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La vida de los otros

“La vida de los otros” es el título de un inquietante largometraje alemán estrenado en 2006, que obtuvo en el año 2007 el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Su trama se desarrolla en Alemania Oriental, y transcurre en los últimos años de existencia de la entonces llamada República Democrática Alemana, mostrando como el Estado, a través de la Stasi -su policía política- controlaba y espiaba la vida de todos sus ciudadanos para evitar desviaciones ideológicas, especialmente en los círculos intelectuales que podían poner en peligro al liberticida régimen comunista.

La película está ambientada en el Berlín de 1984, ciudad entonces dividida en dos por un muro con alambradas y ametralladoras en su parte Este, cuyo fin no era evitar que los del Oeste entraran al “paraíso” (como en el triste caso del construido por Donald Trump en la frontera USA con México), sino que los del Este pudieran escapar del infierno, hasta el punto de ametrallar a todos los infelices que lo intentaron, buscando una vida mejor. Porque ese es el resultado práctico de las repúblicas “democráticas” que los comunistas aún tienen las narices de vender. En los 28 años que duró construido el famoso muro de Berlín, 79 personas murieron intentando cruzarlo, y más de 100 resultaron heridas de bala. Y unos 4000 individuos lograron traspasarlo con éxito, todos hacia occidente, huyendo de ese siniestro régimen totalitario que la película retrata de forma magistral. Nadie lo cruzó nunca hacia el lado oriental.

Desprovistos todavía de ese dramatismo -porque aún no estamos ametrallando a nadie- en España hemos levantado desde hace décadas nuestro particular “muro de Berlín”. Que existe entre Cataluña y el resto de España. En un brillante artículo reciente, Jorge Bustos recordaba lo que fue Barcelona en otros tiempos, y cómo su modernidad y la libertad de épocas pasadas se han trasladado a Madrid. Decía que los madrileños de los 80 “crecimos con el hábito de la real gana, de los planes infinitos y de los amigos sin número y sin cuna. Y para cuando pudimos elegir dónde gastarnos la vida, Cataluña ya estaba enferma de control. Nada podía atraernos de allí”. Y remataba describiendo la curiosa situación de que “a las tres semanas de llegar (a Madrid) Rufián aquí ya era tomado por un prócer: madrileñísimo caso de movilidad social. A un madrileño en el Parlament ¿qué futuro le aguarda que no sea el escrache cotidiano? Para regresar a la Ilustración, la izquierda deberá descataluñizarse a fondo y madrileñizarse minuciosamente, sacudirse ese pánico reaccionario a la competencia por el que abraza las aduanas lingüísticas, culturales y hasta raciales del nacionalismo”.

En Cataluña hoy no se puede discrepar del credo dominante, ni pensar diferente al gran rebaño identitario, ni expresar tus ideas en público si no coinciden con las del nacionalismo oficial. Porque -si lo haces- te amenazan, te escrachan o te agreden las furiosas hordas del “apreteu”. Los estudiantes castellanoparlantes tienen que hablar su lengua materna a escondidas, porque hasta les delatan en el patio y los incluyen en las listas de desertores oficiales poco adictos al régimen. La Stasi de la vieja RDA vive hoy implantada en las aulas catalanas, cambiando los besos en la boca de Honecker por la devoción al procés y a las esteladas. Y sin admitir librepensantes ni disidentes.

A esto le llaman -con dos bemoles- “autodeterminación” y “derecho a decidir”. Y también “fascistas” a los apedreados y “demócratas” a los agresores, o “patriotas” a los violentos y “botiflers” a los pacíficos, en un juego lingüístico perverso que parece el eco de una lejana distopía orwelliana. Vivir en la Cataluña en el siglo XXI se asemeja -cada vez más- a pasar unas vacaciones en la parte alambrada del antiguo muro de Berlín. No te falta ni un grito, ni una amenaza, ni una piedra, ni una púa. La mitad de los ciudadanos catalanes vive cada día en sus carnes el opresivo argumento de “La vida de los otros”. Pero no en Netflix, sino en la calle, en su trabajo, en sus familias y en las escuelas de sus hijos.

Este apetecible modelo de convivencia se está trasladando sigilosamente a las Islas Baleares, bajo el pasotismo general. Especialmente a las escuelas e institutos de la part forana. Hoy nuestra Stasi profesoral ya se encarga de difundir la doctrina oficial, y de vigilar y delatar la disidencia. Y no deja de manifestar de forma ostentosa su odio y su desprecio cuando alguien pretende escapar de la alambrada, anhelando pensar libremente y expresar lo que le dé la gana, y además en el idioma que le pete. Para vivir, en definitiva, en democracia y en libertad. Si te vas, te señalan con el dedo. Sólo escasas y honrosas excepciones -unos pocos y escasos valientes, de entre todos los alumnos, padres y maestros- son capaces de mantener la dignidad y soportar la oprobiosa presión general.

Cuando uno ve “La vida de los otros” se apercibe rápidamente de la falta de libertades, de la angustia y del terror, generados por el omnipresente aparato represor del Estado. Los ambientes, la caracterización de los personajes y los decorados te introducen en una atmósfera asfixiante y opresiva. Nadie que vea la película es capaz de desear una existencia así. Pero lo que tan claro nos parece en la ficción no lo trasladamos luego a la vida real. Como en los años de plomo del País Vasco, en la Cataluña actual -y en bastantes lugares de nuestras islas- se masca una silenciosa opresión. Sin cables, sin micrófonos y sin policías, pero con idéntica intención totalitaria. Que la gente mimetiza en silencio, guardando sus opiniones -o incluso su lengua- para darles rienda suelta sólo en la intimidad.

De esta forma tan silente -y a la vez tan eficaz- se implantan hoy las tiranías y se laminan las libertades. Actualmente las revoluciones ya no precisan de tanques, misiles ni cañones, se consuman adoctrinando a la juventud mediante escuelas, medios de comunicación y redes sociales.

 

¿Por qué Italia no ha entregado a Puigdemont a la justicia española?

Un nuevo capítulo se ha abierto en el culebrón jurídico internacional que comenzó hace ya más de cuatro años y es que el pasado 23 de septiembre Carles Puigdemont, expresidente de la Generalidad de Cataluña, fue detenido en Cerdeña en cumplimiento, en principio, de la orden de detención y entrega europea emitida el 14 de octubre de 2019 por el Tribunal Supremo español. No obstante, este mismo lunes el tribunal italiano finalmente denegó su entrega a la justicia española entendiendo que, por un lado, la referida euroorden se encontraba en suspenso y, además, que el expresident es inmune debido a su condición de eurodiputado.

Esta decisión ha sido cuestionada y debatida tanto por algunos juristas como por el propio instructor de la causa, el Juez Llarena, quienes aseguran que las euroórdenes siguen activas y la inmunidad de Puigdemont en suspenso.

Fundamentalmente, se deben valorar tres cuestiones relevantes para que Italia pudiera entregar a Puigdemont para ser juzgado por la justicia española, requisitos que, en este caso, el Juez italiano no ha considerado cumplidos. En primer lugar, (i) si existe o no una orden de detención y entrega activa contra el expresidente catalán. En segundo lugar, (ii) si Puigdemont es inmune o no por su condición de eurodiputado desde enero de 2020. Y, por último, (iii) si existen delitos equivalentes a los delitos de sedición y malversación de caudales públicos -delitos por los que sería imputado en España- en el Código Penal italiano.

