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Coloquio. Estado de Derecho y COVID: necesidad o menoscabo de garantías y derechos fundamentales individuales

Continuamos con nuestros coloquios preguntando a los mejores expertos sobre cuestiones clave para el Estado de derecho, en la línea del trabajo que realizamos en nuestro blog y en nuestro videoblog.

La situación sanitaria, económica y social creada por la pandemia ha generado, como todos sabemos, una nueva legislación de urgencia, excepcional, en ocasiones contradictoria, que ha limitado derechos y libertades fundamentales. La limitación temporal de las normas excepcionales y las garantías legales que deben preservarse exigen de una valoración jurídica y un análisis técnico por parte de expertos. Desde Hay Derecho propiciamos un debate profundo, crítico y práctico sobre la legislación COVID y los derechos fundamentales afectados.

Para tratar estas cuestiones, el jueves, 10 de diciembre a las 19:00 tendrá lugar el coloquio “Estado de Derecho y COVID: necesidad o menoscabo de garantías y derechos fundamentales individuales, que podrá seguirse online a través de Zoom si se inscriben, y también de nuestro canal de Youtube.

Participarán en el coloquio Mariano Yzquierdo, Catedrático Derecho Civil UCM y Of Counsel Cuatrecasas; Carmen Muñoz, Profesora Titular Derecho Civil UCM; María del Sagrario Navarro, Profesora Derecho Titular (acred.) Derecho Mercantil UCLM; y Alfredo Muñoz, Profesor Derecho Mercantil UCM. Abogado. Modera nuestro patrono José Ramón Couso, socio de CECA MAGÁN Abogados.

Si tiene interés en asistir, se ruega acceder a Eventbrite pinchando en ESTE ENLACE , desde donde les remitirán el enlace a Zoom. Además, les animamos a incluir en su inscripción una pregunta que quieran que los ponentes traten durante el coloquio, teniendo en cuenta que éstas deben ser breves, concisas y sobre cuestiones generales. Los participantes en Zoom también podrán realizar preguntas en directo (no así desde Youtube).

¡Os animamos a compartir esta información con aquellas personas que puedan estar interesadas!

 

 

 

Queridos medios, que el gobierno no os quite la silla

Walter Lippman concluyó en su famoso tratado de 1922, Opinión Publica, que no existe un buen gobierno sin buena información. A su vez señalaba el gran problema, la falta de desarrollo a lo largo de la historia occidental de una «maquinaría de información» («machinery for reporting«) que pudiera servir a los gobernantes. Desde que Aristóteles estructuró los principios de buen gobierno en el siglo IV A.C. hasta comienzos del siglo XX, para Lippmann no se había producido apenas un avance informativo lo suficientemente efectivo.

Los medios de comunicación emergen mucho antes, en el siglo XVIII, como parte de la solución, pero con un número de deficiencias que les impedía convertirse en ese centro de inteligencia al servicio del buen gobierno que vislumbraba Lippmann. Sin embargo, la evolución de los medios de comunicación de masas en las décadas que siguieron sus reflexiones había alcanzado un grado considerable de sofisticación como para monopolizar el mercado de la información sobre los asuntos públicos.  En esa esfera pública de la segunda mitad del siglo XX convive un periodismo crítico y de calidad de los mejores medios de comunicación con una información manipulada al servicio de intereses corporativistas destinada a vender productos, servicios e, incluso, ideas políticas, como concluyó Jünger Habermas a principios de los 60 en su Historia Crítica de la Opinión Pública.

Actualmente, nos encontramos ante una esfera pública digital donde conviven la información que difunden los medios de comunicación, a veces de calidad, otras, manipulada, con la que generan millones de internautas así como grupos de interés públicos y privados a través de unas redes sociales que intermedian unos nuevos actores, las plataformas tecnológicas. Surge en este contexto digital el fenómeno de la desinformación cuya definición oficial en Europa es: “información falsa que se comparte con la intención de causar un daño” (Wardle, Dearkhshan. 2017)

Una Orden Ministerial aberrante desde la óptica constitucional

El auge de la desinformación está presentando uno de los riesgos más temidos de cualquier democracia constitucional: que el gobierno decida en nombre de sus ciudadanos qué es o no información veraz. Tenemos el mejor ejemplo aquí en España. Me estoy refiriendo concretamente al Procedimiento de actuación contra la desinformación que, para la sorpresa de españoles y europeos, aprobó el Consejo de Seguridad Nacional del actual gobierno vía Orden Ministerial el pasado 30 de octubre.

Esta Orden Ministerial ha caído como una bomba de relojería entre las asociaciones de la prensa en España porque critican abiertamente que no se haya incluido al sector en la relación de órganos que conforman una nueva estructura contra la desinformación dentro del Sistema de Seguridad Nacional. Y por supuesto también en Bruselas. “A qué viene esto ahora” se dice en los círculos de Bruselas, según el eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, al que entrevisté en su condición de vicepresidente de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea. “Los criterios establecidos por la Comisión y asumidos por el Parlamento es que tiene que haber una estrategia contra la desinformación con un criterio muy inclusivo: gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, usuarios, empresas tecnológicas.”

Además de fallar en el criterio inclusivo que siguen las instituciones europeas, la Orden Ministerial adolece de fallos de fondo serios. No delimita los conceptos, “información veraz” y “desinformación” y no establece un procedimiento concreto ni las correspondientes garantías. La Orden, por tanto, genera un sin fin de riesgos políticos y regulatorios que amenazan derechos nucleares en el buen devenir del Estado Constitucional, como el derecho a recibir y comunicar libremente información veraz, regulado en el artículo 20 de nuestra Constitución.

La doctrina y la jurisprudencia constitucional en derecho de información establece que los sujetos protagonistas de su ejercicio son los ciudadanos y los medios de comunicación, éstos últimos adquieren además un estatus de protección específico para poder desempeñar su función. La misma jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional ha ido delineando los elementos constitutivos de la veracidad a la que se habría de recurrir para resolver muchas de las cuestiones que hoy se plantean en torno a este delicado asunto.

Pero los medios están agónicos

El problema actual es que los medios de información en España se encuentran en una crisis de supervivencia sin parangón. Son muchas las razones. La crisis financiera del 2008, la revolución tecnológica, el cambio de modelo de financiación. Muchas. Y además sufren, en general, de un descrédito como institución (similar, por otro lado, al que sufre el gobierno y otras instituciones de nuestro Estado de Derecho). Una de las razones del descrédito institucional generalizado de nuestros medios es la falta de niveles adecuados de transparencia en la propiedad, en la gobernanza, en la financiación y en los criterios de producción y difusión de información veraz, su principal activo y servicio.

En el último Informe sobre el Estado de Derecho que publicó la Unión Europea el 30 de septiembre de este año, se subraya la falta de transparencia en la titularidad de los medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. Concretamente el informe, remitiéndose al Media Pluralism Monitor 2020, considera que “incluso para los expertos es difícil tener una idea clara y precisa de la titularidad de cada empresa.”

Es lo que llevamos insistiendo desde hace una década en la Fundación Compromiso y Transparencia a través del Informe de transparencia y buen gobierno sobre independencia y credibilidad editorial de los grupos de comunicación, un análisis integral de 21 medios de comunicación en relación a cómo estructuran su área de propiedad y de gobierno corporativo, cómo gestionan los riesgos derivados de la financiación tanto empresarial como institucional, cómo protegen la independencia de los periodistas en las redacciones y qué tipo de guías metodológicas existen para producir información veraz.

Entre las conclusiones de este año, que hicimos públicas el pasado martes, están las deficiencias en la configuración de la propiedad y del gobierno en los medios analizados, una gran asignatura pendiente de los propietarios de los medios en España. También está la total opacidad en relación con la publicidad institucional, que presenta el grave riesgo de que los medios queden supeditados a la voluntad del gobierno que les concede las ayudas. Un ejemplo ilustrativo: la Generalitat de Cataluña es el gobierno autonómico que más medios subvenciona, sobre todo los más próximos a la corriente independentista.

Nos guste o no, sin medios fuertes no hay verdadera democracia

El Informe compara estos pobres resultados con la excelencia que registran en estos ámbitos cinco empresas de medios líderes en el mercado del periodismo de calidad: el New York Times Co., News Corp., Guardian Media Group, The Economist Group y The Washington Post. Estas empresas están alcanzando un éxito tanto financiero como editorial porque han trabajado en su integridad y cuentan con la confianza de un número cada vez más creciente de lectores que buscan islas de conocimiento y de verdad en el mar de desinformación. Como dice el corresponsal del Guardian, Giles Tremlett, y colaborador de nuestro informe, “hacer buen periodismo, nada más, funciona”.

En el informe indico que las palabras clave en el negocio informativo en estos momentos son “desinformación” y “suscripción”. A mayor desinformación, mayor necesidad de los lectores e internautas más cualificados de suscribirse a medios de calidad. Pero para lograr eso, la transparencia y el buen gobierno son imprescindibles para reforzar la credibilidad institucional.

