El mundo es nuestra representación como decía Schopenhauer. Pero las representaciones no son la realidad.  Heisenberg decía que no deberíamos olvidar que lo que observamos no es la naturaleza misma sino la naturaleza determinada según la índole de nuestras preguntas. Por lo expuesto, a veces es necesario una metodología que en algún punto podríamos llamar apofática que consiste en poner en evidencia la inadecuación esencial de nuestras representaciones y de nuestros enunciados con relación a la realidad, incluida la política.

Las precedentes consideraciones vienen a propósito de enfocar adecuadamente la realidad política del independentismo y de las pretensiones independentistas propugnadas por ciertos partidos políticos.

Asistimos a una constante invocación por cierta parte de la población avecindada en Cataluña de su “derecho a decidir”. Sin duda bajo dicho enunciado fluye un sentimiento específico y auténtico, aparentemente ingenuo, inofensivo y legítimo en su imaginaria representación. Pero bien mirado ¿qué significa y comporta realmente hacer efectivo ese derecho a decidir la independencia en una parte del territorio español en nuestra situación actual?

Significa y comporta un conjunto de población atribuyéndose arbitrariamente una exclusividad de decisión sobre materias y ámbitos que pertenecen a muchas otras personas que en realidad conforman una comunidad mucho más amplia. Significa la vulneración del derecho a decidir del resto de la población española, de su actual derecho a establecer allí su residencia, su libertad de circulación, su libertad de inversión y de creación de empresas, del actual estatuto de las propiedades o inversiones que allí mantengan, de la garantía de su asistencia sanitaria, de la justa distribución del gasto público y de las inversiones y compromisos asumidos para el conjunto de la ciudadanía, de sus posibilidades de participación política o cultural en las instituciones allí existentes, etc. y sobre todo de la garantía y tutela de efectividad de sus derechos fundamentales en esa parte del territorio.

Al establecer el artículo 2 de la Constitución española que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, lo que viene a determinarse, entre otras cosas, es precisamente esa garantía y efectividad de los derechos fundamentales de todos los españoles en cualquier parte del territorio español. Lo que no puede dejarse en manos de algunos y menos de los que pretendieran imponerse con quiebra de un previo texto constitucional.

De modo que la unidad territorial en nuestro actual marco constitucional constituye la expresión jurídica del valor de ser simultáneamente ciudadano en igualdad de derechos fundamentales en cualquier espacio del territorio español.

Lo cierto es que dar expresión jurídica al sentimiento o al mero deseo de unos de decidir la independencia permitiendo un Estado independiente significa comenzar el camino hacia cercenar derechos fundamentales de los demás. La independencia política como idea o filosofía es de admisible consideración teórica, pero como objetivo de acción de un partido político en un ámbito que ya goza de un marco de derechos fundamentales no lo es. Porque su conquista siempre va a desembocar en la quiebra absoluta de los derechos fundamentales de una parte de la población, lo que suele arrojar a la continuación de la política por otros medios, que es la conocida forma de definir la guerra por Carl von Clausewitz.

El derecho a decidir la independencia no es expresión de libertad alguna sino la pretensión de apropiarse de la libertad en exclusiva, que implica esclavizar al resto. Tampoco es democrático porque excluye el derecho de decisión de los demás, omitiendo la elemental consideración de que no es el capricho de uno o de muchos sino el Derecho el sistema que la humanidad ha encontrado para conciliar el derecho de decisión de cada uno en relación a las posibles controversias con el derecho a decidir de los demás en los distintos ámbitos; por lo que venir a expresar a secas que la “democracia es votar” es como definir al ser humano limitándose a decir que es un animal.

La democracia hoy se entiende evolucionada en el marco del Estado social y democrático de Derecho que requiere unas exigencias: de imperio de la ley entendida como expresión de la voluntad popular, división de poderes, observancia del principio de legalidad de la actuación administrativa y suficiente control jurisdiccional, etc. y, sobre todo, garantía y efectividad de derechos fundamentales.

Esta última cuestión de los derechos fundamentales es decisiva, porque se puede ir de la “ley a la ley” cuando se avanza en la garantía y en la efectividad de los mismos, que es lo que sucedió con la Transición. Pero los derechos fundamentales no están sujetos al pluralismo y a la libertad, sino que son el contenido de la tolerancia y la libertad. Por tanto, no deben ser disponibles como opción política por partido alguno, ni tiene sentido una reforma constitucional para eliminar unos derechos y deberes que deben ser previos y fundamento de la constitución de todo poder.

La voluntad general encuentra su límite en la garantía efectiva del respeto de la dignidad y los llamados derechos fundamentales de la persona. Lo contrario es caer en el totalitarismo, que es la absolutización de lo relativo y una de cuyas muestras es el independentismo aflorado en Cataluña legitimándose a sí mismo e invadiendo todos los espacios al objeto de pretender imponer y glorificar un nuevo e innecesario Estado para adueñarse del poder público en mero detrimento de la ciudadanía catalana y española.

Si la propia voluntad general tiene límites, más aún los tienen los partidos políticos que propugnan cercenar los derechos fundamentales de alguna persona. A nadie se le debiera escapar hoy que no es admisible un partido político que propugnara expulsar a los españoles judíos o musulmanes o de origen chino. Que debiera ser inmediatamente ilegalizado, por mucha que fuera la suavidad de sus formas; pues la violencia se expresa en su propio contenido. Bien, pues qué decir entonces de un partido que pretende en una parte del territorio excluir de sus derechos fundamentales a toda una parte de la población. No debiera ser necesario ir de lo particular a lo general en un razonamiento jurídico, pero las imágenes derrotan a las ideas cuando la persona desciende de la razón al puro sentimiento, máxime cuando se hace institucionalmente posible la manipulación de las imágenes, la desinformación y el empleo programado de lo que Gabriel Marcel denominó “técnicas de envilecimiento”.

