Llegó el gran día y Puigdemont parió un ratón. La declaración de independencia, consecuencia supuestamente inevitable del a su vez supuestamente democrático referéndum, se suspendió a los pocos segundos, propiciando, como la fecunda imaginación y sarcasmo de los españoles ha hecho ya notar, la república más breve de la historia. No es la primera vez: en octubre de 1934 Companys declaró “el Estado catalán dentro de la República federal española” que duró unas cuantas horas.

La maniobra de ayer responde, en definitiva, a una de las posibilidades que sugeríamos en editorial de hace pocos días: la típica de las sectas religiosas, siempre proféticas, que anuncian la irrupción súbita de una figura divina, con una intensa emoción y ansiosa expectativa. Al fallar la profecía, o desapare­ce la secta o se objetiva el mensaje, eliminando la urgencia y convirtiéndolo en rutina. Probablemente Puigdemont no tenía otra posibilidad, ante el choque de sus pretensiones con la realidad, ante la ruptura de la tensión de esa disonancia cognitiva que deriva de la confrontación de las mentiras y falsedades henchidas de emoción e inculcadas en el pueblo con la realidad dramática de la imagen de todas las empresas importantes de Cataluña huyendo de allí, incluidas las dirigidas por pretenciosos independentistas de salón. Y quizá esperaba que declarando la independencia, sí-pero-no, podría haber algún Estado o institución internacional que la reconociese, cosa que no ha ocurrido en absoluto.

El problema es que su actuación es tan surrealista que ni siquiera ha podido respetar su propia legalidad, reduciéndose su presuntamente simbólica declaración a una alocución del Presidente (que según su propia ley de transitoriedad carece de competencias para hacerlo) relativa a la independencia, mientras solicita a su vez al Parlament que suspenda algo que, en realidad, tampoco existe legalmente y que, por cierto, tampoco se vota en ese momento. Es lo que tiene mandar el Estado de Derecho al limbo: cualquier cosa es posible, como llevamos advirtiendo desde hace un mes.  Los atajos fuera de las normas y los procedimientos establecidos llevan a sitios francamente curiosos y en algún caso como el de ayer francamente ridículos.

Dicho eso, desde el punto de vista político -que es el único que interesa a los secesionistas dado que han arrojado el ordenamiento jurídico por la borda- Puigdemont pretende ganar tiempo para presentarse como un gobernante dialogante frente a la cerrazón de “Madrit” e intentar vincular a instancias internacionales a un proceso al estilo esloveno (esta es por ahora la última moda, en el “cherry picking” nacionalista de secesiones a la carta) exigiendo una mediación que, por su propia naturaleza, no puede darse, porque esta no puede existir cuando una de las partes no respeta la reglas del juego. Va a tener el problema de gestionar la frustración que puede producir de sus seguidores más radicales y muy particularmente de la CUP.

No parece que por ahora la comunidad internacional esté por la labor, más bien la falta de seriedad de toda esta pantomima no deja de sorprender a propios y ajenos. Pero haríamos mal en no tomarnos en serio algo que, aunque sea tan chusco, no deja de ser gravísimo.  Sin Estado de Derecho digno de tal nombre hay muchas personas físicas y jurídicas que hoy en Cataluña están sometidas a una inseguridad jurídica, profesional y hasta personal que no es propia de una democracia del siglo XXI y es intolerable en un país  razonablemente próspero de la Unión Europea.

Urge la restauración del Estado de Derecho para devolver la confianza a todos los catalanes -incluidos los independentistas- que cada mañana se despiertan con la zozobra de no saber qué va a ocurrir. Urge también la convocatoria de unas elecciones autonómicas para desbloquear la situación y urge el inicio de un proceso político para revisar el marco político de 1978, para lo que puede ser conveniente un Gobierno de concentración y unas elecciones generales a continuación. El Sr. Rajoy no ha demostrado capacidad ninguna para tomar la iniciativa en este asunto, seguramente porque piensa que forzar unas elecciones autonómicas por la vía del art. 155, más que perjudicar al bando constitucionalista, le perjudica a él personalmente. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero está claro que los interlocutores que ahora tenemos no están en condiciones de liderar este proceso y que deben de dar un paso atrás por el bien de España, de Cataluña y de Europa.

Estación de Atocha 7:00 AM. Mucha gente, casi todos con banderas. La mayoría entre 40 y 60 años, algunos con sus hijos mayores. No hay ninguna bandera catalana, pero no es tan fácil comprarla en Madrid. Hablo con alguna persona que piensa hacerlo en Barcelona para llevar las dos.

Esto es un AVE,  y predomina gente de aspecto más que acomodado -pero también los lectores de El País. Yo he comprado la Vanguardia, y leo el editorial que suplica al President que no haga la DUI, porque se ha descubierto que la independencia low cost no es posible.

Los anuncios de megafonia de RENFE  son todos en castellano, catalán e inglés.

