El 28 de febrero tuvimos la triste noticia de que Ferrovial, empresa española de referencia, traslada su sede social a Holanda. La empresa alega fundamentalmente que está preparando la salida a bolsa en Estados Unidos lo que es posible si se trata de una empresa holandesa pero no de una española y la necesidad de endeudarse que resulta más barato en Holanda (por estar las cuentas de este país saneadas). Apunta también a la falta de seguridad jurídica.

Inmediatamente hemos asistido a airadas críticas por parte del gobierno, acusando de falta de lealtad y de patriotismo, de irse a un paraíso fiscal… apuntando incluso al presidente de la compañía, pero eso sí, carentes de cualquier auto crítica o cualquier análisis sobre los motivos que han dado lugar a dicho traslado. Habría que preguntarse si la lealtad y el patriotismo solo se piden hacia un lado, a la vista de las recientes declaraciones de algunos miembros del Gobierno respecto de los empresarios.

Dentro de este aluvión de críticas una de las cuestiones que se han señalado, de las acusaciones que se han hecho, es que la empresa traslada su sede social por temas fiscales. En realidad, las críticas afirman una cosa y la contraria pues se acusa a la compañía de irse por temas fiscales y a la vez se afirma que no paga impuestos en España: si no paga impuestos ¿Dónde mejor va a estar que en España?

Parece claro que los temas fiscales no han sido determinantes en la adopción de la decisión más allá de lo que haya podido pesar la falta de seguridad jurídica en este ámbito: las leyes populistas y de dudosa legalidad, tales como el Impuesto sobre las Grandes Fortunas, el abuso del Real Decreto-Ley, la casi imposibilidad de obtener una consulta vinculante en plazo que aclare a las empresas como aplicar la ley (las consultas vinculantes emitidas por la Dirección General de Tributos en relación con el Impuesto sobre Sociedades durante el año 2017 fueron 1.842 y, en el año 2021, 292), la dificultad de acercamiento a la administración tributaria, la lentitud de las decisiones judiciales.

En relación con el discurso de que las grandes empresas no pagan impuestos, conviene analizar cuál es la carga fiscal que soportan: la realidad es que la gran empresa en España paga impuestos, y muchos.

Por un lado, conviene aclarar que a las cifras bajísimas que estamos acostumbrados a oír en relación con el Impuesto sobre Sociedades, se llega comparando los impuestos pagados en España con el resultado contable, mientras que, si comparamos los impuestos en España con la base imponible, el tipo efectivo es muy superior, siendo del 21,43% según el último informe de recaudación de la AEAT. La diferencia entre el resultado contable y la base imponible viene dada, sobre todo, por la exclusión en esta segunda de los beneficios de fuente extranjera, que ya han tributado fuera de España por lo que no se deben gravar de nuevo para evitar que haya una doble imposición. Se trata de una medida de buena técnica tributaria, de antigua y general aplicación en el mundo, para que los beneficios paguen en el lugar donde se han generado y no tributen dos o más veces. Este principio sigue siendo plenamente defendido tanto por la OCDE como por la UE, que lo recoge de forma muy amplia en la recientemente aprobada tributación mínima global.

Pero probablemente lo primero que habría que señalar es que las empresas no pagan únicamente el Impuesto sobre Sociedades, este es solo uno de los muchos impuestos que se pagan y no es el que tiene más peso en la factura fiscal de las mismas.

En PwC desde hace tres años realizamos un estudio en el que se calcula la “contribución tributaria total” de la gran empresa. El estudio se realiza utilizando una metodología rigurosa y consolidada, desarrollada junto al Banco Mundial con el objetivo de medir la competitividad de los sistemas fiscales de los países. En el estudio se miden todos los impuestos pagados por las empresas, todos los que soportan contra su cuenta de resultados y suponen un coste para las mismas.

Los resultados son ciertamente reveladores. En el año 2019, tasa efectiva, considerando todos los impuestos soportados, asciende al 56%, es decir, por cada 100 euros de beneficios, las empresas pagan 56 de impuestos.

En el año 2020, año de la pandemia, esta tasa se eleva al 122%, es decir, en el año 2020 las empresas pagaron más impuestos que beneficios obtuvieron o, dicho de otra forma, como consecuencia de los impuestos a los que tuvieron que hacer frente pasaron de tener un resultado positivo a un resultado negativo, ya que tuvieron que pagar a impuestos por importe superior a los escasos beneficios obtenidos en ese ejercicio. Lo anterior es posible porque hay impuestos que son acíclicos, como los impuestos sobre la propiedad, a los que se debe de hacer frente incluso en una situación de pérdidas.

Finalmente, en el año 2021, la tasa efectiva se ha situado en el 42%.

A las cifras anteriores se llega sumando tributos de muy diversa índole, establecidos por las distintas administraciones tributarias españolas, así como por la seguridad social. Durante el año 2021, los impuestos asociados al empleo han supuesto el 52% (fundamentalmente seguridad social a cargo de la empresa), el 26% los impuestos sobre el consumo (entre otros el IVA soportado no deducible o el Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales), el 25% impuestos sobre beneficios (Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre Actividades Económicas), el 11% impuestos medioambientales (entre los que están el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica o los 61 impuestos medioambientales establecidos por las CCAA) y el 6% son impuestos sobre la propiedad (como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles).

Hay por lo tanto impuestos muy diversos, algunos totalmente acíclicos a los que se debe hacer frente incluso en una situación de pérdidas u otros, cíclicos como el Impuesto sobre Sociedades, que grava los beneficios obtenidos, por lo que si no hay beneficios no se paga impuesto sobre beneficios, tan fácil -o tan difícil- de entender.

La conclusión es clara, la gran empresa en España paga una cantidad de impuestos muy elevada. Cuando se aborda el debate de la fiscalidad es importante tener una visión completa y no irse hacia planteamientos parciales y sesgados o incluso demagógicos que solo sirven para menoscabar la credibilidad del sistema en su conjunto y de la gran empresa en particular.

Roberta Poza Cid

Inspectora de hacienda del estado en excedencia actualmente es socia de Public Policy y Fiscalidad Internacional de Deloitte Legal.