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Acto día 15: “La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada”

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La Fundación Hay Derecho y el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa te invitan a la presentación del informe:

“La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada”

 

La misma existencia de la Fundación Hay Derecho trae causa en una creencia firme de que la calidad de la democracia y del Estado de Derecho está directamente relacionada con la calidad de sus instituciones. Un país en el que sus instituciones representativas representen fielmente el interés general, sean independientes en el ejercicio de su función, estén dotadas de medios materiales y humanos suficientes y gocen de la credibilidad de la ciudadanía es un país en el que la calidad de su democracia está garantizada.

En España, sin embargo, ese ideal está aún lejos de realizarse, lo cual no quiebra nuestra voluntad irrenunciable de contribuir, en la medida de lo que nos sea posible, al fin de regenerar nuestra instituciones y, de esa manera, fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción.

Una de las iniciativas en las que hemos puesto mucho empeño es el estudio titulado “La Fiscalía: propuestas de mejora desde una perspectiva europea comparada”, que presentaremos el próximo jueves 15 en un acto organizado conjuntamente con el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa.

El acto tendrá lugar el jueves 15 de noviembre de 2018, de 19:00 a 20:30 horas en la Sede de la Comisión y el Parlamento Europeo en Madrid (Pº de la Castellana, 46), y estáis todos invitados a venir. A continuación, podréis ver los datos fundamentales del acto:

PROGRAMA

  • 19:00 Bienvenida institucional
    • Javier Nart – Diputado del Parlamento Europeo por Ciudadanos
  • 19:10 El Proyecto de Fiscalía que necesita España – Proposición de Ley de Ciudadanos
    • Ignacio Prendes – Vicepresidente del Congreso. Diputado de las Cortes Generales por Ciudadanos

Presentación del Informe

  • 19:20 Contexto: La Fiscalía española: problemas y necesidades
    • Salvador Viada – Fiscal del Tribunal Supremo
    • Escarlata Gutiérrez – Fiscal Adjunta en la Sección contra la criminalidad informática y delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real
  • 19:40 Perspectiva comparada: La Fiscalía portuguesa: ¿un modelo a seguir?
    • José Luis Lopes Da Mota – Magistrado del Tribunal Supremo, ex Fiscal, Ex Presidente de Eurojust.
  • 20:00 Presentación de las principales conclusiones del Informe
    • Carlota Tarín – Politóloga. Responsable de investigación de la Fundación Hay Derecho.
    • Elisa de la Nuez – Abogada del Estado. Secretaria General de la Fundación Hay Derecho.
  • 20:20 Debate
  • 20:30 Copa de vino español

Para asistir al evento es imprescindible inscribirse enviando un correo electrónico, antes del martes 13 de noviembre, a info@fundacionhayderecho.com con nombre, apellidos, correo electrónico y DNI, que deberá presentarse al acceder al acto.

La Fiscalía es mía

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Esta mañana, el Partido Popular y el Partido Socialista votarán en contra de la toma en consideración de una Proposición de Ley presentada por Ciudadanos que tenía por objeto despolitizar la Fiscalía (pueden ver la Proposición de Ley aquí y aquí). Lo advirtieron durante el debate en el Hemiciclo del martes (pueden ver las intervenciones de los representantes de todos los grupos políticos en los diarios de sesiones, en las páginas 17 a 27) y hoy jueves lo demostrarán en la votación. Si bien no son los únicos partidos que votarán en contra, la importancia de su negativa es mayor. Pero comencemos por el principio.

  1. ¿Qué es la Fiscalía?

Según el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es un órgano de relevancia constitucional (compuesto, a su vez, por diversos órganos) con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial. Las funciones principales del Ministerio Fiscal están reguladas en el artículo 124 de la Constitución:

  • Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público.
  • Velar por la independencia de los Tribunales.
  • Ejercer sus funciones conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.
  1. ¿Qué pretendía la Proposición de Ley de Ciudadanos?

De acuerdo con su exposición de motivos, el objeto último de la Proposición de Ley era el de recuperar la credibilidad de los ciudadanos en el Ministerio Fiscal.

