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Fondos europeos: disfuncionalidades, errores y arbitrariedades en España

Durante el primer trimestre de 2021, los denominados fondos europeos se han colocado en el eje central del debate económico en España. Como suele ocurrir con los términos que se ponen de moda, su significado se ha distorsionado de tal forma que es difícil distinguir entre realidad y discurso político vacío que rellena gran cantidad de horas en los medios de comunicación.

Antes de comenzar el análisis y las reflexiones siguiente acerca de esta cuestión, conviene subrayar que el término fondos europeos se refiere a la financiación extraordinaria denominada Next Generation EU por importe de 750.000 millones de euros que la Unión Europea acordó tras casi un año de discusiones, adoptada en forma de Reglamento por parte del Consejo Europeo en febrero y que ahora se encuentra en fase de aprobación de los Parlamentos nacionales.

Solamente esta aclaración inicial debería hacernos caer en la cuenta de que hemos reducido el debate a sólo una parte de todos los fondos que Europa está poniendo en marcha, tanto los fondos anticrisis que están financiando el desempleo o la sanidad, entre otros, como del Presupuesto plurianual (MFP 2021-2027) con un tamaño de 1,07 billones de euros. Es comprensible que el foco de atención esté en el #NextGenEU porque es la parte más novedosa de toda la política presupuestaria de la UE, pero no hay que olvidar al resto de la financiación europea que a medio y largo plazo es aún más importante si cabe y ha jugado en el pasado un papel fundamental para el desarrollo económico de España.

Hecha esta aclaración y centrándonos en este nuevo mecanismo financiero del cual a España le corresponde en torno a 140.000 millones de euros para solicitar y ejecutar en los próximos cinco años, surgen tres cuestiones básicas a partir del marco regulatorio que define el Reglamento que crea el fondo:

a) quiénes van a gestionar la recepción y canalización de los fondos;

b) cómo se va a gestionar la financiación y

c) qué tipo de control, supervisión y rendición de cuentas existirá.

El acuerdo de las instituciones comunitarias establece las directrices de los Planes Nacionales que cada país tiene que remitir a la Comisión Europea para su evaluación y posterior aprobación o no por parte del Consejo Europeo, definiendo el terreno de juego (monto total de la financiación, áreas prioritarias de actuación ponderadas por su importancia en esta legislatura europea, entre otros), el calendario y, de manera más difusa, el control durante los años siguientes del cumplimiento del Plan Nacional.

Con respecto al “quién” gestiona los fondos, aquí surge el primero y uno de los principales problemas de este proceso. El Gobierno ha arbitrado un sistema en cuyo centro se sitúa el Palacio de la Moncloa y, alrededor de él, gravita el conjunto de las Administraciones Públicas, empezando por los propios Ministerios. Los diferentes departamentos han emprendido una carrera contrarreloj para identificar y construir proyectos de inversión con un doble objetivo: llenar de contenido un plan que nacía como una ‘cáscara vacía’ (detrás de la grandilocuencia habitual del Gobierno Sánchez, la solidez y realidad de sus planteamientos económicos tiende a cero) y generar posiciones de poder dentro del propio Consejo de Ministros para ganar en influencia y presupuesto.

Tal grado de concentración en el gabinete de la Presidencia solamente podría tener dos posibles justificaciones desde el punto de vista económico: la primera, que este gabinete estuviera formado por economistas, juristas y técnicos de máximo nivel y reputación tanto nacional como internacional o, como alternativa, que existiera un organismo asesor independiente formalmente constituido por expertos de este tipo al estilo del Fünf Wirtschaftsweisen alemán (el “consejo de los cinco sabios”). Es evidente que ni lo uno ni lo otro se dan en La Moncloa en este momento.

Por tanto, la motivación de que esto se haya querido hacer así hay que buscarla en otra parte, concretamente en la teoría de los juegos y la negociación. Con un Ejecutivo de coalición bastante disfuncional (solamente hay que atender a elementos como el tiempo que una resolución de consejo de ministros tarda en ser efectiva mediante publicación en el BOE), con un Parlamento profundamente fragmentado y polarizado, concentrar los poderes en la Presidencia del Consejo de Ministros es la solución para evitar bloqueos continuos del proceso, aunque eso signifique dejar a un lado a la sede de la soberanía nacional (especialmente el Senado como cámara de contrapeso territorial) y a los responsables de la ejecución de la mayor parte del gasto público total (las CC.AA). En este sentido, un artículo reciente en vox.eu de dos miembros del gabinete del Comisario Paolo Gentiloni analizaba la necesidad de que los gobiernos con coaliciones heterogéneas y apoyos fragmentados necesitan basarse más en la presidencia del gobierno que en el ministerio de Finanzas para que el primero sea el que imponga su criterio sobre posibles discrepancias.