Llego al bar y el ambiente es festivo -demasiado para mi gusto-: la gente habla muy alto y hay momentos que empiezan con los cánticos. Hablan por supuesto  de lo único: sobre la información que da La Vanguardia respecto de las manifestaciones, la preocupación por la posible violencia, la entrevista de Rajoy…

Yo también me pregunto qué es lo que va a pasar hoy. A pesar de los anuncios sobre las contramanifestaciones, me preocupa más el éxito de la convocatoria que la seguridad. Ayer estuve hablando con catalanes (de nacimiento o adopción) y no parece que haya que ser muy optimista: algunos no irán por desidia y otros por miedo. El miedo no es físico sino de exclusión. De hecho, la propia manifestación ha sido ya ha sido un motivo más de tensión. Unos amigos llamaron a sus “hermanos” catalanes para ir juntos y la conversación terminó tan mal que no vendrán ni unos ni otros. Otros llamaron a sus primos de Barcelona, no independentistas, que también escurrieron el bulto diciendo que se iba a filmar y que no querían ser señalados. Otros que me encuentro en el tren me cuentan que cuando llamaron a sus amigos de Barcelona para decirles que venían, estos se sorprendieron, porque apenas les sonaba la convocatoria y no les parecía significativa. Aunque son de origen alicantino y no independentistas, estaban tan saturados y desanimados que costó convercerles (irán).

También yo me pregunto si tiene sentido venir desde Madrid a esta manifestación: lo hacemos para apoyar a los catalanes que se sienten españoles y son tachados de malos catalanes (o de no catalanes) y por mi admiración poe Sociedad Civil Catalana, los convocantes, pero aún así tengo mis dudas.

Caminamos hacia el teórico inicio de la manifestación pero es imposible acercarse. Está todo colapsado por la gente, pasamos más de dos horas sin movernos. Los gritos: “Viva España” y “Visca Cataluña” son quizás los que más se han repetido. Hay muchos otros: “Que vote España”, y saltan; “Mossos sí, Trapero no”; “Puigdemont a prisión”;  ahora este: “Oe, oé, oé, oé, oé, oé”. Me empiezo a cansar del gentío, esto de las manifestaciones no es lo mío (y es agotador  estar de pie sin moverse).

Lo bueno de estar quieto es que puedes hablar con los de alrededor. Un chico joven, muy fuerte y moreno, que vive en Sant Feliu de Guíxols, me dice que allí la gran mayoría no son nacionalistas, que lo que se dice de Gerona es falso, pero también que la gente no dice nada para no crearse problemas.

Una señora dice que su hija es Mosso d’Esquadra y que hace 4 días que no se habla con ella porque tuvieron una discusión sobre la intervención policial del 1-O. Dice que su hija no es independentista. Hay más historias parecidas: no se manifiestan contra el independentismo porque saben que su trabajo y sus relaciones sociales podrían sufrir. Muchos habrían salido si estuvieran en su propia ciudad. Algunos han nacido en Cataluña, otros vinieron de otras zonas de España pero llevan muchos años aquí. Unas señoras de Barcelona se sorprenden de que haya venido gente de fuera, y hasta se emocionan y nos dan las gracias, lo que nos produce vergüenza. Esto no es el AVE: predomina gente de clase media, y los hay de todas las edades. Eso  sí, niños ni uno, y a mi me parece que los jóvenes – que los hay- están infra representados.

Agotados tras el madrugón y la ultra lenta procesión decidimos abandonar. Pasamos por el excéntrico Palau de la Música: el edificio es genial, precioso y de una extravagancia  casi humorística.  Pero también es hoy un monumento a la corrupción, un recuerdo más del sistema clientelar que nos ha llevado a todo esto.

Salimos por una calle trasera. En esa calle estrecha, ya solos, me doy cuenta de lo que va a ser el día de mañana. No son muchas, pero todas las banderas que cuelgan de los balcones son  esteladas. No resulta difícil de imaginar lo duro que va a ser volver a la rutina habitual para los que hoy están aquí tan animados, sonriendo y cantando. Volver a las relaciones difíciles con mucha buena gente, y a temer el matonismo de algunos malvados. En la soledad de esta calle estrecha y oscura, sin el apoyo de la masa, todo cambia y es fácil sentir incomodidad o miedo. Yo esta tarde estaré en Madrid pero a los que se quedan, no sé si el recuerdo de hoy les producirá satisfacción o amargura.

Por esas calles sin gente llegamos, pero tarde, a los discursos, que leo en el móvil mientras comemos un wok: de Vargas Llosa me gusta que recuerde que la opción de Cataluña no es ser cabez de ratón o cola de león, sino lo mejor de un gran país. De Borrell me gusta todo mucho, y especialmente su intransigencia con la manipulación informativa de los poderes públicos y su poca afición a la demagogia: nada de halagar las bajas pasiones de los manifestantes, sino todo lo contrario.

Unos amigos han quedado a comer con unos catalanes (por los cuatro costados) que conocieron trabajando en el extranjero, y también el subidón de la manifestación se disipa. Han dudado mucho si ir a la manifestación por la seguridad de los niños y se han quedado en sus afueras. No creen que la situación vaya a mejorar y se están planteando, también, irse de Cataluña. Dicen, por ejemplo,  que en los días pasados nadie ha comentado ni en el trabajo ni con los amigos nada sobre la manifestación, y que mañana tampoco se hablará de ello. En un momento dado se quejan de la balanza fiscal y de las autopistas de peaje. Me parece increíble es que estas dos cuestiones, necesitadas de estudio serio y seguramente de reforma, se hayan podido convertir en un “casus belli” en sentido literal, porque no hay que engañarse, la  situación es casi prebélica.