Como dice uno de los mayores expertos en propiedad de los medios, el profesor de la Universidad de Navarra Angel Arrese, y colaborador del Informe, “si se tira la toalla en este empeño, las alternativas no son muy halagüeñas: que el periodismo quede en manos de los gigantes tecnológicos, como alertaba recientemente The Economist (Should big tech save newspapers? 17 de octubre de 2020); que los Estados intervengan el sector de los medios ante la incapacidad del mercado para producir buena información (directamente, como ya desean muchos políticos, o indirectamente mediante ‘salvadoras’ subvenciones); o que lo que una vez llamábamos periodismo quede diluido en un caos de desinformación, (mis)información e información maliciosa (mal-información).”

Hay esperanza en España gracias a determinados editores, de inclinación ideológica dispar, pero con firme vocación periodística y de independencia. Uno sería Ignacio Escolar, el editor de Diario.es, un medio que apuesta fuertemente por construir transparencia con sus lectores, y otro Fernando de Yarza, el propietario del Grupo Henneo y Presidente de la WAN-IFRA, la Asociación Mundial de Editores. Concretamente De Yarza, que intervino en la clausura del acto de presentación del Informe explicó su “receta del periodismo futuro, que tiene que darse bajo tres parámetros: periodismo de calidad, independencia y sostenibilidad económica y transparencia”.

Real Decreto-Ley 32/2020. ¿El principio del fin de la discriminación de los profesionales taurinos?

Introducción

El BOE del 4 de noviembre de 2020 ha alumbrado un nuevo Real Decreto-ley (RDL 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural) que, aunque sólo sea parcialmente, viene a corregir la injustificable discriminación en materia de desempleo sufrida por los profesionales taurinos desde el inicio de la pandemia. Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, allá por el mes de marzo, han sido numerosas las normas promulgadas por el Ejecutivo tendentes a paliar el negativo impacto que el COVID-19 ha tenido sobre el empleo porque – en palabras del Gobierno – «había que ampliar el escudo social para no dejar a nadie atrás» (sic).

Por motivos exclusivamente ideológicos, los profesionales taurinos han sido preteridos de forma sistemática en los sucesivos Reales Decretos, negándoles la protección que se ha dispensado al resto de trabajadores. Tanto los trabajadores por cuenta ajena, autónomos y trabajadores del mar (RDL 8/2020), como  los empleados del hogar ( RDL 11/2020), los trabajadores agrarios (RDL 13/2020), o los artistas en espectáculos públicos –  ámbito del que artificiosamente se ha excluido a los profesionales taurinos – (RDL 17/2020), entre otros colectivos, han visto reconocido y ampliado su derecho a la protección por desempleo desde la inicial declaración del estado de alarma, mientras que a los profesionales taurinos se les ha condenado al absoluto desamparo prestacional. ¿Existe algún motivo para esta desigualdad de trato distinto de la discriminación por motivos culturales o ideológicos?

Antecedentes

La especificidad de la actividad taurina exige una sucinta contextualización del régimen jurídico de la prestación por desempleo de los profesionales taurinos. Con ánimo de ser más ilustrativo que exhaustivo, se hace necesario significar que las especiales características de la relación laboral de estos profesionales, así como la estacionalidad de la actividad taurina, motivan que la prestación por desempleo tenga importantes diferencias prácticas respecto a los trabajadores que tienen una relación laboral común.

Si bien la duración de la prestación por desempleo de los profesionales taurinos – al igual que para el resto de trabajadores –  está en función de los días cotizados inmediatamente anteriores a encontrarse en situación de desempleo, la nula actividad taurina en invierno hace que durante el mismo se consuma la totalidad de la prestación por desempleo. Como es notorio, la temporada taurina abarca aproximadamente el periodo comprendido entre febrero/marzo hasta el mes de octubre. Durante ese lapso de tiempo, los profesionales taurinos actúan en los distintos espectáculos, perciben sus retribuciones y cotizan por ellas a la Seguridad Social. Es a partir de la conclusión de la temporada española (según se dijo, en torno al mes de octubre) cuando pasan a situación legal de desempleo al cesar su actividad, percibiendo desde ese momento la prestación por desempleo que, en el mejor de los casos, se extenderá hasta el inicio de la nueva temporada.

Por tanto, en torno al mes de marzo de 2020, los profesionales taurinos agotaron su prestación por desempleo, momento en el que hubieran reiniciado su actividad de no haber mediado las prohibiciones y limitaciones vigentes desde entonces con motivo de la declaración del estado de alarma. Es decir, desde la primavera y hasta la fecha, los profesionales taurinos se encontraban en una absoluta situación de desamparo asistencial, pues, de un lado, no percibían retribución alguna por una actividad profesional que no podía desarrollarse por causa de fuerza mayor; y de otro, no tenían derecho a la prestación por desempleo por haberla agotado durante el invierno. A mayor abundamiento, la situación hubiera sido más dramática – si cabe – de haberse perpetuado la orfandad asistencial, pues la antedicha imposibilidad de organizar espectáculos taurinos implica que durante el año 2020 los profesionales taurinos no coticen a la Seguridad Social, extendiéndose las consecuencias de dicha “laguna” en la cotización hasta el año 2021, en la perspectiva más optimista.

Idéntica problemática se suscitaba respecto a la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos (que diferenciaré de los profesionales taurinos únicamente a efectos dialécticos), y que fue corregida mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 17/2020, de 5 de mayo,  por el que se aprobaron medidas de apoyo al sector cultural, entre las que se encontraban unas específicas disposiciones que ampliaban la protección por desempleo por causa del COVID-19 al colectivo de artistas. Con una ambigüedad calculada, el referido RDL 17/2020 omitía cualquier referencia expresa a los profesionales taurinos, si bien dicho silencio – lejos de poder ser interpretado como una involuntaria omisión – se reputó inmediatamente como una denegación de las ayudas a los profesionales taurinos.

El Servicio Público de Empleo Estatal fue rechazando la totalidad de las prestaciones solicitadas por los profesionales taurinos aduciendo, de forma tan escueta como injustificada, la inaplicabilidad del tan citado RDL17/2020 a dichos trabajadores. Esta decisión administrativa (tan rayana en lo arbitrario que ha motivado la investigación del director provincial del SEPE en Sevilla por un presunto delito de prevaricación) provocó la inmediata reacción de la Fundación del Toro de Lidia y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles, abanderados de las justas reivindicaciones de los profesionales taurinos en esta materia, y que ha tenido como fruto el reconocimiento a los profesionales taurinos de una prestación extraordinaria por desempleo por motivo del COVID-19.

El artículo 4 del RDL 32/2020. ¿Borrón y cuenta nueva?

Como se ha enunciado, el RDL 32/2020 establece (art. 4) una prestación por desempleo para los profesionales taurinos que, si bien supone una mejora respecto a la situación precedente, dista mucho de disipar las fundadas sospechas de discriminación por razones ideológicas y culturales que se infieren de la actuación del Gobierno en esta materia. Más allá de determinados tics de estilo que traslucen esa animadversión por lo taurino (p.ej. la proliferación en el referido art. 4 de innecesarios adjetivos como “extraordinario”,” excepcional” o “transitorio” referidos a la eventual vigencia de la prestación), se reconoce a los profesionales taurinos – hasta el 31 de enero de 2021 – un prestación por desempleo por un importe de 735 euros mensuales, en lo que no deja de ser, en lo sustancial, un trasunto de la preexistente prestación por desempleo a favor de los artistas en espectáculos públicos.

Entonces, ¿por qué ese celo gubernamental en distinguir entre ambos colectivos? Dos son, a mi juicio, las razones que inspiran la diferenciación. De un lado, una postura altamente ideologizada de la que se colige una voluntad en perpetuar un peor “trato jurídico” a los profesionales taurinos; y de otro, obstaculizar la estimación de los cientos de demandas que penden en los juzgados de lo social con motivo de las denegaciones llevadas a cabo hasta la fecha por el Servicio Público de Empleo. Pese a que la propia Exposición de Motivos del RDL 32/2020 reconoce que “ los profesionales taurinos se vieron afectados inicialmente por la suspensión de las actividades (…) y les ha dificultado, por ende, trabajar y cotizar lo necesario para generar derecho a las prestaciones por desempleo”, se ha evitado retrotraer los efectos de la prestación ahora reconocida al momento en el que sí se concedió a los restantes artistas, lo que no deja de ser una absoluta contradicción que, una vez más, deja al descubierto el verdadero trasfondo de estas incoherencias.

Pese a todo, entiendo que existe suficiente aval jurídico para que puedan ser estimadas las demandas de los profesionales taurinos y les sea reconocido su derecho a percibir, desde el mes de marzo, la prestación por desempleo en idénticas condiciones que los demás artistas. Se arguye por el Servicio Público de Empleo Estatal que el colectivo de profesionales taurinos no estaba incluido en el ámbito de aplicación del RDL 17/2020, decisión que, sin perjuicio del superior criterio de los respectivos Juzgados de lo Social, bien pudiera calificarse como no ajustada a derecho.