Con lo cual, la gobernanza se basará más en un criterio político (el del primer ministro) que en un criterio técnico (el del ministro de Finanzas), más aún si el gabinete del primer ministro carece un órgano consultivo prestigiado en materia económica como ocurre en España.

 

Fuente: vox.eu

 En segundo lugar, una vez visto el “quién”, está la cuestión de cómo se va a gestionar este fondo de recuperación y resiliencia en España. Siguiendo el hilo de análisis del punto a) nos encontramos ante una articulación preocupante de la gobernanza de estos fondos. Ésta es una cuestión que ha sido ampliamente abordada en este mismo Blog y puesta de manifiesto por el Dictamen 783/2020 del Consejo de Estado. Desde el punto de vista del análisis económico-institucional, todo el arquetipo creado parte de un profundo error como es pensar que el “dinero europeo” hay que “repartirlo” mediante concurso público, imponiendo esquemas consorciales público-privados y que todo tiene que pasar por la Administración Central.

Dado que nuestra Administración no está preparada para tal hoja de ruta, se aprobó el Real Decreto 36/2020 para intentar pasar por encima de los esquemas actuales de contratación pública, autorización administrativa y reparto competencial entre Administraciones, pese a que esto supusiera una merma de las garantías y controles existentes. Aunque desde el Gobierno se dice que no había alternativa (como decía en sus tiempos la Primera Ministra Thatcher), ¿de verdad era necesario emprender un camino tan tortuoso, políticamente muy complejo y generador de conflictos de toda índole? Desde luego que sí había alternativa.

Lo que se pide por parte de Europa es que haya una “autoridad coordinadora” que sea responsable de la implementación del plan, que coordine al resto de autoridades, que controle el progreso y la consecución de objetivos contemplados, que provea de los mecanismos de control, auditoría y rendición de cuentas necesarios y que se encargue de solicitar los pagos junto con sus respectivas memorias. En ningún momento la regulación europea impone un sistema de licitación pública, ni tampoco establece que obligatoriamente todos los fondos tengan que ser designados y autorizados por entidad superior alguna; y menos que ésa tenga que ser la presidencia del Gobierno.

Solamente Portugal, Irlanda y Eslovenia tienen un canal semejante al español. El resto de países de la UE-27 ha repartido el poder dentro del propio ejecutivo hacia los ministerios expertos, las regiones y los parlamentos, incluyendo gabinetes independientes expertos. Incluso la Fiscalía portuguesa ha creado una sección especial para prevenir e investigar las posibles conductas fraudulentas con los fondos. Cuando lo que se orquesta es una estructura administrativa sin control parlamentario directo y, por tanto, con escasísimos incentivos a rendir cuentas ante los ciudadanos, existen más incentivos para la proliferación de casos de ocultación y confusión, incluso en los contenidos que irán en el Plan Nacional que se remita definitivamente a la Comisión Europea a finales del próximo mes de abril, entre los cuales destaca en España la reforma del sistema público de pensiones.

Por último, en tercer lugar, está la cuestión del control, supervisión y rendición de cuentas. Aquí la confusión es todavía más notable. Se confunde el control administrativo con la idoneidad desde el punto de vista de política económica de los proyectos y reformas, y por si fuera poco, se confunde también con la evaluación del impacto económico que las medidas tienen y tendrán para los sectores, empleo, productividad y otras variables objetivo en España.

Es necesario crear dos tipos de mecanismos de control, siguiendo el espíritu de lo mandatado por el Consejo Europeo. Por un lado, reforzar los sistemas de prevención y detección del fraude, lucha contra la corrupción y los conflictos de interés, además de la acumulación en unas mismas manos de los fondos. Y, por otro lado, la necesidad de articular un sistema de evaluación por resultados, algo revolucionario en el planteamiento del #NextGenEU hasta ahora no aplicado a los fondos presupuestarios, pero que es clave para identificar cómo de verdad está transformando esta financiación el país.