La última de las cuestiones debe ser respondida de forma afirmativa, es decir, el Código Penal italiano cuenta con delitos equivalentes a los delitos por los que sería juzgado en España. Esta cuestión es relevante, recordemos que en 2018 el expresident fue detenido en Alemania en cumplimiento de otra euroorden emitida por el Supremo que solicitaba su extradición como imputado por los delitos de rebelión y malversación. Sin embargo, finalmente se denegó su entrega porque el Código Penal alemán no contemplaba un delito equivalente al de rebelión y, por lo tanto, sólo podría ser juzgado en España por malversación.

Por otro lado, es cierto que, tras haber tomado posesión de sus cargos como eurodiputados, tanto Puigdemont como otros exconsellers gozaban de inmunidad europarlamentaria que impide que éstos puedan ser detenidos o procesados en el territorio de cualquier estado miembro.

No obstante, esta inmunidad puede ser retirada por acuerdo de la mayoría del Parlamento Europeo, de acuerdo con el artículo 9 de su reglamento interno. El Supremo español hizo uso de esta facultad y solicitó al Parlamento Europeo que iniciara el suplicatorio y retirara la inmunidad de Puigdemont y el resto de exconsellers, decisión que finalmente fue adoptada por mayoría de un 60% de la cámara el pasado mes de marzo, como ya comenté en un post anterior.

Sin embargo, Puigdemont recurrió esta decisión del Parlamento ante el TJUE y solicitó medidas provisionales para que, en lo que tardara en resolverse el recurso, siguieran gozando de inmunidad.

El Tribunal General de la Unión Europea (“TGE”) no concedió estas medidas provisionales (consúltese la nota de prensa aquí) entendiendo que no se daba el requisito de urgencia y fundamentó su decisión, principalmente, en dos argumentos:

(i) Aunque el Parlamento Europeo les haya retirado la inmunidad, siguen siendo inmunes en lo relativo al desarrollo de sus funciones como europarlamentarios, por lo que no se estarían vulnerando sus derechos fundamentales como representantes de los ciudadanos de la Unión, argumento principal de los recurrentes. Por lo tanto, todos ellos siguen gozando de inmunidad en todas las actividades y desplazamientos que desarrollen en calidad de eurodiputados.

(ii) En segundo lugar, y por sorprendente que parezca -ya que la razón por la que se les retiró la inmunidad era para poder dar cumplimiento a la orden de detención-, el TGE consideró que no existe un riesgo inminente de que éstos sean detenidos. Esto se debe a que el Tribunal entiende que la euroorden emitida por el Supremo se encuentra temporalmente suspendida.

Este nuevo e inesperado inconveniente se debe a otra cuestión que ni siquiera involucra directamente a Puigdemont y es que, a principios de este año, la justicia belga denegó la entrega de otro exconseller, Lluís Puig, alegando que el Tribunal Supremo español no era el competente para la emisión de esta Orden de Detención Europea. En consecuencia, el Tribunal Supremo planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que resolviera quién era el competente para la emisión de esta euroorden.

Por lo tanto, según el TGE, al haberse planteado una cuestión prejudicial en relación con las euroórdenes que solicitan la detención y entrega tanto de Lluís Puig, como de Puigdemont y el resto de exconsellers, se suspende el proceso penal y, por lo tanto, la ejecución de las órdenes de detención también queda suspendida.

Además, y como cabía esperar, el pasado 1 de octubre, tras ser detenido en Cerdeña, Puigdemont volvió a solicitar medidas provisionales al TGE para que se le devuelva la inmunidad puesto que el riesgo de extradición era inminente. Esta solicitud de medidas aún está pendiente de resolución por lo que, una vez más, el Juez italiano ha entendido que, hasta que no se resuelva esta petición, el expresidente es inmune, pese a que el Parlamento le hubiera retirado dicha inmunidad y el TGE lo hubiera confirmado.

En conclusión, aunque sí existen delitos equivalentes en el código penal italiano a los de sedición y malversación, el tribunal italiano ha decidido dejar en suspenso la entrega de Puigdemont entendiendo que, hasta que se resuelva la solicitud de medidas provisionales presentada por Puigdemont su inmunidad permanece vigente y, además, que mientras el TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Supremo sobre la competencia para emitir las euroórdenes, éstas permanecen en suspenso y por lo tanto Puigdemont no puede ser extraditado.

El Tribunal Constitucional, por su parte, este martes ha avalado la posición del Juez Llarena y ha desestimado el recurso de amparo presentado por Puigdemont y el resto de exconsellers contra las resoluciones del Supremo que emitieron las euroórdenes, afirmando que las euroórdenes se encuentran activas y vigentes, contradiciendo lo resuelto por el Tribunal italiano.

Si bien aún no se ha hecho público el Auto en cuestión, ya se ha adelantado que esta decisión se debe a que, según el TC, en los procedimientos de amparo no se suspenden cautelarmente los efectos de la decisión impugnada -en este caso de la euroorden- y, además, que las órdenes de detención tienen naturaleza cautelar y, a este respecto, las recomendaciones del TJUE aclaran que las medidas cautelares “no están sometidas al régimen de suspensión obligatoria» por lo que se estará a lo que resuelva el tribunal nacional, en este caso, a lo que decida el Tribunal Supremo sobre la suspensión de las mismas.

Como ya puse de manifiesto en mi anterior post, aunque las Órdenes de Detención Europea son un sistema avanzado y mejorado de las extradiciones internacionales, aún falta mucho por hacer, sobre todo cuando en la mayoría de los casos el estado miembro que sirve de cobijo a un fugitivo de otro estado tiene la licencia de poner en duda las intenciones políticas y la imparcialidad del sistema judicial del otro país, y más teniendo en cuenta que España cuenta con el respaldo de la Unión Europea en esta causa.

Por desgracia, este ha sido el posicionamiento de Bélgica desde el inicio del conflicto catalán y que, en mi opinión, su reticencia a colaborar con la justicia española se debe -más que a dudas razonables sobre la independencia de la justicia española- a sus propios conflictos políticos, en un intento de “no abrir el melón” sobre el independentismo flamenco en su propio país. Es decir, que las propias reservas políticas de un estado pueden llegar a interferir en el ius puniendi de otro país.

Es justo decir que no creo que este sea el caso de Italia. A mi parecer Italia sí tenía una voluntad real de entregar a Puigdemont a la justicia española, pero ha optado “dar una patada hacia delante” por miedo a contradecir futuros pronunciamientos de los tribunales europeos. Por ejemplo, no tiene sentido decir que, puesto que Puigdemont ha solicitado medidas provisionales para que se le devuelva su inmunidad, en el tiempo en que tarde en resolverse el recurso ésta le es restituida, ya que sería tanto como admitir que existen medidas provisionales a las medidas provisionales o incluso aceptar resoluciones que anticipan fallos futuros. La cautela del tribunal italiano es comprensible, nadie quiere ser el juez que dicte un fallo que es posible que sea posteriormente anulado por un tribunal europeo, cuando ya sea demasiado tarde y el perjuicio ya se ha causado.

