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Europa 2024-2029: retos democráticos y sociales

Introducción: algunos datos históricos

Cada 9 de mayo celebramos el Día de Europa. En el proceso histórico de construcción política, social y jurídica de la actual Unión Europea, la primera fecha importante en su experiencia de integración y unidad es el 9 de mayo 1950. En esta fecha, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia, Robert Schuman, inspirado por otro de los ideólogos de la unidad europea, Jean Monnet (las Cátedras de Estudios Europeos-Centros de Documentación Europea llevan su nombre, tuve el privilegio de ser investigador durante dos cursos académicos en uno de esos centros), planteó públicamente integrar las industrias del carbón y del acero de la Europa occidental. De esta idea surgió la primera Comunidad Europea, la del Carbón y del Acero (CECA), cuyo Tratado se firmó en París en 1951.

Unos años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaron en Roma los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y de la Comunidad Económica Europea (CEE o Mercado Común). Todo este proceso de integración europeo constituye un proceso gradual que debe abordar necesariamente la dimensión política, económica, y social, aunque tuvo su inicio exclusivamente con la liberalización del comercio y el diseño de políticas económicas comunes entre los países fundadores. Se trataba de un movimiento de unidad que se ha ido generando y potenciando en el devenir más reciente de la historia del continente europeo.

Pero, como trágicamente sabemos, anteriormente la historia de Europa había estado protagonizada por enfrentamientos bélicos para dilucidar cuestiones territoriales y de soberanía política en diferentes puntos del solar europeo. En Europa se libraron las dos guerras mundiales del siglo XX y se perpetró un escalofriante genocidio por el régimen nazi del alemán, el autodenominado «Tercer Reich», el estado alemán del período 1933-1945. En ese mismo tiempo, en España, el régimen autocrático de Franco había implantado un estado totalitario de persecución, cárcel y ejecuciones masivas, tras un sangriento golpe de Estado frente al régimen democrático de la segunda República, con la consiguiente anulación de la vigencia de la Constitución Española de 9 de diciembre de 1931. Es clave que sigamos ejerciendo memoria democrática.

Después de la primera guerra mundial (1914-1918), se abrió un debate político e intelectual europeo sobre la conveniencia y necesidad de unir política y económicamente a los Estados Europeos, que se intensificó tras la segunda gran contienda bélica (1939-1945). No obstante, en pleno siglo XX se produjo otra gran división en Europa, la ideológica y económica: comunismo-capitalismo, con bloques militares enfrentados (Pacto de Varsovia y OTAN), la llamada «guerra fría», con muro (físico) incluido, que dividió Berlín durante décadas, hasta noviembre de 1989, produciéndose, poco después, en 1991, la desaparición del estado que dominaba el bloque comunista, el soviético (URSS).

Los Estados integrantes de las originarias Comunidades Europeas fueron Alemania, Francia, Italia, y los tres Estados del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). En enero de 1973 se produjo la primera adhesión de nuevos estados, con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido. En 1981 se adhiere Grecia, en virtud del Tratado de Atenas de mayo de 1979. El Reino de España y la República de Portugal se unieron al club comunitario en enero de 1986, tras la firma del Tratado de Madrid y Lisboa de 12 de junio de 1985. En 1995 se configuró otra gran ampliación, con la incorporación de Austria, Finlandia y Suecia. En esta misma fecha, los ciudadanos de Noruega decidieron en referéndum no entrar en las Comunidades Europeas, al igual que ya habían hecho en 1972.

Pero la gran ampliación territorial y política por el este de Europa estaba por llegar, con el reto de integrar los pueblos y Estados desarrollados tras el muro de Berlín, bajo la influencia de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La Unión Europea acogió a diez nuevos países en el año 2004: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. En 2007 ingresaron Bulgaria y Rumania, constituyendo la última incorporación, en este caso del área balcánica, Croacia, el 1 de julio de 2013. En la actualidad, por tanto, una inmensa mayoría de estados europeos forman parte de la UE. En concreto, son 27, tras la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020.