De las muchas variables a contemplar (productividad, grado de innovación, atracción de inversiones, empleo…) hay una que es imprescindible: cómo el #NextGenEU impactará en el crecimiento potencial de la economía. Carecemos en este momento de este tipo de análisis de impacto y seguimiento, cosa que es inaceptable dadas las herramientas macroeconómicas y econométricas que tenemos a nuestra disposición. Si el Plan español finalmente se aprueba y los fondos empiezan a llegar, cuanta mayor sea la proporción en créditos al inicio y menor en transferencias no reembolsables, mayores serán las presiones de los acreedores europeos en materia de “trazabilidad” y resultados de las inversiones.

En suma, en el marco regulatorio de un Estado de Derecho, tan importante como el contenido y los objetivos de una regulación es el respeto a las formas, los procedimientos y los resortes institucionales que permiten distribuir el poder de manera que nadie tenga su monopolio. Más aún en un momento en que se le están entregando poderes al Gobierno de manera excepcional, teóricamente para que éste ponga coto a la pandemia. En una época en la que de forma consciente o inconsciente los ciudadanos estamos entregando parcelas cada vez mayores de libertad y responsabilidad al Gabinete Sánchez, deberíamos exigir pulcritud e imparcialidad en las decisiones políticas. El Gobierno debe ser escrutado y vigilado de cerca para evitar abusos de un poder del cual ningún Gobierno de la democracia ha disfrutado.

 

 

La sombra del Plan E es alargada: sobre los riesgos de la gestión de los fondos europeos

Como es sabido, la gobernanza, gestión y ejecución de los fondos europeos constituye un reto formidable para España. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero de los cuales a España le corresponden alrededor de 140.000 millones de euros, aproximadamente un 3% del PIB. El reto se deriva no sólo del volumen sino también del corto plazo de tiempo (tienen que ejecutarse antes del 2026), así como de la situación en que se encuentra la Administración Pública española después de una década de descapitalización en forma de jubilaciones, recortes, falta de reposición de efectivos, falta de perfiles cualificados, recursos insuficientes, falta de incentivos adecuados, etc., etc. Esta falta de capacidad de las Administraciones españolas ya ha provocado en el pasado problemas de ejecución, de manera que durante el periodo 2014-2020 la ejecución de los fondos ascendió al 39% de lo comprometido.

Para enfrentarse con esta situación, el Gobierno optó por aprobar el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La finalidad declarada era atajar los que consideraba “cuellos de botella” en la gestión de los fondos europeos y, por tanto, agilizar y “desburocratizar” la gestión. El problema es que probablemente por el camino han tirado el niño con el agua de la bañera, como pone de manifiesto el ya famoso dictamen 783/2020 del Consejo de Estado sobre dicha norma, que el Ejecutivo no había querido desvelar. Hasta tal punto es así que, una vez conocido su contenido, el grupo parlamentario de Vox ha manifestado que, de haberlo leído antes, hubiera votado en contra de la convalidación del Real Decreto-ley que, recordemos, salió adelante gracias a su abstención.

Efectivamente, el dictamen del Consejo de Estado pone de relieve la supresión o la reducción de una serie de garantías y controles que se habían establecido con la finalidad precisamente de evitar una mala gestión. Se trata, en la mayoría de los casos, de flexibilidar o suprimir autorizaciones o informes preceptivos (que habían sido establecidos para prevenir la mala gestión, el despilfarro, el clientelismo o la corrupción) o acortar plazos, básicamente acudiendo a los procedimientos de urgencia. En particular, se simplifican y se acortan trámites y plazos en los procedimientos de contratación pública y subvenciones. El problema, claro está, es que estamos hablando de mecanismos preventivos de control que, aunque ralenticen la gestión, sirven para reducir esos riesgos que, no lo olvidemos, se han materializado en demasiadas ocasiones, como demuestran los numerosos problemas de corrupción en torno a la contratación pública ligados o no a la financiación irregular de los partidos políticos como ha ocurrido en la GÜRTEL o en el caso de los ERES de Andalucía, donde el dinero procedía del Fondo Social europeo.

