo contrario.

Desde luego, si yo estuviera en el lugar de Puigdemont es lo que haría, porque eso me permitiría tener un mayor plazo para enredar, me liberaría de las garras de la CUP de momento, seguiría en funciones una larga temporada y quizá evitaría la aplicación del artículo 155 si las ganas de que pase de ellos este cáliz impele a nuestro dirigentes a procrastinar un poco y encima quedar como unos grandes negociadores que han logrado resolver el problema acudiendo a las urnas. Por eso creo que aunque se produjera esa convocatoria creo que sería preferible que la aplicación del artículo 155 siguiera adelante anulándola o asumiéndola si se considerara posible.

Porque como decía antes, el problema que tenemos no es de gobierno, es de Estado. Es necesario restablecer las condiciones de seguridad jurídica y libertad necesarias para que el voto sea libre y desalojar del poder a personas claramente insumisas. Como dice en un reciente artículo García Domínguez, “sin la máquina de lavar cerebros de las madrasas de la Generalitat, sin los medios de comunicación del Movimiento funcionando a toda máquina durante las veinticuatro horas del día, y sin los centenares de chiringuitos insurreccionales financiados con cargo al Erario, esto volvería a parecer un sitio normal de la Europa civilizada en cuestión de meses. Por eso los que dentro de la sala de máquinas de la asonada todavía conservan la cabeza encima de los hombros, el cínico Mas por ejemplo, son tan sabedores de que perder ahora el control de la Generalitat significaría perder la partida”. Lo transcribo porque lo suscribo. Por supuesto, unos pocos meses no dan para solucionar los problemas de fondo de Cataluña, pero quizá si sirvan para desactivar las redes políticas clientelares que contaminan, entre otras cosas, el libre ejercicio del derecho de voto.

Por tanto, desde mi punto de vista, el control de la Generalitat es estratégicamente la acción más importante para desactivar la operación separatista. No el separatismo, claro. Y, obviamente, ha de hacerse bien y con todas las consecuencias. Eso significa que no se puede decir eso de que “me duele a mí más que a ti” o lo de «preferiría no aplicarlo», en expresión que ya he usado alguna otra vez en este blog. Lamentablemente el Estado tiene por delante una labor enormemente difícil y arriesgada no sólo porque pueda haber movilizaciones callejeras, que ya se están anunciando, sino por la resistencia que previsiblemente pueda presentarse por parte de funcionarios o todavía peor, por mossos de escuadra, que no desobedezcan pero boicoteen las disposiciones que adopte el nuevo ejecutivo. Por eso, desde mi punto de vista, las personas encargadas del ejecutivo provisional catalán deberían, en primer lugar, estar en Cataluña y también ser de Cataluña. Las medidas que se adopten no pueden tomarse desde Madrid. Sería muy positivo que además se tratara de un órgano colegiado compuesto de personas de diversas tendencias ideológicas o de los diversos partidos constitucionalistas implicados y quizá incluyendo alguno con una mayor sensibilidad nacionalista: esto generaría mayor unidad, corresponsabilidad y daría un claro mensaje de que la cuestión no lo es de gobierno, sino de Estado, y se transmitiría además la sensación de que en este asunto se va a llegar a donde haya que llegar.

Conste que no quiero mano dura. Participo de la opinión de mi hermano Fernando expresada en su post de ayer: no se trata de castigar a Cataluña por sus malas acciones, ni sancionar una región rebelde, por otra parte muy querida para mí. Entre otras cosas porque no es “Cataluña”, sino una parte de su ciudadanía la que se comporta así. Se trata, simplemente, de que impere la ley, pero es imprescindible transmitir a quienes quieren impedirlo la idea de que se va a hacer todo lo que sea necesario y de que no va a ocurrir como con el referéndum que teóricamente no se iba a celebrar pero que finalmente se celebró, aunque fuera de aquella manera. Si el adversario es conocedor de que uno tiene “voluntad de vencer (querer), libertad de acción (poder) y capacidad de ejecución (saber)”, que es lo que se exige en los manuales de estrategia para vencer, tenemos mucho adelantado.

¿Qué precio vamos a pagar por ello? No lo sé, es una incógnita. Quizá, como dice Jabois en «Date un capricho», se trata de una revolución de ricos que quiere darse el capricho de sentirse bolcheviques durante un mes y que ha arrastrado a mucha gente que cree que no tendrá factura cruzar el río con el escorpión encima y que cuando haya de pagarla los ricos ya habrán trasladado sus sedes. Y ya se ha empezado a pagar, precisamente con el traslado de estas sedes. Quizá si el precio se empieza a mostrar en toda su evidencia la razón vuelva a imponerse. Si no, habrá un precio alto que deberá pagarse si quiere mantenerse el entramado constitucional que tanto nos ha costado conseguir.

En los próximos días pueden ocurrir muchas cosas. Incluso que Puigdemont comparezca en el Senado y haga alguna propuesta que pudiera modificar los términos del 155. Me encantaría que fuera así, pero lo dudo porque el marco incumplidor en que se ha situado no parece permitirlo. Pero, como decía al final del hilo de tuits que antes enlazaba, creo que, si se resuelve bien, esta crisis puede reforzar nuestras instituciones porque en definitiva, «crisis» no significa otra cosa que «decisión». Sólo hay que decidir bien. Y estar dispuesto a llevar a cabo la decisión.

La caja de herramientas del art. 155 de la Constitución: hagamos buen uso

Por Ignacio Gomá Lanzón y Elisa de la Nuez.

El psicodrama catalán es como una montaña rusa. A velocidad de vértigo, el ciudadano español medio no separatista ni antisistema, ha pasado por sentimientos de incertidumbre, indignación, depresión, recuperación, para volver de nuevo a la incertidumbre. Ya dejamos buena cuenta de ella en este blog al glosar el discurso del Rey la semana pasada. Pero las emociones no son las únicas herramientas para buscar soluciones a los problemas. Fíjense que no decimos que sean malas, sólo que no son las únicas, porque estamos firmemente convencido que las emociones y las hormonas nos hacen afrontar las situaciones con el estado de ánimo adecuado. Pero, eso sí, es necesario desprenderse de las nocivas y dañinas, las que impelen a la venganza y no a la justicia.

Por eso, me gustaría realizar aquí alguna observación acerca de los modos enfrentar el problema que se han ido planteando estos días. Dejo aparte la propuesta de mediación, que resulta descartable de oficio porque no puede plantearse una mediación en sentido técnico cuando una de las partes rechaza la ley, es decir, las reglas estructurales de convivencia y, además, usa fraudulentamente la apelación a la mediación para conseguir una posición negociadora que en la práctica no tiene, al ser ya reconocida como Estado. Es como si un atracador atrincherado solicitara que la ONU mediara en su “conflicto”. Conviene poner las cosas en su sitio.

Otra cosa distinta es la perspectiva con la que debemos enfrentarnos a este problema político. En este sentido, un breve paseo por la prensa nos permitiría apreciar dos tendencias fundamentales: la línea dura, que aboga por la aplicación urgente del artículo 155 y del Código Penal, y la línea más conciliadora de quienes abogan por abrir puentes, dialogar, incluso negociar (tipo Parlem). Como ya he tenido oportunidad de contar en algún post, para Lakoff, hay dos visiones o marcos principales, que se basan en el modelo familiar, para afrontar los problemas políticos: por un lado, el modelo de familia de padre estricto (conservador), para el que el mundo es peligroso, siempre habrá ganadores y perdedores. Los niños nacen malos,  por lo que se necesita un padre estricto que les enseñe la diferencia entre el bien y el mal, incluso con el castigo: si eres bueno, no puedes renunciar a la autoridad moral, negocias, preguntar a otros, es inmoral; por otro, el modelo de la familia del padre protector (progresista), para el que los niños son buenos, pero pueden mejorar mediante empatía y conciencia de la responsabilidad de los padres de su misión. Empatía implica protección. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a ser feliz.

Según el modelo al que cada uno responda, cada persona tendrá tendencia a una u otra forma de enfocar las cosas. Cabría decir que, en buena parte, el segundo ha ganado importantes posiciones en el imaginario actual, porque, como señala Lipovteski en su reciente “De la ligereza” (Anagrama, 2016), en las democracias light actuales domina el espíritu de la paz civil: “menos fervientes, menos capaces de ejercer su soberanía, las democracias de la hipermodernidad son más pacíficas, más estables. En esta “revolución de lo ligero”, la imposición, el castigo, el monólogo jerárquico, la estructura sólida dan paso a la negociación, el diálogo, la relación transversal, la solución pacífica, adecuada a todas las necesidades, evitando soluciones tipo ganadores-perdedores.

Todas esas aproximaciones nos parecen interesantes, y nos parece que pueden ser válidas en determinados momentos. Como hemos tenido ocasiones de exponer en este blog, me parece que a los problemas políticos –y a muchos otros- no puede uno aproximarse con un solo instrumento, sino que hay que usar muchas herramientas, cada una en el momento y con la fuerza adecuada.  Podemos a traer a colación la doctrina de Nye sobre el Smart Power en las relaciones internacionales, que implica no renunciar al poderío político y militar pero tampoco a las alianzas: la herramienta más adecuada dependerá del interlocutor y del problema. Algo similar ocurre a nivel interno.