Después de comer paseamos hasta la playa de la Barceloneta: hace un día precioso,  con viento para que los veleros alegren el mar, y sol para que miles de personas disfruten de la playa. Nos sentamos en un banco: al lado, un matrimonio joven charla y de vez en cuando sus dos hijos menores de 10 años se acercan con sus patinetes o con su pelota de fútbol, descalzos. Aunque los  padres parecen extranjeros, viven aquí a juzgar por el uso que tiene la pelota. Al cabo de un rato nos preguntan si hemos estado en la manifestación y si ha habido mucha gente. Les decimos que sí, que según las fuentes de 350.000 a un millón. El es francés y ella habla un español perfecto, con un acento que localizo. Me dicen que no han ido a la manifestación porque tenían miedo por los niños, pero que nos agradece mucho que hayamos ido, sienten que les hemos sustituido. Llevan 11 años viviendo en Barcelona: para ellos es su ciudad, pero desde el referendum están pensando en que no se quieren quedar aquí.

De vuelta paramos en una panadería y tomamos un estupendo café con croissant. Cuando vamos a pagar una señora que estaba al lado charlando con el que despacha nos pregunta de donde somos y nos agradece que hayamos venido. De camino a la estación el taxista nos comenta que la ciudad está llena de gente,  y decimos que seguramente es por la manifestación. Dice que más gente aún tenía que haber venido, que era muy imporante, y que tenemos que venir a la próxima. Le comento que los que tienen que salir son ellos , los que viven aquí y me da la razón. Pregunto de donde es originalmente y me dice que es de Colombia, y que los latinos quieren ser españoles pero no todos, que una pequeña parte son ya independentistas.

Me alegro de haber venido, pero no me voy alegre. A pesar del éxito inesperado de asistencia, va a ser difícil que esto sea un punto de inflexión. O los callados se organizan y mantienen el pulso o revertirán a los mismo, y los planes de huida (las personas físicas tardan más que las jurídicas) se mantendrán.

(3 de Octubre, escribo con rapidez porque en cualquier momento entran piquetes en la notaría).

Domingo 1-O, diez de la noche. He tomado la decisión de irme de Cataluña. Todo ha sucedido muy rápido, lo he decidido al bajarme de la moto, y es que no he sabido controlarme.  Ese ha sido el punto de inflexión.

Acabo  de salir de un restaurante donde he ido a cenar con la familia. Subo a la moto con mi hija Catalina, síndrome de down, y en el camino de vuelta a casa, en la calle Amigó, zona pija de Barcelona (no imagino lo que será en otros barrios por debajo de Diagonal), nos envuelve el ruido de las cacerolas. ¡No aguanto más… y grito! Un grito ridículo de “Viva España”, levantando al tiempo el puño del manillar. La gente se vuelve aún más enloquecida, y nos empieza a insultar desde los balcones, mientras avanzamos lentamente. Grito más fuerte. Mi hija se parte de risa. Vive este drama de forma feliz e inconsciente. Igual de inconsciente soy yo, que la estoy poniendo en peligro… en cualquier momento nos cae una piedra en el casco, pues yo, -que hasta hace unos días no era más que un vecino-,  ahora soy su enemigo. Ellos deciden que el ruido de la cacerola es “libertad de expresión” y  mi grito es “una provocación”. De repente un soniquete me da cierta vida: es el “Que viva España” de Manolo Escobar; casposo y enrojecedor, pero me da aliento para seguir gritando.

Me he dado cuenta de que, hasta hoy, me he estado escondiendo, al igual que la mitad de mis conciudadanos, por temor, por desidia, por esperar que el Estado resuelva “el problema”. Pero llega tarde porque lo que siento ahora es que me odian.

Cuando me bajo de la moto, estoy convencido de que, esta etapa sensacional, en esta maravillosa tierra donde he hecho grandes amigos, ha llegado a su fin. Afortunadamente mi profesión me permite trasladarme. Soy la envidia de muchos por ello.

Sin embargo, no me puedo librar de lo que está por llegar: Lo peor. No tardará en llegar toda la artillería pesada de ese Estado de Derecho que me protege. Sucede que ese “mal necesario” resolverá el problema político, pero habrá mucho dolor y llanto, y dejará una atmósfera irrespirable.

Mi mujer y mi hijo de once años ya no podrán llevar en la muñeca la banderita de mi país, porque tendrán miedo. El Domingo tendremos que elegir parroquia en la que el cura no nos sermonee a favor del Procés. El sábado no iré a ver al Barça por temor a verme envuelto en un asalto al campo. Pero lo que peor llevo es la cena que tendremos con unos amigos “que piensan de forma distinta”. Cuando les cuente que acabo de colgar en el balcón de mi recién comprada casa  el cartel de “Se vende”, me dirán que qué locura es ésta, ¿Por qué te vas? Preguntarán.

“Porque no quiero que mis hijos convivan con el odio entre dos bandos”. Eso le diré y añadiré: “Todos hemos dejado que así sea y tardaremos años en reponerlo”.

“Quien se pertrecha con el único argumento de su radical coherencia cuenta con poco recorrido en política, pues esta es una actividad que tiene que ver con la búsqueda de espacios de encuentro, el compromiso y la implicación de otros (…) Forma parte de las obligaciones de un buen político tratar de descubrir las oportunidades para el acuerdo y sus límites” (Daniel Innerarity, La política en tiempos de indignación, Galaxia Gutenberg, 2015, pp. 143 y 148).