En el marco de un Estado social y democrático de Derecho, el independentista tiene que recuperar la consciencia de que su acción política puede suponer la exclusión de los derechos de los que no lo son. Que el respeto del derecho de los demás y la organización de la vida social remiten a la realización de la justicia y a la regulación del poder. Que carece, por tanto, de sentido la pretensión de los partidos políticos independentistas de considerar al Estado como investido de una excelencia propia por sí mismo cuando no aporta sino restricción de derechos por su carácter excluyente.

Y las instituciones democráticas no pueden caer en la incuria y la pasividad de no instar judicialmente la ilegalización los partidos políticos que la merecen. Máxime cuando no ofrecen una acción pública para ello. Pues aquí en materia de urbanismo existe acción pública, pero en asuntos mucho más relevantes no. La actual Ley Orgánica de Partidos Políticos limita la legitimación para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución, al Gobierno y el Ministerio Fiscal; sin perjuicio de que El Congreso de los Diputados o el Senado también puede instar al Gobierno que la solicite.

La exposición de motivos de dicha Ley explicaba que la necesidad de defender la democracia de determinados fines odiosos y de determinados métodos, de preservar sus cláusulas constitutivas y los elementos sustanciales del Estado de Derecho, la obligación de los poderes públicos de hacer respetar los derechos básicos de los ciudadanos, o la propia consideración de los partidos como sujetos obligados a realizar determinadas funciones constitucionales, para lo cual reciben un estatuto privilegiado, han llevado a algunos ordenamientos a formular categóricamente un deber estricto de acatamiento, a establecer una sujeción aún mayor al orden constitucional y, más aún, a reclamar un deber positivo de realización, de defensa activa y de pedagogía de la democracia. Deberes cuyo incumplimiento los excluye del orden jurídico y del sistema democrático. Pero añadía que, sin embargo, a diferencia de otros ordenamientos, se había partido de considerar que cualquier proyecto u objetivo se entiende compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda mediante una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El articulado de la Ley enmarañaba un poco más las cosas. No tanto, si se entendiera y resolviera el asunto a la luz de todo el ordenamiento jurídico. Pero sucede que la vulneración clara y diáfana para algunos sólo se produce cuando tales partidos llegan al poder y aplican su programa. Pero, ¿tiene sentido esperar a una ilegalización que en realidad cuando llega ese estadio proviene de contravenir directamente el orden penal?

La acción política de los partidos independentistas no es mera expresión de ideas o doctrinas, conlleva un proceder en sí mismo lesivo de los derechos fundamentales y provoca evidentes males para quien no se complazca en ignorar las cosas. Pero, además, esperar a su ilegalización a que alcancen el poder y apliquen su programa de cumplimiento imposible por inconstitucional o contrario a la dignidad y los derechos fundamentales de la persona no solo es añadir una frustración absurda y desconcertante para sus votantes, es provocar riesgos innecesarios para toda la población, no evitarles graves daños y perjuicios y a la postre aumentar el gasto público para poner remedio a todo ello.

Nuestro Estado social y democrático de Derecho, sin duda es insuficiente y presenta muchas disfunciones como toda estructura humana. Basta para comprobar sus insuficiencias advertir que nuestra constitución predica en su artículo 14 la igualdad ante la ley exclusivamente para los españoles. Asistimos a la injusticia que supone toda frontera y en lugar de tender puentes, universalizar derechos, hacerlos más efectivos, atender situaciones de dependencia, mejorar pensiones, facilitar vivienda, etc. o incluso rebajar tributos, tenemos que aguantar la agresión de partidos políticos independentistas con la pretensión de crear nuevas fronteras, y para ello inventando e imponiendo falsas realidades pseudo históricas y culturales, construyendo artificialmente una identidad basada en la inmoralidad, sembrando odio como forma de alimentar el independentismo, propiciando y sirviéndose de una deformación generalizada de las conciencias para la extensión de su ideología de un modo estable,  sin  representar en realidad un verdadero proyecto sino siendo ante todo negación del resto, entrañando un efectivo parasitismo de lo que otros crearon y que convierte a tales partidos en fines en sí mismo, que se nutren con una afán independentista expansivo que nunca estará satisfecho y que, bajo el método de transferencia de culpa sobre los demás, pretende eludir la valoración moral, y la responsabilidad política y jurídica de sus acciones. Si nadie se va a hacer responsable de los daños y de los gastos, razones de justicia elemental también exigen ilegalizar ab initio estos partidos.

Íñigo de Bustos

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

Anteayer proponía yo a los editores que tratar el tema de la devolución de los bienes a Sijena y algún editor joven, de cuyo nombre no quiero acordarme, alegaba que era un tema viejuno frente a los drones, uber o el bitcoin que tratan ellos. La cosa estaba entre las chanzas y las veras, pero me vi en la obligación paternal de corregir a estos jóvenes activistas: lamentablemente la importancia de los asuntos no está siempre relacionada con la novedad del objeto de los contratos, sino que a veces lo está con su causa.