Por tanto, lo importante, antes de elegir el modo o sacar de la caja de herramientas del 155 las más adecuadas a nuestro caso es determinar qué problema es el que queremos solucionar  para aplicar el instrumento correspondiente.  El problema catalán es multifacético y antiguo, y nos parece que no todas las facetas se pueden tratar de la misma manera.  Es curioso constatar que en este post de octubre de 2014, en el que se contestaba a un artículo de Luis Garicano, se defendía lo mismo que ahora.

En efecto, en primer plano nos encontramos con un problema de flagrante ilegalidad y puede ser que también de orden público si finalmente los antisistema y algunos otros se lanzan a la calle. Pero en un segundo plano lo que nos encontramos es con un problema de encaje de Cataluña en el sistema constitucional español, con el hecho sociológico de una población ideológicamente dividida y la realidad de una élite política regional que ha usado deslealmente las instituciones autonómicas para conseguir objetivos que dinamitan las reglas del juego comunes. El clientelismo y la patrimonialización de las instituciones están también presentes, así como la utilización sin complejos del dinero público para los objetivos separatistas y la alergia a la rendición de cuentas.  En fin, un modelo muy español si bien exacerbado en intensidad y duración.

El primer problema debe tratarse sin ningún tipo de complejos, con la aplicación del artículo 155 y de las leyes, incluido el Código Penal, en los ritmos y con la extensión que a cada uno corresponda. Desde nuestro punto de vista de juristas no se debería haber llegado a esta situación y el artículo 155 debería haberse aplicado muchísimo antes; en este post uno de nosotros criticaba que todas las formaciones lo descartaran de plano hace pocos meses. Pero hemos tenido que llegar a un punto crítico en el que los tiempos políticos y los jurídicos coinciden, por lo que su aplicación parece inevitable.

Pero lo cierto es que  la falta de intervención oportuna lo que ha conseguido es que el  primer problema  con el  segundo problema, de manera que al exacerbarse la pulsión independentista va a ser muy difícil separar el problema de orden legal y constitucional del problema de fondo, por mucho que nuestros dirigentes nacionales lo hayan intentado. Quizá sea positivo, eso sí, que las intensas emociones que hemos tenido que sufrir hayan servido para que tomemos conciencia de la gravedad del envite y de la necesidad de coger el toro por los cuernos, jurídica y políticamente.

Porque de lo que se ha tomado conciencia social –aunque muchísimos ya los sabíamos- es que en Cataluña ha cuajado, se ha extendido y enraizado en una buena parte de la población una ideología nacionalista que no es sólo que proponga la independencia –cosa perfectamente admisible- sino que propone hacerlo como sea, sin excluir la mentira, la desinformación, el adoctrinamiento, la coacción, la subvención partidista, el clientelismo separatista y la movilización callejera (sin violencia, de momento). Es una ideología, en definitiva, incompatible con la democracia. Ténganse hechas, por supuesto, las correspondientes matizaciones respecto del catalanismo razonable, aunque parece claro que el nacionalismo de CiU ya tenía el escenario preparado desde hace mucho tiempo, como aparecía ya en esta noticia de 1990 referente a un documento de objetivos de Pujol que pueden ustedes leer más ampliamente aquí y que es verdaderamente orwelliano. Y no hace falta insistir mucho en cómo se ha ido desarrollando el plan: véase el reciente documento incautado a Jové sobre los planes para la independencia.

En estas circunstancias, ¿tendría sentido aplicar el 155 sencillamente para convocar inmediatamente unas nuevas elecciones? Nos parece que hace falta hacer bastantes más cosas.   La que parece más urgente es la de restaurar el Estado de Derecho en Cataluña, enviado al limbo por sus representantes o para ser más exacto por parte de ellos desde los días 6 y 7 de septiembre y después del 1-O. La incertidumbre e inseguridad que esta situación entraña ya se está cobrando un precio enorme en términos económicos y probablemente también en términos personales y profesionales y no puede seguir mucho tiempo. Los ciudadanos y las empresas tienen derecho a saber a qué atenerse y cual es la regulación vigente que no puede ser otra que la Constitución y el Estatuto mientras no se reformen por las vías legalmente establecidas.

Para esta tarea hay muchas herramientas en la caja del 155. Corresponde a los políticos decidir cuales son las más convenientes. Pero hay que ser conscientes de que los actuales miembros del Govern empezando por su Presidente son los responsables de haber llegado a esta situación y por tanto no pueden permanecer en sus puestos. Habrá que sustituirles por otras personas  -via suspensión de sus cargos- que serán las que estén llamadas a adoptar las decisiones correspondientes dentro del marco que le fije el Senado si finalmente se activa este artículo.  Un Gobierno de estas características tiene por su propia naturaleza que ser provisional y tener como única finalidad recuperar el Estado de Derecho para que puedan celebrarse unas elecciones en un plazo breve de tiempo y de acuerdo con las reglas del juego constitucionales. Creemos también que pensar que estas elecciones serán un elixir mágico es un tanto ingenuo, pero en todo caso servirían para clarificar el panorama político dado que los ciudadanos ya conocerían el coste de transitar por atajos en términos de suspensión de la autonomía, fuga de empresas y ruptura de la convivencia cívica. Puede que haya catalanes que sigan apostando por ello, pero quizás haya también  otros catalanes que prefieran un camino con señales de tráfico y con alumbrado aunque los dos grupos quieran ir al mismo sitio.

Y esto es quizás lo más importante: los ciudadanos tienen que saber que va a haber más alternativas políticas que las aventuras secesionistas y el inmovilismo constitucional. Entre esos dos extremos hay un amplísimo espacio político en el que jugar. Pero antes de salir al terreno de juego conviene reestablecer las reglas que van a permitirnos jugar como ciudadanos de un Estado democrático de Derecho.

¡Viva RTVE independiente!

El 21 de septiembre de 2017 lo recordaremos como un día excepcional para nuestra democracia. El Congreso de los Diputados alumbró la andadura para que rtve pueda convertirse en un medio público realmente independiente.
Queda mucho, mucho, por hacer, más este paso es absolutamente necesario para que esto sea posible. El consenso alcanzado es inédito y sus consecuencias para el futuro también deberán serlo. rtve ha tenido cortos periodos en los que su gestión ha sido menos dependiente del Gobierno de turno, ahora lo será del todo y para siempre. Y así deberá ser pues si algún partido político piensa que esto pueda revertirse deberá tener en cuenta que eso sería el fin de los medios públicos del Estado español.
O rtve es independiente o no será.
Recordar en este momento que este proceso de cambio deberá  implementarse también en EFE y los medios públicos autonómicos y municipales.
Mi completa enhorabuena a los grupos parlamentarios, nuestros congresistas y senadores, todos ellos han tenido la altura de miras que se esperaba y el sentido de estado necesario para alcanzar este consenso. Aunque hayan habido muchos tiras y aflojas el resultado no puede augurar un futuro mejor.
Solo cabe desear que el proceso de elección de los órganos de gobierno de rtve sea rápido y transparente y que los elegidos como consejeros y presidente o presidenta lo sean profesionales de prestigio, independientes, equidistantes de los partidos políticos y al mismo tiempo atentos a todas las sensibilidades del arco parlamentario y del resto de una sociedad cada vez más diversa, plural, compleja y moderna.
El camino por recorrer no será fácil pero si la voluntad política expresada en esta Ley se mantiene, el camino será mucho más fácil de recorrer.
Una financiación estable y suficiente y un Mandato Marco y Contrato Programa adaptado al siglo XXI y a la realidad plural y diversa de España son los otros tres requisitos para que la meta, al final de ese camino, sea la que esperamos, unos medios públicos del siglo XXI para una sociedad del siglo XXI. Nada más y nada menos.
Si rtve no diera este giro de 360 grados, su futuro sería muy negro, la OSCE ya nos coloca entre los medios públicos europeos del furgón de cola, hemos llegado a tiempo, in extremis, a revertir esa posición. Y lo haremos mirando a nuestros socios europeos y asimilando sus experiencias a nuestra realidad. Tenemos en nuestras manos construir unos medios públicos con una calidad democrática equiparable a los que atesoran la BBC británica, ZDF y ARD alemanas, la France Television&Radio francesas o SFR suiza, por ejemplo. Si no lo hiciéramos, rtve moriría irremediablemente, sedienta y hambrienta de calidad democrática. Felicitémonos todos porque rtve continuará y será mejor, mucho mejor para todas y todo a loa españoles.
Viva rtve independiente.

Termitas en el Estado: los corruptos

Andrés Betancor ha impulsado la publicación de un libro imprescindible cuyo título -muy expresivo- es “Corrupción, corrosión del Estado de Derecho” (Civitas / Thomson Reuters, 2017).