La crisis político-constitucional como consecuencia de la rebelión institucional que se ha producido en Cataluña, alimentada y apoyada por la sociedad civil independentista, cada día que pasa tiene peor pinta. Se ha ido tan lejos que cicatrizar las heridas abiertas se me antoja imposible a corto/medio plazo. Pactar es un verbo que no se conjuga. No hay fractura, existe una auténtica e insalvable zanja.

Desde el punto de vista formal lo más osado que se propone para reconducir ese órdago es una salida altamente compleja: un referéndum pactado y, por tanto, una más que previsible cadena de consultas, siempre abiertas, que hagan efectivo un denominado derecho a decidir, que un territorio puede activar cuando le venga en gana y las veces que quiera tirando la moneda al aire hasta que salga cara. Llevar eso a una reforma constitucional, por los procedimientos establecidos actualmente, es altamente improbable, si no materialmente imposible. La ley de claridad, que podría haber sido una solución razonable, pasó a la historia, si es que alguna vez se barajó seriamente (y sin reglas claras seguirá valiendo siempre “un voto más” para decidir cuestiones existenciales tan relevantes). Por tanto, un camino intransitable o, al menos, plagado de tantas dificultades, tan lejanas e inciertas, que no es remedio para atemperar los exaltados ánimos de quienes enfebrecidos de pasión identitariaven tocar con los dedos la presunta independencia.

Mientras sigan gobernando las instituciones catalanas las personas que hoy en día lo hacen con sus apoyos externos (antisistemas, por un lado, y asociaciones de religión política monolítica, por otro), el camino del acuerdo está cegado. La unilateralidad se ha impuesto y crea fervor. Otra cosa es a qué puerto se llegará con eso. El gobierno central, por su parte, ha dado muestras fehacientes de miopía absoluta (e incluso de dejadez irresponsable) en esta trascendental cuestión de Estado. Tampoco los partidos políticos han estado muy finos. Las ofertas por parte de las fuerzas políticas y del Gobierno central llegan tarde, de forma precipitadamente reactiva y además plagadas de confusión, así como carentes de un mínimo planteamiento homogéneo que les dé la necesaria credibilidad. No hay un discurso coherente, solo voces desordenadas. Improvisación. Así no se llega a nadie. Ni a los propios.

La evidente ruptura con el Estado Constitucional que se produjo en las sesiones delos días 6 y 7 de septiembre (en estos términos se expresan ya académicos del ámbito independentista) abría un escenario que ya no tenía vuelta atrás. La manifiesta torpeza del empeño, puso el relato en bandeja a favor del Gobierno central. Y, paradojas de la vida, lo ha desperdiciado totalmente. Como bien dijo el profesor Francisco Velasco, rotas las reglas del juego se abre la solución del más fuerte. Pero la verdadera fortaleza, en una sociedad posmoderna e interconectada, puede no estar en la vieja coacción (tildada por el independentismo como “represión franquista”) ni en la tardía aplicación del Derecho, sino en la burda simplificación del relato que, paradojas de la vida, termina haciendo bueno a quien precisamente ha roto la vajilla. Y aquí ha hecho aguas el relato gubernamental, pésimamente configurado (¿quiénes son los asesores de La Moncloa?, cabe preguntarse). Fiarlo todo al rule of law, pieza maestra del funcionamiento de un Estado constitucional democrático, en un país que pocos saben qué significa y con un sentido de la democracia propio de un parvulario, es jugar a la ruleta rusa. Venden más, en el mercado de 140 caracteres, las consignas de bisutería política:“votar = democracia”; o “no nos dejan votar”. Esto es así y así se está confirmando.

La senda por la que se ha metido el Gobierno es la peor de las posibles, con las dificultades adicionales de operar en un territorio donde el Estado está ausente, sobre todo cuando las instituciones catalanas que lo son dicen no serlo. Si no hay Estado, hay que llevarlo en “camiones-cisterna” o barcos suministradores, como cuando escasea el agua. Mal contexto para unos desperdigados y desasistidos funcionarios del Estado (de seguridad y justicia) que están, literalmente, en un territorio hostil dominado por los “señores de la calle” (las huestes de la CUP y el resto de escuadrones de independentistas, infantes, jóvenes y menos jóvenes, movilizados permanentemente para que la presión no decaiga).

Uno de los comentaristas más finos del panorama político vasco (José Luís Zubizarreta), escribió hace unas semanas en El Diario Vasco que en el enfrentamiento catalán unos (el Estado) tenían la artillería y la aviación; mientras que los otros (independentistas) disponían de la infantería. Si la guerra fuera convencional, estos últimos lo tendrían difícil. Pero no lo es y lo saben. Se trata, en cambio, de una sublevación institucional (de despacho y coche oficial, gestada desde el poder y con un macro-aparato de propaganda siempre activo) apoyada por una sociedad civil muy organizada y movilizada bajo consignas que se impulsan desde una feligresía incondicional (ANC y OC) y, asimismo, absolutamente dominante en feudos donde se asienta el carlismo renovado (o también postmoderno) de la Cataluña profunda (como recordara Víctor Lapuente), así como con la complaciente e inestimable ayuda de quienes quieren movilización a toda costa para “echar a Rajoy”. Estos también defienden sin ambages el derecho a votar por encima de las decisiones de los tribunales, que tampoco aceptan ni acatan. Incluso, el líder de la formación morada, llama al Gobierno para que permita votar el 1-O y se declare, así, insumiso frente a la suspensión del TC. Complejo panorama. Se busca sin rodeos acabar con “el régimen de 1978”. Refundar algo “nuevo”. Cuidado que aquí está la verdadera batalla. El fiel de la balanza estaba en “los comunes/morados” y estos ya han dado el paso: están por la consulta (también sus líderes mesetarios) y por participar en ella, esté o no esté suspendida. No les importa. No es su fuerte el sentido institucional, precisamente.