Es preciso tener en cuenta que esta Proposición de Ley fue registrada el 7 de junio de 2017, momento en el que, como recordarán, la imagen de la Fiscalía estaba siendo gravemente deteriorada debido a las reprochables actuaciones a cargo del actual Ministro de Justicia, Rafael Catalá; del recientemente fallecido ex Fiscal General de Estado, José Manuel Maza; y del entonces Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. Dichas actuaciones, sobre las cuales ya debatió este blog (vean un tronchante vídeo de Rodrigo Tena al respecto, o los artículos de Salvador Viada, Pilar Álvarez Menéndez o Pablo Olivera), terminaron con la reprobación del primero (por parte del Pleno del Congreso de los Diputados y por primera vez en nuestra historia democrática), la reprobación del segundo (por parte del Congreso y por primera vez en nuestra historia democrática) y la reprobación y dimisión del tercero. Y todo ello a causa de las injerencias políticas en el “caso Lezo”, un caso de corrupción en el seno del Partido Popular del cual la Fiscalía se ocupaba de investigar.

En cualquier caso, la Proposición de Ley estaba compuesta de un artículo único, cuyo fin era la modificación de 17 artículos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con los siguientes objetivos fundamentales:

  • Asegurar que el nombramiento y el cese del Fiscal General del Estado se realizasen por acuerdo de los 2/3 de los miembros del Congreso.
  • Extender la duración del cargo del Fiscal General de 4 a 6 años para que no fuese ligada a la duración de cada Gobierno.
  • Fortalecer el pluralismo en el Consejo Fiscal.
  • Garantizar la autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus funciones.
  • Fortalecer la aplicación de los criterios de mérito y capacidad en la carrera fiscal, reforzando a estos efectos el papel de la Sección Permanente de Valoración.
  • Dotar al Ministerio Fiscal de plena autonomía presupuestaria mediante una sección específica en los Presupuestos Generales del Estado.
  • Garantizar la transparencia de las comunicaciones del Fiscal General con el Gobierno y las Cámaras, que se realizarían siempre por escrito.
  1. ¿Qué es el trámite de “toma en consideración” de una Proposición de Ley?

Como ustedes imaginarán, una Ley no se publica fácilmente. Antes de publicarse en el Boletín Oficial del Estado, toda Ley atraviesa seis fases inexcusables en las que es continuamente sometida a debate y discusión política y técnica:

  1. Registro: Al registro de la Proposición (normalmente en el Congreso de los Diputados) le precede un debate interno que suele ir acompañado de reuniones con colectivos y expertos externos.
  2. Toma en consideración: Consiste en la decisión del grupo parlamentario proponente de elevar la discusión de dicha iniciativa (y no de otras; tengan en cuenta que el cupo es limitado) al Pleno de la Cámara para que éste decida, por mayoría simple, si decide “tomarla en consideración” o no, esto es, someterla o no posteriormente a debate y discusión en la Comisión legislativa correspondiente.
  3. Presentación de enmiendas: Esto sucede ya en el seno de la Comisión correspondiente, que, en este caso, hubiera tenido lugar en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Los distintos grupos estudian la propuesta y preparan enmiendas al texto original.
  4. Ponencia: Una vez presentadas las enmiendas por los distintos grupos, corresponde discutir sobre las mismas con el objeto de lograr un acuerdo en el llamado “trámite de ponencia” de la Proposición de Ley.
  5. Senado: Si se alcanza un acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios integrantes de la Comisión, la Proposición se remite al Senado, que igualmente estudia la iniciativa.
  6. Vuelta al Congreso: Una vez presentadas y acordadas las enmiendas del Senado, éstas son debatidas nuevamente en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, tras lograr un acuerdo sobre las mismas, se publica la Ley en el Boletín Oficial del Estado y deviene aplicable.

La Proposición de Ley de Ciudadanos no superará ni la segunda fase (que es la primera vez que se discute la iniciativa con los distintos grupos), lo cual constituye, en pocas palabras, un rechazo absoluto; un rechazo incluso a debatir sobre el asunto.

  1. ¿Por qué supone un incumplimiento de compromisos políticos por parte del PP y del PSOE?