Por si hay algún lector de Hay Derecho que no lo sepa aclararé que Betancor es catedrático de Derecho Administrativo muy apreciado en el gremio por su obra y también ¿por qué no decirlo? por sus condiciones personales. Pero tiene además otra cualidad que para mí resulta esencial en un profesor universitario: tiene pluma periodística lo que le permite estar presente en los medios de comunicación explicando asuntos complejos con palabras sencillas, al alcance de un lector medio. Séame permitido, a este respecto, citar mis propias palabras pronunciadas con ocasión de mi despedida en la hora de mi jubilación: “El profesor no debe estar agazapado y callado en su rincón, enchufado a su ordenador. Tiempo tendrá en la eternidad de vivir en un nicho. El campus no debe ser un campus santo”. Desde luego si todos los colegas fueran como Betancor el campus en los distritos universitarios españoles no sería el silencioso campus santo en el que se han convertido.

Actitud esta agazapada y lamentable en cualquier momento histórico pero especialmente censurable cuando estamos viviendo convulsiones que ya están siendo calificadas como revolucionarias. En tales circunstancias, los juristas han de desarrollar una actitud crítica y fundada aventurándose a tratar los grandes asuntos con ojos curiosos y esa actitud innovadora que es propia de quien dispone de las tijeras para cortar las cintas que inauguran anchas avenidas. “Poca es la vida si no piafa en ella un afán formidable de ampliar sus fronteras” dejó escrito Ortega en su libro sobre la deshumanización del arte.

Es precisamente en una época de cambios sustanciales cuando ha de verse al jurista haciendo guardia en su garita: para ordenarlos y explicarlos, para alojarlos en casilleros comprensibles y razonables y para evitar el peligro de que revolucionarios “a la violeta” nos vendan como novedades jirones descoloridos del pasado.

Porque a los cambios, como a las revoluciones, hay que cogerles el pulso desbocado y restaurarlo en su sano ritmo administrándoles el fármaco del razonamiento jurídico que serena, enfría y templa.

Esa es la función de quienes tenemos como hogar una Facultad de Derecho. Por eso es tan admirable el libro que Betancor, al mando de un grupo selecto de juristas, acaba de publicar abordando no cualquier tema sino nada menos que el de la corrupción, esa enfermedad que lleva -como indica el título- a la “corrosión”, es decir, según el Diccionario, a la “destrucción paulatina” de un cuerpo, en este caso, el cuerpo social representado por el Estado.

Se ha dicho una y mil veces que la corrupción acompaña a cualquier sistema político porque es consustancial a la naturaleza humana. El gran escritor y autor teatral suizo, Friedrich Dürrenmatt, que se ocupó muchas veces en sus obras sobre asuntos relacionados con el Derecho y la Justicia, aseguraba que se pueden cambiar todas las leyes imaginables pero nada sustancial cambiará porque la naturaleza humana no cambia. Esta es justamente la actitud que el jurista no puede aceptar si no quiere convertir su oficio en el ejemplo supremo de la inutilidad.

No. Los juristas debemos, cierto que sin poner una fe ciega en ello ni esperar grandes milagros, intentar cambiar algunas cosas con el arma de las leyes aplicadas por las Administraciones y vigiladas por los jueces. Betancor pone el ejemplo, invocando al historiador Fukuyama, de lo ocurrido en los Estados Unidos, un país ensencialmente corrupto hasta los años ochenta del siglo XIX, momento en el que empiezan a ponerse en pie mecanismos institucionales destinados a evitar las trapacerías de diputados, senadores, jueces, funcionarios … A partir de las grandes transformaciones auspiciadas por las comunicaciones, la urbanización, la mejor formación universitaria y la mayor sensibilidad de las clases medias urbanas, se vio con claridad que el Estado no podía ser un magma destinado a satisfacer clientelas de feudos políticos construidos en torno a poderosos personajes agazapados tras los sacos terreros de sus intereses. Y se aprobaron leyes y reglamentos, se instituyeron órganos administrativos, se dotó de poderes y medios a los jueces, todo lo cual contribuyó a poner diques al desenfreno y al descaro. Lo que no fue poco.

Aceptando resignadamente -como es obligado- la imposibilidad de extirpar el mal desde su raíz. Porque, como Betancor insiste, la corrupción ofrece mil caras, mil recovecos por los que colarse y desarrollar su trabajo de termita arrasadora del entero sistema. “La corrupción -escribe- es un fantasma que asusta y mucho pero que al Derecho se le exige que atrape cuando solo cuenta con una red, además, muy gruesa. Es lógico y razonable que se le escape. El sentimiento de frustración incrementa la sensación de complicidad. Y la complicidad, la deslegitimación del Estado … [y con ello el auge de los populismos] … con la pretensión de que el Derecho solucione algo que es un fenómeno que trasciende, que va más allá de lo que puede hacer. Es imprescindble el Derecho pero no es suficiente”.

A cada cual le corresponderá pues luchar con sus armas en esta guerra eterna en la que se ganan y se pierden batallas con la misma diabólica cadencia temporal. Y así, el ciudadano tiene una responsabilidad directa en tales batallas de manera que a aquel que ofrece resistencia a acudir a las oficinas de Agencia Tributaria no se le puede permitir la desfachatez de poner su dedo acusador sobre ningún responsable público.

A los juristas, por su parte, nos compete afinar los instrumentos propios de nuestro oficio. Mellados se nos dirá pero indispensables.

Y es en este sentido donde el libro resulta una pieza excelente. Porque no creo que haya un solo rincón de las actividades públicas, aprovechadas en España habitualmente por los corruptos, que haya quedado fuera de la mirada de Argos de quienes colaboran con Betancor.

Mercedes Fuertes aborda la financiación de los partidos políticos proponiendo la reducción de sus gastos y el alejamiento del Tribunal de Cuentas de los tejemanejes de los partidos para que pueda ejercer con garantías sus funciones de control. Fuertes ha estudiado en un libro independiente Combatir la corrupción y legislar en la Unión europea (Marcial Pons, 2015) el funcionamiento de la Oficina de lucha contra el fraude en Bruselas. Asimismo se impone -dice la autora- reforzar la independencia del poder judicial, un asunto tratado también por Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. Nunca se pondrá suficiente énfasis en subrayar que los partidos políticos son el elemento patógeno más significado cuando de corrupción hablamos pues su acción tiene un efecto multiplicador extraordinario al manchar, si se entregan a prácticas irregulares, todo cuanto tocan: instituciones públicas y empresas privadas.

Irurzun Montoro se ocupa de la función pública abogando por la profesionalización de sus cuadros más la reforma de las normas sobre incompatibilidades y de las libres designaciones, lugar este por el que se cuelan caprichos y amabilidades -bien gravosas para el erario público- hacia parientes y entusiastas compañeros de partido.

Juan Francisco Mestre aborda la transparencia metiendo su ojo de sagaz intérprete de leyes en el artículo 70 de la ley 39/2015 que excluye del mismo -en uno de sus apartados- las notas, borradores, opiniones resúmenes, informes internos, es decir, lo que podríamos llamar la “intrahistoria” de ese expediente, en ocasiones, lo más sustancial del mismo.

Jesús Moreno, al analizar el régimen de las empresas públicas, propone modificar la provisión de los puestos de alta dirección y el sistema de control de sus compras e inversiones.

Para Rosa María Pérez las subvenciones tienen que basarse en el principio de la claridad en todas las fases del procedimiento diseñado para su otorgamiento así como en el carácter exclusivamente técnico del órgano colegiado que informa sus solicitudes.

Antonio Jiménez-Blanco y José María Ortega tienen la valentía de habérselas con el paraíso del corrupto: el urbanismo. El primero para hacer buidas observaciones sobre la concurrencia de los órdenes contencioso-administrativo y penal en el espacio urbanístico así como ironizar con los “tiempos” en que se desarrolla la labor del juez. El segundo aborda muchas cuestiones expresivas del profundo conocimiento que el autor tiene sobre la materia y, desde la perspectiva concreta del control sobre actuaciones corruptas, destaca la necesidad de atribuir las decisiones urbanísticas locales a órganos colegiados de los Ayuntamientos pues los unipersonales se han revelado como “facilitadores” de las prácticas corruptas. Aboga asimismo por reforzar los órganos de control y asesoramiento y los de gestión urbanística, lo que impone acabar con la provisión de plazas acomodada a procesos selectivos que no sean serios y objetivos. Recuerda el preceptivo sometimiento a fiscalización de todos los acuerdos municipales que impliquen gastos como es el caso de la mayoría de los instrumentos de planeamiento y convenios urbanísticos. Me parece muy importante su insistencia en que se prohíba la creación de sociedades municipales u otros entes con competencias urbanísticas o de vivienda pues estas funciones han de reservarse siempre a la Administración (más vigilada obviamente en su actuar).

Ruiz de Apodaca, al aclarar cómo opera la corrupción en materia de autorizaciones y licencias, afirma que son los funcionarios, no los políticos, quienes más frecuentemente se encuentran como protagonistas de las perversiones del sistema.