En mi opinión, es necesaria una reforma del sistema de las Órdenes de Detención Europea que refleje en mayor medida la unificación de sistemas y valores democráticos que fundan la Unión, ya que, aunque las formas y los procedimientos son más que necesarios, la eficacia y la justicia también lo son, y lo que no es admisible es que se permita que un huido de la justicia pueda ocultarse durante más de cuatro años en el territorio de nuestros propios aliados aprovechándose de los fallos de un sistema de confianza que nosotros mismos hemos construido.

Informe del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña sobre incidentes políticos violentos en esta comunidad

 

El Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña ha publicado dos informes sobre la violencia política en Cataluña en el año 2019. El Observatorio fue creado en 2019 por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia, dos entidades constitucionalistas, comprometidas con la defensa y promoción de los valores democráticos, con el objetivo de recopilar los incidentes relacionados con dicha violencia política detectados en Cataluña.

En la Fundación Hay Derecho hemos querido recoger las conclusiones más interesantes extraídas de los informes publicados. Se tratan del primer informe elaborado por el Observatorio donde se analizan los incidentes relacionados con la violencia política, es decir, el empleo de la fuerza física o psíquica para lograr la modificación de la voluntad del oponente político. Aunque tal y como señala el informe no se ha incluido la violencia verbal vertida en redes sociales salvo en aquellas ocasiones en las que ha sido ejecutada por cargos públicos. Desde el punto de vista del Estado de Derecho los informes destacan como una de las cuestiones más relevantes la falta de una toma de conciencia por parte de autoridades policiales y políticas, lo que acaba generando una sensación de impunidad. Otro de los puntos destacados es la divergencia de criterios con la Oficina de Derechos Civiles y Políticos lo que ha llevado a una disparidad en los datos ofrecidos por ambas instituciones. Tal y como destaca el Observatorio Cívico esta divergencia de criterios redunda en una falta de consenso sobre el origen y los autores de los incidentes violentos en Cataluña.

Ambos informes publicados por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña estudian el año 2019, año durante el cual el Tribunal Supremo dictó la sentencia del ‘procés’ en el mes de octubre. Por ello, resultan muy interesantes los datos que proporciona el Observatorio puesto que nos permiten evaluar la reacción y el aumento de la violencia tras la sentencia. El Observatorio señala como una de las razones de esta reacción exacerbada el hecho de que las instituciones controladas por los nacionalistas alentaron esta reacción violenta, es decir, se llega a hablar de una banalización de la violencia por parte de las autoridades nacionalistas. Por ello, los casos de violencia política aumentaron muy notablemente el segundo semestre respecto del primero, hasta un 522,46 % más. Pasando de 187 casos a 977. En el informe del primer semestre se hablaba, de hecho, de la existencia de una “microviolencia en Cataluña gradualmente elevada” muy susceptible a aumentar su intensidad según la eventualidad política, como finalmente se ha demostrado tras la reacción a la sentencia.

 

Metodología 

La metodología empleada en el estudio es distinta a la elaborada por el Ministerio del Interior ya que también se recogen incidentes registrados en prensa y redes sociales. A su vez, se ha tratado información de las comparecencias de responsables institucionales donde se informaba de episodios de violencia y de informaciones facilitadas por autoridades policiales en sus publicaciones.

La amplitud de las fuentes de información ha llevado a unos resultados muy distintos de los ofrecidos por que la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña en su informe sobre cartografía de la intolerancia política desde el 1 de enero de 2017 hasta la actualidad. Este informe contempla otras cuestiones como la retirada de símbolos partidistas contrarios a la independencia (pancartas o lazos amarillos), pero no la colocación de estos símbolos en espacios o edificios públicos. La Oficina también excluye de “incidentes vinculados al ejercicio del derecho a la manifestación y al derecho de protesta”, cualquier forma de represión proveniente de los poderes públicos. Es decir, todos aquellos enfrentamientos como concentraciones, manifestaciones o cortes de carretera donde ha habido un enfrentamiento entre policía y manifestaciones no son contabilizados. A juicio del Observatorio estos criterios son parciales, algo que no debería de ser así en un organismo público puesto que esto no sirve con objetividad los intereses generales. El Observatorio critica que los incidentes ocurridos en la semana de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo no hayan sido considerados por la Oficina como actos de intolerancia política.

Las cifras ofrecidas por la Oficina de Derechos Civiles y Políticos contabilizan entre el 1 de julio y el 31 diciembre de 2019 un total de 53 sucesos relacionados con la intolerancia política en comparación con los 977 detectados por el Observatorio. Hay también una divergencia sobre los autores de estos incidentes violentos. Mientras que la Oficina señala a los causantes de estos disturbios a grupos de extrema derecha el Observatorio considera que el 96,22 % han sido causados por los grupos o personas de ideología independentista y además, estos incidentes habrían sido teledirigidos desde las propias instituciones en algunas ocasiones.

 

Algunos datos interesantes

Los datos más relevantes nos muestran como la mayoría de los incidentes políticos se dieron en la semana del 14 al 20 de octubre, donde se produjeron cerca de 534 actos de violencia política de los cuales la mayoría de los incidentes se dieron en la provincia de Barcelona, con un total de 515, de los cuales 333 se dieron en Barcelona capital.

Los partidos afectados por estos episodios violentos han sido principalmente los partidos políticos autodenominados constitucionalistas o contrarios a la independencia de Cataluña. De un total de 100 incidentes detectados, 78 han tenido como destinatarios dirigentes, militantes, sedes o bienes de estos partidos, mientras que en el primer semestre de 2019 habían sufrido 76 ataques. El informe destaca que el partido más afectado por estos incidentes fue el PSC con un total de 33 incidentes, mientras que en el trimestre anterior había sido Ciudadanos. Por el contrario, los partidos políticos que defienden la independencia de Cataluña sufrieron 22 ataques, un aumento notable respecto del primer semestre ya que durante los primeros seis meses estos solo fueron 8. De esos 22 ataques, sólo tres han tenido como presuntos autores a personas o colectivos contrarios a la independencia y los 19 restantes han sido reivindicados por grupos adscritos al bloque secesionista según el informe.

En cuanto a la violencia contra entidades se ha observado que los incidentes violentos contra entidades asociaciones, grupos organizados o personas adscritas a ellos creció de 10 a 15 en 2019. La violencia contra autoridades, profesionales e instituciones también ha aumentado notablemente pasando de 79 casos en el primer semestre a 204 en el segundo.

Estos informes realizados por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña suponen una pieza clave para entender y analizar el proceso político en el que está inmersa Cataluña y todas sus derivaciones. Las cuestiones más relevantes planteadas además de los propios datos ofrecidos son la divergencia de datos respecto del Ministerio y de la propia Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat de Cataluña, lo que abre un debate y una reflexión más profunda sobre los incidentes violentos que deben recogerse en este tipo de informes.