En primer lugar, una interpretación teleológica de la norma ampararía su aplicabilidad a los profesionales taurinos, pues la exposición de motivos del RD 17/2020 reconoce que “entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la cultura. El conjunto de los espacios culturales y escénicos se ha visto absolutamente paralizado, lo que ha abocado a sus profesionales a una drástica pérdida de ingresos y a una situación crítica, dada su fragilidad estructural (…) Por todo ello, es necesario garantizar la supervivencia de las estructuras culturales, y de los trabajadores y empresas que se dedican al sector, para así hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura”. En este sentido, indubitado resulta la naturaleza cultural de la actividad taurina al amparo, entre otras disposiciones, de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural; o la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2016, de 20 de octubre, que dispone la preservación de la Tauromaquia como patrimonio cultural e impone a los poderes públicos el deber de garantizar la conservación y promover su enriquecimiento.

 En segundo lugar, acudiendo a un criterio de interpretación sistemático, la integración de los profesionales taurinos dentro del colectivo de artistas en espectáculos públicos es una cuestión jurídicamente reconocida de manera pacífica. Así, los profesionales taurinos están incluidos en la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos que prevé el art. 2.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, así como el RD 1435/1985 que regula la especial relación laboral de los artistas. Concretamente, el RD 1435/1985 contempla una regulación no exhaustiva referida sólo a aspectos susceptibles de tratamiento unitario, dejando a la negociación colectiva su desarrollo y concreción (art. 12), como ocurre con los profesionales taurinos y el Convenio colectivo nacional taurino (BOE 15/1/15).

En tercer lugar, idéntica conclusión debe alcanzarse si acudimos a un criterio interpretativo literal, ya que el art. 1.3 del tan citado RD 1435/1985 menciona en su ámbito de aplicación las actividades artísticas en plazas de toros. Asimismo, el art. 12 alude a la aplicación de la Reglamentación para el Espectáculo Taurino, remisión que ahora debe entenderse realizada al Convenio colectivo nacional taurino.

En cuarto lugar, si atendemos a los antecedentes históricos y legislativos (criterio interpretativo histórico) encontramos un nuevo argumento que refuerza lo expuesto con causa en el propio RDL 17/2020. Según su art. 2, para acceder de manera extraordinaria a la prestación por desempleo se establecen como requisitos los del art. 266 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), exceptuando la exigencia “de estar incluido en el Régimen General de la Seguridad Social en los términos previstos en el artículo 249 ter de la LGSS ni al tiempo de solicitar la prestación ni durante su percepción “.

El citado art. 249 ter de la LGSS, que regula la inactividad de artistas en espectáculos públicos incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, fue introducido por el art. 4 del RDLey 26/2018 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, a fin de poder permanecer dentro de la acción protectora de Seguridad Social en los períodos de inactividad. Concretamente su exposición de motivos indica que la  “… finalidad última es intentar adecuar el régimen regulatorio aplicable a las especialidades del trabajo artístico, que se caracteriza por una intermitencia, heterogeneidad e inestabilidad mucho más acusada que en otros sectores (…) se pretende mejorar las condiciones de todos los trabajadores de la cultura, adecuando la normativa que le es de aplicación a las especialidades del sector cultural, y en especial, a su carácter intermitente”.

Los profesionales taurinos están plenamente identificados en esta exposición de motivos, no solo por el hecho de estar incluidos en el régimen especial de artistas en espectáculos públicos, sino porque, al igual que el resto de colectivos de este régimen especial (y por eso es especial), están sometidos en su trabajo a esa “intermitencia” e inestabilidad” inherente a una actividad profesional que desarrollan mediante contrataciones esporádicas, aisladas y previamente indefinidas, muy  lejos de caracterizarse por la habitualidad de la jornada de trabajo propia de una relación laboral ordinaria.

A idéntica conclusión aboca la coexistencia en nuestro ordenamiento jurídico laboral de otras normas que dotan de idéntico tratamiento a ambos colectivos (taurinos y artistas en espectáculos públicos), hasta el punto de que la evolución normativa ha tendido precisamente a la unificación. Así, en el ámbito de la Seguridad Social, la inicial regulación diferenciada entre los artistas (Decreto 2133/1975 por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Artistas) y  los profesionales taurinos (RD 1024/1981, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Toreros) fue superada con la promulgación del RD 2621/1986, que integró los Regímenes Especiales de la Seguridad Social de Trabajadores Ferroviarios, Jugadores de Fútbol, Representantes de Comercio, Toreros y Artistas en el Régimen General. En la misma línea, el art. 3 del RD 2622/1986 por el que se regula la protección por desempleo de los jugadores profesionales de fútbol, representantes de comercio, artistas y toreros, integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, establece la misma regulación indiferenciada para ambos colectivos (artistas y toreros).

Esta voluntad del legislador de identificar sendos colectivos se ve incluso más nítida en la regulación de la prestación por desempleo de los heterogéneos colectivos destinatarios del RD 2622/1986, que únicamente se aparta de la normativa común de desempleo por dos especialidades (la duración de la prestación y el cálculo de la base reguladora.) que extiende en común tanto a artistas como a toreros. Por último, y según se dijo, hasta la propia prestación ahora reconocida a los profesionales taurinos al amparo del RDL 32/2020 es similar a la dispuesta para los artistas en virtud del RDL 17/2020.

En quinto lugar, la doctrina jurisprudencial también ha corroborado la identidad de ambos colectivos, pudiendo destacarse, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de junio de 1999 (Rec. 3755/1998) que literalmente reconoce que “el sector profesional o de actividad de que se trata [ la taurina], viene determinado por el establecimiento y desarrollo de relaciones laborales especiales, reguladas en el Real Decreto de 1 de Agosto de 1985, núm. 1435/85”; o la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede Sevilla), de 13 de febrero de 2003 ( Rec. 3948/2002).

En sexto lugar – y en menor medida por no gozar de la condición de fuente del derecho como la ley, ni ser complemento del ordenamiento jurídico como la jurisprudencia – el Defensor del Pueblo ha concluido en el mismo sentido, al elevar  una recomendación al Ministerio criticando la “interpretación restrictiva y poco ortodoxa” esgrimida para negar la prestación por desempleo a los profesionales taurinos, instando el  reconocimiento de su derecho.

Y, finalmente, por un criterio tan lógico como contundente. Una interpretación distinta a la expuesta supondría, de facto, que los profesionales taurinos estuvieran en un “limbo jurídico”, al carecer de regulación legal. Es evidente que – más allá de otras connotaciones históricas – una actividad como la taurina siempre ha tenido una específica regulación laboral, sin que resulte admisible que ahora, por arte de birlibirloque, quede extramuros del ordenamiento jurídico laboral.

A modo de (triste) conclusión

El derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española no implica en todos los casos un tratamiento legal igual, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el precitado art. 14. Ahora bien, constatada una diferencia de trato entre situaciones que puedan considerarse iguales, habrá que ponderar si existe una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas.

Para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, también es exigible  que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos. En resumen, por boca del Tribunal Constitucional (por todas, las sentencias 104/2004, de 28 de junio, y 112/2017, de 16 de octubre) “el principio de igualdad, no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida”.

Enfrentando la antedicha doctrina constitucional a los argumentos expuestos en el presente análisis que doy por reproducidos, podemos afirmar que la denegación de la prestación por desempleo acordada por el Gobierno («seguimos órdenes», han manifestado la portavoz del Servicio Público de Empleo y su director provincial en Sevilla ) consuma una discriminación a los trabajadores integrados en el colectivo de profesionales taurinos, único sector excluido hasta el 5 de noviembre de 2020 (fecha de entrada en vigor del RDL32/2020) de la protección por desempleo por causa del COVID-19. Las desafortunadas declaraciones de varios ministros en contra de todo lo que suene a tauromaquia relevan de complejas disquisiciones acerca del porqué de esta desigualdad de trato. En cualquier caso, el silogismo al que aboca el Gobierno tiene una irrebatible  conclusión: si todos los trabajadores excepto los taurinos han gozado de protección por desempleo, la condición taurina es el motivo de la discriminación.

Los incómodos controles del poder democrático

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aprobó una legislación que, bajo la justificación de luchar de forma más eficaz contra la amenaza terrorista, permitía eludir los controles sobre los derechos fundamentales ligados a la privacidad y a la confidencialidad de las comunicaciones. La nueva legislación reducía el control jurídico y legal del que hasta ese momento habían gozado. Esa legislación, la Patriot Act, fue aprobada por una abrumadora mayoría tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado estadounidense para después ser promulgada por el presidente de los Estados Unidos George W. Bush el 26 de octubre de 2001. El objetivo de esta ley era ampliar la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses.

Pocas voces dentro de Estados Unidos se alzaron para cuestionar esta ley. Solo se escucharon voces discrepantes en diversas organizaciones de Derechos Humanos que cuestionaban la restricción de libertades y garantías constitucionales que suponía para los ciudadanos, tanto estadounidenses como extranjeros.