En fin, José Manuel Martínez Fernández hace un extenso y yo diría que implacable análisis de la legislación de contratos -que conoce de primera mano- y, a partir de él, se atreve a concretar todas y cada una de las técnicas que harían muy difícil las prácticas corruptas en este ámbito especialmente goloso para quienes de ellas gustan. Y diferencia con especial minuciosidad y claridad sus fases de preparación, adjudicación, ejecución y resolución.

Como bien dice Betancor al final de las páginas por él firmadas “el árbol de la corrupción crece a nuestro alrededor. O sigue creciendo o se corta. Es el gran dilema de la España actual. Si sigue ascendiendo ya sabemos qué es lo que va a pasar. Un tupido bosque tapará el progreso de España. El árbol de la corrupción matará al de la vida. Esa es nuestra presente disyuntiva”.

Para terminar desearía insistir en rescatar un instrumento histórico de cuyas bondades escribimos Mercedes Fuertes y yo en nuestro libro Bancarrota del Estado y Europa como contexto (Marcial Pons, 2011) y ello porque la historia es la mejor amiga del hombre atolondrado que, al cabo, somos todos, perdidos como estamos desde que nacemos en el torbellino de un mundo viejo pero que cada cual está condenado a estrenar a su manera (esta es la verdadera condena desde la expulsión del Paraíso). Por eso necesitamos señales que nos orienten y ese es el papel que podría jugar la resurección del viejo juicio de residencia o “purga de taula”, yerto entre las páginas de nuestro Derecho histórico, a la espera de la mano amiga que le diga, como al arpa del poema, “levántate y anda”.

Recordemos que, para exigir responsabilidades a los gobernadores provinciales y a otros funcionarios, ya en el derecho romano se les sometía al deber de permanecer durante un determinado número de días en el lugar que habían regido para que los ciudadanos formularan contra ellos las quejas o reclamaciones que tuvieren por conveniente. De Italia pasó a Castilla y, en concreto, a Las Partidas de Alfonso X el Sabio y luego al Ordenamiento de Alcalá,  a una Pragmática de los Reyes católicos y al derecho indiano … Algo parecido ocurría en la Corona de Aragón donde se llamaba “purgar taula” a la obligación que los vegueres y otros oficiales tenían de quedar sujetos a investigación (inquisitio) y exculparse de los posibles yerros que hubiesen cometido así como de repararlos (purga).

Concluido el procedimiento, si el juicio ciudadano era positivo, la autoridad podía seguir ascendiendo en su carrera político-funcionarial; de lo contrario, era sancionado con una multa o con la prohibición de por vida de un nuevo cargo.

¿Qué tal si el citado gobernante no pudiera tener acceso a los beneficios propios de su condición de “ex” si no lograra que su gestión fuera merecedora de un juicio positivo?

¿No podemos darle vueltas a la cabeza y alojar, de la mano de jurisperitos prudentes y disertos, en el espacio por ejemplo de las Oficinas de Conflictos de Intereses, un remozado juicio de residencia o “purga de taula” en nuestros Códigos?

¿No cercenaríamos el crecimiento desparramado de ese árbol de la corrupción que nos describe Betancor en este libro?

Conviene no olvidar la sagaz advertencia que nos dejó Tocqueville en sus Recuerdos de la revolución de 1848: “los políticos llegan a hacer bastante honestamente cosas bastante poco honestas”.

El Estado de Derecho en el limbo.

Llegó el gran día y Puigdemont parió un ratón. La declaración de independencia, consecuencia supuestamente inevitable del a su vez supuestamente democrático referéndum, se suspendió a los pocos segundos, propiciando, como la fecunda imaginación y sarcasmo de los españoles ha hecho ya notar, la república más breve de la historia. No es la primera vez: en octubre de 1934 Companys declaró «el Estado catalán dentro de la República federal española» que duró unas cuantas horas.

La maniobra de ayer responde, en definitiva, a una de las posibilidades que sugeríamos en editorial de hace pocos días: la típica de las sectas religiosas, siempre proféticas, que anuncian la irrupción súbita de una figura divina, con una intensa emoción y ansiosa expectativa. Al fallar la profecía, o desapare­ce la secta o se objetiva el mensaje, eliminando la urgencia y convirtiéndolo en rutina. Probablemente Puigdemont no tenía otra posibilidad, ante el choque de sus pretensiones con la realidad, ante la ruptura de la tensión de esa disonancia cognitiva que deriva de la confrontación de las mentiras y falsedades henchidas de emoción e inculcadas en el pueblo con la realidad dramática de la imagen de todas las empresas importantes de Cataluña huyendo de allí, incluidas las dirigidas por pretenciosos independentistas de salón. Y quizá esperaba que declarando la independencia, sí-pero-no, podría haber algún Estado o institución internacional que la reconociese, cosa que no ha ocurrido en absoluto.

El problema es que su actuación es tan surrealista que ni siquiera ha podido respetar su propia legalidad, reduciéndose su presuntamente simbólica declaración a una alocución del Presidente (que según su propia ley de transitoriedad carece de competencias para hacerlo) relativa a la independencia, mientras solicita a su vez al Parlament que suspenda algo que, en realidad, tampoco existe legalmente y que, por cierto, tampoco se vota en ese momento. Es lo que tiene mandar el Estado de Derecho al limbo: cualquier cosa es posible, como llevamos advirtiendo desde hace un mes.  Los atajos fuera de las normas y los procedimientos establecidos llevan a sitios francamente curiosos y en algún caso como el de ayer francamente ridículos.

Dicho eso, desde el punto de vista político -que es el único que interesa a los secesionistas dado que han arrojado el ordenamiento jurídico por la borda- Puigdemont pretende ganar tiempo para presentarse como un gobernante dialogante frente a la cerrazón de «Madrit» e intentar vincular a instancias internacionales a un proceso al estilo esloveno (esta es por ahora la última moda, en el «cherry picking» nacionalista de secesiones a la carta) exigiendo una mediación que, por su propia naturaleza, no puede darse, porque esta no puede existir cuando una de las partes no respeta la reglas del juego. Va a tener el problema de gestionar la frustración que puede producir de sus seguidores más radicales y muy particularmente de la CUP.

No parece que por ahora la comunidad internacional esté por la labor, más bien la falta de seriedad de toda esta pantomima no deja de sorprender a propios y ajenos. Pero haríamos mal en no tomarnos en serio algo que, aunque sea tan chusco, no deja de ser gravísimo.  Sin Estado de Derecho digno de tal nombre hay muchas personas físicas y jurídicas que hoy en Cataluña están sometidas a una inseguridad jurídica, profesional y hasta personal que no es propia de una democracia del siglo XXI y es intolerable en un país  razonablemente próspero de la Unión Europea.

Urge la restauración del Estado de Derecho para devolver la confianza a todos los catalanes -incluidos los independentistas- que cada mañana se despiertan con la zozobra de no saber qué va a ocurrir. Urge también la convocatoria de unas elecciones autonómicas para desbloquear la situación y urge el inicio de un proceso político para revisar el marco político de 1978, para lo que puede ser conveniente un Gobierno de concentración y unas elecciones generales a continuación. El Sr. Rajoy no ha demostrado capacidad ninguna para tomar la iniciativa en este asunto, seguramente porque piensa que forzar unas elecciones autonómicas por la vía del art. 155, más que perjudicar al bando constitucionalista, le perjudica a él personalmente. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero está claro que los interlocutores que ahora tenemos no están en condiciones de liderar este proceso y que deben de dar un paso atrás por el bien de España, de Cataluña y de Europa.

La docencia del Derecho Constitucional en Cataluña (I)

 “Está fuera de discusión que o bien la Constitución controla cualquier Ley contraria a ella, o bien el Legislativo puede alterar la Constitución a través de una Ley ordinaria (…) Entre tales alternativas no hay término medio posible: O la Constitución es una Ley superior y suprema, inalterable por medios ordinarios, o se encuentra al mismo nivel que las leyes y, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efectos siempre que el Legislativo le plazca (…) Si es cierta la primera alternativa, entonces una Ley contraria a la Constitución no es Ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las Constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitado por naturaleza” (Sentencia “Marbury versus Madison” del Tribunal Supremo de Estados Unidos 1803)

 “Nunca prestamos suficiente atención a los primeros síntomas de una tiranía porque una vez que ha crecido hasta cierto punto, ya no se la puede detener” (Madame de Staël, Consideraciones sobre la Revolución francesa, Arpa, Barcelona, 2017, p. 498)

Abundan en estos últimos tiempos convulsos diferentes testimonios sobre la situación en Cataluña y los efectos personales que ese particular contexto genera. Una de las declaraciones que más me han conmovido es la del Magistrado Luís Rodríguez, con el que compartí docencia en la Escuela Judicial de Barcelona hace muchos años, quien, ante el tenor lúgubre de la deriva del proceso independentista y el desamparo, incluso las coacciones que comienza a sufrir el poder judicial, afirmó valientemente al diario El País que no nos dejarán otra opción: “Traición o exilio”.