Es más, en este caso lo importante no lo es ni siquiera el intríngulis jurídico –que sin duda lo tiene- sino la trascendencia social y política que muestra el asunto y que revela de forma palmaria alguna de las lacras que han presidido el tratamiento del problema nacionalista, de una y de la otra parte. No obstante, parece inevitable hacer una breve referencia a los hechos. En un primer momento pensé en encargar el post a alguien que esté cerca del asunto, pero lo cierto es que los resúmenes más amplios los he encontrado siempre desde la parte aragonesa, y me parecía un post de parte, así que he hecho un“leído para ustedes” y a continuación pueden ver lo que he encontrado rebuscando en Google. Incluso en wikipedia se pueden ver un resumen del conflicto, que les enlazo aquí

Referencia a los hechos

El monasterio de Sijena, declarado monumento Nacional en 1923, fue saqueado el comienzo de la Guerra y quedó en muy malas condiciones. Aquí ya empiezan las disputas, porque según unos fueron unos anarquistas catalanes de paso y según otros los propios vecinos del pueblo (ver aquí). Pero es igual, a nuestros efectos. Las monjas sanjuanistas, propietarias del convento, volvieron a ocupar el monasterio, muy deteriorado. En 1969 se les recomendó que lo abandonaran temporalmente mientras se realizaban obras de rehabilitación. Se marcharon a Cataluña, instalándose en Valldoreix en 1970. Las monjas depositaron las piezas artísticas en cuestión en el Museu de Lleida o se las llevaron consigo y entregaron al MNAC. Dichas piezas se vendieron a la Generalidad de Cataluña, con permiso eclesiástico, en 1982 (44 piezas por 66 millones de pesetas) y 1992 y 1995 (52 piezas por 39 millones).

El Gobierno de Aragón ejerció, al tratarse de bienes objeto de Patrimonio Histórico, el derecho de retracto en 1997, por no haber podido ejercerlo en su momento. La Generalidad de Cataluña planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, por considerar que la normativa de protección del Patrimonio Artístico que debería prevalecer es la catalana. El fallo del Constitucional, tras 14 años de deliberación y con varios votos particulares, fue favorable a Cataluña, aunque deja claro que no entraba en la legalidad de la venta ni en la calificación de los bienes.

Precisamente por eso el gobierno aragonés y el ayuntamento de Sijena presentaron una demanda de nulidad de las compraventas, y un juzgado de primera instancia de Huesca, en la sentencia 48/2015, de 8 de abril (ver aquí) las declaró nulas de pleno derecho entendiendo  que el monasterio era monumento nacional desde 1923 y que las piezas no podían separarse del conjunto: las ventas se hicieron sin informar a las administraciones que tutelaban el monumento. Además la persona jurídica que vendió los bienes en litigio no fue la Comunidad de monjas sanjuanistas de Sijena, que tenía su representación legal en su última priora, doña Angelita Opi, sino que fue otra persona jurídica distinta, la Comunidad de monjas de Valldoreix, que no era legalmente propietaria de esos bienes. A mayor abundamiento, aunque se solicitó permiso eclesiástico a la Santa Sede para su enajenación, lo fue en términos excesivamente genéricos, que impedían saber qué bienes se estaban vendiendo. En definitiva, la sentencia ordenó el traslado al cenobio. En este documentado post en Almacén de Derecho se tratan las cuestiones del conflicto de competencias y las de Derecho eclesiástico.

Tras dicha sentencia,  apelada por la Generalitat y el MNAC, la parte aragonesa solicitó la ejecución provisional de la misma, lo que generó diversas oposiciones, pero todas las vías procesales posibles para evitar la devolución fracasaron. La Generalitat ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita de forma urgente la suspensión del auto de ejecución dictado por el juzgado, argumentando que estas obras forman parte de una colección catalogada y protegida por la Ley catalana en la materia.

En ejecución de sentencia, se fijó el 25 de septiembre de 2015 como fecha de devolución de las piezas, pero las instituciones catalanas desobedecieron la sentencia. El 25 de febrero de 2016, los consejeros de Cultura de sendos gobiernos autonómicos anunciaron que Cataluña devolvería de inmediato 53 de las 97 piezas que jamás se habían expuesto y que permanecían en diferentes almacenes, pero finalmente este acuerdo no se cumplió por decisión de la Generalitat. Una nueva orden judicial fijó el 25 de julio de 2016 como fecha definitiva de devolución, contemplando multas de 3000 € por cada día de incumplimiento. El día 26 de julio se produjo el traslado de 53 piezas por las que ya había estado a punto de cuajar un acuerdo en febrero entre las administraciones, mientras las otras 44 piezas se retuvieron.

Finalmente, una sentencia de la Audiencia de 30 de noviembre de 2017 desestima las pretensiones de la Generalitat (ver aquí) y una providencia de 1 de diciembre del juez de Instrucción de Huesca fija en el 11 del mismo mes la fecha de la entrega, en su caso con intervención policial, con el desenlace que conocemos dicha intervención y los disturbios consiguientes.

Algunas interpretaciones y posicionamientos políticos

A partir de aquí, podemos ver diversas declaraciones más o menos de parte. Aquí pueden ver un interesante hilo de la asociación aragonesa APUDEPA, que a pesar de su vecindad se considera independiente y que trata de desmontar las diversas posverdades que se han difundido sobre esta cuestión. También es muy interesante, en este mismo sentido aclaratorio, el “manifiesto por la verdad”, promovido por el Ayuntamiento de Sijena.

No me ha sido fácil encontrar argumentos que defiendan técnicamente la posición catalana. La Generalidad ha mantenido una posición muy beligerante contra la devolución y, por ejemplo, en esta noticia en La Vanguardia de agosto de este año se rechaza la devolución, declarando el conseller de turno que es una injusticia y que no se han resuelto los recursos, lo que, como se puede apreciar, no es sostenible jurídicamente. En esta otra noticia, también de La Vanguardia, con una inexactitud notable, se cifra el origen del problema en 1995, “cuando la Santa Sede decidió complacer a la Conferencia Episcopal Española en su deseo de adecuar los límites religiosos a los provinciales. Y en esta otra noticia del Heraldo de Aragón, se informa de una resolución del Parlament que en 2016 promueve el desacato de la sentencia, aprobada por todos los partidos excepto Ciudadanos.