El lema de la Unión Europea es «Unida en la Diversidad», que intenta sintetizar todo un proceso de integración económica y político iniciado hace casi 75 años. Esta expresión, «Unida en la diversidad», se utilizó por primera vez en el año 2000 y se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la Unión Europea, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.

Los retos de la UE

La profundización del proceso de integración de Europa sólo tendrá futuro si se abordan decididamente las preocupaciones reales que tenemos los ciudadanos europeos, elaborando de manera participada y ejecutando verdaderas políticas de integración comunitaria en materias como el empleo, la lucha contra la pobreza, la defensa de los valores ambientales, la extensión de la cultura, o la cohesión social entre los territorios y poblaciones de la Unión, en una lucha permanente por la igualdad.

La apuesta política por la protección del medio ambiente es una de las claves de futuro de la UE, con el reforzamiento de la política medioambiental, propiciando el aumento del uso de las energías renovables, la disminución del consumo energético y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, elementos que tienen necesariamente que formar parte de un nuevo modelo de desarrollo económico, que se plasmó en el Pacto Verde Europeo, la estrategia de la Comisión Europea para el actual período 2019-2024, o la Directiva europea de fomento de las energías renovables de 2018.

Hemos de afirmar que actualmente las políticas ambientales tienen un sustento legitimador en las evidencias científicas y afortunadamente es creciente la aceptación social para su implementación por los gobiernos, como se pone de manifiesto en iniciativas ciudadanas diversas y en resultados electorales en importantes Estados europeos, a pesar de los intentos negacionistas que se lanzan desde opciones políticas extremas, que a su vez tienen tentaciones autoritarias, con intentos de revisar la historia y negar los colapsos democráticos. Es muy necesario prestar atención a esta cuestión.

En 2022, la Unión Europea aprobó su VIII Programa de Acción en materia medioambiental, a través de la Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030, que sustituye al anterior, el séptimo, que rigió entre el 2013 y el 2020. 

Consecuente con las acciones desarrolladas a lo largo de la ejecución del VII Programa 2013-2020 y con el Pacto Verde Europeo 2019-2024, el principal objetivo del nuevo programa aprobado en 2022 es «acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra, sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente, competitiva y circular de forma justa, equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del medio ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad», según se proclama en el apartado segundo del artículo 1 de la mencionada Decisión de 6 de abril de 2022.

Consideraciones finales: por una Europa social y democrática

Además de cumplir con todos estos esenciales compromisos ambientales, que son clave, el Parlamento Europeo, que entre el 6 y 9 de junio será renovado para su Legislatura 2024-2029, y que contará en esta ocasión con 720 europarlamentarios (a España le corresponden 61 en este nuevo mandato europeo), sigue teniendo pendiente conseguir que realmente el ciudadano participe con más intensidad en los asuntos europeos y que se eleve de forma significativa su participación política en las elecciones europeas, que viene siendo escasa. 

Posiblemente, como causa de esta escasa participación ciudadana, es determinante el hecho de que en el esquema institucional de la UE, el Parlamento Europeo, a diferencia de las asambleas legislativas estatales, no es verdaderamente un órgano legislador soberano, como cualquier parlamento democrático, ya que el procedimiento legislativo ordinario en la UE es el de codecisión entre el Consejo de la UE, constituido por representantes de los gobiernos de los estados miembros, y el propio Parlamento Europeo, correspondiendo el monopolio de la iniciativa legislativa a la Comisión Europea.

Para este importante reto de crecimiento democrático y social de la UE somos necesarios ciudadanos europeos más informados y comprometidos en el proceso de construcción europea, con el objetivo de hacer más democrático el actual sistema institucional de la UE. Y, el Parlamento Europeo sigue sin tener el poder que debiera, dado que es la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía, y que, por tanto, por fundamento democrático, debiera ser realmente soberana, una verdadera asamblea legislativa, y no en codecisión como está configurado actualmente.