Con la votación de esta misma mañana, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista incumplen sendos acuerdos firmados con Ciudadanos. El 24 de febrero de 2016, el PSOE había firmado con Ciudadanos el llamado “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”, en cuya página 56 ambos partidos se comprometían a lo siguiente:

«Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución. Con carácter previo al nombramiento por el Gobierno del Fiscal General del Estado, el candidato a Fiscal comparecerá ante la Comisión de Justicia que podrá rechazar de forma razonada la propuesta por una mayoría de 3/5.»

Por su parte, el Partido Popular firmó el 28 de agosto de 2016 el pacto de investidura titulado “150 compromisos para mejorar España”, cuyo compromiso número 143 (página 38) disponía:

«143. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para fortalecer su autonomía y eficacia. En particular, se modificarán:

  • Los requisitos y condiciones exigidos para la designación del Fiscal General del Estado, de manera que se exijan 20 años de ejercicio profesional y capacidad e independencia acreditadas. Igualmente, se regulará el mecanismo de reprobación por el Congreso de los diputados y su posterior cese.
  • Los requisitos para la promoción interna en la carrera fiscal para reforzar la exigencia de los principios de mérito y capacidad.»

Ambos partidos se escudaron en argumentos similares para votar en contra de la proposición: el populismo de Ciudadanos, el oportunismo de Ciudadanos, la inconstitucionalidad de la Ley. Ninguno de esos argumentos, por supuesto, justifica votar en contra de la toma en consideración de la Proposición, pues, como digo, no es más que el segundo de los seis trámites parlamentarios: podría perfectamente enmendarse y discutirse el texto después, o incluso votar finalmente (tras un intento de negociación) en contra.

  1. ¿Qué consecuencias tiene esto?

Que de tener una Fiscalía verdaderamente independiente del Gobierno podemos olvidarnos por mucho tiempo, porque, pese a todo lo anteriormente expuesto, los dos partidos mayoritarios no ven problemas con su funcionamiento.

Ni la discusión es nueva, ni la situación inesperada. El Partido Popular ya había incumplido antes su promesa electoral de despolitizar la Justicia. Igualmente, en la Subcomisión para la elaboración del Pacto Nacional de Justicia, creada en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso, tanto el PP como el PSOE han dificultado su funcionamiento recientemente. Para la elaboración de dicho Pacto, se dividieron los trabajos en cuatro bloques: reorganización de la Justicia, (ii) profesionalización, (iii) Justicia como servicio público y (iv) refuerzo de la independencia judicial. En los tres primeros no hay casi problema, pero, en el cuarto, el acuerdo parece imposible. Y, ahora, el Gran Pacto por la Justicia está también a punto de romperse.

La necesidad de reformar la Fiscalía es una demanda urgente de la sociedad civil, así como de diversas instituciones públicas internacionales. Hace apenas un mes y medio, el GRECO (Group of States against Corruption) volvió a avergonzarnos en su nuevo informe, en cuya recomendación IX nos instaba a “reconsiderar el modo de elección del Fiscal General”. Las asociaciones judiciales y fiscales han denunciado en varias ocasiones las injerencias políticas en el trabajo de la Fiscalía; las de fiscales llegaron en su momento incluso a pedir la dimisión de Moix. Sin ir más lejos, este martes yo mismo acudí a un evento en el Club Jurídico 567 titulado “Coloquio sobre Independencia Judicial y reformas de Justicia” y organizado por Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, en el que, entre otras cuestiones, se insistió sobre la necesidad inexcusable de abordar una reforma de la Fiscalía.

Los ciudadanos, por supuesto, han dado buena cuenta de ello: España va a la cola de los países europeos en materia de percepción de la independencia judicial por parte de sus ciudadanos. Y es que los principales problemas de las instituciones no estriban exclusivamente en que su funcionamiento sea más o menos ejemplar y/o eficiente; gran parte de los problemas deriva también de la falta de credibilidad de las mismas por parte de la sociedad: al depender del Gobierno, se sospecha continuamente de su actuación.