Pero si ya nos centramos en el último capítulo, el centrado en la entrega del día 11, lo relevante es apreciar cómo las posiciones políticas poco tienen que ver con la realidad y cómo se aproximan a los previamente adoptadas respeto a tema de la secesión en Cataluña. El inefable Puigdemont nos comunica por twitter aquí que una “policía militarizada” (como fueron los mossos, puede que tenga razón) consuman con nocturnidad el expolio; el bueno Iceta sigue con sus equilibrios y ve “un error” la devolución (aquí); Podemos mete la pata y da versiones contradictorias con su confesión de ideas habitual (aquí); el PP -lo que faltaba- culpa al PP por no dialogar. Ciudadanos, en cambio, muestra su respeto a las decisiones judiciales.

Conclusiones 

Una primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que, sin duda, el conflicto planteado tiene una notable complejidad jurídica, porque en su resolución se mezcla la normativa civil general-la venta de cosa ajena- por no ser titular de los bienes quien trasmitió; la normativa de protección de patrimonio histórico artístico y particularmente cuál de las normas regionales era aplicable; la normativa de Derecho canónico que actúa aquí como un Derecho estatuario que ha de ser aplicado pese a ser, en el fondo, una normativa extranjera.

Pero en el Blog Hay Derecho solemos tratar –normalmente- las cuestiones  de actualidad no sólo por su enjundia específicamente jurídica sino en cuanto estas cuestiones técnicas tienen alguna disfuncionalidad que genera consecuencias políticas, sociales o económicas; o, al revés, si se trata de cuestiones políticas que tienen consecuencias en el mundo jurídico. Por ello, la segunda derivada de este asunto es que, no obstante ser cuestión jurídica compleja, es un asunto que no debería haber salido del cauce jurídico. O, todavía más, que no debería haber llegado al cauce jurídico, porque la debida lealtad entre las instituciones españolas debería haber propiciado no tener que acudir a una tercera institución, la judicial, como si de dos simples ciudadanos empecinados en tener razón se tratara. Sin embargo,  así ha ocurrido y en su agravamiento tiene buena parte de culpa la voluntad deliberadamente rebelde de la Generalidad de Cataluña a cumplir las sentencias judiciales ya en proceso de ejecución. Este es el dato que me interesa de todo este asunto, en cuanto revela una disfuncionalidad del sistema institucional que permite que una Comunidad pueda desobedecer mandatos judiciales –no es la primera vez- sin que el gobierno central haya tenido demasiado interés en el asunto, prefiriendo mirar a otro lado, y probablemente sólo la casual vigencia del artículo 155, haya permitido llevarla a efecto. En este sentido, este asunto de Sijena es, como anunciaba en el título, un cierto epítome del problema secesionista catalán: se acusa de expolio a España, cuando si acaso y si se quiere llevar el asunto del conflicto jurídico a las palabras gruesas, lo que ha ocurrido es un expolio en sentido contrario; se ha incumplido sentencias judiciales y por tanto la legalidad, por motivos políticos; se ha falseado la verdad histórica y la realidad jurídica y se exacerba la humillación para ahondar en la idea de victimización con fines de control social y electorales.

Dice Fernando Savater en su reciente librito -o panfleto, como lo llama él- “Contra el separatismo” que con algo de paciencia y sentido del humor se puede convivir mejor o peor con los nacionalistas; pero con los separatistas no hay más arreglo posible que obligarlos a renunciar a sus propósitos. No caben, lamentablemente, demasiados diálogos con quienes no son favorables a aplicar la ley, “la cual también es el resultado de largos diálogos pero que finalmente han llegado a acuerdos no ventajistas”.

Es esencial pues, que comprendamos que siempre, pero todavía más en estos casos, es preciso cumplir la norma, fruto del diálogo ordenado. Sin ello no hay convivencia posible, sino la voluntad de la turba o del iluminado.

Ignacio Gomá Lanzón

Presidente Fundación Hay Derecho. Notario de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979-1984). Oposiciones a Notarías aprobadas en 1988, oposiciones restringidas, entre Notarios, en 1991-1992. En twitter @ignaciogoma

hayderecho.com/ignacio-goma-lanzon/

El último capítulo de la larga serie del psicodrama catalán tuvo un desenlace inesperado para muchos (aunque no para este blog, como pueden ver aquí y aquí). Tras un largo “planteamiento”, un “nudo” casi gordiano de requerimientos contestaciones, amagos y amenazas, la cosa quedó en una pseudo-DUI descafeinada y un 155 reducido en sus pretensiones iniciales con el añadido de una inmediata convocatoria de elecciones.

Ese “desenlace” no ha sido, por supuesto, un desenlace definitivo y a partir de ahí han ocurrido muchas cosas, y más que van a ocurrir.  En este post queremos advertir de que en el maremágnum de acontecimientos presentes y futuros es preciso no perder el rumbo, y que ello exige un esfuerzo para distinguir lo principal de lo accesorio.

Nos aclaramos: hay algunas cosas que se pueden discutir desde el ámbito político o jurídico pero hay otras que deben considerarse principios mínimos, sin lo cuales no hay nada a lo que agarrarse. Por ejemplo: podemos debatir si ha sido acertado convocar elecciones inmediatamente o hubiera sido mejor esperar y desmontar parte del tinglado institucional y mediático que nos ha conducido hasta aquí; podemos criticar los autos de los jueces de la Audiencia Nacional y del Supremo y entender que hubiera sido más justa (y conveniente) una libertad condicional para todos o algunos de los querellados, o por el contrario que todos deberían ingresar en prisión; podemos discutir si ha concurrido la violencia necesaria para calificar el delito de rebelión, o incluso de sedición, o si esto al final debe quedar en un simple delito de desórdenes públicos. Todo se puede discutir en un Estado de Derecho.