La realidad y el deseo: reproducción de la Tribuna en el Mundo de Elisa de la Nuez

El mes transcurrido desde el 14-F y el levantamiento por el Parlamento Europeo de la inmunidad de los eurodiputados Puigdemont, Ponsatí y Comín el 9 de marzo ha dejado bien claro hasta qué punto el supuesto éxito de la operación Illa se ha quedado en un pío deseo frente a la tozuda realidad de que el independentismo catalán no es un aliado fiable. No ha habido ni el más mínimo de intento de acordar un tripartito supuestamente progresista (considerar progresista a un partido nacionalista reaccionario como ERC no deja de ser otro pío deseo) frente al interés claro de los partidos separatistas de seguir copando los cargos, los presupuestos y la maquinaria del poder en Cataluña, con o sin independencia a la vista, que esto empieza a no ser tan esencial. O más bien, es la excusa perfecta para excluir sistemáticamente del Gobierno y de las prebendas que en todas partes conlleva y en Cataluña probablemente más que en ninguna parte de España a la mitad de la población. En la democracia iliberal en la que se está convirtiendo Cataluña a ojos vistas las minorías políticas (incluso aunque sean la mayoría de la población) no cuentan en la medida en que se está laminando el sistema de contrapesos institucionales que debe protegerlas frente a los excesos de la mayoría. Por otro lado, las airadas reacciones del independentismo frente al levantamiento de la inmunidad de los eurodiputados fugados (recordemos que el PSOE en el Parlamento europeo votó a favor del levantamiento mientras que su socio de gobierno, Podemos, votó en contra) no auguran nada bueno para la estabilidad del Gobierno de coalición.

La realidad es que el pragmatismo y el sentido de Estado de Esquerra Republicana (tan alabado por el Gobierno a cambio de su apoyo) ha dejado paso a la tradicional pugna por los recursos de la Generalitat y por la primacía en el mundo independentista, con una subasta al alza en lo que se refiere a la retórica y a las amenazas de ruptura, no ya con el orden constitucional (que en eso consiste el programa independentista) sino con el Gobierno de coalición. Lo que, por cierto, era perfectamente previsible para cualquier espectador desapasionado. Así las cosas, los únicos acuerdos que parecen posibles son los que alcanzan entre sí los partidos independentistas con el apoyo de ese hallazgo que es la CUP, partido cuyos votantes no aprecian incoherencia alguna en ser, a la vez, los más antisistema y los de mayores ingresos del arco parlamentario catalán. Claro que cuando la revolución la hacen las clases más pudientes contra las más desfavorecidas todo resulta profundamente incoherente. De ahí que al Gobierno catalán le resulte tan complicado controlar los desórdenes callejeros o las movilizaciones a favor de figuras como la de Pablo Hasel cuando él mismo los alienta, al menos espiritualmente. Ya saben, es lo de sorber y soplar.

Tampoco el camino que propugnaba el PSC con un notable voluntarismo (o buenismo, si prefieren) tenía mucho recorrido. La vuelta a una supuesta Arcadia anterior a 2017 (borrada esta fecha fatídica del mapa político) en la que el catalanismo reinaba pacíficamente en la sociedad catalana y los extremos eran eso, extremos, sencillamente ya no es posible. Ahora sabemos que el consenso construido a base del silencio de la mayoría de los catalanes nunca fue tal. En todo caso, ha saltado por los aires y los dinamitadores han sido los nacionalistas: no parece que haya mucho que rescatar del oasis catalán, destrozado por sus propios creadores. La ciudadanía no nacionalista es muy consciente de que el Govern no la tiene en cuenta, en el mejor de los casos, o pretende silenciarlos vía coacción social y política en el peor. Todo está bajo cuestión: desde el pretendido éxito de la inmersión lingüística hasta la hegemonía de los medios de comunicación controlados por la Generalitat pasando por la actuación de los Mossos en los recurrentes episodios de violencia callejera en Barcelona. Y por buenas razones.

En este situación, la vía del diálogo, palabra mágica con la que se envuelve la invitación a volver al statu quo de dominio político nacionalista pero sin sobresaltos y con el beneplácito de los dominados me parece que tiene poco recorrido, más allá de la gesticulación y tacticismo. De hecho, mientras los independentistas negocian entre ellos en Cataluña sin dar opción alguna al partido más votado, el PSC, el Congreso aprueba por una mayoría de 187 diputados una moción de ERC en la que se insta al Gobierno a reunirse, de manera inmediata, en la mesa de diálogo y negociación bilateral con el Govern que se constituya para avanzar «en la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español». El PSOE ha votado a favor, aunque desde el partido aseguran que la negociación se hará dentro de la Constitución y las leyes. Difícil cuadratura del círculo cuando una parte quiere negociar el marco constitucional y legal.

La propuesta de ERC es la de siempre: el reconocimiento del derecho de autodeterminación y ahora también la amnistía de los que considera «presos políticos». La única novedad es que ahora se pretende que sus exigencias sean el resultado de concesiones hechas en una mesa de diálogo y poco más. El que se trate de un diálogo entre dos sujetos (Cataluña y el Estado español) que no son equiparables, dado que uno es una comunidad autónoma del otro o en el que el objeto de la negociación sea el Estado de Derecho, la Constitución y la propia soberanía nacional (que hoy por hoy y salvo que se modifique la Constitución reside en el conjunto del pueblo español) no parece que alarme demasiado al Gobierno. Por no hablar de aquellos a quienes ya nadie representa, ni la Generalitat ni el Gobierno, y que pueden sentirse olvidados: los ciudadanos no nacionalistas de Cataluña. En conclusión, en el marco de un Estado democrático de Derecho esta mesa de negociación tiene muy difícil encaje, dado que estas cuestiones sólo se pueden abordar en el marco de una reforma constitucional para la que los negociadores no disponen de mayoría suficiente. Que la mesa de negociación se reúna para concluir que hace falta una reforma constitucional para acomodar las pretensiones independentistas (suponiendo que la voluntad mayoritaria sea acabar con la soberanía nacional y la unidad territorial, lo que es mucho suponer) no creo que sea la idea de sus promotores.

Para enfangar aún más la situación, el Gobierno de coalición tiene dos almas en una cuestión tan trascedente como es la propia existencia de un Estado de Derecho y una democracia plena en España. Cuando Unidas Podemos vota en contra (junto a la ultraderecha europea, por cierto) de levantar la inmunidad a los diputados independentistas fugados no podemos olvidar que está asumiendo el discurso o el relato, si prefieren, de que España no es una democracia homologable con otras europeas y que no tiene un Estado de Derecho digno de tal nombre. Cosa que, por otra parte, ha dicho públicamente el aún vicepresidente Pablo Iglesias, por lo que tampoco es ninguna sorpresa.

Con esos mimbres, avanzar en la solución del conflicto catalán no parece posible. El choque de identidades, conseguido a base de esfuerzo nacionalista para incompatibilizar la identidad catalana con la española y hacer de todo lo español un enemigo externo a derrotar, con la consiguiente fractura de la sociedad catalana, no es fácil de reparar. La soledad de los votantes no nacionalistas por incomparecencia de las instituciones, empezando por la del Estado, que debería defenderles es flagrante. El lento declive económico, social y, sobre todo, moral de Cataluña no parece, hoy por hoy, fácilmente reversible. Pero si una lección podemos extraer de este desastre es que ignorar que las leyes en Cataluña son optativas (por lo menos para los gobernantes nacionalistas) no es una buena idea. Mirar para otro lado cuando se conculca el Estado de Derecho en una autonomía no parece muy buena idea. Los resultados, a la vista están. Quizás podríamos empezar por exigir a todos, gobernantes y gobernados, nacionalistas y no nacionalistas el respeto estricto de las reglas del juego.