Europa, que ha sido en importantes etapas históricas territorio de democracia y protección social, tiene hoy un gran reto, ser de nuevo un espacio de solidaridad en este decisivo momento histórico de belicismo y de crisis económica y social, tras una difícil etapa de pandemia y sus consecuencias, que aún las sufrimos en algunos ámbitos. El bien común debe ser precisamente el objetivo prioritario de las políticas europeas, y también nacionales. Hemos de recuperar el impulso de integración social de la UE, con los valores de solidaridad, cooperación, protección del medio ambiente y democracia avanzada como principales ideas fuerza para la Europa de hoy, y la del próximo lustro, ya en plena tercera década del siglo XXI.

500 años de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano (1519-1522): la financiación del proyecto.

 

“Mas sabera tu Alta Magestad lo que en más avemos de estimar y tener es que hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el oçidente e veniendo por el oriente” (Carta de Juan Sebastián Elcano a Carlos V)

Como principio general, cualquier acontecimiento histórico que permita derribar fronteras —sean físicas o ideales— y ensanchar los horizontes del ser humano y su espacio para el crecimiento exterior e interior, merece ser valorado positivamente. Si la gesta en cuestión nos es cercana, es natural sentir legítimo orgullo de estas iniciativas y sus logros.

La primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano es, en cualquier caso, una hazaña universal, en la que, además de españoles, participaron italianos, portugueses, franceses, griegos, germanos, holandeses, un inglés, un natural de Malaca (el esclavo de Magallanes) y dos africanos (Fernández Vial, citado en Colomar, 2018, pág. 159). Se suele afirmar que con este hito comenzó el proceso globalizador, que, en este siglo XXI, a pesar de las evidentes ventajas materiales que ha reportado, suscita tantas adhesiones como rechazos, algunos particularmente llamativos, como el de la primera potencia capitalista del planeta.

Para Stefan Zweig (citado en Domínguez), la gesta de Magallanes fue “[tal vez] la odisea más magnífica en la historia de la humanidad”. Aunque el viaje fue ideado y organizado inicialmente por el portugués, la culminación de la vuelta al mundo correspondió a Juan Sebastián Elcano, natural de Guetaria (Guipúzcoa), quien regresó exhausto a Sevilla, a bordo de la nao Victoria, junto a 17 marinos más, el 8 de septiembre de 1522, por lo que se ha llegado a afirmar que el mucha veces ignorado Elcano debería ser el “héroe de este quinto centenario” (Revista Registradores de España, 2019). Años más tarde se unirían a estos 18 marinos algunos supervivientes de la nao Trinidad, apresados por los portugueses en Cabo Verde, una vez que Castilla y Portugal pactaron un acuerdo sobre las Molucas, al que más adelante nos referiremos.

Por el camino quedaron otras cuatro naos (Santiago, San Antonio, Concepción y Trinidad), una buena parte de los aproximadamente 250 tripulantes que zarparon de Sevilla el 10 de agosto de 1519, y el propio Magallanes, que falleció en combate en Mactán, cuando se enfrentó, con 49 de sus hombres, a unos 1.500 guerreros liderados por Lapu Lapu (el prudente navegante no midió bien las ventajas conferidas por la artillería frente al elevado número de adversarios…).

Si, en aquellos años, la rivalidad extrema entre las dos potencias marítimas hegemónicas, las Coronas de Castilla y Portugal, que debieron volcarse en el Atlántico tras la caída de Constantinopla en 1453 y el dominio turco del Mediterráneo, se plasmó en Tratados como los de Alcaçovas (1479), Tordesillas (1494) o Zaragoza (1529), que tuvieron por objeto la resolución de las numerosas controversias suscitadas por la exploración de los océanos, hoy día también se discute a qué país debe atribuirse la gesta, dado que Magallanes era natural de Portugal. La Real Academia de Historia ha concluido que “es incontestable la plena y exclusiva españolidad de la empresa” (2019). Tras las desavenencias entre Magallanes y el Rey Manuel de Portugal, aquel se estableció en Sevilla en 1517, donde otorgó testamento antes de partir hacia las Molucas —no por el africano cabo de Buena Esperanza sino cruzando el Atlántico para alcanzar el Pacífico— y se puso al servicio del joven Carlos V, castellanizando su nombre portugués (Fernão de Magalhães).