En esta escueta frase está condensada la (aparente) debilidad del Poder Judicial (de la que hablara Hamilton en El Federalista) que no disponía (según ese autor) ni de la “bolsa” (presupuesto o capacidad de fijar las reglas de juego “de acuerdo a la Constitución”) ni de la “fuerza”. Y que, por tanto, carente de esta última, sus resoluciones se transforman fácilmente en platónicas y la Constitución en una barrera de pergamino. Cuando el Estado es impotente para aplicar sus propias decisiones, la fuerza coactiva legítima del Derecho se desinfla. Y en esas circunstancias el abismo revolucionario (sí, sí, revolucionario) se asoma, por muy postmoderna y de la era de la postverdad que sea la insurrección institucional contra el ordenamiento constitucional que ha tomado cuerpo en ese territorio antes citado.

En esta entrada quiero aportar mi propio testimonio personal, pero limitado solo a mi actividad (residual en estos momentos) de profesor universitario que acude semanalmente a Barcelona desde el País Vasco a impartir una asignatura enunciada como Organización Constitucional del Estado en el Grado de Filosofía, Política y Economía, organizado conjuntamente por las Universidades Pompeu Fabra, Carlos III y Autónoma de Madrid. Para entender bien lo que sigue deben ser ustedes conscientes que el alumnado al que imparto docencia (algo más de 60 estudiantes) procede por mitades de Cataluña y del resto de España. Eso impone prudencia, lo que no debe impedir firmeza argumental. Tampoco equidistancia. Ya no existe, menos en estos temas.

Son estos alumnos personas con muy buenos expedientes académicos en sus estudios de bachillerato y con excelente nota de corte en las pruebas de selectividad, de los que desconozco aún su forma de pensar (solo he tenido con ellos una sesión de dos horas), pero que intuyo (como viejo profesor con algo de olfato y larga experiencia) que proceden de todos los rincones ideológicos del mapa político. Solo con verlos ya me hago una idea. Habrá, sin duda, un buen número que comulgarán o tendrán simpatías con el independentismo catalán, habrá algunos otros catalanes con sentido de pertenencia múltiple (algo que cotiza a la baja en una sociedad dramáticamente dividida), también existirá entre ellos un número importante de estudiantes españoles de ideología liberal, socialdemócrata o izquierdista, así como, por qué no, algunos con posiciones ideológicas más extremas tanto por un lado como por otro. Probablemente ahora (con la que está cayendo y la que se espera) estén más polarizados, pero eso (con mayor o menor intensidad) ha sido el tono común en estos cinco últimos cursos académicos que vengo impartiendo esta asignatura. Y los debates siempre han sido serenos y razonados. Son personas (o, al menos se les presume) educadas y con ganas de aprender. Aunque siempre habrá alguien que rompa el tono.

Como les dije a estos alumnos el primer día de clase (un difícil día 2-O a las 9 de la mañana, tras la compleja jornada del 1-O), explicar Organización Constitucional del Estado en ese contexto y en ese país se había convertido en algo esotérico o, peor aún, surrealista. No hice más referencias directas al problema de fondo. En un grado universitario que pretende formar a profesionales de élite –añadí únicamente- no se puede trabajar con conceptos de bisutería político-constitucional barata (que tanto abundan hoy en día), sino que cabe llevar a cabo esfuerzos (y muchas lecturas) que ayuden a comprender por qué las democracias avanzadas que disponen de sistemas constitucionales asentados y estables han tenido y tienen pleno respeto a sus instituciones, que miman constantemente.

A ninguna de esas sociedades avanzadas –algunas de ellas reconstituidas tras desgarradoras experiencias históricas anteriores que les condujeron, como decía Kershaw, al descenso a los infiernos- se les ocurre quebrantar unilateralmente las reglas de juego que se dieron con mayor o menor consenso en un determinado momento histórico. En esta idea trasluce una de las cuestiones más apasionantes del proceso constitucional en cualquier país y en cualquier tiempo histórico. Y que no es otra sobre cómo adaptar los textos constitucionales a las exigencias de cada momento histórico y a las diferentes (y razonables) expectativas de las generaciones venideras. Para eso la lectura del libro de Zagrebelsky Historia y Constitución es obligada. Y en todo ello, en lo que afecta a nuestra impotencia como país para adaptar las Constituciones a la realidad del momento, el suspenso que recibimos es clamoroso.

En fin, se trata de discernir si las Constituciones son de los “muertos” o de los “vivos”, simplificando las cosas. O preguntarse en cambio si realmente tienen propietario o no son realmente una preciada herencia que, con las adaptaciones pertinentes y de mayor o menor profundidad, debería preservarse. Las soluciones se dividen en esta encrucijada. Los ricos y profundos debates del primer liberalismo constitucional que se produjeron entre Jefferson y Hamilton o entre Burke y Paine, son (así se lo recomendaré) de necesaria lectura en estos momentos para comprender porqué las Constituciones (como instrumentos vivos, que deben ser) han de adaptarse adecuadamente a cada realidad histórica. Adaptación que debe producirse por sus mecanismos ordinarios de revisión o a través de relecturas contextuales de sus contenidos, a riesgo si no de que la Constitución termine convirtiéndose –como recordó Tocqueville- en una suerte de camisa de fuerza que haga saltar por los aires la sociedad y el sistema institucional constituido. Donde no hay adaptación de los textos constitucionales, surge con fuerza también el adanismo constitucional, siempre presente en las democracias inmaduras que parecen hallar la solución mágica a sus problemas estructurales tejiendo y destejiendo constituciones (de partido o partidos, siempre sectarias o excluyentes) que duran lo que el entusiasmo (emoción precaria donde las haya, como decía Emerson) dure. También es este un país donde las soluciones taumatúrgicas de los adanes constitucionales (que abundan por doquier) se venden en el mercado político de todo a un euro. Y nada es gratis, menos estas cosas.

Sí que les advertí que tendríamos un curso muy complicado, probablemente con muchas interrupciones (por convocatorias de huelga) y no poca tensión en la calle que se trasladaría con facilidad a las aulas universitarias. Cuando las emociones derivan en pasiones irrefrenables, hay que recordar las prevenciones que frente a estas últimas mostraba tanto Spinoza como, más recientemente, Compte-Spontville, seguidor de aquel y del preclaro filósofo Alain, que asimismo conviene leer en estos momentos de zozobra. Decía este autor, por ejemplo, algo muy sensato: “Hay que repetir que todos los abusos son secretos y viven del secreto”. En la (mentirosa) sociedad de la transparencia, los arcana emergen con fuerza política inusitada. Paradojas.

Con el tiempo (si es que lo tenemos o nos dejan las circunstancias) convendrá recordar que los quebrantamientos constitucionales pueden acabar fácilmente en medidas de excepción (están ya en el ambiente), y eso hace saltar por los aires los escasos espacios de entendimiento que en cualquier sociedad puedan existir. La normalidad constitucional es la regla, las medidas de excepción se definen por su propio enunciado. Pero, en no pocos momentos, la excepción se transforma en regla, como advirtió inteligentemente el filósofo Agamben: la excepción debe ser temporal, por definición (“estar fuera y, no obstante, pertenecer; esta es la estructura topológica del estado de excepción”, según ese autor). La defensa de la Constitución no tiene ideados otros medios cuando se ve en riesgo evidente de ser arrumbada, ya sea por atentados terroristas (piénsese en los casos recientes de Estados Unidos o Francia, así como las medidas del Reino Unido tiempo ha en el Ulster) o cuando pueda verse afectada la quiebra del ordenamiento jurídico o la unidad territorial.

Bien es cierto, que en esta era de postmodernidad y de revolución digitalizada hay autores como Buyng-Chul Han que consideran en total desuso esas soluciones excepcionales pretendidamente taumatúrgicas, pues la sutilidad de los medios de coacción (o de alienación) van por otros derroteros (y algo de eso estamos viendo últimamente). En la opinión de este autor, las situaciones de excepción ya no son recetas aplicables. La idea siempre recordada de Carl Schmitt (“soberano es quien decide el estado de excepción”), parece ponerse en entredicho en la sociedad digitalizada, sobre todo en aquellos casos en que el Estado carece de fuerza coactiva (o la ley pierde fuerza; esto es, eficacia y capacidad de obligar) o simplemente no puede ejercerla ante una revolución social o masa ingente que desactiva su uso o que, mal gestionado ese poder de coacción física legítima (Weber), salta a las retinas de miles de millones de ciudadanos a través del poder de las imágenes en la sociedad globalizada de Internet y de las redes sociales. El uso de la fuerza legítima del Estado Constitucional está, hoy en día, sometido a unos test de escrutinio desconocidos (incluso a unas manipulaciones) que no encuentran parangón en otros momentos históricos. No es la transparencia, es más bien la instantaneidad. El poder no puede prescindir de ello, salvo que sea estúpido. Que también lo hay.