Pero hay cosas que son esenciales, y deberíamos ser conscientes de ello, porque sin esas cosas es muy difícil un entendimiento. Por ejemplo, que el Estado de Derecho es algo irrenunciable, innegociable e inseparable de una democracia que se precie de ser tal, por lo que no cabe modificar constituciones por medio de referendos ilegales, aunque eso no quiere decir que las constituciones no puedan modificarse por el procedimiento correspondiente. El procedimiento es justicia y libertad. También que meter a una persona en la cárcel por cometer delitos por motivos políticos no es crear presos políticos ni encarcelar a nadie por sus ideas. Intentar romper el pacto político por la vía de hecho es una de las agresiones más serias que puede sufrir una comunidad política y en todos los países democráticos se castiga con penas serias.

También es un dato casi seguro que el secesionismo va a seguir ahí, más o menos frustrado, y va a tener el apoyo de más o menos un cincuenta por ciento de la población. Pero, además, no debe ignorarse otra realidad: ha habido una evolución del nacionalismo a un secesionismo que no está exento de ribetes nocivos y antidemocráticos. Es decir, no se trata sólo de cómo resolver unas discrepancias políticas con las reglas que tenemos establecidas y en la que podríamos desembocar en la independencia de una región, sino como gestionar que una parte de la población apoya a unos líderes que han decidido prescindir de toda regla y acometer sus pretensiones por la vía de hecho. Este dato es también esencial, porque el independentismo, como opción política, cabe en el sistema, pero el totalitarismo secesionista, para el que el fin justifica los medios, no.

Otro hecho que hay que tener en cuenta es que España existe como nación y existe desde hace mucho tiempo, y que existen sentimientos de identidad española que comparte muchísima gente también en Cataluña como, sin duda, se ha mostrado con gran plasticidad en las últimas semanas; como lo es que hay una “cuestión catalana” que no es de ahora y que responde a otros sentimientos y hechos históricos que no proceden del señor Puigdemont y adláteres.

Pero las circunstancias nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, que es la indiscutible aplicación del artículo 155 y del Código Penal, al menos en su fase inicial. Y, ¿ahora qué? ¿Alguien piensa que basta aplicar las normas políticas y penales para que esto se solucione? Quizás el Sr. Rajoy sí lo piense, pero cualquier persona con sentido común y con los incentivos correctos debe percatarse que este lio es imposible que pueda arreglarse por ensalmo. Pudiera ser que unas elecciones cambien el panorama político en Cataluña con una nueva mayoría que acatara la Constitución y acometiera ciertas reformas que permitieran reintegrar a Cataluña a la normalidad. Otra opción es que no sea así, y haya que aplicar de nuevo el artículo 155, en una sucesión de actos de acción-reacción in crescendo hasta que entraran en razón, la razón de la legalidad. Pero ni aun en el primero de los casos la situación quedaría resuelta. Todos estos factores son importantes y muestran que, más allá de las medidas hasta ahora adoptadas, va a ser preciso afrontar sin perdida alguna de tiempo varias cuestiones.

En primer lugar, debemos realizar una importante labor de reflexión acerca de por qué hemos llegado a este punto de casi ruptura. Hace tres años abogábamos (aquí) por realizar un esfuerzo paralelo al que se hace en la mediación y en otros modos de resolución alternativa de conflictos: ponerse en el lugar del otro y ver qué ocurre. Es necesario estudiar el invocado déficit de financiación y ponerle solución. Es imprescindible reorganizar y aclarar nuestro sistema competencial de organización territorial sin que ello tenga que implicar una cesión al “chantaje” soberanista. Esa distribución, pese a lo que muchos creen, no es un juego de suma cero. Es posible reservar unas competencias básicas al Estado, ceder el resto a las CCAA, y que el Estado mantenga unas competencias excepcionales de intervención para la preservación de la unidad de mercado y de la igualdad de las condiciones de vida de los ciudadanos cualquiera que sea el lugar donde residan. De esta forma, las CCAA tendrán más competencias y también más responsabilidad fiscal frente a sus ciudadanos, pero el Estado saldrá ganando si se le atribuyen facultades de intervención que ahora no tiene.

Entre otras cosas, tal cosa permitiría poner coto a esa corriente nociva y antisistema que ha estado empeñada en los últimos años en un esquema planificado de propaganda. Es interesante este trabajo (aquí) que muestra claramente que el independentismo crece cuando las autoridades regionales quieren traspasar la culpa de las consecuencias de la crisis a otras instancias, como muchos ya pensábamos. Para eso tiene que estar normativamente mucho más claro cuándo son ellas principalmente las que tiene la culpa de las perdidas relativas de bienestar de su CA, y no el Estado.

Pero hay algo muy importante que añadir, y es que debemos ver también la viga en el ojo propio. Lo que queremos decir es que esta deriva enloquecida hay culpas personales concretas pero también hay un elemento muy importante que tener en cuenta: la debilidad institucional propia que todos los españoles hemos permitido, muchas veces por complicidad, y si no por indiferencia. Así como las consecuencias de la crisis económica han pesado en España más que en otros lugares porque nuestra estructura institucional ha permitido que organismos que tendrían que haber actuado mucho mejor no lo hicieran -porque estaban capturados- también cabe decir que el nacimiento y agravamiento de la crisis política deben mucho a la debilidad institucional y a los vicios de un sistema que no practica, o lo hace tarde y mal, ni controles ni rendiciones de cuentas, pero tampoco penaliza las malas actuaciones. Esta debilidad ha minado el prestigio de las instituciones clave de nuestro sistema político y ha generado la sensación de que aquí vale todo, al menos para quién tiene el poder político (léase fáctico) por el mango.