Tampoco conviene olvidar que la desaparición de estos mecanismos preventivos de control y de estas garantías no va acompañada de su sustitución por algún sistema de contrapesos internos, técnicos e independientes, digno de tal nombre. Más bien lo contrario: la gobernanza de los fondos europeos es muy problemática. En primer lugar, porque está muy centralizada dado que el máximo órgano de gobernanza (la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia) coincide básicamente con el Consejo de Ministros, y el Comité Técnico que se crea para apoyarle es nombrado por esta Comisión. La coordinación con las CCAA se establece a través de la Conferencia Sectorial del Plan, en la que ya han aparecido problemas derivados de la reserva del voto decisivo para el Ministerio de Hacienda. En definitiva, se trata de un modelo de gobernanza excesivamente político y centralizado, pese a la existencia de una Conferencia sectorial más centrada en cuestiones relativas a la ejecución que en el diseño y en la gobernanza. Y, sobre todo, llama la atención la falta de participación a todos los niveles de organismos independientes y de expertos.

En definitiva, por decirlo con palabras del Consejo de Estado, aunque sea necesario flexibilizar la gestión de los fondos europeos debido al contexto de máxima urgencia, es necesario a la vez garantizar “el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación” de los recursos y “su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. Parece que el Gobierno tiene más claro que hay que gastar rápido que hay que gastar bien. Es normal que suenen algunas alarmas. Y es que la sombra del Plan E es alargada.

 

Una versión previa de este texto se publicó en Crónica Global.

En la crisis, deje actuar al mercado

Hace unos años tuve la ocasión de hacer una pequeña inversión en una empresa francesa de patología. Es un mundo fascinante y para un abogado aprender sobre bloques de parafina, portas y biopsias es verdaderamente interesante.

Como todas las pequeñas empresas, es maleable y, cuando empezó la crisis del coronavirus, su Director General me llamó para decirme que, como tenemos proveedores chinos, uno de ellos -de absoluta seriedad y confianza- le había llamado para ofrecerle la posibilidad de comprar todas las mascarillas que pudiéramos necesitar. Estamos hablando de poder comprar aproximadamente 500.000 mascarillas; incluso más. El precio era razonable y, aunque habitualmente no compramos este tipo de material, podía ser una buena ocasión de paliar la escasez de mascarillas que hay ahora mismo en Europa. Hablamos de inmediato con dos grandes cooperativas de farmacéuticas, una francesa y otra española y, en el caso de la española, se ofreció a comprar tantas como pudiéramos proporcionar. La operación parecía sencilla e intentamos importar la partida de mascarillas lo antes posible.

Lástima que lo que parecía una venta hecha se tropezó -como no- con las dificultades propias de la burocracia española. El Domingo 15 de marzo se publicó en el BOE la Orden SND/253/2020 de 15 de Marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información para la fabricación e importación de determinados productos sanitarios, entre los que se encuentran las mascarillas. En principio, parece una medida prudente y razonable si no fuera por el hecho de que presenta dos inconvenientes graves. En primer lugar, que de tomar el Ministerio de Sanidad la decisión de apropiarse del material sanitario en ejercicio de la potestad de requisa que la ley le reconoce, nada se dice sobre la forma en que va a pagarse dicho material. En segundo lugar, no está nada claro cómo puede hacer la declaración una empresa francesa que ni siquiera tiene en España una firma electrónica reconocida en un Ministerio con el que, a día de hoy, resulta prácticamente imposible contactar.

Se añade a lo anterior que a las pocas horas de publicarse la Orden citada empezaron a circular noticias sobre partidas de mascarillas que habían sido incautadas por la Guardia Civil por supuesta omisión del deber de declaración. El resultado fue que, lamentándolo mucho, los franceses desistieron de la venta de mascarillas para vendérselas a un distribuidor norteamericano que garantizaba el pago y no planteaba ningún tipo de problema burocrático.

Hasta tal punto el Ministerio de Sanidad fue consciente de los efectos indeseados -e inesperados- que había provocado la Orden que el propio Ministerio con fecha 17 de marzo tuvo que emitir una nota interpretativa con un propósito supuestamente aclaratorio -nos tememos que fallido-. Así, se decía en dicha nota que “el objetivo de dicha Orden es el conocimiento por parte de este Ministro (sic) del stock existente, así como la capacidad de desarrollo […] de los productos establecidos en el apartado tercero, sin que se haya previsto actividad de incautación, confiscación o requisa alguna. Respecto a las mascarillas sanitarias, estas medidas se refieren por un lado a la prohibición a los sujetos obligados de comercializarlas fuera del territorio nacional y a la obligación de destinarlas al abastecimiento de centros y servicios sanitarios, en este caso no con carácter exclusivo”.

