María Chivite y el banquete de los impunes
Decía hace unos días una jurista de reconocido prestigio que poco se puede hacer contra una persona que se salta las reglas en un asunto administrativo y a la vez encabeza la administración. Es complicado ponerle una multa de tráfico al jefe de policía, ¿no?
Aunque a veces pasa. Hace bien poco surgió la sorpresa de un cuerpo de policía que multó a varios de sus propios coches patrulla por circular con la ITV caducada. Sucedió en Vigo este Noviembre. Unos agentes se hartaron de reclamar la regularización y decidieron hacer cumplir la normativa sin hacer caso de quién la estaba incumpliendo. Sobre el papel, siempre debería ser así.
Otro caso que fue memorable fue el intento de varios policías de tráfico de Madrid de multar a Esperanza Aguirre por aparcamiento indebido. Aquello acabó como el rosario de la aurora, y sus motivos eran discutibles, pero lo cierto es que al intentar multarla hicieron lo que debían. Sobre el papel.
Lo que nos lleva a un caso actual. Tenemos una comida para doce personas celebrada en un edificio público en Pamplona el 17 de Noviembre, estando vigente el Decreto Foral 24/2020 que restringía el número de asistentes no convivientes a dichas comidas, e incluso cerraba los restaurantes. La comida, sobre el papel y hasta de acuerdo con peritos, incumplió la normativa y “constituía una imprudencia”. Pero la convocante era la presidenta del gobierno foral de Navarra, María Chivite, y la excusa era que fue un acto “institucional”. Una figura legal que no le exime de nada, y que además no cumple.
Si la comida se hubiera celebrado en otro lugar, de acuerdo con la normativa vigente cualquier aviso telefónico vecinal habría bastado para que la policía foral se hubiera personado e hinchado a extender denuncias que acabarían en multa (3000 para la anfitriona, 600 por cabeza a los asistentes). De hecho, el viernes de esa misma semana de Noviembre, la Policía Foral extendió 33 denuncias por “permanecer en grupos superiores a 6”. Esa quincena, la Policía Municipal de Pamplona expidió 64 denuncias por “reunión de no convivientes”. Pero la policía, el 17 de Noviembre en el Palacio de Navarra, estaba guardando los accesos y registrando los canapés.
La policía actúa de oficio “ante el conocimiento de ilícitos penales”. Esto no es un ilícito penal, sino una infracción administrativa (salvo en el caso de cenas y reuniones de gente normal, en su casa o en la calle). Aparentemente debería ser el departamento de Sanidad de la Comunidad Foral quien, conocida la aparente infracción, iniciara acciones para multar a la organizadora y a los asistentes.
Pero no lo han hecho. No es probable que lo hagan. Incluso si algún técnico con sentido de su obligación iniciara el proceso, cabe poca duda de que el expediente no llegaría lejos.
La razón de esta impunidad no está en “la naturaleza de las cosas”. No es una situación inevitable. Los que mandan no siempre están por encima de las leyes que promulgan. De hecho, desde el siglo XVIII, en las democracias tendemos a creer que nadie debería estarlo, y a procurar que no lo estén.
La razón de esta impunidad está en la falta de neutralidad de las administraciones españolas. En la discrecionalidad de los nombramientos importantes, mucho más allá de lo normal en el resto de Europa. En los cargos “de confianza” que no tienen que justificar su capacidad objetiva. En las pruebas de ascenso con entrevista privada sin grabación. En el uso masivo de nombramientos interinos de larga duración para colocar a personas a dedo y asegurar su gratitud. En resumen, está en que tenemos unas administraciones que han sido deliberadamente puestas al servicio de los gobernantes, en lugar de estar al servicio de la ley y de los gobernados, con métodos que todos los partidos conocen y ninguno ha intentado seriamente cambiar.
Lo han explicado muy bien Samuel Vázquez e Inma Alcolea en distintas charlas de la Asociación Pompaelo. Las administraciones, y no sólo las policías, no son neutrales. Y puesto que son esas administraciones públicas las que hacen cumplir la ley, eso significa, de hecho y salvo enorme presión mediática, que los gobernantes quedan exentos de su cumplimiento.
En Navarra tuvimos hace pocos años otra demostración notable de lo que pasa cuando la administración de todos intenta aplicar la ley contra los intereses personales de una autoridad. La Letrado Mayor del Parlamento de Navarra osó emitir un dictamen contrario a los intereses de la persona que lo presidía. Fue cesada por pérdida de confianza. El resto de grupos parlamentarios expresaron gran aprobación a su gestión, pero no lo impidieron, dejando claro con los hechos que, para ellos, la interpretación de la ley debe hacerse al gusto del que manda.
Sólo hay una parte de la administración que los gobernantes no controlan aún del todo, y es la administración judicial. Esa que ahora mismo intentan repartirse para convertirla en una colonia más del poder de los partidos. Citando de nuevo a un contertulio de Pompaelo, en este caso Jaime Ignacio del Burgo, eso sería la guillotina para la democracia.
Referencias:
Detenciones 1. (https://pamplonaactual.com/policia-municipal-de-pamplona-denuncia-a-367-personas-en-los-ultimos-15-dias-por-incumplir-las-medidas-sanitarias/)
Detenciones 2. (https://www.europapress.es/navarra/noticia-mas-80-denuncias-fin-semana-pamplona-incumplimientos-restricciones-frente-covid-19-20201123091853.htmlCor)
Normativa vigente a la fecha. (https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/251/0)
Economista y gestor de proyectos, escritor y columnista. Preside la Asociación Pompaelo.