Comenté igualmente aquel día que, ante el recelo que una asignatura así denominada levanta entre un alumnado inquieto por la filosofía o por la política o, incluso, por la economía (pues para ninguno de ellos el Derecho resulta inicialmente algo atractivo), era importante que vieran cómo lo que está pasando en estos momentos en nuestro país (o “en el suyo”, depende quien sea el destinatario del mensaje) tiene explicaciones cabales (cuando no reiteraciones) en otros acontecimientos históricos político-constitucionales que se han sido sucediendo a lo largo de los tres últimos siglos. Lo dijo magistralmente Tocqueville, “la historia es una galería de cuadros donde hay pocos originales y muchas copias”.

En esa primera clase, un día tan difícil y en un momento tan complejo, ya dibujé algunos temas que irán saliendo en las sesiones venideras, siempre que la Facultad no se cierre a cal y canto y se interrumpa bruscamente (como exigencia del “contexto”) la transmisión de la arquitectura básica conceptual con la que esos ciudadanos en formación (que son quienes deberán arreglar lo que nuestras generaciones están mostrándose impotentes e incapaces para hacerlo) puedan así reflexionar inteligentemente sobre los temas del presente a la luz de las experiencias del pasado. Sin un marco conceptual sólido previo –subrayé- no hay lenguaje común. Y sin él, no se debate, se vocifera o se atropella. Con eslóganes fáciles se crean alineamientos estériles fuertemente cerrados que nada permean; propios de redes sociales que incrementan los muros e incomunican a la sociedad civil en bandas rivales.

La democracia, en esencia, es pleno respeto a los procedimientos (reglas) y a la deliberación pública. Las formas y la publicidad fueron dos grandes avances de las revoluciones liberales. La dignidad democrática de la Ley no es solo su modo de votación, sino que el Parlamento, de donde nace, es sobre todo un órgano de deliberación pública y transparente. La ley se cualifica por su procedimiento deliberativo y contradictorio, sin esos cauces no pueden nunca democráticamente aprobarse leyes transcendentales para la vida en común, menos aún si son tramitadas como lettres de cachet y sin ningún proceso deliberativo real y efectivo, así como quebrando (escudados en una legitimidad schmittiana) las reglas de la legalidad constitucional/estatutaria. La democracia, como recordó Kelsen (ahora enterrado en cal viva por algunos), también es protección de las minorías. Jefferson lo expuso mucho antes de modo diáfano –también les recordé: “ciento setenta y tres déspotas (los miembros de una asamblea parlamentaria o una mayoría circunstancial) serían tan opresores como uno solo”.

La ventaja que tengo es, sin duda, que esta asignatura se imparte en un grado universitario no jurídico. Y, por tanto, me permite un enfoque heterodoxo que arranca de la construcción del constitucionalismo liberal contemporáneo en lo que son los tres modelos que han terminado por servir de patrón a cualquier otra experiencia constitucional más reciente en el mundo civilizado, así como abordo en grandes rasgos su evolución posterior hasta nuestros días (enfoque que lo apoyo en el libro que publiqué en 2016 Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons/IVAP). Ese enfoque es perfectamente aplicable a la Constitución española de 1978 (que, dada su tardía aprobación, apenas nada añade a lo que ya había) y, en su caso, a cualquier otra que pueda emerger en el futuro. Les indiqué con claridad que prácticamente todo estaba inventado (una mentira piadosa), sobre todo si se quieren construir o edificar sistemas constitucionales homologables con los existentes en las democracias avanzadas.

Y también cabrá recordarles en un futuro, aunque alguna idea avancé, que todo sistema constitucional democrático se asienta sobre una serie de premisas. Por salir del Derecho, para luego entrar en él más fácilmente, recurrí a un politólogo afamado como es Fukuyama. En su reciente y monumental obra en dos tomos (Los orígenes del orden político y Orden y decadencia de la política, Deusto, 2016), el autor sitúa el foco de atención en la importancia que tienen las instituciones para edificar un Estado democrático, así como en la necesidad de que ese modelo atienda a tres tipos de premisa: a) Estado o Administración impersonal; Principio de legalidad (Rule of Law o Estado de Derecho); y Gobierno responsable (control del poder).

Estas son, en efecto, los tres pilares en los que descansa el Estado Constitucional democrático, pero lo importante es que no se pueden diseccionar o elegir solo uno de ellos. El Estado Constitucional no es un supermercado, donde se eligen los productos que en cada coyuntura interesan. No cabe hacer juegos de manos. La prestidigitación constitucional solo es una manifestación de hacer trampas en el solitario. La arquitectura constitucional democrática es una estructura que no admite elegir solo una de esas premisas en función de conveniencias políticas circunstanciales (democracia o soberanía parlamentaria, por ejemplo), con exclusión de las demás. O el Estado y los poderes públicos suman todas ellas o no supera los estándares de democracia constitucional. Y lo demás es mentira. Se vista como se vista: como soberanía del Parlamento o como democracia de top manta.

La Administración impersonal es una invocación expresa al principio de mérito y una (voluntad firme de) erradicación del clientelismo y la corrupción. Arrumbar el Estado patrimonial no es fácil. Se ha tardado siglos en no pocos países. Tampoco erradicar o controlar la corrupción es tarea fácil, menos aún cuando se está ayuno de valores. Algunas democracias avanzadas tardaron mucho en poner coto a una corrupción galopante (por ejemplo, Estados Unidos). Sin Administración impersonal no hay Estado democrático que se precie. Este estándar es importante, quien no lo acredite muere, no tiene futuro. El principio de mérito, en sus dimensiones meramente formales, no es válido. Sigue siendo trampa. Lo importante es la dimensión material, la efectividad. Si se hace aguas en esto, como así es en España (especialmente en algunas administraciones autonómicas y en buena parte de los gobiernos locales), nada se avanza. Pero más lo es (en términos comparativos), siento decirlo, en el territorio catalán; donde el clientelismo político (y lo conozco de buena fuente) ha sido y es una forma habitual de hacer en el sector público autonómico y local (con excepciones muy singulares). Analicen, si no, cómo se han reclutado la legión de interinos que pueblan algunas “estructuras de Estado” en los años recientes. Y no hablemos de corrupción, puesto que en este caso –salvo algunos territorios del valle del Ebro y del Cantábrico menos afectados por esa lacra, que son la excepción- es un mal endémico de España y también (no lo duden) de Cataluña. Hay una geografía de la corrupción con varios epicentros. Barcelona y Madrid no se escapan como lugares centrales del terremoto.

Crónica de urgencia de la manifestación de Barcelona

Estación de Atocha 7:00 AM. Mucha gente, casi todos con banderas. La mayoría entre 40 y 60 años, algunos con sus hijos mayores. No hay ninguna bandera catalana, pero no es tan fácil comprarla en Madrid. Hablo con alguna persona que piensa hacerlo en Barcelona para llevar las dos.

Esto es un AVE,  y predomina gente de aspecto más que acomodado -pero también los lectores de El País. Yo he comprado la Vanguardia, y leo el editorial que suplica al President que no haga la DUI, porque se ha descubierto que la independencia low cost no es posible.

Los anuncios de megafonia de RENFE  son todos en castellano, catalán e inglés.

Llego al bar y el ambiente es festivo -demasiado para mi gusto-: la gente habla muy alto y hay momentos que empiezan con los cánticos. Hablan por supuesto  de lo único: sobre la información que da La Vanguardia respecto de las manifestaciones, la preocupación por la posible violencia, la entrevista de Rajoy…

Yo también me pregunto qué es lo que va a pasar hoy. A pesar de los anuncios sobre las contramanifestaciones, me preocupa más el éxito de la convocatoria que la seguridad. Ayer estuve hablando con catalanes (de nacimiento o adopción) y no parece que haya que ser muy optimista: algunos no irán por desidia y otros por miedo. El miedo no es físico sino de exclusión. De hecho, la propia manifestación ha sido ya ha sido un motivo más de tensión. Unos amigos llamaron a sus «hermanos» catalanes para ir juntos y la conversación terminó tan mal que no vendrán ni unos ni otros. Otros llamaron a sus primos de Barcelona, no independentistas, que también escurrieron el bulto diciendo que se iba a filmar y que no querían ser señalados. Otros que me encuentro en el tren me cuentan que cuando llamaron a sus amigos de Barcelona para decirles que venían, estos se sorprendieron, porque apenas les sonaba la convocatoria y no les parecía significativa. Aunque son de origen alicantino y no independentistas, estaban tan saturados y desanimados que costó convercerles (irán).

También yo me pregunto si tiene sentido venir desde Madrid a esta manifestación: lo hacemos para apoyar a los catalanes que se sienten españoles y son tachados de malos catalanes (o de no catalanes) y por mi admiración poe Sociedad Civil Catalana, los convocantes, pero aún así tengo mis dudas.

Caminamos hacia el teórico inicio de la manifestación pero es imposible acercarse. Está todo colapsado por la gente, pasamos más de dos horas sin movernos. Los gritos: «Viva España» y «Visca Cataluña» son quizás los que más se han repetido. Hay muchos otros: «Que vote España», y saltan; «Mossos sí, Trapero no»; «Puigdemont a prisión»;  ahora este: «Oe, oé, oé, oé, oé, oé». Me empiezo a cansar del gentío, esto de las manifestaciones no es lo mío (y es agotador  estar de pie sin moverse).