El primer paso ya se ha dado en Cataluña por el independentismo. Y lo habían anunciado. Se sabía desde meses atrás, si no años. Mientras tanto el Gobierno central se hacía el muerto o el sordo. Su responsabilidad en este conflicto será elevada y habrá que hacer balance cuando esto acabe. En estos momentos solo un cambio urgente en la Presidencia del Gobierno español (con un cambio también profundo de todo su equipo ministerial y entrada de perfiles políticos dialogantes y de personas de prestigio; o incluso mediante la formación de un gobierno de coalición) podría reconducir la crisis frente a una situación que se le ha ido completamente de las manos al gobierno actual y desarmar, así, la estrategia frontal de ruptura de quienes regentan las instituciones catalanas. Pero el fracaso de la política no se detiene allí, llega a (casi) todas sus esquinas. A todos los colores. Necesitamos políticos que hagan del diálogo y el acuerdo, así como de la transacción, su guía de actuación. Deben cambiar los actores, hay cambio de escena.

Pero no todo es homogéneo en Cataluña. Aunque la idea no pase por sus mejores momentos, hay muchas personas allí que tienen identidades múltiples (sentido de pertenencia compartido) y no comulgan con la que se pretende establecer de modo unilateral. Estos han sido borrados, señalados o, en el mejor de los casos, ignorados. No cuentan. La exclusión no es un buen método, tampoco para construir país. Pretender formar hoy en día una sociedad total, cerrada o monolítica, es una tarea inútil; aunque se ponga empeño en ello y haya no pocos por Europa (adviértase quiénes) que lo pretendan hacer. Esta es una idea queel PNV (al menos quienes lo gobiernan) ha entendido e interiorizado de forma inteligente, aunque el devenir del conflicto en Cataluña también les desgarre y les desvíe en su inicial hoja de ruta (más aún si les coincide con el Alderdi Eguna). La estrategia de atracción (o empatía) que se puso en marcha hace unos años por el nacionalismo vasco institucional está dando, en términos de cohesión social y de construcción de país, mucho mejores resultados que una línea de confrontación cainita, siempre que aquella no se abandone. Con toda franqueza no creo que manifestar una actitud hosca, antipática o de odio hacia el diferente o el no alineado con tu causa (alimentada o retroalimentada, sin duda también, por expresiones y actuaciones de la caverna mediática y política), dé beneficio alguno a nadie. Las redes sociales están ahora cargadas de odio cruzado. Son puro estercolero.

Nadie sabe cómo va a acabar esto, ni siquiera los (irresponsables) protagonistas que han encendido una u otra mecha. Aunque no cabe olvidar que sobre las espaldas de un líder pretendidamente mesiánico y bonzo político por excelencia descansa la mayor responsabilidad y el último desenlace de este conflicto. También por quien maquiavélicamente lo colocó en aquel sitio. Las salidas inmediatas al 1-O dependerán mucho de cómo este se desenvuelva. La DUI es una posibilidad abierta, que tendrá efectos perturbadores y respuestas inmediatas. El 2-O, más que abrirse espacios de diálogo, puede dar comienzo a una traca. Al menos se intentará. Pero tampoco descarten –si la cohesión entre las tres fuerzas políticas independentistas no se resquebraja- nuevas elecciones “referendarias” para lograr el voto más que dé pátina de legitimidad a un degradado proceso a ojos de la mirada internacional, que ya ha puesto el foco en el problema tras las recientes y continuas jornadas de movilización callejera. Más las que vendrán.

Una vez más algunos están haciendo esfuerzos ímprobos por destruir el Estado Constitucional  (peor o mejor) edificado hace casi cuarenta años. Todo apunta a que se abren tiempos de revisión constitucional. Algunos pretenden que volvamos a empezar, por enésima vez. Desandar lo andado, viaje de alto riesgo. Otros se quieren ir, aunque sea forzando una mayoría social que hasta ahora no tienen. Eso sí haciendo mucho ruido y no pocos juegos de manos. Estos ya no cuentan, solo cabe pretender seducir con fórmulas de encaje razonable a quienes quieran compartir identidades múltiples. Y en este caso las alternativas son dos: construir un nuevo edificio constitucional (muy propio del adanismo de un demos de frágil cultura democrática constitucional) o rehabilitar el conjunto del edificio manteniendo solo la fachada y algunos elementos centrales que han aguantado el paso del tiempo. Parece claro que las reformas interiores ya no sirven. En lo demás tengo dudas.