En relación a Cataluña, pero también al resto de España, la dejadez y la lenidad son antiguas y han permitido desde hace tiempo que el Estado de Derecho fuera un simple concepto sin aplicación práctica y que intereses electorales a corto permitieran dar carta de naturaleza a situaciones que, por otro lado, todo el mundo reconocía como injustas e intolerables y que solo una situación crítica como esta parece poner en primer plano. Véase la cuestión, ahora de moda, del clientelismo nacionalista en todos los niveles sociales, desde el cultural y educativo al mediático y empresarial, con su correspondiente dosis de corrupción hard and soft. En una cadena descendente de descontroles, resulta que no sólo las relaciones entre el Estado y Cataluña han estado presididas por esa debilidad, sino que es precisamente en Cataluña donde la captura institucional ha presentado síntomas más agudos y ha permitido que el ejecutivo invada todos los sectores de la vida social y económica, como la educación a través de sus competencias, la prensa a través de la publicidad institucional (El Punt Diari va a hacer un ERE porque no puede vivir sin ella dos semanas), la sociedad civil a través de subvenciones, la Administración a través de la discrecionalidad y el mundo empresarial a través del clientelismo. Pero no nos engañemos, estos males son absolutamente generales. No es difícil comprender cómo esta hidra institucional puede llegar a conseguir por convencimiento o por intereses cruzados poner a un país en una situación crítica. Hoy ha sido esto, mañana vete a saber qué.

No ocultamos que nuestra visión es básicamente institucionalista y que consideramos que una modificación de las reglas del juego, formales o informales, legales o sociales, es esencial para que cambien las estructuras y las dinámicas de los países. Y que esas reglas no es fácil cambiarlas, pero que hay que aprovechar las coyunturas críticas, en que esas estructuras están en cuestión, para introducir cambios. Y este es el momento adecuado para introducir reformas que beneficien a todos, partiendo de la base que lo que ha fallado aquí no es sólo Cataluña, sino todo un sistema que ha generado incentivos inadecuados para todos.

Por eso, la reforma constitucional que se barrunta no puede ser una reforma constitucional para “encajar Cataluña en España”. Tiene que ser una reforma para encajar de una vez España, empezando por su aparato institucional. Necesitamos estudios técnicos y datos fiables, pero también saber a dónde nos queremos dirigir. Hemos construido un Estado federal sin los instrumentos típicos de responsabilidad autonómica y control federal propios de esos Estados. Hemos desactivado a conciencia los controles institucionales que garantizaban, a todos los niveles (local, autonómico y estatal) el funcionamiento neutral de nuestras instituciones en beneficio de los intereses generales. Es el momento de dar, por fin, el paso que nos falta. Toda crisis es también una gran oportunidad.

Ignacio Gomá Lanzón - Rodrigo Tena Arregui

Por unas cosas y por otras, durante el infausto día 27-O estuve muy atareado y no tuve apenas tiempo para seguir las informaciones que transmitían los medios sobre los acontecimientos que iban sucediendo tanto en Madrid como en Barcelona. De lo poco que pude ver y oír, dos frases captaron especialmente mi atención.

La primera la pronunció el Presidente Rajoy en una declaración improvisada rodeado de periodistas en un pasillo del Senado. La cámara le enfocaba muy de cerca y desde abajo, distorsionando su cara como en un cuadro expresionista. Después de decir que el Gobierno, en la aplicación de las medidas del artículo 155, iba a actuar de forma proporcionada, razonable e inteligente, como hasta ahora, añadió que Cataluña no se iba a independizar, porque la independencia de Cataluña es imposible.

¿Imposible? -pensé yo-. ¿Se refiere a una imposibilidad metafísica?, ¿lógica?, ¿jurídica?, ¿fáctica?

En un plano fáctico o práctico, un proceso de independencia o secesión puede ser difícil, traumático, ruinoso…, pero, ¿imposible? Casi nada es imposible en el curso incierto de los asuntos humanos. No hace tanto hemos asistido en el continente europeo a unos cuantos procesos de independencia culminados con éxito con ocasión de la descomposición de la URSS y de Yugoslavia, y no uno ni dos.

No parece que el señor Presidente se estuviera refiriendo a este tipo de imposibilidad, sino más bien a una imposibilidad jurídica. Por supuesto que en el ámbito jurídico-constitucional vigente actualmente en España la independencia de Cataluña es un imposible. Simplemente, porque su posibilidad supone una derogación de la Constitución en una porción del territorio nacional y el reconocimiento como sujeto soberano de una parte de la población y no de la totalidad del pueblo español. Como imposible jurídicamente es también el diálogo y la negociación entre un ordenamiento y lo que supone su negación.

Pero que la independencia de Cataluña choque con la lógica jurídica vigente hasta hoy en España no quiere decir que sea algo práctica o fácticamente imposible, ni que choque con toda lógica jurídica.

Todo proceso de independencia, aunque sea incruento, supone una revolución, una ruptura del orden jurídico vigente en un Estado. Pero esto, por sí solo, no quiere decir que los rebeldes o secesionistas renuncien al derecho (o a la idea de Estado de derecho), sino que pretenden instaurar una legalidad diferente, lo que presupone que postulan una fuente de legitimidad diferente, en concreto, la afirmación de la soberanía de un sujeto distinto del que presupone el ordenamiento vigente en el Estado contra el que se alzan. Por eso, los mismos actos que, desde la lógica del derecho de nuestro Estado, pueden ser calificados de sedición, rebelión o golpe de Estado y que moralmente se pueden ver como una traición, desde la lógica del ordenamiento jurídico que se pretende instaurar por los secesionistas, se trata de actos de la más absoluta legitimidad e incluso de un gran valor moral.