Por desgracia, ése es indudablemente el caso de la Fiscalía, pues a día de hoy todavía permanece en los ciudadanos la imagen de una Fiscalía politizada, convenida con el Gobierno; la imagen de un órgano constitucional que, en vez de velar por el interés general, protege a los corruptos. Hemos estado cerca de cambiar su imagen, pero la oportunidad se ha esfumado…

El martes, en cuanto descubrí que el PP y el PSOE iban a votar en contra, vino a mi memoria una anécdota reciente. En diciembre de 2017, tras las elecciones catalanas, publiqué un artículo en el que mencionaba una conversación que había tenido con amigo independentista. Recuerdo que, durante nuestra charla, yo defendí, con plena convicción, que los autos de prisión preventiva de los consellers, los Jordis y sus acólitos no tenían nada que ver con el 155, porque era la Fiscalía quien había acordado enjuiciarlos. Con su fuerte acento gerundense, me respondió: “Venga, Nacho… Sabes que, en el Estado español, el Fiscal General no es del Estado…: es del Gobierno”.

Me tuve que callar. Pero me dolió. Vaya que si me dolió.

Democracia y Ministerio Fiscal

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Comparto año de nacimiento con nuestro vetusto reglamento, 1969. Soy un poco más antigua que él, apenas unos meses, pero mientras yo me he educado en democracia ahí sigue anclado el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal. Nadie ha tenido interés en aprobar un reglamento constitucional, los fiscales de a pie, como se dice ahora, sí pero a ellos casi nadie les escucha.

Todos evolucionamos con los años, unos mejor y otros peor, pero las normas, si nadie las modifica,  quedan ancladas en el tiempo en el que se promulgaron, reflejo de una sociedad que ya no existe y de un Ministerio Fiscal, siendo éste el caso, que no debería existir.

LLevo ya 20 años en la Carrera Fiscal, para algunos seré aún muy joven y para otros una veterana. Lo triste es que tengo la impresión de que vamos de mal a peor.  El primer día en el Centro de Estudios, antesala del ejercicio como fiscal, me dijeron eso de aquí nos tuteamos todos pues somos todos compañeros. Luego te das cuenta de que no es siempre así y de que eso que me dijeron y que debería ser un principio básico que sustente nuestras relaciones con frecuencia se olvida. Somos una carrera jerárquica, cierto, pero esa jerarquía bien entendida debe servir de cauce únicamente para lograr la unidad de actuación imprescindible para darle un tratamiento igualitario al ciudadano,  hasta ahí.

Creo en el trabajo en equipo y en la calidad de respuesta al ciudadano. Y conjugando todo eso no entiendo como puede defenderse como bueno un proyecto de actuación de un Fiscal Jefe que pretende supervisarlo y controlarlo todo. Lo primero que hay que decir es que esa pretensión resulta inviable en cualquier fiscalía provincial, que les voy a contar de las Fiscalías especializadas. Es imposible que una sola persona, o dos personas si se recaba el auxilio del o la Teniente Fiscal, puedan controlar un número importante de procedimientos complejos. Además les digo que si pueden hacerlo preguntémonos para que sirve la plantilla de esa Fiscalía, que lo lleven todo los controladores, sin duda ahorraríamos mucho dinero pero evidentemente no es viable como tampoco lo es querer controlarlo todo. En segundo lugar cualquier Fiscalía está formada por profesionales cualificados y como tal deben ser tratados, con respeto mutuo y confianza.

Creo en una fiscalía moderna y democrática en la que se respete la autonomía de cada Fiscal, siempre con observancia de la ley y de las consultas, circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado. Creo en una Fiscalía en la que el debate y la discusión se vean como algo cotidiano y beneficioso, y no como un acto de rebeldía. Y creo que un buen jefe es aquel que sabe sacar lo mejor de sus fiscales, que sabe motivarlos, pese a la escasez de medios con los que trabajamos en justicia porque los encargados de suministrar esos medios no parecen interesados en que funcione de verdad, de forma eficaz y rápida.

Y les digo todo esto porque comienzo a hartarme de que se venda como un buen proyecto de Jefatura el intento de controlar todo lo que se hace por unos compañeros que están en una de las fiscalías más complejas y especializadas de España, la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado. En nuestro país sólo está contemplado legalmente el visado de los escritos de calificación y sin embargo parece extenderse la idea de que los jefes o coordinadores deben fiscalizarlo todo. ¿Retrocedemos en democracia interna, en confianza mutua? Son fundamentales las labores de coordinación de cualquier Jefe pero cada uno debe ser responsable de su trabajo.  Y para el buen funcionamiento de la Institución creo fundamental la lealtad y la mutua confianza.