Pero no albergo duda alguna en torno a que cualquier proceso de ruptura, quebrantamiento o disolución del orden constitucional vigente vaya a ser gratis. Los desgarros serán evidentes. Y lo serán, en efecto, aunque algunos se emborrachen de una pretendida supremacía que no es tal (de esto convendría hablar largo y tendido, pero hoy no toca), haya también quienes pretendan una suerte de refundación republicana de pueblos confederados (experiencia que, vista la tradición, duraría dos telediarios)y existan otros, en fin, que se escuden en una pretendida fortaleza del Estado de Derecho, que en verdad tampoco lo es, pues se tambalean las dos palabras centrales del enunciado. El resultado de esa combinación imposible es obvio: unos (y sus compañeros de viaje) caminan decididos hacia el paraíso o Arcadia feliz, otros a taponar la herida que, en parte ellos mismos abrieron, y hoy sangra a borbotones. Y la ciudadanía cabal y sensata(la no fanatizada, que es la inmensa mayoría)mira atónita y preocupada el dantesco espectáculo que estos políticos-pirómanos (primero) y (luego) bomberos, nos ofrecen como “soluciones” o “salidas”.

Ya lo dijo Azaña, como recuerda habitualmente mi buen amigo el politólogo Manuel Zafra: los españoles aprendemos lo que es el fuego quemándonos las manos una y otra vez. Dolorosa lección. Que, además, por lo visto, no sirve para nada.

(especial para no españoles)

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Revisada el viernes 29

Muchos de ustedes habrán leído en los periódicos de sus respectivos países que en una región de España llamada Cataluña está habiendo movilizaciones porque se quiere convocar un referéndum para conseguir la independencia y el Estado español se niega. Según el medio que hayan escuchado, quizá habrán insistido en lo democrático que es votar y que por tanto Cataluña tiene razón o a lo mejor le han dicho que los dirigentes catalanes se han saltado la Constitución española y están en un proceso sedición.

Bueno, les daremos algunos datos. Primero, nos presentamos nosotros: la Fundación Hay Derecho es una institución independiente cuyo objeto es la defensa del Estado de Derecho. Yo soy, en este momento, su presidente y, además, un profesional de las leyes que ha ejercido en Cataluña y ahora en Madrid.

Segundo, les presento a España. Es un país de unos 500.000 km cuadrados y 46,5 millones de habitantes, situado en el sur de Europa. Tiene un PIB per cápita de 24.100 euros (26.528 dólares- Italia 30.000 y Francia 36.000) en 2016. Se habla el idioma español, pero diversas regiones de España tienen sus propias lenguas, que son oficiales en ella. Cataluña es una región al noreste de España, que tiene 32,100 km cuadrados y 7,5 millones de habitantes y un PIB per cápita de unos 28.590 euros en 2016. O sea, que Cataluña es relativamente pequeña y rica.

España es un país muy antiguo, formado por la unión de varios reinos, hace más de 500 años. Fue una potencia mundial en los siglos XV y XVI y luego su poder fue decayendo. Políticamente ha tenido un pasado relativamente convulso (como tantos otros), pero de la Historia reciente es preciso recordar que tras la guerra civil 1936-39 tuvimos un periodo de casi 40 años de dictadura ejercida por el general Franco. Cuando él murió se produjo un fenómeno casi único en el mundo, que se vino a llamar “Transición”: se consiguió pasar de una dictadura a una democracia solamente reformando leyes, pacíficamente, con mucho consenso y buena voluntad, al punto que se consiguió establecer una Constitución democrática (de 1978), que puede considerarse de las más avanzadas del mundo en libertades y derechos sociales. Tenemos pues una monarquía parlamentaria al nivel de cualquier país avanzado. Por supuesto, no vamos a ocultar que nuestra democracia no es perfecta: de hecho el objeto de este blog y de la Fundación es evidenciar las carencias del sistema, fundamentalmente debidas a la degeneración de los partidos políticos en estructuras invasivas de poder que han colonizado todas las instituciones democráticas en su beneficio. Pero no creemos que esto sea exclusivo de España, aunque puede ser que nos afecte más por nuestro menor recorrido democrático y vida en libertad.

Durante los años de democracia hemos sufrido algunas lacras importantes, como un golpe de Estado que estuvo a punto de triunfar en 1981 y muchos años de terrorismo, vinculado al nacionalismo vasco. También hemos tenido corrupción que ha afectado a los diversos partidos y más al ámbito político que al administrativo o funcionarial. Pero la realidad es que hemos ido hacia delante en todos los terrenos: ingresamos en su día en la Unión Europea, lo que nos permitió adaptarnos a los estándares de los países de nuestro entorno y crecer económicamente; el terrorismo se terminó hace algún tiempo; y el mal funcionamiento de las instituciones y la corrupción, aunque siguen existiendo y son difíciles de erradicar, es algo que, al menos en la mente de la opinión pública, de la judicatura y de algunos partidos, se ha convertido en una de las principales preocupaciones y la tolerancia frente a ella es mucho menor; y, desde luego, en libertades y derechos somos pioneros, quizá porque cuarenta años de dictadura nos han hecho muy celosos de ellos, hasta el punto de que hay un cierto complejo que nos lleva a rechazar la autoridad y la imposición incluso en aquellos casos en los que estaría perfectamente justificado.