Quizás el único rayo de optimismo es el que proviene de las instituciones europeas. Que el independentismo no haya conseguido imponer su relato salvo entre los diputados ultras y euroescépticos, por muchos que sean, no deja de ser una muy buena noticia. En ese sentido, tenemos que entender y hacer entender que lo que tenemos en Cataluña, a pequeña escala, es el mismo modelo de democracia iliberal que tanto preocupa a la UE en otros Estados miembros como Polonia y Hungría. Que la UE entienda que también es importante luchar contra el iliberalismo a nivel regional me parece una cuestión primordial. Y evitar que este modelo se exporte a otras regiones de España también. En esta tarea debemos utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición.

Cataluña: el laboratorio del populismo identitario

El laboratorio político del populismo identitario en que se ha convertido Cataluña desde que se inició el procés encierra muchas enseñanzas a las que convendría prestar atención, dado que parece que, los vientos trumpistas que allí soplan arrecian cada vez más fuerte en el resto de España. Sin duda, las señales más inquietantes son las que emanan de los partidos independentistas que tan bien encarnan las políticas de la identidad y el desprecio por la democracia liberal y el Estado de Derecho que, no lo olvidemos, suelen ir de la mano. Efectivamente, dado que lo habitual en una sociedad moderna -o incluso en una premoderna- es que los individuos tengan varias identidades que coexisten entre sí pacíficamente (la nacional, pero también la ideológica, de género, de creencias, de profesión, de hobbies, etc.) imponer una sobre todas las demás suele requerir a los ingenieros sociales de turno usar todas las herramientas disponibles: desde la educación a los medios de comunicación pasando por los incentivos profesionales y económicos. Los que se empeñan en seguir considerando compatibles sus varias identidades se enfrentan con todo tipo de problemas.

Los partidos nacionalistas son maestros en esto: no es posible ser a la vez catalán y español, máxime cuando una identidad se construye por oposición a otra. Los catalanes laboriosos, innovadores, modernos frente a los españoles autoritarios, vagos y antiguos, o los americanos laboriosos, innovadores y patriotas frente a los inmigrantes criminales y carentes de valores. En cualquier caso, de lo que se trata es de transformar votantes normales y corrientes en auténticos fanáticos por miedo y odio a sus vecinos. Lo más triste es que funciona. Una vez que se establece esta dinámica, todo es posible, dado que estos votantes nunca van a exigir la rendición de cuentas propia de una democracia a los líderes de sus respectivos partidos. Por la sencilla razón de que es imposible votar al partido de los enemigos.

La prueba, una vez más, la tenemos delante de los ojos en la campaña electoral catalana, eso sí, para los que quieran mantenerlos abiertos. Nada de lo que ha ocurrido en estos últimos años en Cataluña parece pasarles factura a sus principales responsables. Me refiero sobre todo al proceso acelerado de desinstitucionalización y de deterioro democrático y del Estado de Derecho que se vive desde el año 2012. La mayor parte de las instituciones catalanas son ya cáscaras vacías, de manera que pueden ser sustituidas u obviadas (según los casos) por los líderes de los partidos que han sido los principales responsables de ese proceso. Y sin instituciones que actúen profesionalmente y como contrapesos del poder, ya se trate de las consellerías, del Parlament, del CAC, del Defensor del pueblo, de la Oficina antifraude (elija el lector la que más le guste) lo que nos encontramos es con decisiones partidistas, cambiantes, arbitrarias, incoherentes y, en casos extremos, absurdas. Al no ser relevante tampoco para los votantes la gestión del día a día, los partidos del Gobierno se pueden dedicar a la comunicación y al proselitismo, más allá de la inercia de la prestación de los servicios públicos.

A partir de aquí, todo es posible, solo queda esperar cada día a ver en qué consiste la nueva ocurrencia y esperar a que tenga el menor impacto posible sobre el bienestar y los derechos y libertades de los ciudadanos. Como le ocurría a Donald Trump con los suyos, los votantes independentistas parecen inmunes a este proceso de degradación democrático e institucional. Como a los de Trump. La razón es muy sencilla: estamos hablando de identidad. Y la identidad no se puede cambiar; el que es independentista catalán no puede convertirse de la noche a la mañana en un español de pro, ni siquiera en un español tibio o en un catalanista moderado. Eso sería tanto como negarse a sí mismo. Y los partidos lo saben, de manera que ya no tienen por qué intentar convencer a sus votantes-fans de nada. No hace falta tener un programa electoral digno de tal nombre. Se puede llevar como cabeza de lista a una persona sospechosa de corrupción. Y por supuesto, bienvenidos sean los candidatos xenófobos en las listas. Por la misma razón, se puede salir de la cárcel para proclamar que volverás a cometer los mismos delitos que te han llevado hasta allí. Todo vale por la sencilla razón de que el elector ya no puede cambiar de partido.

Que todos los partidos políticos nacionalistas y desde luego los independentistas saben que esto es así me parece bastante evidente. Otra prueba interesante es el uso exclusivo del catalán en debates en televisiones de ámbito nacional. La razón es que no se trata de debatir nada con nadie, se trata de fidelizar y de movilizar a unos electores que quieren construir un Estado monolingüe, no de discutir acerca de cuestiones como la gestión de la pandemia, la sanidad o la educación. Esto ya se solucionará por arte de magia una vez que se hayan librado del lastre español. ¿Pensamiento mágico? Puede, pero funciona porque los seres humanos somos, esencialmente, animales sociales y la pertenencia a la tribu ha sido siempre (y lo sigue siendo) esencial para nuestra supervivencia. Quizás ahora no tanto la física, pero sí la emocional y la social y, en demasiados casos, también la económica y la profesional.

Lo más preocupante, con todo, es la facilidad con que los partidos políticos no independentistas van normalizando la situación de deterioro democrático y del Estado de Derecho que las políticas iliberales siempre conllevan. Por ejemplo, hemos visto cómo una desconvocatoria electoral sin cobertura normativa suficiente en nuestro ordenamiento jurídico era consensuada por los principales partidos. Pocos han llamado la atención sobre lo inquietante -desde el punto de vista democrático- de dejar en manos de los gobernantes algo tan crucial como una convocatoria electoral con un Parlament ya disuelto (recordemos que la convocatoria electoral fue automática ante la imposibilidad de encontrar en el plazo legal un sustituto para el inhabilitado president Torra), sin una habilitación normativa que lo fundamente y a la vista de unas circunstancias (las epidemiológicas, en este supuesto) a valorar. Quizás han olvidado que una de las funciones esenciales de un Parlamento digno de tal nombre es el control del Poder ejecutivo, quizás por la falta de ejercicio. Recordemos también que los diputados en el Congreso votaron a favor de inhibirse del control de un estado excepcional de alarma durante seis meses.

Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, ¿se imaginan lo que hubiera pasado si el presidente Aznar hubiera desconvocado las elecciones tras el 11-M? Para muchos probablemente la concurrencia de una circunstancia tan extraordinaria como un atentado terrorista de esa magnitud (o una pandemia como la que padecemos) puede ser motivo suficiente para cambiar una fecha electoral, pero creo que podemos estar de acuerdo en que dejar así como así estas decisiones en manos de los políticos que compiten en unas elecciones es muy arriesgado. Y tampoco parece demasiado razonable que estas cuestiones las acaben decidiendo los tribunales de Justicia, aunque sea por dejadez de nuestros representantes políticos.