El verdadero alcance de esa ley no se conoció hasta que se produjeron las revelaciones de Snowden en el año 2013. Snowden no descubría nada nuevo al revelar que las agencias de inteligencia americanas realizaban una intensa labor de espionaje en las redes (en Internet). La verdadera revelación fue el carácter masivo y apoyado por la tecnología de las actividades de vigilancia de los contenidos de Internet. Lo que quitó el velo de la inocencia a los ciudadanos fue comprobar que la tecnología permitía no una vigilancia selectiva y específica a personas sospechosas, como había sido a lo largo de toda la historia del espionaje (aunque solo fuera por cuestiones de coste), sino una vigilancia masiva y a toda la población. La tecnología permitía almacenar y analizar toda la información que circulaba por Internet.

Las revelaciones de Snowden también sacaron a la luz la amplia colaboración de las grandes empresas tecnológicas en estas labores de vigilancia apoyadas por la tecnología, lo que desencadenó airadas reacciones. Las tecnológicas trataron de recobrar la confianza de sus usuarios adoptando una mayor exigencia de transparencia y control al gobierno en el uso de esta información e introduciendo el cifrado en todos sus servicios como mecanismo de protección de la privacidad.

El debate sobre privacidad y seguridad es un debate apasionante que se ha extendido a lo largo de muchos años. En aquellos años, tras las revelaciones de Snowden, normalmente se asociaban posiciones de ideología más conservadora a aquellas personas que apostaban por la seguridad, sacrificando el derecho a la privacidad. Las posiciones más progresistas defendían el derecho a la privacidad, aún cuando supusiese limitar la capacidad de lucha contra el terrorismo.

He dado en varias ocasiones cursos en que planteo esta disyuntiva a alumnos de máster (de alrededor de los 23 años). Siempre congratula ver que muchos de ellos consideran que esos derechos deben ser preservados, aunque sea una decisión difícil. En muchas ocasiones abuso de la demagogia y les planteo situaciones que les pueden afectar directamente: «¿qué opinarías si hubiesen secuestrado a un familiar tuyo y localizar al secuestrador dependiera de que el fabricante del dispositivo colaborase para descifrar el móvil del secuestrador?». La mayoría mantienen sus posiciones, incluso ante estos planteamientos tan poco honestos.

La lucha contra el terrorismo se mostró como una excusa perfecta para limitar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y llegó el año 2020, y nos enfrentamos a una pandemia. Al inicio de la misma, en el mes de Marzo, Harari, el autor de Sapiens, publicó un renombrado artículo en el Finantial Times bajo el título The world after coronavirus. En él Harari ya advertía que, si el terrorismo había sido una excusa perfecta, un problema de salud pública como una pandemia lo era aún más. Y la pandemia combinada con el uso de la tecnología podía abrir un escenario de autoritarismo de difícil reversión. En las últimas semanas Harari ha reforzado este argumento con diversos artículos ante la preocupante evolución de los acontecimientos.

La aprobación la pasada semana de un estado de alarma en España bajo la excusa de la lucha contra la pandemia es un ejemplo del riesgo de la situación. Hay varios elementos especialmente tristes y preocupantes. Si, frente al terrorismo, las fuerzas que se definían como más progresistas se alinearon en defensa de los derechos fundamentales, frente a la supresión de los controles legales y judiciales para restringir estos derechos, hemos visto cómo en España estas fuerzas identificadas como progresistas se han alineado en sentido contrario. A todas estas fuerzas les ha parecido extraordinariamente natural arrollar derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación y también el de libertad de reunión, mediante la aprobación de un estado de alarma sin control parlamentario, en aras de un bien superior como es la lucha contra la pandemia. Incluso han considerado inexplicable que otras fuerzas se hayan opuesta a esa medida. ¡Donde quedaron los recuerdos sobre lo que sucedió en el año 2001 en la lucha contra el terrorismo! En estas situaciones uno siempre tiende a recordar la frase de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

No puedo pensar en una decisión más profundamente contraria a los principios básicos de la democracia que otorgar un estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario. Aún no puedo entender en qué podían estar pensando todos los parlamentarios que no se opusieron a una medida tan profundamente contraria a los principios democráticos. Aún más triste resulta ver cómo a todo aquél que expresa esta opinión se le acusa de no querer luchar contra la pandemia. Aún más impactante ha resultado escuchar a una consejera de un gobierno autonómico afirmar que no tienen tiempo que perder identificando el instrumento jurídico adecuado para restringir derechos fundamentales cuando están luchando contra la pandemia. ¡Los incómodos instrumentos jurídicos que protegen los derechos fundamentales en las democracias! Las veces que habremos escuchado estos argumentos en la lucha contra el terrorismo y las veces que nos habremos arrepentido.

El caso resulta aún más singular y paradójico cuando muchas de las personas que ven natural la aprobación de un estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario se escandalizaron cuando se planteó realizar una aplicación informática para el rastreo de contactos que podría invadir la privacidad de los ciudadanos mediante el uso de la geolocalización. Paradójico. A la sociedad española le parecía un escándalo el uso de una tecnología que violaba su privacidad mediante el rastreo de su posición, pero le parece muy apropiada una medida que limite su movilidad. Mejor que me prohíban moverme que permitir saber por dónde me he movido. Para mí es incomprensible. El nivel de cinismo e hipocresía de la sociedad española ha alcanzado una cota de difícil comprensión.

Bajo el título de Libertades civiles en tiempos de crisis el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos ha publicado un trabajo realizado por Marcella Alsan y otros cinco investigadores, basado en 370.000 encuestas realizadas en 15 países (entre ellos España) entre marzo y octubre de este año. El estudio muestra que muchas personas están dispuestas a ceder sus derechos y libertades a cambio de una mejor lucha contra la pandemia. Eso lo hemos comprobado en España. Según el estudio, la libertad que más se desea preservar es la privacidad, seguida de los procedimientos democráticos. No estoy seguro de que el resultado del estudio sea muy coherente con lo visto en España, pero algo de luz arroja. Por supuesto, si una persona se ha visto afectada por el virus, su tendencia a renunciar a sus libertades es mayor.

La aprobación del estado de alarma es un síntoma preocupante. Cuesta mucho hacer comprender que la democracia es mucho más que votar en las elecciones cada 4 años. Que votaciones ha habido en todos los regímenes, incluso en las dictaduras. Que es esencial el contrapeso del poder y la separación de poderes. Que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Que sin contrapesos y sin separación de poderes no hay democracia.

Y dada la escasa reacción por parte de la sociedad civil ante el atropello que se perpetró en el congreso con la aprobación del estado de alarma sin control parlamentario uno empieza a pensar que, en estos tiempos, las democracias mueren en silencio.

COLOQUIO: El Estado de derecho ante el nuevo estado de alarma

Nuevo coloquio organizado por la Fundación Hay Derecho para debatir sobre el nuevo estado de alarma, declarado el pasado 25 de octubre de 2020. En él debatiremos sobre las dudas que pueda generar sobre su necesidad, sobre la duración de la prórroga, sobre la delegación en las Comunidades Autónomas y sobre el ejemplo de otros países. Intervendrán:

– Germán Teruel: Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia

– Mercedes Fuertes. Catedrática de Derecho administrativo en la Universidad de León.

– Ignacio Gomá. Notario y presidente de la Fundación Hay Derecho

– Elisa de la Nuez Secretaria General de la Fundación Hay Derecho

Modera

– Rodrigo Tena. Notario y editor de Hay Derecho

 

Es imprescindible registrarse para asistir, momento en el que podrán hacernos llegar alguna pregunta breve que quieran que se trate durante el coloquio. El registro se realiza a través de ESTE ENLACE.

Podrán seguir el evento en nuestra cuenta de Youtube. También podrán acceder vía Zoom, cuyo enlace recibirán en su correo al registrarse. ATENCIÓN: EL ENLACE APARECE AL FINAL DEL CORREO.

Sánchez anuncia que detiene la reforma del CGPJ

Pedro Sánchez anunció este medio día la congelación de la reforma que modificaba el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. El motivo que fuentes del PSOE alegan a EL ESPAÑOL es que han entendido la posición de Casado durante la moción de censura como “muy constructiva”, reabriéndose con ello las vías de diálogo para la renovación del CGPJ.

Las palabras del presidente del Gobierno durante el debate por la moción de censura han sido las siguientes: “Señor Casado, renovemos el Poder Judicial, renovemos el Defensor del Pueblo, renovemos el Constitucional. Le anuncio que por nuestra parte vamos a detener el reloj de la reforma del CGPJ para poder llegar a un acuerdo con ustedes”

Desde la Fundación Hay Derecho nos alegramos de que se pare esta proposición de ley, que encendió todas nuestras alarmas ante la perspectiva de una aún mayor degeneración de nuestro Estado de derecho y de la separación de poderes. De hecho, desde la Fundación hemos promovido este manifiesto (disponible aquí) en defensa de la separación de poderes, que supera ya las 7000 firmas y que aún podéis firmar.

En todo caso, no paramos la campaña, pues el propio presidente ha hablado de “detener el reloj”, y no de su retirada. Nos sigue preocupando además que pueda no percibirse aún la gravedad de esta propuesta como “solución” al injustificable bloqueo en la elección del CGPJ. Un desastre no puede solucionarse con otro desastre. Tampoco consideramos que sea una solución repartirse los cromos entre más partidos; nuestro objetivo es y será que dejen de repartirse.