La crisis económica de 2007, de la que todavía no nos hemos recuperado, ha supuesto un importante punto de inflexión política, porque los dos partidos tradicionales, PP, de derecha y PSOE, de izquierdas, han sufrido un importante desgaste: el PSOE por negar la crisis y tener una política errante y poco coherente y el PP, que es el que gobierna ahora, por cargar todas las consecuencias de la crisis sobre el ciudadano y por una corrupción muy importante que ha ido aflorando en los últimos tiempos. Todo ello ha hecho surgir movimientos regeneradores pero también un populismo de izquierdas de corte más bien antisistema. De hecho, el último gobierno del PP tardó casi un año en poder constituirse.

Ahora les cuento sobre nuestro problema actual, el de Cataluña. Lo cierto es que el problema territorial en España no es nuevo. La uniformización territorial que se consiguió en otros países, como en Francia, en el siglo XVIII, no se produjo en España, que ha conservado particularidades fundamentalmente idiomáticas y legales (no raciales ni religiosas) que pervivieron a lo largo de los siglos, y que en el XIX adquieren una nueva dimensión reivindicativa, pareja al auge de todo nacionalismo que se produce en ese siglo. Lógicamente, durante el periodo de dictadura Franco, los nacionalismos fueron duramente reprimidos aunque curiosamente fue recogida su normativa civil en leyes en esa época.

Cuando en 1978 termina la dictadura con la Transición, es preciso tratar de alguna manera estos sentimientos nacionalistas y se introduce para ello un sistema de autonomías que permite a cada región disponer de un parlamento y gobierno propios con importantes competencias en muchos ámbitos clave: por ejemplo, la enseñanza y la sanidad, por mencionar las más importantes. Lo malo es que la regulación del Título VIII de la Constitución fue excesivamente difusa y ello, unido a que el sistema electoral, proporcional con sesgo mayoritario, no facilita la existencia de mayorías absolutas, ha hecho que los sucesivos partidos en el poder de España hayan tenido que ir negociando con partidos nacionalistas su apoyo para formar gobierno, lo que ha supuesto cesiones constantes de competencias. Ello, en sí mismo, no es malo, pero las autoridades nacionalistas de ciertas regiones han usado sus competencias de una manera desleal, insistiendo en exagerar las diferencias en toda ocasión y aprovechando sus funciones en educación para adoctrinar las mentes de los alumnos. Por poner un ejemplo, en Cataluña es prácticamente imposible estudiar en español, y hay que hacerlo en catalán, a pesar de que reiteradas sentencias han reconocido ese derecho. Tampoco se puede rotular una tienda en español, si no quieres que te multen

O sea, que esa gran cantidad de autonomía, de dinero y de competencias no ha servido para calmar los sentimientos nacionalistas en algunas autonomías, sino que las ha exacerbado, contra lo que pudiera parecer lógico y normal. En el País Vasco, donde disfrutan de un régimen fiscal privilegiado respecto de las demás regiones, el sentimiento persiste y, la verdad, la terminación del terrorismo nacionalista no se debió a la acción de las élites locales, sino a una labor lenta y constante de las Fuerzas de Seguridad y a una actuación política a nivel nacional.

En Cataluña, sin duda, hay un sentimiento de diferencia, una lengua propia y una cierta tradición nacionalista que se ha mantenido constante en los últimos años, siendo un partido nacionalista de derechas el que ha gobernado la mayor parte de los últimos 40 años. También es verdad que es una región rica, laboriosa e innovadora, que se queja de que aporta demasiado al conjunto, sobre todo cuando parece que hay otras regiones, más pobres, que necesitan recibir y no pueden dar, y que de algún modo parecen ser vistas como subvencionadas, vagas o gastosas. Últimamente inventaron un lema, Espanya ens roba, España nos roba, que caló entre mucha gente de allí, aunque lo cierto es que hay otras regiones de España –Madrid y Baleares- que aportan más que Cataluña al conjunto.

El problema del nacionalismo en Cataluña es que se encuentra en una situación de bloqueo, porque la región está dividida por mitad entre quienes son nacionalistas y quienes no lo son, por lo que es difícil el acuerdo. Si fuera un ochenta por ciento de un lado o del otro, quizá no hubiera problema. Ahora bien, de una manera u otra, se ha ido conviviendo con esta situación, aunque en general, el poco orden en el ámbito territorial haya generado ineficiencias económicas, excesivo número de normas y un gasto desmesurado.

Pero cuando comienza la crisis de 2007, las élites catalanas en el poder ven en la exacerbación del nacionalismo una forma de desviar la atención del pueblo hacia un culpable que, presuntamente, sería el Estado central, que robaba a Cataluña y recortaba todas sus iniciativas de autogobierno, que en realidad siempre intentaban sobrepasar  los límites de la Constitución. A ello se ha unido también una enorme corrupción que si bien sin duda no es exclusiva de esta región, en ella ha alcanzado cotas muy elevadas. Es bien conocido, porque se le escapó a un dirigente político y se ha confirmado después, que el partido nacionalista en el poder se quedaba un 3 por ciento, como mínimo, de las obras y concesiones que autorizaba la administración catalana. Hasta tal punto ha llegado la cosa que el dirigente catalán histórico, muchas décadas en la presidencia regional, Jordi Pujol, se ha revelado jefe de una trama corrupta que le implica a él, a casi toda su familia, y a muchísimos de sus colaboradores. El nacionalismo, no obstante, ha considerado un agravio que el Tribunal Constitucional anulara hace algunos años la reforma del Estatuto de Autonomía que impulsó el ex presidente español Zapatero; y ha basado en ese agravio sus reivindicaciones. Pero esto significa no entender que las promesas o pactos políticos no están ni deben estar por encima de la ley.