Realmente, a los ojos de un espectador del siglo XXI, tanto da a qué país se atribuya la gesta, particularmente, a la vista de las buenas relaciones de vecindad entre España y Portugal. De hecho, los gobiernos de ambos países han presentado un programa conjunto para para celebrar el quinto centenario (El País, 2019). Sea como fuere, las motivaciones de entonces no pueden ser comprendidas, sin más, desde la perspectiva del presente.

Una Sevilla en plena efervescencia, propulsada por una Casa de la Contratación que sirvió de nexo entre las Indias y España, capitalizó el principio y el fin de nuestra historia, como ya hemos anticipado.

La ciudad hispalense se ha descrito como “la urbe donde se manifestó el esplendor económico y financiero del siglo XVI” y como el “microcosmos económico del siglo XVI” (González, 2012, págs. 29 y 69). La actividad comercial atrajo, naturalmente, el interés de los cambistas y banqueros, que se debatieron entre el buen desarrollo del negocio y la salvación del alma, como muestran los tratados escritos en aquellos trepidantes años.

Quien mejor captó la realidad del siglo XVI en la capital hispalense acaso fue el sevillano Tomás de Mercado (“Suma de tratos y contratos”), cuyo influjo, al igual que el de otros doctores de nuestra magna Escuela de Salamanca, alcanzó a autores de siglos posteriores, incluido el padre de la economía moderna, Adam Smith (González, 2012, págs. 31 y 32).

Para Carande (2004, pág. 141), tuvo Sevilla “mayor número de cuentas que cualquier ciudad española, debido a la variedad de actividades de su mercado privilegiado: compradores de oro y plata, en las subastas de la casa de la moneda, factores y agentes de firmas extranjeras dedicadas al comercio de perlas y piedras preciosas […], grandes cargadores de Indias, arrendatarios de ingresos de la corona y de la ciudad, asentistas de negros, mercaderes de esclavos y con ellos nobles y grandes terratenientes interesados también en importantes negocios, a los que tampoco renunciaron los oficiales y regidores de la ciudad y otros altos dignatarios atraídos por Mercurio, a la sombra de las facilidades inherentes, a su preeminencia. La comunidad de intereses de la clientela contribuyó a que los bancos trabasen íntima solidaridad”.

En Burgos, el segundo gran centro de la economía española de entonces, que permitía la apertura del comercio patrio hacia Europa, encontramos a otro de los personajes clave de la proeza de Magallanes y Elcano, Cristóbal de Haro, colaborador de los principales banqueros alemanes de la época: los Fugger (Fúcares) y los Welser (Bélzar).

Magallanes, junto al también portugués Rui Faleiro, quien finalmente fue excluido de la exploración, consiguió presentar su proyecto a un Carlos V recién llegado a nuestro país. El monarca accedió a patrocinar la expedición, lo que quedó plasmado en las Capitulaciones de Valladolid (1518), en las que se concretó el reparto entre ambas partes de las cargas, las obligaciones y, en su caso, los beneficios derivados de la expedición.

Con su agudeza habitual Zweig (citado en Domínguez) destaca que “en todo descubrimiento o invención hay un estímulo moral, una fuerza alada del espíritu; pero, muy en general, lo que da el empuje definitivo hacia la realización es la coincidencia de unos móviles materiales”. La propuesta de Magallanes y Faleiro a Carlos V no constituyó una excepción a este principio, pues si bien estaba el propósito de afirmar la españolidad de las islas de las Especias, conforme al reparto del mundo pactado con Portugal, también era evidente la existencia de intereses más personales y materiales por parte de todos los personajes, públicos y privados, en liza.

La financiación de los preparativos con cargo al presupuesto de la Corona, según lo estipulado en las Capitulaciones de Valladolid, no se pudo llevar plenamente a efecto por la falta de liquidez de las arcas reales (un problema con el que Carlos V habría de convivir, amargamente, a lo largo de todo su reinado, a pesar de las ingentes cantidades de oro y plata recibidas con origen en los dominios americanos).