Y al final, lo que termina decidiendo este irreductible conflicto de legalidades y legitimidades es el éxito en el plano fáctico. Si los rebeldes consiguen de facto controlar los resortes del poder en el ámbito territorial objeto de su acción, si consiguen hacer de facto vigente su ley, entonces, el reconocimiento internacional del nuevo statu quo no se hará esperar mucho. Porque lo relevante en el plano del derecho internacional es la efectividad en el ejercicio del poder sobre un territorio y una población. Y así, una nueva lógica jurídica habrá terminado sustituyendo a la anterior en el territorio afectado y nadie verá en el futuro contradicción alguna.

Si esto es así, me resultaba preocupante (salvo que en ese momento, en un alarde de presciencia, supiera todo lo que ha sucedido desde entonces) que el Presidente del Gobierno de España, además de afirmarla, creyese realmente en la imposibilidad de la independencia de Cataluña (como alarmante me pareció en su día que calificase como sorprendente e inimaginable la aprobación por el Parlament de las leyes del referendum y de transitoriedad jurídica, cuando todo lo acontecido había venido siendo anunciado durante meses y años). Se trataba de una posibilidad en absoluto descartable en ese momento, cuando todo estaba todavía por decidir, cuando ya había sucedido lo peor que podía suceder: que no estábamos ya simplemente ante un conflicto de “relatos” (acerca de acontecimientos históricos remotos como la Guerra de Sucesión, o más próximos, como la anulación por el TC de determinados preceptos del nuevo Estatuto Catalán; acerca de balanzas fiscales y de lo que da y recibe económicamente Cataluña del resto de España; o acerca de la interpretación de lo sucedido el 1-O), sino ya ante un conflicto de legalidades, ante la proclamación de un Estado independiente por un Parlament en rebeldía declarada contra el orden constitucional y estatutario hasta ahora vigente en territorio catalán.

En el marco de ese conflicto ya declarado, me resultó llamativo un momento de duda que se apoderó de una locutora de TVE -la segunda frase a la que quería hacer referencia- cuando esta emisora estaba retransmitiendo las imágenes del acto que tuvo lugar en una escalinata del Palau del Parlament donde los líderes del procés hacían piña con una multitud de alcaldes soberanistas, enarbolando éstos sus bastones de mando. Entonces comenzó a hablar el señor Oriol Junqueras y la locutora nos dijo que había tomado la palabra el Vicepresidente de la…, y ahí, tras el artículo, se quedó atascada unos instantes. ¿Qué pasó?, ¿que no sabía si decir “la Generalitat” o “la República Catalana”? Del atolladero salió dando marcha atrás y diciendo “… el Vicepresidente catalán”.

Semejante episodio de duda -en el mismísimo canal 1 de la televisión pública estatal española- me pareció muy revelador tanto de la confusión institucional generada, como de la importancia que tenían las palabras en la lucha de legalidades y de legitimidades a la que nos veíamos abocados. Una lucha a la que -pensaba – nadie iba a poder ser ajeno en territorio catalán (donde nadie, salvo los indigentes, podrían dejar de decidir a qué Administración pagar sus impuestos o ingresar sus cotizaciones a la Seguridad Social).

En relación con este conflicto y su resolución me parece oportuno recordar una enseñanza de Hans Kelsen. Para el célebre jurista austriaco, la cúspide de todo ordenamiento jurídico positivo la ocupa la constitución. El resto del ordenamiento se encuentra en una relación de dependencia lógica con la constitución en el sentido de que sólo son válidas las normas emanadas o los actos realizados por aquellos órganos investidos del correspondiente poder normativo o de decisión sobre una determinada materia por la propia constitución.

Ahora bien, por encima de esta validez determinada por un criterio puramente lógico, la vigencia de cualquier constitución y del ordenamiento jurídico derivado de ella presupone la existencia de una “norma fundamental” no escrita, que tiene un significado fáctico, y que no es otra cosa que la convicción por parte de los ciudadanos del país en cuestión acerca del carácter vinculante de su constitución.

De esta manera, la vigencia y la propia validez de un ordenamiento no es una cuestión puramente lógica, sino en último término fáctica. Depende de que esa constitución sea realmente vivida como vigente por la población del Estado correspondiente. O dicho de otra forma, la vigencia de un ordenamiento jurídico no se basa en una simple apreciación lógica, ni tampoco en la pura coacción, en la fuerza, sino más bien en la convicción; en el hecho de que la población se sienta obligada por ese ordenamiento, reconozca realmente su vigencia y actúe en consecuencia.

En esa hora difícil que atravesamos el pasado viernes, el quid de toda la cuestión se encontraba exactamente en este punto: en si la Constitución española y el ordenamiento que emana de ella iban a seguir siendo reconocidos como derecho vigente en el territorio y por la población catalana. Lo que en último término –como demostraron los tristes hechos acaecidos el 1-O- no es una cuestión de fuerza o coacción, sino de convicción, de convencimiento. En definitiva, porque es imposible imponer por la fuerza un ordenamiento a todo un pueblo.

Los acontecimientos han evolucionado tan rápidamente que las reflexiones que me tuvieron en vela durante la noche de ese viernes han quedado en gran parte superadas. No obstante, aunque el panorama se ha aclarado enormemente, creo que todavía conservan interés de cara a todo lo que todavía tenemos pendiente.

Lo que me planteaba entonces, en el mismo calor de la noticia de la declaración unilateral de independencia, y en relación con el mantenimiento o incluso la recuperación de esa aludida convicción (que parecía para muchos ya perdida), era lo siguiente.

Primero, que debíamos tomar conciencia de que este tema de la vigencia de nuestras leyes no es un asunto sólo de los jueces o de los policías. Por supuesto que los funcionarios públicos en general tienen un papel decisivo (como oportunamente señaló Elisa de la Nuez), pero es toda la población la que debía sentirse y estar implicada, tanto allí –donde se jugaba lo más difícil de la partida-, como en el resto de España. En todo este asunto, los primeros que debemos estar convencidos somos los españoles no catalanes. Y aquí es donde muchos, por absurdas y anacrónicas razones, flaqueaban y todavía siguen flaqueando.