Además, como se ha podido ver en las encuestas, el mensaje de que es legítimo que una mayoría absoluta elija al gobierno de los jueces ha calado entre una parte importante del electorado de los partidos de la coalición gobernante. Incluso si todo hubiera sido una estratagema, esta propuesta ya ha supuesto por ello costes incalculables en nuestra cultura democrática. Esto, por no hablar de los costes en la imagen pública de España ante el resto de Europa.

Por ello, desde la Fundación vamos continuar con nuestra campaña, empezando por lanzar unos vídeos explicando la importancia de la separación de poderes. Además de pediros que nos ayudéis a difundirlos por TWITTERFACEBOOK, LINKEDIN o entre vuestros contactos por correo o Whatsapp, queremos solicitaros vuestra ayuda en otras tareas:

  1.  Queremos ponernos en contacto con medios de comunicación europeos que se puedan hacer eco de esta campaña. También queremos contactar con las instituciones de la Unión Europea (en particular, con la Comisaría de Justicia). Y también informaremos a las asociaciones de juristas europeos. Si tiene usted algún contacto en alguno de estos grupos, nos vendría muy bien conocerlo.
  2. También nos gustaría saber qué juristas han estado respaldando o validando con argumentos técnico-jurídicos esta propuesta de forma pública, de forma que podamos contestar los argumentos con argumentos. En este sentido, contamos con su colaboración para recopilar artículos, otras intervenciones en medios y eventos o, simplemente, sus nombres.
  3. Le pedimos, por último, que nos envíe un correo a info@fundacionhayderecho.com para colaborar activamente con esta campaña. Y también que anime a sus contactos más comprometidos con la salud de nuestro Estado de derecho a contactarnos.

Sólo una sociedad civil comprometida puede conservar su libertad. Gracias por toda vuestra colaboración.

La salud del Estado de Derecho: entre el informe de la UE y la moción de censura

Los acontecimientos políticos de los últimos tiempo hacen que sea lícito plantearse si nuestro Estado de Derecho y, por ende, nuestra democracia, están en peligro.

Para intentar responder a esta pregunta quizá sea útil echar mano del reciente Informe a escala europea sobre el Estado de Derecho 2020 publicado por la Comisión Europea, que es una de las iniciativas del programa de trabajo de la comisión para 2020 y que forma parte del mecanismo europeo global sobre el Estado de Derecho anunciado en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyden. Sin duda, es una iniciativa loable y útil pues, como destaca la propia mencionada presidenta, “el Estado de Derecho protege a las personas frente a la ley del más fuerte”, que es la idea básica que se defiende por este blog, al punto de destacar que no puede existir una verdadera democracia sin Estado de Derecho, como específicamente se señala al principio del informe general: “Ninguna democracia puede prosperar sin tribunales independientes que garanticen la protección de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, ni sin una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres y pluralistas”.

Cabe destacar la definición de Estado de Derecho, que ilustra la imagen de este post, y me permito destacar de ella como elementos indispensables los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley.

 El trabajo comprende un informe general de la UE y un capítulo sobre cada país. A los efectos del comentario que voy a hacer son importantes dos datos: 1) El análisis se centró en cuatro pilares principales: el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios. 2) La metodología: básicamente se ha realizado con entrevistas y comunicaciones de entidades oficiales e institucionales. Al final del informe español se puede comprobar a quién han consultado.

¿Y cuál es la valoración que recibe nuestro país en “Estado de Derecho? Como se puede apreciar rápidamente en el resumen inicial, el sistema judicial español se enfrenta a “desafíos de eficiencia”, “preocupa la situación del CGPJ…porque sigue pendiente el nombramiento de sus nuevos miembros”, y la relación entre el Fiscal y el gobierno, aunque el uso de medios tecnológicos está bien asentado en el sistema judicial (¿?). Por otro lado, al parecer, “España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción e sus dimensiones preventiva y represiva”. En cuanto a la los medios de comunicación, la televisión y la radio están sujetos a requisitos de transparencia de su titularidad pero no en los medios de comunicación impresos. Finalmente, dice que el proceso legislativo comprende una serie de garantías de transparencia y prevé la participación de las partes interesadas en la consulta. Dice que la facultad del gobierno de promulgar decretos leyes está sujeta al control de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional

Se trata de un informe oficial de la siempre circunspecta y burocrática Unión Europea Pero ¿refleja la percepción nacional del estado de salud del rule of law en España? Desde luego, en mi caso, la percepción es menos neutra que la de la UE. Quizá ello pueda deberse a dos cosas: por un lado a que el informe se ha centrado en varios pilares concretos (los que hemos mencionado más arriba) y quizá no se han tenido en cuenta otros que son también importantes; por otro lado, porque al parecer dicho informe se ha basado en las normas formales –lo que está escrito, lo que debe ser- y no en las informales –los usos democráticos, la aplicación real de la norma- con lo cual no percibe lo realmente vivido.

En cuanto a lo primero, diría que una de los flancos más débiles de nuestro Estado de Derecho es que la ley no se aplica por igual en todos los territorios de la nación. Claro que hay tutela judicial efectiva, pero luego algunas leyes y algunas sentencias no se cumplen: véase las relativas a las lenguas en ciertas comunidades autónomas. No hablo ya del proceso secesionista catalán, que sigue sin resolverse, salvo en el aspecto penal (y ya veremos), pero que ha evidenciado con brutalidad un grave déficit de nuestro sistema constitucional, no en la norma, pero sí en su aplicación, generando una ejemplaridad negativa muy perniciosa-

En cuanto a lo segundo, las normas informales, quizá la crítica principal al informe es que no aprecia que si bien el diseño del entramado institucional establecido por la Constitución se encuentra al nivel de cualquier otra democracia europea, no ocurre lo mismo con los usos o valores democráticos y las prácticas políticas concretas. La enorme relevancia conferida a los partidos por el sistema electoral y la ausencia de una ley de partidos que regule su estructura ha producido un fenómeno de concentración de poder en la cúpula de aquéllos que lleva a primar la lealtad de diputados, cargos públicos, y hasta altos funcionarios sobre la eficacia y la rendición de cuentas ante el votante. Esa concentración de poder, que por su naturaleza tiende a abusar, se evidencia en la evolución de diversas instituciones desde la transición. El Parlamento, aherrojado por la correa de transmisión de los grupos parlamentarios y la disciplina de voto no es ya foro de discusión y descubrimiento de lo mejor por el socrático modo del cambio de impresiones y la negociación, sino rodillo amasador de quien disponga de votos suficientes para imponer sus consignas y argumentario coyunturales. Hay que remontarse muy atrás para recordar acuerdos en utilidad para todos.

Es más, el uso del Decreto Ley, que se valora positivamente en el informe UE, es más abuso que uso, excediéndose con frecuencia de los momentos de urgencia y necesidad para ser simplemente un instrumento de evitación de debate. Por su lado, el Consejo General del Poder Judicial, tristemente hoy en el candelero, no ha sido desde 1985 el órgano imparcial de administración de este poder, sino un colocadero político en función de las mayorías parlamentarias que, complementado con instituciones como las de los aforamientos, blindan a la clase política de los riesgos de su desempeño, alejándolos del ciudadano y de sus responsabilidades.

De las instituciones controladoras de la vida política no se puede decir otra cosa que la necesaria transparencia, independencia y rendición de cuentas se ven, con meritorias excepciones, capitidisminuidas por el hecho incontrovertible de que son los controlados quienes designan a los controladores, a discreción e impunidad. Por supuesto, este deterioro de la democracia liberal no es exclusivo de España, pero aquí, quizá por nuestra bisoñez, inexperiencia e inmadurez políticas, se vive con una mayor profundidad. Como la mismísima pandemia.

Estas son las cosas que llevamos diciendo en Hay Derecho, este año hace diez. Y creemos que la ciudadanía es más consciente de todo ello, por supuesto; e incluso cabe decir que la aparición de nuevos partidos ha tenido que ver con el agotamiento de un determinado modelo político. Sin embargo, y sin entrar en causas y culpas, parece claro que el cambio en el escenario político no ha redundado en una mejora del clima político, en moderación y mejora de las instituciones, sino que se ha acentuado la polarización y deterioro ya existente.

Quizá conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria, simplemente de los últimos tiempos: en el gobierno anterior, la corrupción, nunca asumida ni depurada en el partido, enfangó todas las instituciones; en el actual, que es el que hoy interesa, se nombra a Delgado Fiscal General del Estado, a pesar de que acentúa una dependencia política que no debería tener; se precipita una torpe ley de libertad sexual que había que promocionar como fuera en el 8M, de celebración tan controvertida este año; se prostituye el CIS en órgano de propaganda; se nombra a Pablo Iglesias para el CNI contra el criterio establecido hasta entonces; se pacta con Bildu la prórroga del estado de alarma con el acuerdo de derogar “íntegramente” la reforma laboral, acuerdo luego supuestamente rescindido por WhatsApp; se destituye por Marlaska al coronel Pérez de los Cobos porque no quiso filtrar un informe que no podía dar sobre la imputación de cargos públicos a consecuencia de la pandemia (cabe recordar la reciente intervención evidentemente teledirigida del fiscal Navajas para denigrar a otros fiscales en el caso de las denuncias particulares); el anuncio de la tramitación de los indultos y de regulación del delito de sedición como evidente medio de pago del apoyo independentista a los presupuestos; la exclusión del Rey de la toma de posesión de los jueces y el posterior acoso por ¡el vicepresidente y algunos ministros!