En definitiva, las dinámicas políticas identitarias que estamos viendo en Cataluña tienen consecuencias muy graves desde el punto de vista de algo tan esencial a una democracia liberal como es la rendición de cuentas, la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y hasta la alternancia en el poder, dado que en casos extremos puede llegar a imposibilitarla. Como hemos dicho, el votante identitario, como lo es el independentista, es mucho más fiel a su partido incluso que el votante ideológico (que, al fin y al cabo, tiene más oferta donde elegir ya sea de izquierdas o de derechas) y, por supuesto, que el votante pragmático que atiende a los resultados de las políticas y a la gestión. Lo preocupante es que, de manera creciente, la cultura política iliberal lo va impregnando todo de forma que los partidos tradicionales son cada vez más sensibles a sus cantos de sirena.

Publicado en El Mundo el día 8 de febrero de 2020.

HO TORNAREM A FER (Lo volveremos a hacer)

Los grupos políticos independentistas, apoyados siempre por Podemos, pretenden que España se disuelva en un conjunto de pequeñas naciones independientes más o menos confederadas. Y reclaman para los condenados del llamado “procés”, el indulto o la amnistía. El gobierno, que es quien debería tramitar esas medidas de gracia, no se ha pronunciado todavía, aunque sí ha dado a entender que le incomoda que haya políticos presos. Incluso una parte sustancial del gobierno, liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias, van un paso por delante y no duda en calificarlos de “presos políticos”.

En un alarde de reinterpretación de la historia reciente, como si estos cuarenta años de democracia no hubieran existido, los de Podemos arguyen que esos presos son consecuencia de una especie de franquismo redivivo. Ellos, aunque bastantes procedan de grupos terroristas como el FRAP, serían los verdaderos adalides de la democracia. Parece mentira, pero es verdad.

A nadie le gusta que haya presos en la cárcel. Y menos por motivos políticos. A Junqueras, a Forn, a Forecadell, a los “jordis” y a los demás, se les juzgó y condenó a penas de privación de libertad por las leyes de desconexión de septiembre de 2017, por el referéndum ilegal de octubre y por la meteórica proclamación de la república catalana. O sea, por los delitos de sedición y de malversación. No por dar un golpe de estado. Por supuesto a nadie, más bien digamos que a casi nadie, le gusta que tan buena gente -a Junqueras, con cara lacrimógena, le gusta repetirlo: él es bueno- esté entre rejas desde hace años. Pero tampoco a nadie, o al menos a mucha gente, tampoco le agradó que esos personajes, saltándose todas las leyes, pusieran en peligro la convivencia entre catalanes y en serio riesgo la pervivencia de la Constitución de 1978, sobre la que se sustenta el Estado de Derecho que es garantía de nuestros derechos y libertades fundamentales proclamados en los artículos 14 a 29 de la Constitución. Nada menos.

Ahora que Podemos, Bildu, Esquerra y PNV son aliados del gobierno socialista, exigen que a esos políticos encarcelados se les amnistíe o indulte. Los grupos independentistas, mayoritarios en el Parlament de Catalunya, quieren presentar una iniciativa para abrir la vía de la amnistía.  ¿Es posible que pudiera prosperar una medida tan radical como esa? La Constitución prohíbe expresamente al Rey “autorizar indultos generales” (Art. 62, i). Pero, amnistía e indulto general, ¿son lo mismo?

En la Constitución nada se dice de la amnistía, y sí de los indultos generales, que no son posibles, a diferencia de los particulares, persona a persona, que sí lo son. Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación Hay Derecho en que se enmarca el presente blog, escribió el 12 de noviembre de 2017 un esclarecedor artículo, precisamente previendo lo que podría ocurrir y que ha terminado por pasar. La amnistía supone el olvido de la comisión del acto ilícito, en este caso constituiría el olvido de los delitos de sedición y malversación a los que fueron condenados los políticos encarcelados. El indulto, en cambio, garantiza el recuerdo del hecho ilícito, pero lo excusa.

Como dice de la Nuez, “el encaje tanto de la amnistía como el indulto en un moderno Estado democrático de Derecho es un tanto problemática”. Sin embargo, sí sería posible, con la actual mayoría con la que cuenta el gobierno, que el Congreso de los Diputados aprobara una Ley de Amnistía en momentos como el presente que algunos autores (Carlos Pérez del Valle, profesor de Derecho Penal del CEU) denominan de “refundación política”. Es un axioma jurídico que “qui potest plus, potest minus” (quien puede lo más, puede lo menos). Si es posible modificar el Código Penal y redefinir, o incluso suprimir, los actuales tipos delictivos de rebelión o de sedición, cuánto mas podría ser aprobar una Ley de Amnistía para todos los condenados por la Sentencia del Tribunal Supremo. Y ello, además, no exigiría de algo tan humillante como el arrepentimiento.

El derecho a veces repugna, lo comprendo. Pero para eso está el derecho, para que no contente a nadie del todo, aunque sea un instrumento eficaz para la tranquilidad y la paz de todos. Ese no quedarse satisfecho es, muchas veces, la base del funcionamiento correcto del Estado de Derecho en situaciones excepcionales como las que hemos vivido en España desde que unos insensatos decidieron proclamar la independencia de Cataluña. Ahora dicen estos insensatos con jactancia que “ho tornarem a fer”. Si al final se les amnistiase a través de una Ley hecha a su medida, lo que sí debería quedar muy, pero que muy claro, debería ser la advertencia, si lo volviesen a hacer, de que no cabría una amnistía por los mismos hechos ya amnistiados. Ante una especie de delito continuado sería un escarnio para la Constitución y del Estado de Derecho, que cupiese, también, una especie de amnistía continuada.

El Estado de derecho en Cataluña en el marco del informe 2020 de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la UE: la contribución de Impulso Ciudadano

La UE es una comunidad de Derecho que exige a sus Estados miembros un respeto escrupuloso a los derechos fundamentales y a los principios democráticos. Durante décadas prácticamente dimos por descontado este respeto; sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo en diversos Estados miembros se han planteado amenazas a dichos principios democráticos básicos que, incluso, han conducido a la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la UE para la salvaguarda de tales principios.

Es por esto que ha de ser valorado de una manera muy positiva que la Comisión Europea haya iniciado la tarea de elaborar un informe sobre el Estado de Derecho en la UE. Desde España se han enviado a la Comisión diversas contribuciones con el fin de explicar a las instituciones de la Unión la situación del Estado de Derecho en España. Aquí nos ocuparemos de una de estas contribuciones, la que remitió Impulso Ciudadano y que puede ser consultada aquí en su versión íntegra y aquí su resumen en inglés.

En el Informe remitido, Impulso Ciudadano da cuenta de la situación de deterioro del Estado de Derecho en Cataluña como consecuencia de la instrumentalización del poder público por parte de los partidos nacionalistas. Se trata de una perspectiva interesante para el conjunto de la Unión, porque pone de relieve que las vulneraciones del Estado de Derecho y de los principios democráticos pueden no ser consecuencia de las actuaciones de las instituciones centrales del Estado, sino de las políticas de entidades subestatales. Estas quiebras del Estado de derecho son igual de graves que las que pueda protagonizar el gobierno de un país; sin embargo, hasta ahora tales actuaciones habían recibido menos atención que las de los gobiernos y demás instituciones centrales. Por tanto, el primer punto de interés en el informe remitido por Impulso Ciudadano es que llama la atención sobre la actuación de estas entidades que operan en el seno de los Estados y que en algunos casos -como sucede en Cataluña- ejercen competencias de gran importancia en relación a los ciudadanos.