En segundo lugar, la propia forma de proceder de los secesionistas -pese a sus bravatas, a sus solemnes escenografías y liturgias, y a su “la calle siempre será nuestra”- mostraba una muy escasa convicción acerca de la viabilidad fáctica de su proyecto. Así, esa declaración de independencia con la boca pequeña para inmediatamente proponer su suspensión, ese no saber si convoco elecciones o someto a votación la DUI, esas frenéticas idas y venidas por los pasillos, los retrasos en los plenos y en las comparecencias, hasta esa elocuente muestra de debilidad consistente en votar de forma secreta en un parlamento por temor a unas represalias que presuponen el propio fracaso de lo que estoy votando. También, seguir hablando de resistencia cívica a la aplicación de una norma del orden constitucional autonómico de nuestro Estado después de haber declarado formalmente –parece, porque no termina de estar claro (véase la estupenda explicación de Ignacio Gomá Garcés)- la independencia de su República. Como las inmediatas dudas explícitas sobre si concurrirían o no a unas elecciones autonómicas convocadas por el Presidente del Gobierno español. En definitiva, el problema de la nonata República Catalana no es la falta de reconocimiento internacional, sino que sus propios promotores y solemnes declarantes no se la terminan de creer, se han seguido moviendo en un terreno puramente simbólico y retórico.

Unos días más tarde, está claro ya que toda convicción por su parte ha desaparecido. Al día siguiente, las banderas españolas continuaban en sus astas en los edificios oficiales más emblemáticos, el jefe de los Mossos acataba su cese y el President estaba de paseo por Girona como si tal cosa, mientras se transmitía una declaración institucional pregrabada en la que había mucha queja por la aplicación del artículo 155, pero de la República Catalana poco o nada se oía hablar. Para el miércoles 31 ya estaban todos planificando su estrategia de participación en las elecciones autonómicas de diciembre. El estrambote final de la huida de medio Govern a Bruselas es algo que pertenece más al género de lo bufo que al de la tragedia histórica. No parece que aunque Puigdemont haya marchado a Flandes esté tratando de emular a un Horn o a un Egmont.

Y en tercer lugar y sobre todo, la idea de que en esta lucha de legalidades y de legitimidades (de momento pospuesta, por la asumida debilidad de uno de los contendientes), no sólo la inercia de una legalidad formal preexistente, sino también la razón y la justicia están claramente de una parte.

Así, ese desprecio por las formas y los procedimientos jurídicos y parlamentarios más elementales, ese prescindir de quorums y mayorías reforzadas para decisiones de la máxima gravedad, ese ninguneo de la oposición y de los dictámenes de letrados y secretarios, ese imponer a toda costa lo que se trae ya predecidido, ese cambiar sobre la marcha cualquier regla que ahora me resulta incómoda, ese protagonismo de organizaciones y sujetos ajenos a los cauces normales de la representación política, todo eso que habíamos presenciado en la fase final de aceleración del procés, incluso la abyecta instrumentalización de una manifestación ciudadana de dolor y repulsa por unos crímenes que nada tienen que ver con el asunto, no son algo casual o episódico, unas fricciones inevitables en toda crisis de sustitución de una legalidad por otra, sino más bien síntomas –por mucho que se la invoque- de una concepción enferma de la democracia y que delatan el verdadero rostro de la ideología que impulsa el proceso, es decir, el nacionalismo.

Una ideología “esencialista” y contraria a la idea de sociedad abierta, fundamentada en la radical distinción de naturaleza entre los de aquí y los de fuera (los verdaderos catalanes y los que no lo son). Una ideología egoísta e insolidaria; que practica un sempiterno victimismo, la identificación de un enemigo exterior al que culpar de todos los males propios, el señalamiento, el acoso y el aislamiento social no sólo del disidente sino del no entusiasta. Una ideología para la cual el fin justifica cualquier medio, en especial la mentira y la tergiversación sistemática de la realidad, el adoctrinamiento de los niños, la movilización total de la población, ancianos incluidos. Una ideología que justifica el empecinamiento en un proyecto ilusorio, el hágase la República aunque perezca el mundo, el sacrificio de la prosperidad y la tranquilidad de toda una generación en el altar de una anhelada patria redimida.

Todo esto es propio de esa enfermedad nacionalista a la que Stefan Zweig atribuyó las grandes catástrofes del siglo XX, y que hoy vemos con alarma rebrotar en forma de Brexit, de euroescepticismo, de partidos populistas y xenófobos que por toda Europa obtienen preocupantes éxitos electorales, de un personaje como Trump en la Casa Blanca,…

Saber que nuestra legalidad, la hasta ahora de todos, representa, con todas sus imperfecciones, exactamente lo contrario de todo esto debería ser la base última y más firme de nuestra convicción.

Y la gran y ardua tarea que tenemos pendiente, que va a requerir bastante más tiempo que el que resta hasta la inminente celebración de las elecciones autonómicas convocadas, es extender y asentar esta convicción en una amplia mayoría de la población catalana. Lo que supone exorcizar con la palabra y con la razón todos esos demonios, desintoxicar de esa ideología perversa no sólo a aquella casi mitad de la sociedad catalana que se identifica con la causa nacionalista, sino también a aquella otra afectada durante años por un grave síndrome de Estocolmo. Y esto, al tiempo, con una inteligente gestión de los sentimientos y las emociones removidas, porque hay ahora mucha frustración y rabia que tratar. Sin ceder en nuestra reafirmada convición, que no nos sigan viendo en esta hora como aquesta gent tan ufana i tan superba.

Manuel González-Meneses García-Valdecasas