Lo bueno de estar quieto es que puedes hablar con los de alrededor. Un chico joven, muy fuerte y moreno, que vive en Sant Feliu de Guíxols, me dice que allí la gran mayoría no son nacionalistas, que lo que se dice de Gerona es falso, pero también que la gente no dice nada para no crearse problemas.

Una señora dice que su hija es Mosso d’Esquadra y que hace 4 días que no se habla con ella porque tuvieron una discusión sobre la intervención policial del 1-O. Dice que su hija no es independentista. Hay más historias parecidas: no se manifiestan contra el independentismo porque saben que su trabajo y sus relaciones sociales podrían sufrir. Muchos habrían salido si estuvieran en su propia ciudad. Algunos han nacido en Cataluña, otros vinieron de otras zonas de España pero llevan muchos años aquí. Unas señoras de Barcelona se sorprenden de que haya venido gente de fuera, y hasta se emocionan y nos dan las gracias, lo que nos produce vergüenza. Esto no es el AVE: predomina gente de clase media, y los hay de todas las edades. Eso  sí, niños ni uno, y a mi me parece que los jóvenes – que los hay- están infra representados.

Agotados tras el madrugón y la ultra lenta procesión decidimos abandonar. Pasamos por el excéntrico Palau de la Música: el edificio es genial, precioso y de una extravagancia  casi humorística.  Pero también es hoy un monumento a la corrupción, un recuerdo más del sistema clientelar que nos ha llevado a todo esto.

Salimos por una calle trasera. En esa calle estrecha, ya solos, me doy cuenta de lo que va a ser el día de mañana. No son muchas, pero todas las banderas que cuelgan de los balcones son  esteladas. No resulta difícil de imaginar lo duro que va a ser volver a la rutina habitual para los que hoy están aquí tan animados, sonriendo y cantando. Volver a las relaciones difíciles con mucha buena gente, y a temer el matonismo de algunos malvados. En la soledad de esta calle estrecha y oscura, sin el apoyo de la masa, todo cambia y es fácil sentir incomodidad o miedo. Yo esta tarde estaré en Madrid pero a los que se quedan, no sé si el recuerdo de hoy les producirá satisfacción o amargura.

Por esas calles sin gente llegamos, pero tarde, a los discursos, que leo en el móvil mientras comemos un wok: de Vargas Llosa me gusta que recuerde que la opción de Cataluña no es ser cabez de ratón o cola de león, sino lo mejor de un gran país. De Borrell me gusta todo mucho, y especialmente su intransigencia con la manipulación informativa de los poderes públicos y su poca afición a la demagogia: nada de halagar las bajas pasiones de los manifestantes, sino todo lo contrario.

Unos amigos han quedado a comer con unos catalanes (por los cuatro costados) que conocieron trabajando en el extranjero, y también el subidón de la manifestación se disipa. Han dudado mucho si ir a la manifestación por la seguridad de los niños y se han quedado en sus afueras. No creen que la situación vaya a mejorar y se están planteando, también, irse de Cataluña. Dicen, por ejemplo,  que en los días pasados nadie ha comentado ni en el trabajo ni con los amigos nada sobre la manifestación, y que mañana tampoco se hablará de ello. En un momento dado se quejan de la balanza fiscal y de las autopistas de peaje. Me parece increíble es que estas dos cuestiones, necesitadas de estudio serio y seguramente de reforma, se hayan podido convertir en un «casus belli» en sentido literal, porque no hay que engañarse, la  situación es casi prebélica.

Después de comer paseamos hasta la playa de la Barceloneta: hace un día precioso,  con viento para que los veleros alegren el mar, y sol para que miles de personas disfruten de la playa. Nos sentamos en un banco: al lado, un matrimonio joven charla y de vez en cuando sus dos hijos menores de 10 años se acercan con sus patinetes o con su pelota de fútbol, descalzos. Aunque los  padres parecen extranjeros, viven aquí a juzgar por el uso que tiene la pelota. Al cabo de un rato nos preguntan si hemos estado en la manifestación y si ha habido mucha gente. Les decimos que sí, que según las fuentes de 350.000 a un millón. El es francés y ella habla un español perfecto, con un acento que localizo. Me dicen que no han ido a la manifestación porque tenían miedo por los niños, pero que nos agradece mucho que hayamos ido, sienten que les hemos sustituido. Llevan 11 años viviendo en Barcelona: para ellos es su ciudad, pero desde el referendum están pensando en que no se quieren quedar aquí.

De vuelta paramos en una panadería y tomamos un estupendo café con croissant. Cuando vamos a pagar una señora que estaba al lado charlando con el que despacha nos pregunta de donde somos y nos agradece que hayamos venido. De camino a la estación el taxista nos comenta que la ciudad está llena de gente,  y decimos que seguramente es por la manifestación. Dice que más gente aún tenía que haber venido, que era muy imporante, y que tenemos que venir a la próxima. Le comento que los que tienen que salir son ellos , los que viven aquí y me da la razón. Pregunto de donde es originalmente y me dice que es de Colombia, y que los latinos quieren ser españoles pero no todos, que una pequeña parte son ya independentistas.

Me alegro de haber venido, pero no me voy alegre. A pesar del éxito inesperado de asistencia, va a ser difícil que esto sea un punto de inflexión. O los callados se organizan y mantienen el pulso o revertirán a los mismo, y los planes de huida (las personas físicas tardan más que las jurídicas) se mantendrán.

Urgente moderación (el discurso del Rey)

Coescrito por Ignacio Gomá Lanzón e Ignacio Gomá Garcés, padre e hijo y residentes en Gerona desde 1997 hasta 2005 (y veraneantes hasta el presente), región que amamos y que queremos seguir visitando:

Los hechos de los últimos días han producido en todos –al menos en nosotros, en nuestra familia y nuestros amigos- un verdadero golpe emocional, no por esperado menos doloroso. Al alba del día uno, las primeras noticias informaban de que los mossos no estaban haciendo lo que les correspondía ni previsiblemente lo iban a hacer más adelante. No por probable menos indignante. Sin duda, era tarea ardua y complicada –quizá imposible- pero no cabe duda de que tampoco lo intentaron, lo cual no hace sino alimentar la desesperanza de muchos.

Un poco después, al filo de las ocho, nos enteramos de que Guardia civil y Policía se desplegaban. Vaya, parece que algo se va a hacer. Reconocemos que nuestra reacción fue doble: una primera irracional, de cierta alegría, al constatar que el Estado de derecho recibiría satisfacción y que quizá los insurrectos no conseguirían su propósito, y otra más racional, sobre todo al ver las escenas y constatar que en muchísimos sitios se estaba votando tranquilamente, que consiste en pensar que mal asunto es hacer algo que solo te da mala imagen y que encima no consigue su objetivo.

¿Que las fuerzas de seguridad actuaron porque era su obligación ante un mandato judicial y además lo hicieron, en términos generales, muy profesional y proporcionalmente? Sí, de acuerdo, pero en este lío endiablado lo importante es entender que en política no basta con actuar, sino que hay que hacerlo a tiempo. Ya lo decía Michael Ignatieff en su famoso libro Fuego y cenizas: “El medio natural de un político es el tiempo. Un intelectual puede estar interesado en las ideas y las políticas en sí mismas, pero el interés de un político reside exclusivamente en saber si el tiempo para una determinada idea ha llegado o no”. Como hemos tenido oportunidad de clamar en este blog muchas veces (en modo desierto), el 155 debería haberse aplicado mucho antes y debería haberse encarcelado a unos cuantos para disuadir al resto. Es más fácil reducir a 3 o 300 que a 300.000. Pero no pudo ser, como dicen los locutores deportivos.

Como era de esperar, ante estas escenas de fuerza se produce el fenómeno que tiene lugar en la vida normal en la sociedad del espectáculo en que nos encontramos y que tan bien describe Lipovetski: una lucha en las redes sociales en la quien gana quien nos muestra el video o la foto más dramática y chocante y que nos produzca la impresión más grande, con los correspondientes “me gustas” y retuiteos. Y es que, como decía Josep Borrell durante la presentación de su nuevo libro este martes: “En política, la percepción es la realidad”.

En el lado en el que nos encontramos cunde una sensación de desánimo ante la imagen del voto de los principales gerifaltes insurrectos y las declaraciones del presidente del gobierno, que considera que como el referéndum es nulo, no se ha celebrado y, por tanto, no pasa nada. Vamos, que como si se tratara del artículo 33 de la Ley Hipotecaria, en función del cual la inscripción no convalida los actos nulos. Las abstractas apelaciones a la unidad y a la grandeza del país, leídas en tono frío, no trasmiten serenidad y paz, sino más bien parecen las declaraciones de un capitán de barco que recibe un torpedo y que se limitara a calmar a los viajeros diciendo que el torpedo no ha pasado la ITV de Torpedos. Sánchez comienza a hablar de Estado de Derecho – y eso inicialmente nos tranquiliza-, pero luego se tuerce al hablar de negociación y diálogo, que es la muletilla que suele usar el que no quiere tomar una determinación, porque no le interesa, y cree que apelando al medio puede cambiar el fin, como si tuviéramos que ir a Santiago y uno nos dijera que previamente tenemos que elegir la carretera.