Mucho nos tememos que los sujetos obligados españoles que en este momento disponen de mascarillas no necesitan una Orden de Sanidad para evitar su exportación; lo que necesitan es que desde los poderes públicos se facilite al máximo la importación. Resulta emocionante ver cómo en los informativos aparece la noticia de que unas ancianas cosen mascarillas para los sanitarios pero, si somos realistas, hemos de admitir que eso no es en el fondo más que intentar vaciar el mar con un dedal. Tan sólo podremos disponer de mascarillas si las importamos de los grandes países productores y eso requiere que el Ministerio de Sanidad flexibilice al máximo los trámites de importación.

Es probable que el lector esté pensando “todo eso es fácil de hacer, pero ¿qué habría hecho Vd.?”. Pues bien, siendo consciente de que una cosa es predicar y otra dar trigo, creo que la mejor solución para asegurar el suministro de material sanitario habría sido establecer un derecho de adquisición preferente del Ministerio de Sanidad a ejercitar en un plazo muy breve desde la comunicación completa de la operación de adquisición del material pretendida, la cifra que se va a adquirir y el precio de adquisición. El Ministerio tendría un plazo de 48 horas desde la adquisición para ejercitar su derecho de adquisición preferente, considerándose que en caso de no contestar se autoriza la operación y agilizándose al máximo la tramitación del pago en caso de que el Ministerio decidiera ejercitar su derecho preferente de adquisición (no olvidemos que el importador, con esos fondos, lo que va a hacer con toda probabilidad es adquirir nuevo material sanitario). El Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19 habría sido una norma perfecta para habilitar una medida como la que propongo.

Lo cierto es que en estos días asistimos a las continuas protestas de las Comunidades Autónomas por la falta de eficiencia del Ministerio de Sanidad en el reparto del material. Pues bien, los operadores económicos privados habrían sido con toda probabilidad más eficientes y habrían sido capaces de suministrar las mascarillas que ahora mismo se echan en falta. Y es que a veces se legisla de manera precipitada, sin pensar demasiado en las consecuencias. Pero las consecuencias tienen la mala costumbre de reclamar su protagonismo, antes o después.

El Dedómetro

En nuestro reciente estudio del índice de gobernanza de las instituciones españolas en la AIReF defendíamos la relevancia que tiene para la calidad de nuestro Estado de derecho el buen funcionamiento de las instituciones. El tener malas o buenas instituciones tienen un efecto directo sobre nuestro bienestar social y sobre la salud de nuestra economía. Y si queremos buenas instituciones necesitamos que estén dirigidas por buenos profesionales. Los mejores disponibles en cada momento, con un profundo conocimiento y experiencia sobre el tema correspondiente, con reconocida capacidad de gestión, con amplitud de miras y con independencia para tomar las mejores decisiones al servicio de los intereses generales. Profesionales formados y conocedores de sus materias y alejados de los, normalmente egoístas y cortos de mira, intereses partidistas. Es la meritocracia frente a la politización y el amiguismo, la búsqueda del bien común frente a la extracción de rentas con fines interesados. Un asunto que hemos tratado de forma recurrente en nuestro blog, y del que existe evidencia empírica que muestra que “contar con una burocracia meritocrática —no politizada— tiene un efecto positivo y significativo sobre la calidad de gobierno en democracias avanzadas” como la española (Lapuente, 2010, párr. 1).

Pero medir el nivel de ocupación partidista de las instituciones no es tarea sencilla. Tradicionalmente se ha hecho por países o regiones usando encuestas a expertos o análisis de percepciones (Charron, Dahlström, & Lapuente, 2016). Un buen ejemplo son los análisis basados en los datos —del año 2013— proporcionados por The Quality of Government Institute (University of Gothenburg, Sweden, 2019) sobre la percepción que tienen 85.000 ciudadanos de 24 países europeos sobre si el éxito en el sector público se debe al trabajo duro (meritocracia) o a los contactos y la suerte (sistema politizado) [1. Para ello usan una escala de 1 a 10, donde 1 indica meritocracia perfecta y 10 relevancia exclusiva de los contactos y la suerte]. Esta encuesta es interesante porque, además, permite analizar la visión de los empleados públicos por un lado y del resto de la sociedad por otro.