A partir de aquí el Informe detalla las quiebras del Estado de Derecho que Impulso Ciudadano observa en Cataluña, agrupándolas en varios bloques. Así, en primer lugar, se pone de relieve que las declaraciones de administraciones o autoridades en el sentido de que no obedecerán las leyes o actuarán al margen de las exigencias constitucionales supone en sí ya una quiebra del Estado de Derecho. No solo resulta incompatible con la sujeción de los poderes públicos a la ley, sino que además introduce un elemento de inseguridad jurídica en el ciudadano, violando este principio. En este sentido, se destaca cómo la mera declaración de la intención de desobedecer por parte de una autoridad pública, incluso aunque no fuera acompañada de actos efectivos de desobediencia, socava el Estado de Derecho. Como es sabido, estas declaraciones sobre la intención de desobedecer y quebrar el marco constitucional son constantes en Cataluña por parte de ciertas autoridades públicas, tal como se documenta en el informe de Impulso Ciudadano.

A continuación, se incide en la falta de neutralidad de las administraciones públicas, que lucen simbología partidista incluso tras haber sido declarada su ilegalidad por los tribunales, también en períodos electorales y en contra de órdenes expresas de la administración electoral. Estas actuaciones de desobediencia ya no solamente implican una quiebra de la obligación de neutralidad de las administraciones, sino también de su deber -esencial en cualquier Estado de Derecho- de obedecer las decisiones de los tribunales y de la administración electoral.

La falta de neutralidad del poder público es aún más grave cuando se llega a una utilización partidista de la policía, que es descrita en el Informe, y a la discriminación por razón ideológica, que ha sido ya declarada por los tribunales, en el caso, por ejemplo, de la expulsión de un colectivo de estudiantes constitucionalistas del directorio de colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es obvio que la discriminación por razón ideológica que ya ha sido declarada por los tribunales es absolutamente incompatible con el respeto a los derechos fundamentales, corazón del Estado de Derecho.

El Informe de Impulso Ciudadano también detalla la utilización partidista de la escuela y de las universidades públicas y dedica un apartado específico al incumplimiento por parte de la Generalitat de la obligación de que una parte de la enseñanza se imparta en castellano. De nuevo una actitud desobediente de la administración que tiene como consecuencia la privación de derechos, en este caso a los niños y jóvenes, fundamentalmente.

La falta de pluralidad de los medios de comunicación es también objeto del Informe, que se detiene en el control que sobre estos ejerce el poder público a través de subvenciones y del reparto de la publicidad institucional. El resultado de ello es que un elemento esencial en el debate democrático, el pluralismo mediático, está en buena medida ausente de la realidad catalana, tanto en los medios públicos como en los privados, por la vía de la sobrefinanciación pública a los medios que comparten las tesis del gobierno nacionalista de Cataluña.

Con ser grave todo lo que se ha explicado hasta ahora, quizás lo sea aún más que la violencia política sea tolerada cuando no amparada por el poder público. Esta violencia se concreta en actuaciones de acoso contra quienes muestran su discrepancia con el discurso nacionalista dominante y que son toleradas por las autoridades. Además, desde el poder público se alientan las protestas violentas y se cuestionan las actuaciones de la justicia contra aquellos que han optado por la violencia como instrumento político.

Finalmente, el Informe de Impulso Ciudadano también se ocupa de la falta de garantías que resulta de que el Defensor del Pueblo catalán (Síndic de Greuges) haya renunciado a defender los derechos de quienes se oponen al nacionalismo, habiendo llegado incluso a pedir las restricciones de ciertos derechos lingüísticos (la comunicación de las administraciones en castellano con los ciudadanos) con el fin de favorecer los planteamientos nacionalistas en el sentido de excluir el castellano de la esfera pública.

En definitiva, el informe que aquí comentamos muestra la gravedad de la situación del Estado de derecho en Cataluña y alerta de que las infracciones de los principios democráticos que sean obra de entidades subestatales han de recibir la misma atención y despertar los mismos recelos que las que son obra de los gobiernos centrales. Basta repasar el informe para darse cuenta de que, si las actuaciones que en él se describen hubiera sido obra del gobierno de un Estado miembro, ya se hubieran puesto en marcha los procedimientos institucionales de la UE pensados para exigir a los Estados miembros el respeto a los principios democráticos esenciales. Ninguna razón hay para que no se haga lo mismo cuando quien perpetra tales vulneraciones es una entidad subestatal.

Ojalá el informe sobre el Estado de Derecho que elabore la Comisión Europea asuma esta perspectiva y alerte de los peligros que para la democracia se derivan de las actuaciones de las entidades infraestatales. Será un paso adelante en la garantía del Estado de derecho en Europa.

El acercamiento de los presos a Cataluña: una decisión ajustada a Derecho

El acercamiento de los presos preventivos independentistas a las cárceles catalanas tienen una doble lectura: la política y la jurídica.

Desde el primer punto de vista se trata de un gesto que puede contribuir a la “distensión” y sin duda así se “venderá” por el Gobierno de Sánchez a los nacionalistas catalanes y vascos. Como no podría ser de otra forma, también cabe la lectura contraria, y esta decisión puede ser interpretada como una concesión precipitada, fruto del apoyo recibido por Pedro Sánchez en la moción de censura. Una y otra visión, tienen que ver con consideraciones de oportunidad política que en modo alguno deberían influir en la toma de decisiones en materia penitenciaria.

Pero desde el punto de vista jurídico, la decisión anunciada hay que considerarla como la aplicación de la regla general derivada de la Ley General Penitenciaria (LGP) de que los presos, siempre que sea posible, deben de estar en cárceles cercanas a su lugar de domicilio salvo que las necesidades de la instrucción exijan otra cosa. Así se desprende del artículo 12 de la LGP, cuando menciona la necesidad de evitar el desarraigo social de los penados, tal como ha interpretado la jurisprudencia (por todas: Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, núm. 841/2015 de 29 octubre. JUR 2015263003).

En el mismo sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado que la determinación del destino de los internos en prisión debe respetar su derecho fundamental a la vida privada y familiar, debiendo cumplir condena, en principio, cerca de sus domicilios porque así lo exige el derecho a la vida familiar (SSTEDH de 25 de julio de 2013, Caso Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia, y de 23 de octubre de 2014, Caso Vintman contra Ucrania). No obstante, de los citados precedentes jurisprudenciales también se desprende que pueden darse motivos que justifiquen que se asignen penados a otros lugares, como pueden ser la necesidad de evitar hacinamientos o garantizar la disciplina adecuada.

Y también es preciso apuntar que no todo alejamiento implica una afectación de derechos fundamentales, sino únicamente cuando dicha situación “impida o dificulte seriamente las visitas de familiares y amigos al punto de quebrar el derecho a la vida familiar” (ver AAN núm. 841/2015 de 29 octubre, anteriormente citado). Pero no se trata aquí de entrar a valorar si se produce una situación de indefensión de los presos preventivos, sino más bien de abogar por que una decisión de política criminal, que en último término corresponde resolver al Gobierno de la Nación, en el ámbito de su discrecionalidad, ha de estar suficientemente fundada. En definitiva, conviene no confundir aquí discrecionalidad y arbitrariedad, pues en esta diferenciación nos la jugamos como democracia consolidada.