A continuación, un sentimiento de desánimo y preocupación se acrecienta a medida que muchos ciudadanos tenemos la oportunidad de ver imágenes de votaciones en iglesias, canciones, himnos y movilizaciones populares, con un inquietante parecido al Tomorrow belongs to me de Cabaret (ver aquí y fijarse en las últimas palabras: «¿Estás seguro de que podremos pararlos?»). Los que hemos vivido por allí sabemos que en Cataluña convive una gran mayoría de buena gente que quiere vivir en paz, tenga o no sus quejas y reivindicaciones lógicas y atendibles, y una minoría muy movilizada y radicalizada que en los últimos tiempos, de una manera estudiada y planificada, ha ido tomando todos los resortes del poder social y político y ahora está ejerciendo sobre la otra una presión que, a falta de palabras más específicas, cabría denominar totalitarismo nacionalista, con ribetes xenófobos y fascistas. Conviene no olvidar esto. En los últimos días hemos recibido personalmente testimonios de familiares próximos en los que la locura excluyente se ha exacerbado y cuestiones que antes no hubieran generado problema hoy son graves ofensas que justifica cortar relaciones. Familias literalmente rotas; compañeros que abandonan Cataluña; amigos que dejan de serlo… Éstas son, señores, las consecuencias de la depravación moral de la que adolece una buena parte de la población de Cataluña y prácticamente todos sus dirigentes.

La sensación ya no es de preocupación sino de indignación; sobre todo después de ver acoso a policías que son expulsados de hoteles, banderas españolas pisoteadas, comisarias rodeadas, peleas callejeras y puro odio hacia gente con banderas españolas. Estas imágenes nos sulfuran hasta tal punto que nos saca lo peor de nosotros mismos, fabulamos con imágenes de violencia en la que quienes consideramos nuestros enemigos son destruidos, sobre todo cuando constatamos que no hay nadie al otro lado que nos defienda.

Antes de abordar la conclusión de este post, es importante hacer dos matizaciones, porque en situaciones de obnubilación podemos equivocarnos: no se ha insurreccionado Cataluña, sino una parte de ella que no ha conseguido tener más del cincuenta por ciento de los votos en las últimas elecciones, no obstante lo cual se siente legitimada para acabar con todo. Como avanzábamos antes, ayer acudimos juntos a oír a Piqué, Borrell y de Carreras en la presentación de su libro Escucha, Cataluña, Escucha España, que insistían acertadamente en esta idea.

Por eso, debemos resaltar que nosotros no condenamos a Cataluña, sino el extremismo que unos pocos perpetran, y todo ello porque su irracional discordia no conduce sino a todo aquello que aborrecemos y que a tantas tragedias nos ha arrastrado durante la historia. Y es por esa misma razón que nuestra democracia debe condenar y condena un nacionalismo que viola la Constitución, la ley y las reglas más elementales de convivencia democrática. Y ante esto, queridos amigos, no cabe sino ejercer una acción política inteligente y eficaz que restablezca el orden entre los insurgentes.

Segunda matización: somos una gran nación que no puede ser disuelta así por así. No por una regla divina, sino porque es producto de sus instituciones, reglas escritas o no escritas entre las que están también su historia y su tradición. Y no debemos autoflagelarnos por sus defectos, como se decía aquí, porque cabe la evolución. A nadie se le escapa que el ineficiente funcionamiento de nuestras instituciones ha hecho mella en esta crisis territorial de tamañas dimensiones. Tenemos unos gobernantes incompetentes y unas instituciones capturadas en un importante grado y ello es ciertamente parte del problema, porque la ineficiencia de esas instituciones impide la correcta adaptación de los recursos a los retos que nos va poniendo la vida. La crisis económica y la crisis territorial han puesto de manifiesto en toda su crudeza esa crisis de nuestras instituciones y la necesidad no sólo de atender a los problemas urgentes e inmediatos de orden público, sino también a las ineficiencias de fondo. Sin duda habremos de plantear en su día una reforma. Pero ahora urge que el Gobierno se demuestre capaz de afrontar este desafío, porque su insoportable inacción a muchos nos resulta también extremista. Extremadamente torpe, incapaz, molesta y cobarde.

En cambio, en su discurso de esta noche, el Rey ha demostrado un compromiso mucho más firme con la democracia,  con la unidad y con la integridad del país, que agradecemos y cuyo mensaje de esperanza, especialmente en los últimos días, hemos echado en falta en el Presidente del Gobierno. Hoy, igual que en el 23-F, el Rey ha dado valientemente la cara por todos nosotros cuando más se le necesitaba. También nos ha pedido calma, serenidad y determinación ante esta crisis, porque, dice, la superaremos. Convenimos en esto, pero con un inciso: nosotros, además, apelamos a la urgencia. A la urgencia de emprender una acción moderada en defensa de lo más digno que puede ser objeto de defensa: la igualdad de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y la unidad de España.

Y no lo pedimos por prisa o por capricho (o no sólo por eso), sino que porque estamos convencidos de que, si no somos capaces de ofrecer una pronta respuesta a este desafío, otros lo harán. Una vez llevada a cabo esta acción moderada, pero determinada y firme, en defensa de lo anterior, hablaremos de generosidad y diálogo. Pero nunca antes, pues la decepción y la indignación que, hoy por hoy, sufrimos muchos debe ser satisfecha aunque sea por una razón ulteriormente práctica: evitar que éstas sean alimentadas por los sentimientos equivocados. Y es que, si la moderación democrática demuestra no funcionar ante el desafío antidemocrático, las consecuencias serán nefastas e imposibles de imaginar. Evitémoslo. Evitémoslo, pero ya.

¿Por qué te vas de Cataluña?

(3 de Octubre, escribo con rapidez porque en cualquier momento entran piquetes en la notaría).

Domingo 1-O, diez de la noche. He tomado la decisión de irme de Cataluña. Todo ha sucedido muy rápido, lo he decidido al bajarme de la moto, y es que no he sabido controlarme.  Ese ha sido el punto de inflexión.

Acabo  de salir de un restaurante donde he ido a cenar con la familia. Subo a la moto con mi hija Catalina, síndrome de down, y en el camino de vuelta a casa, en la calle Amigó, zona pija de Barcelona (no imagino lo que será en otros barrios por debajo de Diagonal), nos envuelve el ruido de las cacerolas. ¡No aguanto más… y grito! Un grito ridículo de “Viva España”, levantando al tiempo el puño del manillar. La gente se vuelve aún más enloquecida, y nos empieza a insultar desde los balcones, mientras avanzamos lentamente. Grito más fuerte. Mi hija se parte de risa. Vive este drama de forma feliz e inconsciente. Igual de inconsciente soy yo, que la estoy poniendo en peligro… en cualquier momento nos cae una piedra en el casco, pues yo, -que hasta hace unos días no era más que un vecino-,  ahora soy su enemigo. Ellos deciden que el ruido de la cacerola es “libertad de expresión” y  mi grito es “una provocación”. De repente un soniquete me da cierta vida: es el “Que viva España” de Manolo Escobar; casposo y enrojecedor, pero me da aliento para seguir gritando.

Me he dado cuenta de que, hasta hoy, me he estado escondiendo, al igual que la mitad de mis conciudadanos, por temor, por desidia, por esperar que el Estado resuelva “el problema”. Pero llega tarde porque lo que siento ahora es que me odian.

Cuando me bajo de la moto, estoy convencido de que, esta etapa sensacional, en esta maravillosa tierra donde he hecho grandes amigos, ha llegado a su fin. Afortunadamente mi profesión me permite trasladarme. Soy la envidia de muchos por ello.

Sin embargo, no me puedo librar de lo que está por llegar: Lo peor. No tardará en llegar toda la artillería pesada de ese Estado de Derecho que me protege. Sucede que ese “mal necesario” resolverá el problema político, pero habrá mucho dolor y llanto, y dejará una atmósfera irrespirable.

Mi mujer y mi hijo de once años ya no podrán llevar en la muñeca la banderita de mi país, porque tendrán miedo. El Domingo tendremos que elegir parroquia en la que el cura no nos sermonee a favor del Procés. El sábado no iré a ver al Barça por temor a verme envuelto en un asalto al campo. Pero lo que peor llevo es la cena que tendremos con unos amigos “que piensan de forma distinta”. Cuando les cuente que acabo de colgar en el balcón de mi recién comprada casa  el cartel de “Se vende”, me dirán que qué locura es ésta, ¿Por qué te vas? Preguntarán.

“Porque no quiero que mis hijos convivan con el odio entre dos bandos”. Eso le diré y añadiré: “Todos hemos dejado que así sea y tardaremos años en reponerlo”.