Los últimos hitos son bien conocidos: la propuesta de reforma del CGPJ para politizarlo sin tener que pactar con nadie (que ha motivado un manifiesto de Hay Derecho) y que la fiscalía instruya los procesos para poder dirigirlas políticamente (no quiere decirse que no pudiera instruir la fiscalía, pero en otras condiciones).

Todas estas actuaciones, y algunas más, son un salto cualitativo en el deterioro institucional. La diferencia es que ya no se disimula; se legitima la mentira directa como procedimiento político, se acepta la manipulación expresa de las instituciones a favor del poder y se ataca a las instituciones desde otras instituciones. Todo eso supone el descenso de un escalón en la escala de los valores democráticos, que produce un efecto de escándalo y polarización. De escándalo en el sentido clásico del sentido: el que incita a los demás al mal. Hasta hace poco, se deterioraban las instituciones pero al menos se disimulaba hipócritamente. La hipocresía es el tributo que el vicio presta a la virtud, decía La Rochefoucauld; pero ahora ni siquiera importa el reproche moral, y por ello, frente al ciudadano, se normaliza y se legitima esa conducta como modo correcto de actuar.

Y la polarización, y con ella el rechazo del acuerdo, el maniqueísmo, la conversión de las disputas en personales, e incluso la violencia del discurso público, son consecuencias inevitables. El abuso será visto como una ofensa que solo puede producir reacciones emocionales. Y una vez que se está en la espiral maniquea es difícil salir de ella, porque, cuando las emociones priman, el pactista, el equilibrado, el centrista son vistos como tibios o traidores.

Estamos en una situación difícil. Creo que nuestra trayectoria de diez años criticando a los desmanes, corrupciones y tropelías de gobiernos de una y otra ideología avalan que podamos decir esto sin riesgos de perecer partidistas. Todos han contribuido a este deterioro, pero tras deslizarnos mucho tiempo una larga pendiente empezamos a ver el abismo.

Hoy se vota una moción de censura al gobierno. El anterior a éste también sufrió otra, y la perdió. Ambos eran merecedores de una censura, por diferentes razones, aunque todas tienen que ver con un Estado de Derecho que tiene una salud en la práctica bastante peor del que resulta del informe de la UE, aunque no parece que Europa sea totalmente ajena a esta realidad.

Las mociones de censura, en cambio no tienen que ver tanto con la realidad como con las necesidades de cada partido, que impondrán una escenificación que no corresponde a la situación real. Es lógico, las reglas, las instituciones imponen esa lógica. Pero precisamente por ello debemos comprender que si se quiere revertir esta situación real será preciso asumir que, independientemente de las necesidades a corto plazo, será necesario llegar a acuerdos a largo para obtener las mayorías necesarias. ¿Entre quienes? Me basta con que sea entre quienes respeten las instituciones y las normas.

Brotes iliberales, poder desnudo e instituciones

“Sin personas que piensen en clave institucional y luego actúen en clave institucional para hacerlas realidad, las instituciones son, en el fondo, poco más que los formalismos despoblados y vacíos. Nadie vive realmente en ellas”

(Hugh Heclo, Pensar institucionalmente, Paídós, 2010, p. 209)

Quien piense que la fiebre iliberal en España es reciente o fruto de la pandemia y exclusiva de este Gobierno o de su mayoría parlamentaria minoritaria, se equivoca. La práctica totalidad de las conductas iliberales que ahora destacan, tienen precedentes y raíces profundas. España ha sido, salvo momentos puntuales, un Estado Liberal fallido. Y esa tendencia ahora se acredita con la solvencia impropia de quien se esmera en ser más zafio cada día. No de otro modo se puede calificar la pretensión de buscar el atajo de una proposición de ley orgánica para eludir burdamente cualquier debate sereno que una reforma institucional tan trascendente como la de la propia ley que regula el CGPJ requiere, más aún cuando afecta al nervio de su composición y de sus decisiones; esto es, a las reglas del juego.

Maniobra propia -presumo de dónde procede- de titiriteros políticos, asintomáticos institucionales, a quienes sólo interesa el poder desnudo o, dicho más gráficamente, arrodillar todas y cada una de las instituciones frente al altar del Ejecutivo o, en su caso, de los principales partidos que entren en el mercadeo de poltronas (que, al final, entrarán; por la cuenta que les tiene). Muchas veces se ha forzado en España la máquina de atropellar las instituciones de gobierno, control o regulación. No es la primera vez. Ha habido casos sonados, escandalosos. En esta ocasión la zafiedad es manifiesta y en Europa (nuestro gran proveedor del maná que nos permitirá trampear unos años más) nos miran de reojo con una desconfianza propia de quien observa perplejo que, a pesar de cuarenta años, en este país nada ha calado la cultura institucional de las democracias avanzadas. Seguimos impermeables. Que, a estas alturas, haya alguien que nos compare (probablemente, de forma injusta) con Polonia y Hungría, no es muy esperanzador. Y todo por meter la pata. Pobre marca España.

Ciertamente, la cultura política liberal no ha sido nunca nuestro fuerte. En la tradición conservadora ha primado el autoritarismo o la senda del liberalismo doctrinario, cuando no un neoliberalismo descarnado. Y en las filas de la izquierda ha gustado siempre más la democracia que el liberalismo, sin entender nunca que la primera sin la segunda o éste sin aquélla acaban siempre en el despotismo o la oligarquía. Salvador de Madariaga, al tratar el carácter español, decía que “le lleva a encarnar las ideas políticas abstractas, así como a las instituciones, en hombres de carne y hueso”. Y ello, aunque no lo parezca, tiene implicaciones muy profundas sobre nuestro mal manejo de la libertad y sobre la pésima comprensión (no de ahora, sino de siempre) de lo que sea la separación de poderes: “No Libertad, Igualdad, Fraternidad, sino el Pérez, Martínez o Fernández que ha de tirar de los cordeles que mueven a estas tres inertes deidades. No Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino el Fernández, Martínez o Pérez en cuyos actos se hará sentir la existencia de estos tres inertes principios” (España, Buenos Aires, 1955).

La cultura constitucional en la política española, y también en el propio pueblo, ha sido siempre muy escasa. Y no iba a mejorar de repente por arte de magia, menos aún en una pandemia que, como cualquier otra situación excepcionalísima, admite sin pudor -tal como recordó Rosanvallon- el fortalecimiento extremo del Ejecutivo, sobre todo de su presidencia (que en ello se está esos últimos 7 meses), y la consideración de comparsas de un Legislativo y de un Judicial, que de poderes tienen hoy en día solo el nombre. El primero es un lugar de discusiones barriobajeras e imagen deplorable, que apenas legisla, pues es el Ejecutivo quien utilizando sus poderes excepcionales llena el BOE un día sí y otro también de Reales Decretos-Leyes, que lo importante es el adjetivo. Se han dictado 31 en este infausto año 2020 frente a 3 tristes leyes ordinarias y 1 ley orgánica. Magra eficiencia para más de 600 legisladores distribuidos en dos Cámaras. No hagan cálculos del coste de cada ley para el erario público, pues se pueden marear.

Pero no se llamen a engaño, estas tendencias vienen de mucho antes. Siempre han tenido los Ejecutivos españoles una particular querencia por legislar a través de decretos-leyes. Sin ir más lejos, el primer gobierno Rajoy, en plena crisis fiscal, se puso las botas también de dictar decretos-leyes, o de tramitar leyes orgánicas y ordinarias a velocidad de vértigo con el rodillo de la mayoría absoluta. Ahora el Gobierno Sánchez se está dando un auténtico banquete pandémico de legislar excepcionalmente. La normalidad constitucional se detuvo y retorna la excepción. Y, al parecer, va a durar mucho tiempo. Los riesgos de futuro son enormes. Nadie los quiere ver. Al poder, sea este el que fuere, además, no le gustan los frenos. Esa fue la gran aportación (siempre olvidada) de Montesquieu al debate constitucional. Y las instituciones son frenos del poder, o lo deberían ser. Algo que aquí no pasa, pues siempre “se coloca” en ellas a quienes “ayuden” al gobierno de turno a engrasar sus ruedas y nunca a frenarlas. Aquí sólo funcionan los pesos ejecutivos, que son implacables; los contrapesos no existen.