Estoy muy harta de que se falte al respeto a los fiscales, mucho más a los valientes que pese a los mimbres que tenemos, recuerden ese reglamento de 1969, defienden su trabajo hasta las últimas consecuencias y llegado el caso hacen uso del 27 del EOMF, mecanismo legítimo de discrepancia.  Estoy muy harta de que ante los hechos gravísimos y muy lamentables que hemos vivido en los últimos cuatro meses se ponga todo el acento en la necesidad de matar al mensajero. Precisamente por mi educación democrática considero que la prensa cumple una función fundamental en el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho y que si bien hay que perseguir las filtraciones de sumarios secretos, también es un deber democrático perseguir las corruptelas que se cometan y  eliminar toda injerencia política en el funcionamiento de la justicia. Y desde luego denunciar los abusos y malas praxis cuando se produzcan, lo exige la  limpieza del Estado.

Se habla de que necesitamos un Código Ético y en efecto lo necesitamos pero sin olvidarnos de la cabeza de la Institución. Se pone el acento en los deberes éticos de los fiscales de base y se olvidan los de la cúpula. La diligencia, la prontitud en el despacho de los asuntos… cuestiones sin duda esenciales. Ahora bien en los proyectos que se manejan se dice que se permiten los regalos adecuados a los usos habituales, sociales y de cortesía y con ello se viene aceptando como normal la  asistencia gratuita a palcos de fútbol y corridas de toros. Creo que tenemos un sueldo digno que nos permite abonar la entrada a esos espectáculos y si no llegas a fin de mes siempre es mejor verlo desde casa. Lamentablemente en los últimos meses hemos visto la influencia que puede tener el recibir este tipo de regalos ¿De verdad ese abogado o particular que nos invita como fiscales va a recibir un trato igualitario, como el resto de los ciudadanos, cuando tenga un asunto que le afecte?  Nada se dice de recibir dinero de entidades bancarias para la organización de cursos asociativos o para lo que sea,  y cuestiones como ésta que se vienen produciendo pueden poner en cuestión nuestra imparcialidad. Nada se dice de la obligación de ser muy riguroso en materia de incompatibilidades y de transparencia, en el deber de abstención de los miembros del Consejo Fiscal siempre que se tenga interés directo o indirecto en un asunto, en que no se puede usar el Consejo Fiscal como tranpolín para el acceso a puestos de libre designación.

Si de verdad queremos hablar de ética hablemos de que la libre designación no es un cheque en blanco, de que hay que motivar los nombramientos y no apelar al aire fresco o al talante o personalidad del elegido. Se deben baremar y comparar de verdad los méritos de unos y otros. Si queremos hablar de ética hablemos de transparencia sin mentiras. No se puede ocultar información relevante ni a la Carrera ni a la prensa, y mucho menos informar a la ciudadanía faltando a la verdad. Y si eso ocurre es un hecho que hay que tildar de muy grave y actuar en consecuencia, no insistir en que aquí no ha pasado nada porque sí ha pasado, y la Institución y los fiscales no debemos sufrir este bochorno.

Se dice que ética y estética tienen mucho que ver. Lo cierto y verdad es que cuando hablamos de ética profesional en el ejercicio de la función pública no podemos dejar de lado la estética de nuestro trabajo y lo importante que es la imagen que transmitimos a la sociedad que estamos en la obligación de servir. Imagen que lamentablemente en los últimos meses ha dejado mucho que desear. Pese a ello se sigue oyendo la cantinela de que aquí no ha pasado nada, que son asuntos personales. Los fiscales debemos tener un comportamiento intachable como  fiscales y como ciudadanos y las cuestiones personales pueden afectar y mucho a nuestra imagen y credibilidad.

Para terminar añado que sería bueno que de una vez por todas cesara toda injerencia en nuestra gestión interna y se respetara la autonomía de nuestra Institución. Autonomía que sin duda debe ser reforzada, pero para antesdeayer porque como siempre llegamos tarde.