Y España está, como es habitual, en una posición intermedia poco reconfortante, especialmente en cuanto a la percepción de los ciudadanos que se sitúa en un 6,55 (recordemos que la escala va de 1 —mejor— a 10 —peor—). Estamos peor que los países considerados tradicionalmente más “avanzados” como los nórdicos, Reino Unido, Alemania, pero mejor que otros países mediterráneos como Italia, Portugal o Grecia. Lo habitual. Todo ello se ve en el siguiente gráfico:

En España también llama la atención la diferencia tan acusada entre la percepción de los empleados públicos y los ciudadanos (mayor cuanto más se aleja el valor de la diagonal). Si entramos en el detalle por comunidades autónomas y empezando por la percepción de los ciudadanos, vemos que en la cola se encuentra Cataluña con un 6,88. Los ciudadanos catalanes perciben que su administración está fuertemente politizada y es poco meritocrática. Una revelación poco sorprendente con todo lo que estamos viendo. Llaman la atención las proclamas de algunos líderes catalanes manifestando que quieren convertirse en la Dinamarca del sur de Europa. De momento parece que les queda un camino bastante largo por recorrer, mejor harían en ventilar un poco su administración. Le siguen de cerca Andalucía y Galicia, resultados esperables. En cualquier caso, todas las comunidades se mueven en un estrecho margen de 1 punto.

Si analizamos la percepción de los empleados públicos la peor situada es Andalucía. Los funcionarios de Andalucía son los que consideran que su administración es la menos meritocrática, lo cual después de varias décadas de gobierno del mismo color no resulta nada sorprendente. En cualquier caso, también aquí todas las comunidades se mueven en un estrecho margen.

Pero lo que resulta más curioso que los empleados públicos tienen una percepción de su administración más meritocrática que el resto de los ciudadanos. En algunas comunidades, como Baleares, esa diferencia se acerca a los 2 puntos. Es un asunto relevante y que denota cierto alejamiento entre la burocracia y la ciudadanía y que pide ser investigado. Puede que los empleados públicos ya se hayan acostumbrado a ese entorno politizado y lo consideren normal (o incluso saquen rédito de él), mientras que los ciudadanos, que lo ven con cierta distancia, tengan una percepción menos sesgada de la realidad; pero también podría ser que los ciudadanos, como clientes del sistema, sean más críticos y tengan una opinión con un sesgo demasiado negativo sobre la situación real.

En cualquier caso, malos resultados. Solo 3 comunidades consiguen bajar del 5 en la percepción de los empleados públicos y todas se encuentran por encima del 6 en la percepción de los ciudadanos [2. Para ser justos, Murcia baja del 6 con un 5,98].

Efectivamente, ya sabemos que, en nuestro país, el cambio de Gobierno lleva aparejada la rotación de cientos o miles de puestos de responsabilidad en las instituciones, puestos en la mayor parte de las veces de perfil técnico, pero que nuestra clase política se ha acostumbrado a manejar a su antojo para colocar a amigos, acólitos y “leales”. En definitiva, para saldar las deudas de nuestro sistema clientelar. Y los ciudadanos, así lo perciben.

Esta “ocupación” institucional tiene varios efectos muy perversos. El primero, en nuestra opinión el más visible pero menos grave, es el despilfarro de fondos públicos para “financiar” a toda esa grasa del sistema, gente que aporta muy poco, sin preparación ni experiencia para desempeñar los puestos asignados. Y decimos que es el menos grave porque, aunque tiene un impacto económico, este es conocido y acotado. El segundo, menos aparente en el corto plazo, pero mucho más dañino, es el progresivo deterioro y el desprestigio de nuestras instituciones. Instituciones tan relevantes como correos, RENFE, la CNMV, el CIS, RTVE, sin una estrategia firme, que se ven sujetas a los intereses partidistas sin que se les deje desempeñar de forma eficaz las relevantes misiones que tienen encomendadas y que conducen irremediablemente a la pérdida de calidad de nuestro sistema democrático y nuestro estado de derecho con todas las consecuencias sobre el conjunto de la sociedad y la economía. Y finalmente, la eliminación de contrapoderes entre los políticos y los gestores públicos en un sistema clientelar fomenta un entorno mucho más proclive a la corrupción [3. Hay evidencia empírica del efecto de la falta de meritocracia en la corrupción e ineficiencia de las administraciones (Charron, Dahlström, Fazekas, & Lapuente, 2016; Charron, Dahlström, & Lapuente, 2016; Mueller Hannes, 2015).] con todos los efectos perversos que eso conlleva, entre otros la merma de confianza en el sistema y el auge de peligrosos movimientos populistas. Seguramente sería más rentable para nuestro país mantener a toda esa panda de allegados pagándoles un sueldo en sus casas, pero permitiendo que se pudieran contratar a buenos e independientes profesionales al frente de las instituciones.