Prácticas iliberales hay muchas más en España. Un somero repaso a cómo se cubren, reparten u okupan por los amigos políticos, académicos o de cuerpo, las instituciones y autoridades independientes de control o regulatorias (Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, CGPJ, Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo, Consejo de Transparencia, AEPD, CNMC, CNMV, etc.) nos conduce derechamente a la realidad descarnada del ejercicio del poder desnudo. Esto se ha hecho así desde la transición política y no tiene pinta alguna de cambiar, por muchos que nos grite GRECO, nos advierta la Unión Europea o Rita la cantaora. El cinismo político es un arte español, que pronto pasará a ser patrimonio de la humanidad. Todo es cuestión de exportarlo.

Con el Poder Judicial pasa otro tanto. Su atomización lo hace un poder débil. Su única fortaleza reside en su cúspide (Tribunal Supremo), que es la que hay que controlar vigilando la puerta de entrada (acceso a la condición de Magistrado del TS), una competencia de “portero”, que es la principal del CGPJ. Es aquí donde la cainita lucha política enfanga la Justicia con las sucias manos de la política. Los “arreglos institucionales” anteriores en materia de reparto de vocales del CGPJ iban en la misma dirección. Lo que se propone ahora es más de lo mismo, si bien más descarado o más extremo. Un CGPJ como oficina de colocación (que ya lo era) de magistrados con el plácet del Gobierno de turno. Antes mordía algo la oposición, ahora se les quiere dejar fuera del reparto, aunque alguno tal vez consiga una banqueta para asomar el hocico ante tan nutrida mesa.

Sólo los ingenuos o ignorantes creen que una reforma institucional contingente tendrá réditos políticos eternos para las fuerzas que la promueven. Llegará un momento en que se les vuelva en contra. En efecto, la reforma promovida por la proposición de ley es un brutal error de cálculo, al que arriendo escasas ganancias y, al parecer, muy corto recorrido. Ha sido un órdago propio de un mal jugador de mus. Los réditos inmediatos en política terminan muchas veces siendo derrotas aplazadas. La imagen de este país ya está muy dañada internacionalmente, y puede aún hundirse. A nadie importa. Menos aún al poder desnudo.

Hace algunos años Fukuyama en su obra Orden y decadencia de la política se hacía eco del declive de la democracia liberal estadounidense que lo achacaba al fenómeno de la vetocracia, fruto del desencuentro constante entre los dos partidos de gobierno. Este es el argumento que ha servido a los partidos gobernantes coaligados, al parecer, para incendiar las naves institucionales y promover un cambio de modelo del sistema de elección de los doce vocales judiciales del CGPJ. En verdad, en este argumento hay una justificación banal de la propia impotencia política y del carácter iliberal que se ha apropiado en este caso no sólo del Gobierno de turno, sino también de toda la política española y también de la propia oposición, pues el bloqueo institucional es otra modalidad de tal patología política. Lo realmente triste es que los partidos van cambiando sus roles conforme están en el Gobierno o en la oposición, y quienes somos mayores estamos un tanto cansados de ver siempre el mismo circo.

En honor a la verdad, ninguno de los actores políticos se ha creído nunca el principio de separación de poderes, porque a todos ellos, sean quienes fueren, el control de “su” poder (cuando lo disfrutan) les genera total rechazo. Sólo cuando están en la oposición lo invocan, como principio sacrosanto. Una vez en el poder, se olvidan. Y para armarse políticamente radicalizan sus discursos, pues como también reconoció Fukuyama “la clase política está mucho más polarizada que el propio pueblo”. El gran problema es que, como ha pasado en tantas otras ocasiones de nuestra atormentada historia, entre unos y otros pueden terminar arrastrando a la población y al país al fondo del hoyo. Cerca estamos, si nadie, con un mínimo de sentido institucional, lo remedia. Al parecer, ese alguien hoy no existe. Las instituciones, según parece, están vacías, nadie al parecer vive realmente en ellas.

 

Inconstitucionalidades en el Gobierno del Poder Judicial

Lo que son las cosas. Si hace unas semanas, el Gobierno y sus socios parlamentarios estaban tildando al Partido Popular (PP) de “inconstitucional” por no querer sentarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caduco desde diciembre de 2018, ahora son estos mismos partidos en el Gobierno (Partido Socialista Obrero Español -PSOE- y Unidas Podemos -UP-), los que, ante este bloqueo, han adoptado una senda legislativa que, esta vez sí, puede ser abiertamente inconstitucional.

Es cierto que el CGPJ ya debería haberse renovado. Dice la Constitución Española (CE) que eso debe ocurrir cada cinco años. Y es verdad que, mientras no sea así, estamos ante una anormalidad institucional. Pero llamar “inconstitucional” a quien no alcanza el acuerdo político para ello es, cuanto menos, semánticamente exagerado. Y ello por la sencilla razón de que, actualmente, la CE y la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) exigen una mayoría cualificada de 3/5 de cada Cámara para dicha renovación y la LOPJ ya prevé qué debe pasar mientras esa difícil mayoría cualificada no se alcance: nada. El CGPJ seguirá funcionando con normalidad.

Por tanto, no alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del órgano es algo constitucionalmente posible y legalmente previsto. Es algo no deseable, claro, pero de ahí a decir que es “inconstitucional” hay un salto muy grande.

Salto que, sin embargo, y en mi opinión, PSOE y UP no han tenido reparos en realizar con la proposición de ley orgánica para modificación de la LOPJ presentada por ambas formaciones el pasado martes 13 de octubre. Veamos por qué.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Para empezar, la situación de la que partimos ya es mala, atendiendo a estándares de independencia judicial.

La CE dispone en su art. 122.3 que el CGPJ está formado por veinte vocales, doce jueces más ocho juristas. Indica que, para elegir a estos últimos, el Parlamento debe alcanzar la mayoría de 3/5 en ambas Cámaras, pero para elegir a los jueces se estará a lo que disponga la LOPJ.

La LOPJ dispuso inicialmente que los doce vocales judiciales fuesen elegidos por los propios jueces. Pero en 1985 se modificó la LOPJ para que los doce vocales judiciales también fuesen elegidos por los partidos políticos mediante votación en Congreso y Senado, igualmente por mayoría de 3/5. Se pasó, por tanto, a un sistema, el actual, en el que el poder legislativo, dominado por los grandes partidos, decide íntegramente la composición del órgano de gobierno del poder judicial.

Este sistema ya es de dudosa constitucionalidad sin necesidad de ninguna modificación. Es claro que la CE diseñó un CGPJ mixto, no sólo en su composición, sino también en su elección. Así, mientras indica expresamente que los ocho vocales juristas deben de ser elegidos por las Cortes, no dice lo mismo de los doce vocales judiciales, cuando es evidente que, de haber querido otorgar también al poder político esta elección, lo habría dicho.

El Tribunal Constitucional (TC), sin embargo, en su famosa STC 108/1986, de 29 de julio, entendió que este sistema de total elección política era acorde a la CE. Concluyó que el fin constitucional de asegurar que la composición del CGPJ refleja el pluralismo existente en el seno de la sociedad y del Poder Judicial no se impide con un procedimiento de elección política.

Pero estableció una condición. Dijo que este fin constitucional se pone en riesgo si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas de renovación, «atienden sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos». Eso, sería actuar conforme a «criterios no admisibles».

Dicho de otra forma, el TC dijo que el actual sistema admite una interpretación constitucional siempre que los partidos no se repartan los vocales por cuotas, según su representación parlamentaria.

Que es justo lo que lleva sucediendo desde 1985. Desde entonces, los partidos políticos han negociado la renovación de los sucesivos CGPJ atendiendo a su fuerza parlamentaria. Jamás los partidos se han puesto de acuerdo sobre QUIÉNES van a ser los vocales del CGPJ, sino sobre CUÁNTOS le corresponden a cada uno. Basta ver la hemeroteca para darse cuenta que en ésta, y en las anteriores negociaciones para renovar el CGPJ, se lucha por el NÚMERO de vocales que corresponde a cada partido, asumiéndose que quien tiene la mayoría parlamentaria debe acaparar más vocales que el resto. Luego, cada partido es libre de colocar en “sus” plazas a quien quiera, pues el compromiso es votar en bloque a los de los demás y que los demás voten a los de uno.

En definitiva, el TC dice que la CE no admite un reparto por cuotas, y justo eso están haciendo los políticos desde siempre, de lo que se colige fácilmente la inconstitucionalidad del sistema actual. Se está burlando el mandato constitucional: donde la CE quiere consenso, los partidos ofrecen conchaveo.

A esto hemos de añadir la evidencia europea de que este sistema de designación política es, por sí mismo, contrario a la separación de poderes y a la independencia judicial establecidas en la misma CE.

Lo ha dicho el Consejo de Europa a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso de Ramos Nunes de Carvalho y otros contra Portugal, sentencia de 21 de junio de 2016), en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez y, sobre todo, a través del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), que en su último informe de evaluación a España, de junio de 2019, ha vuelto a pedir que abandonemos el sistema de elección política de los vocales judiciales por ser el mismo un factor de corrupción (literalmente, «tiene un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción»).

También lo ha dicho la Unión Europea con relación a Polonia, que recientemente ha reformado sus leyes para que, como en España, la totalidad de miembros de su Consejo sean elegidos por los parlamentarios, lo que «hace dudar de su independencia» y se considera que infringe la normativa europea (STJUE del Asunto C-169/18).