Así, la deriva independentista que se está sufriendo desde aproximadamente 2010 ha consistido en una amenaza de celebrar un referéndum de autodeterminación que ya se intentó en 2014 y que se quiere intentar de nuevo el uno de octubre. Y para conseguir que mucha gente lo apoye han aprovechado el sistema de educación, que durante muchísimos años ha enseñado a considerar a España como algo ajeno, de alguna manera inferior a lo catalán, pero siempre opresor; los medios de comunicación, que están prácticamente todos subvencionados por la administración catalana (al punto que, contra la independencia periodística, en 2010 todos los periódicos de Cataluña sacaron un editorial conjunto que se llamaba “La dignidad de Cataluña”); y una poderosa red de relaciones clientelares de la que vive mucha gente.

El mensaje que estas elites nacionalistas catalanas ha sido básicamente emocional, apelando a conceptos como “opresión”, “falta de libertad”, “robo”, y, sobre todo, para las personas a las que estos conceptos produjeran una disonancia cognitiva por su evidente contraposición con la realidad, han manipulado conceptos como “democracia”, viniendo a decir que lo que importa realmente es votar, sin importar si la forma de hacerlo es legal o no, si lo que se vota es legítimo o no, o si vivimos en un sistema de libertades o no (como si porque saliera la mitad más uno de un pueblo se pudiera acordar fusilar a alguien o no pagar impuestos); o se ha apelado a un supuesto “derecho a decidir” que al parecer habilitaría a cualquier región a independizarse de un país si lo decide la mitad más uno de esa región, cuando en realidad ese concepto se ha usado sólo para países en los que no hay libertades y en condiciones muy extremas. Por otro lado, han minimizado imprudentemente las consecuencias económicas que tendría para todos una secesión y han mentido a los ciudadanos diciendo que la misma les permitiría continuar en la Unión Europea, pese a las continuas advertencias de las autoridades europeas al respecto. En las últimas semanas, la desobediencia de las autoridades regionales ha sido muy grave, aprobando de manera ilegal y sin respetar los derechos de las minorías leyes que les permitirían realizar el referéndum y han desafiado explícitamente al gobierno con amenazas de usar la vía de hecho y con declaraciones posiblemente delictivas.

Y lo cierto es que, ni siquiera con ese despliegue de medios, los independentistas suman más del 50 por ciento de los catalanes, aunque en el parlamento catalán tienen mayoría por el juego de las normas electorales. Y aun así siguen con sus intenciones. La Constitución española, nuestra norma fundamental, no permite que se celebren referéndums de autodeterminación convocados por una autoridad regional ni, mucho menos, que se pueda separar una región por su sola voluntad. Y muchos creemos que eso es correcto. Eso no quiere decir que no se pueda reformar la Constitución y pactar lo que sea, si se consiguen los apoyos correspondientes, incluso celebrar un referéndum si se considera conveniente. Pero, a diferencia de otros países, nosotros tenemos normas al respecto y no lo permiten en este momento. Por cierto, en Cataluña sí se vota: desde 1980 ha habido 11 elecciones regionales, y muchas otras generales, locales y europeas

El gobierno central ha mantenido una posición prudente y pasiva durante estos años, quizá porque no podía hacer mucho por la inestabilidad política o porque pensaba que las autoridades regionales no se iban a atrever a tanto y que la cuestión se resolvería por sí sola ante las dificultades prácticas que supondría una secesión, de lo que los catalanes deberían ser conscientes. En las últimos días, parece que por fin el Estado ha despertado un poco y se han tomado algunas medidas para impedir el referéndum, confiscando papeletas, desbaratando la intendencia para las votaciones y controlando la economía de la región para evitar desvíos de fondos. Por cierto, estas medidas no han sido adoptadas por el gobierno sino por la autoridad judicial, salvo ciertas decisiones de intervención financiera para evitar el desvío de fondos. De hecho, el gobierno no se ha atrevido a usar el artículo 155 de la Constitución, que le permitiría “adoptar las medidas necesarias” (incluso suspender la autonomía) si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España; ni ha declarado el estado de excepción, que le facultaría tomar medidas extraordinarias de orden público en caso de que resulte alterado el normal funcionamiento de las instituciones. Probablemente no quiere perder la “batalla de la imagen” que supondría usar estas medidas. En cambio, las autoridades regionales no han vacilado en arengar a la gente para que salga a la calle y en la actualidad se están produciendo disturbios, cercando el palacio de justicia y otros edificios estatales, y han tratado de impedir la labor policial.

No sabemos lo que ocurrirá en los próximos días, pero muchos españoles estamos muy preocupados porque pensamos que la ruptura de la Constitución, además de que podría suponer la pérdida de una región a la que queremos y sentimos nuestra, puede hacer tambalear las bases de nuestro sistema democrático. Confiamos, no obstante, que la resolución de esta crisis sea oportunidad para mejorar nuestro sistema democrático y reforzar nuestras instituciones. Y se puede hablar de todo, pero respetando las formas.