Datos como los analizados en este post nos permiten llegar a conclusiones muy interesantes. Pero tienen una importante carencia; solo nos permiten hacer análisis agregados sin entrar en el detalle de cada institución. De hecho, ni siquiera sabemos si los resultados se refieren a la administración central, la autonómica o la local.

Por eso, desde Hay Derecho hemos decidido poner en marcha el “dedómetro”.

Queremos entrar en el detalle de cada institución, conocer quienes las dirigen y qué perfil tienen, tanto en la actualidad como su evolución histórica, para poder reconocer a aquellas instituciones que se han esforzado por contar con los mejores profesionales y señalar con claridad aquellas otras que han dejado de estar al servicio del bien común para ponerse al servicio de los partidos. Queremos, en definitiva, poder sacar conclusiones que faciliten la rendición de cuentas y la toma de decisiones en cada una de las instituciones.

Aunque nos gustaría abarcar todo el sector público español, tenemos necesariamente que reducir la muestra porque en España existen nada menos que 18.780 entes públicos, lo que da idea de la magnitud del trabajo. Una interesante reflexión que dejamos para otro momento es si de verdad se necesitan ese número de entes públicos para gestionar la administración pública en España. La siguiente gráfica muestra el número de entes públicos por nivel de la administración e España [4. Todos los datos de los entes públicos los hemos sacado del inventario de entes públicos del Ministerio de Hacienda (Hacienda, 2019).].

Si nos restringimos al sector público estatal, el número se reduce considerablemente hasta los 452. En cualquier caso, un número muy elevado que se distribuyen así según su forma jurídica:

En una primera fase nos vamos a centrar en aquellas instituciones de la AGE —después entraremos en comunidades autónomas y entidades locales— donde consideramos que la meritocracia es especialmente importante y exigible: empresas públicas y entes públicos empresariales por su propia naturaleza de carácter empresarial (suman un total de 117 sociedades mercantiles y 14 entes públicos empresariales) y aquellas entidades públicas de especial relevancia por sus cometidos (otras 20). Nuestro objetivo es hacer un análisis retrospectivo de los últimos 15 años con lo cual abarcaríamos gobiernos de distinto color (Zapatero, Rajoy y Sánchez).

Ya hemos comentado que tradicionalmente los análisis sobre la meritocracia se han hecho en base a encuestas a expertos o encuestas de percepción a la ciudadanía. Nosotros queremos ir un paso más allá y analizar directamente el perfil de cada uno de los directivos públicos para ver si los conocimientos, experiencia y formación se corresponde a lo esperado para el puesto que ocupan (indicador de meritocracia) o si, por el contrario, no se ve ninguna relación razonable. Por tanto, es un trabajo complejo y ambicioso y lo vamos a llevar a cabo utilizando crowd-tasking, es decir contar con voluntarios que se adjudiquen una institución y se encarguen de la búsqueda de datos y del análisis correspondiente a la misma. Para garantizar la calidad y homogeneidad de los resultados hemos definido una detallada metodología y plantilla de trabajo que tienen a su disposición —cualquier ayuda será bienvenida.

Aunque sabemos que los cambios son lentos y difíciles, creemos que este proyecto aportará un valioso granito de arena a la mejora de nuestro entramado institucional. Nuestro objetivo es mantener el dedómetro actualizado, proporcionar los resultados en formatos muy amigables y darle mucha difusión. Queremos que cualquier ciudadano, desde su ordenador o su móvil, pueda conocer de forma cómoda y precisa el nivel de ocupación de nuestras instituciones. Y todos los años haremos un “reconocimiento” a los dedos más gordos y feos. Por lo menos que los dedazos no queden impunes.