REFORMA PROPUESTA

Y si ya tenemos una excesiva, incluso inconstitucional, politización del gobierno del Poder Judicial, la reforma propuesta da una vuelta de tuerca más.

De un lado, pretende que el CGPJ, una vez terminado su mandato, quede “en funciones” y haya determinadas tareas que no pueda llevar a cabo. Como si la legitimidad del CGPJ dependiera del resultado de las elecciones, de tal manera que, producido un cambio político, y hasta tanto ese cambio se lleva al CGPJ, nos aseguramos que el CGPJ quedará disminuido. Precisamente, justo la función que el proyecto hurta a este CGPJ en funciones es la de los nombramientos discrecionales de la cúpula judicial, ahí donde nuestra clase política entiende que debe interceder, para asegurarse altos jueces aparentemente sensibles a su ideología.

Pero el mayor riesgo deviene de su otra pretensión, que es, básicamente, rebajar la mayoría necesaria para renovar a los doce vocales judiciales, pasando de 3/5 a una más fácil de conseguir, la mayoría absoluta, eludiendo así los bloqueos.

Para empezar, esta reforma sólo facilitaría la renovación parcial del CGPJ, ya que los ocho vocales juristas seguirían requiriendo de 3/5 de cada Cámara, mayoría blindada por la CE. Ello va contra el sentido común (unos vocales elegidos por unas mayorías y otros por otras) y, sin duda, provocará disfunciones en su desenvolvimiento ordinario.

Pero, sobre todo, dicha reforma hunde aún más el sistema de elección del CGPJ en la inconstitucionalidad. La citada STC 108/1986 indicó expresamente que la constitucionalidad del sistema era viable porque la Ley tenía «la cautela» de exigir también para los vocales judiciales una mayoría cualificada de 3/5 en cada Cámara. Con todo el sentido, el TC entendió que la mayoría de 3/5 debía ser predicable de la elección parlamentaria de TODOS los vocales del CGPJ.

Por tanto, una reforma, como la pretendida, que obvie este pronunciamiento del TC está avocada, por ello mismo, a ser declarada inconstitucional.

Y es que esos 3/5 funcionan como una salvaguarda, al menos en teoría. Lo que se busca con esa mayoría cualificada es que los partidos políticos alcancen grandes consensos sobre quiénes han de ser vocales del CGPJ. Que vayan más allá de siglas y, forzados a llegar a acuerdos, se centren en el perfil técnico y profesional de los candidatos, y no en su presunta adscripción ideológica.

Ya hemos visto cómo los partidos políticos han eludido esa cautela, alcanzando ese difícil consenso de forma contraria a lo querido por el TC: repartiéndose vocalías por cuotas de representación parlamentaria. Pero es que, con esa nueva regulación que se pretende, ya ni siquiera será necesario alcanzar esos consensos. Ahora bastará con que un partido consiga la mayoría absoluta para tener el control de todos los vocales judiciales.

Pasaremos de un reparto permanente por cuotas, a un reparto íntegro por temporadas, de forma que ahora el control lo tendrá un partido, pero la siguiente legislatura será otro partido y a la siguiente otro, arrastrando por el lodazal un poder judicial que queda así indefectiblemente unido a los vaivenes de la política nacional.

Con un cortoplacismo evidente, porque, para salir del bloqueo del PP, se le está dando a este partido la llave para que, en el futuro, cuando se produzca la alternancia política, sea él el que controle el CGPJ.

O tal vez sí se han dado cuenta de este efecto pero les da igual, pues lo importante es que se dé esa alternancia en el control. Si es así, solo se puede concluir que tienen una concepción equivocada de lo que es la democracia. Porque la democracia no consiste en que el que gana las elecciones tiene derecho a copar todas las esferas de poder. Es justo al revés, una democracia exige que el todo el poder no sea detentado por el mismo grupo, sino que existan mecanismos compensadores, contrapesos. El poder judicial es uno de ellos, y por esta vía se le quiere subyugar al partido político mayoritario, quebrando la necesaria separación de poderes.

Y sin separación de poderes no hay democracia, es así de sencillo.

Desde luego, sería indignante que, para esta reforma, sí se alcanzara un acuerdo parlamentario de modificación de la LOPJ, en vez de reformarla para alejar a los partidos políticos del órgano de gobierno del poder judicial, tal y como pide Europa y llevamos años reclamando los jueces.

Pero ya se sabe, quién hace la Ley hace la trampa.

‘Kitchen’ o la patrimonialización del Estado

Las recientes noticias sobre la investigación seguida en el Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en la denominada “operación kitchen” son muy alarmantes desde el punto de vista de un Estado democrático de Derecho. Levantado el secreto del sumario, resulta que en esta pieza del llamado “caso Tandem” (o Villarejo) se investiga el uso de fondos reservados por parte del Ministerio del Interior de Jorge Fernández-Diaz en el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2013 y 2015 nada menos que para espiar al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuyos famosos papeles ponían en entredicho el sistema de financiación del PP, sobres y pagos en negro a políticos en activo incluidos.

Recordemos que se trata del periodo en el que estalla el escándalo Gürtel y en el que el partido en el poder se volcó para torpedear la investigación judicial por tierra, mar y aire. Se volcó tanto, que, al parecer, no solo usó los recursos del partido para hacerlo -lo que ya sería bastante cuestionable dada la procedencia pública de la mayoría de sus fondos y los estándares de funcionamiento de un partido político en un Estado democrático de Derecho- sino que, ya puestos, utilizó todos los recursos del Estado. Es decir, los que pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos. Y además para cometer irregularidades, ilegalidades o delitos. Presuntamente al menos.

Estamos por tanto ante un caso de corrupción institucional de proporciones gigantescas, aunque afecte a un partido y a unas personas que ya no están en el Gobierno o incluso que ya no están en política activa. La confusión y patrimonialización del Estado que supone la utilización de los siempre controvertidos fondos reservados así como de numerosos funcionarios del Cuerpo de Policía para proteger los trapos sucios de un partido en el poder cometiendo ilegalidades e incluso posibles delitos no sé si tiene parangón en otras democracias de nuestro entorno. Parece propia de otras latitudes o de regímenes iliberales.

Supone, además, la existencia de enormes fallas en nuestro sistema político e institucional, que nos retrotrae a épocas pasadas, en los que los servidores públicos realizaban tareas privadas por cuenta de sus jefes políticos con el dinero público. Claro, que ahora no se trata precisamente de hacer la compra, llevar a alguien a la peluquería o recoger a los niños del colegio. Estamos hablando de cosas mucho más graves, como impedir la investigación judicial de los escándalos de corrupción de un partido político a través de métodos mafiosos.

Frente a un escándalo de esta naturaleza no basta ponerse de perfil, como hace el actual líder del PP: debe de existir una repulsa clara y un firme compromiso de que este tipo de actuaciones no pueden repetirse en el futuro, pese a quien pese.

Ahora bien, aunque sin duda la conducta de los protagonistas de este escándalo es muy relevante, hay que insistir en que si pueden producirse es porque existen problemas estructurales en nuestros partidos, Administraciones Públicas e instituciones en general lo permiten. Que los servidores públicos se presten a realizar, tolerar o consentir este tipo de actuaciones (pensemos que se trata de funcionarios a los que, en teoría, esta condición debería protegerles de las presiones de sus superiores políticos) da mucho que pensar. Que se trate precisamente de funcionarios del Cuerpo de Policía cuya función es preservar el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía da mucho que pensar. Que su jefe político, el ex Secretario de Estado de Seguridad, considere que su lealtad es con sus jefes en el partido y no con los intereses generales y con la Constitución y el ordenamiento jurídico por las que promete o jura su cargo da mucho que pensar. Que esté incluso dispuesto a incurrir en conductas presuntamente delictivas para protegerles y que, cuando todo se destapa, exija protección mediante un acta de diputado da mucho que pensar. Que se recompense al famoso chófer de Bárcenas, no solo con una cantidad importante de dinero público sino, también, con una plaza de policía da mucho que pensar. Que los investigados manden whatsapps a los jueces que les investigan o a sus superiores da mucho que pensar.

En definitiva, en vez de seguir llevándonos las manos a la cabeza cada vez que un escándalo de este tipo nos recuerda lo institucionalizada que está la corrupción en nuestro país haríamos bien en preguntarnos por qué seguimos a estas alturas sin reformar nuestros partidos políticos, nuestras Administraciones públicas y nuestras instituciones, reforzando en particular la separación de poderes. Eso también da que pensar. Quizás es que a muchos políticos les parece bien seguir utilizando los recursos públicos como si fueran el patrimonio particular de un partido o incluso de una persona. Que es precisamente lo que se quiso evitar con el establecimiento de Administraciones profesionales, el Estado de Derecho y la democracia a lo largo de los dos últimos siglos. De vuelta en el siglo XIX. Un fracaso en toda regla.

 

Una versión previa de este artículo se publicó en el diario Crónica Global y está disponible aquí.