Y es en este punto en el que Cristóbal de Haro, con el apoyo de otros banqueros burgaleses y el de los Fugger y los Welser, aportó como inversión —de alto riesgo, sin duda— 2.000 ducados (Bernabéu, 2018, págs. 62 y 65), con el fin de que fueran adquiridas las mercaderías necesarias para la partida, toda vez que la “fórmula de colaboración público-privada propuesta por el marinero” fue aceptada por la Corona (Domínguez). La aportación de Cristóbal de Haro cubrió una quinta parte de las necesidades financieras del viaje, siendo sufragada la parte restante por la Corona (Colomar, 2018, pág. 157) (según la Real Academia de Historia —2019—, De Haro y sus asociados sufragaron el 25% del coste de la expedición).

En todo caso, la financiación otorgada por la Corona constituyó una excepción a la práctica habitualmente seguida, pues, “salvo contadas excepciones como fue el caso de Colón o Magallanes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos, o por los mercaderes o banqueros que las financiaban” (Galeano, 2005, pág. 30). Esto nos lleva a considerar que Carlos V, por sí mismo o asesorado por terceros, identificó el potencial de viaje para ampliar sus dominios y sus fuentes de ingresos.

Tras indecibles padecimientos, la nao Victoria regresó desarbolada a Sevilla tras tres años de auténtica odisea, pero cargada de especias que permitieron cubrir todos los costes del viaje y la obtención de rentabilidad (Martín-Merás, 2018, pág. 96).

Años más tarde, en virtud del Tratado de Zaragoza (1529), Carlos V vendió las Molucas a Portugal por 350.000 ducados, con pacto de retroventa, pues dicho importe se reembolsaría a Portugal si una comisión mixta de expertos luso-hispanos determinaba que, por su demarcación, estas islas correspondían, en realidad, a la soberanía de Portugal. Si la aportación regia, según lo apuntado anteriormente, rondó entre los 6.000 y los 8.000 ducados, al margen de otros posibles costes incurridos, nos percatamos de la extraordinaria rentabilidad financiera del proyecto para la Corona hispánica. Con lo estipulado en Zaragoza, la política imperial se orientó hacia América, lo que no impidió que la influencia española en Asia fuera calando paulatinamente, hasta la pérdida de las últimas colonias en 1898.

Referencias bibliográficas

Bernabéu, S. (2018): “La primera circunnavegación del mundo. Tragedia humana y triunfo de una empresa imposible (1519-1522)”, en “La vuelta al mundo de Magallanes-Elcano. La aventura imposible 1519-1522”, Higueras Rodríguez, M. D. (Dir.), Editorial Planeta, S.A.

Carande, R. (2004): “Carlos V y sus banqueros”, 2ª ed., Editorial Crítica, S.L.

Colomar Albájar, M. A. (2018): “Circunvalando la redondez del mundo. Las fuentes documentales”, en “La vuelta al mundo de Magallanes-Elcano. La aventura imposible 1519-1522”, Higueras Rodríguez, M. D. (Dir.), Editorial Planeta, S.A.

Domínguez Martínez, J.M.: “La gesta de Magallanes: el monumental relato de Stefan Zweig”, eXtoikos, especial nº 3, “Vuelta al mundo Magallanes-Elcano (1519-1522)”, en prensa.

El País (2019): “España y Portugal firman la paz de Magallanes-Elcano”, 2 de abril.

Galeano, E. (2005): “Las venas abiertas de América Latina”, 2ª ed., 3ª reimp., Siglo XXI de España Editores, S.A.

González Moreno, M. (2012): “Retratos de economistas andaluces: vida, tiempo y pensamiento”, Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja.

Martín-Merás Verdejo, L. (2018): “El viaje que cambió la imagen del mundo. Cartografía, comercio y diplomacia”, en “La vuelta al mundo de Magallanes-Elcano. La aventura imposible 1519-1522”, Higueras Rodríguez, M. D. (Dir.), Editorial Planeta, S.A.

Real Academia de Historia (2019): “Informe sobre la Primera Circunnavegación a la tierra”, 10 de marzo.

Revista Registradores de España (2019): “Entrevista a José Luis Comellas por Antonio Tornel”, nº 86.