Descendiendo al caso concreto, no creemos que existan motivos que pudieran justificar, desde un punto de vista técnico, el eventual mantenimiento de los presos preventivos en centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, alejados de sus domicilios. Más aún cuando aún no se ha dictado sentencia y, por tanto, no nos encontramos en puridad ante un supuesto de “cumplimiento de la pena” sino de prisión provisional, habiendo manifestado el Juez instructor que no hay inconveniente por su parte en que se produzca el acercamiento.

El dato de que las competencias en materia penitenciaria estén transferidas a la Comunidad Autónoma de Cataluña (un caso único y llamativo, dado que se trata de competencias poco “atractivas”) no altera el análisis. Las normas a aplicar son las mismas y no se puede presuponer sin más que los funcionarios de la Generalitat van a incumplirlas de manera deliberada. Tampoco se puede dudar en principio de su profesionalidad de los funcionarios por el hecho de que quienes están en prisión provisional sean políticos muy relevantes. Por tanto, no se puede anticipar, ni mucho menos fundar excepciones a la regla general, en hipotéticas futuras vulneraciones de la ley. Si llegasen a producirse –que esperemos que no- el Estado de Derecho cuenta con mecanismos suficientes para revisar las decisiones que se adoptan al margen de la legalidad vigente y, en último término, impedirlas.

Las diferencias con el supuesto de los presos de ETA son evidentes. Pues en ese caso sí  existían razones fundadas para justificar la dispersión de los presos. Al hecho de que se tratara de reos condenados por delitos de terrorismo y delincuencia organizada, se unían otros argumentos, tales como la necesidad de evitar una excesiva concentración de miembros de la misma organización en un mismo centro penitenciario, cuando ello podía servir para que desde la organización se siguiera ejerciendo un control sobre los mismos (ver aquí).

Sin duda la preocupación estriba en el uso político que tanto unos como otros harán ineludiblemente del acercamiento. Frente a este dato, debemos recordar que las reglas del Estado de Derecho deben de respetarse igualmente y que su uso partidista nunca es una buena noticia. Hacer aparecer lo que son supuestos habituales previstos en las normas como concesiones graciosas dependientes del político de turno sencillamente no es una buena idea. Contribuye al desconcierto de la ciudadanía y al desprestigio institucional. Dicho eso, no somos inocentes. La relevancia de estos presos preventivos en el conflicto catalán es de primera magnitud (ver aquí) razón de más para extremar la prudencia en las declaraciones  y la exquisitez en el cumplimiento de las reglas de juego. Por otra parte, esperemos que los funcionarios de prisiones cumplan su función con profesionalidad y rigor.

Por último, a modo de propuesta, creemos que sería deseable una reforma legislativa tendente a clarificar y desarrollar con mayor grado de detalle esta cuestión en la LGP y el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero), a fin de evitar la discrecionalidad a la que actualmente dan cabida, y las tentaciones derivadas de aplicar criterios de oportunidad política en este tipo de decisiones. Creemos que en la nueva regulación, el destino de los presos debería depender única y exclusivamente de razones técnicas, plasmadas en una resolución administrativa motivada y fundada en Derecho, y en ningún caso en razones de conveniencia política del gobernante de turno.

¿Y si creamos «Palmarnia»?

Entre las diferentes reacciones de todo tipo que ha suscitado el proceso separatista catalán, una de las más ocurrentes -porque pone a los separatistas frente al espejo de todas sus contradicciones- es la posible creación de “Tabarnia”, ese acrónimo que combina las antiguas localidades romanas de Tarraco y Barcino, y que se refiere a la segregación de la eventual Cataluña independiente de una zona costera, urbana y de mayoría no independentista, que agruparía parte de las actuales provincias de Barcelona y de Tarragona, enfrentada a la “Tractorluña” rural de mayoría secesionista, y que pasaría a formar una Comunidad Autónoma propia, permaneciendo unida al resto de España.

Sobre la base de la ingeniosa idea anterior, que pone de los nervios a los dirigentes del prusés, y que algunos extienden también a otras zonas no independentistas del Principado (como por ejemplo el Valle de Arán), y dadas ciertas circunstancias coincidentes que se dan también en otras zonas de España, les quiero proponer un pequeño ejercicio o divertimento mental. Lo que les propongo no es una mera hipótesis intelectual o de laboratorio, ya que estuvo a punto de materializarse en el País Vasco en octubre de 2003, en la época del “Plan Ibarretxe”, cuando las Juntas Generales de Álava, el Parlamento de esta provincia integrada en la Comunidad Autónoma Vasca, votaron a favor de “liberarse” del compromiso de adhesión a Euskadi contraído en 1979 en el caso de salir adelante el proyecto independentista del citado Lehendakari, que luego acabó frustrándose.

Les pongo como ejemplo la situación de la ciudad de Palma en el entorno general de la isla de Mallorca y de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, aunque ello podría extrapolarse a muchas otras ciudades de toda España. Examinando los resultados electorales de los años 2015 (Municipales y Autonómicas) y 2016 (Generales), resulta que entre un 65 y un 70 por ciento de los votos emitidos en Palma se decantaron por partidos constitucionalistas, siendo verdaderamente marginal -y eso que el centro derecha obtuvo sus peores resultados en años- el voto a formaciones de tendencia catalano-separatista. Todo ello hay que ponerlo en relación también, pese a las conocidas distorsiones que genera la vigente Ley Electoral -que siempre favorece a los territorios rurales y a las islas pequeñas frente a las zonas urbanas-, con la verdadera importancia económica y social de la ciudad de Palma en el conjunto de las Baleares. Con sus 434.516 habitantes censados en el año 2017 (según el INE), y con un área metropolitana de 560.240 personas, reúne el 50,5% de la población de toda la isla de Mallorca, y el 37,44% del conjunto del archipiélago. Y, en términos económicos, la capital representa holgadamente bastante más de la mitad del PIB de todo el territorio insular balear.

Visto todo lo anterior, y constatado que Palma constituye sin duda una ciudad de acogida con un gran éxito en número de visitantes nacionales y extranjeros, gran centro cultural y económico, dotado de excelentes infraestructuras en materia de seguridad ciudadana, sanidad, educación, alojamientos hoteleros, restauración, comercio y comunicaciones, y con un buen número de población foránea residente y perfectamente integrada, podríamos decir que estamos ante una ciudad verdaderamente europea, moderna y cosmopolita. Y todo ello contrasta enormemente con el hecho de estar dirigida en sus diferentes instituciones autonómicas, insulares y municipales por un montón de políticos y políticas que no son palmesanos, procedentes en su gran mayoría de los pueblos de la isla de Mallorca, y cuyas decisiones las adoptan con los ojos cubiertos por una enorme boina. Siguiendo el símil catalán, tenemos la anómala situación de una “Palmarnia” cosmopolita dirigida con escaso acierto por un grupo de personajes procedentes en su mayoría de la “Tractorllorca” rural.

No quiero decir con ello que tengamos que despreciar a los dirigentes políticos según el lugar de su nacimiento, ni mucho menos. Nada más lejos de mi intención, tratándose además de gente que tiene la piel tan fina. Pero resulta evidente que estamos en manos de muchos dirigentes que, simplemente, no entienden la ciudad. Pretender cambiar sus fiestas y tradiciones seculares, tener sus calles como un vertedero, cerrar el acceso rodado a todo el centro histórico, cambiar sin ton ni son un montón de direcciones, meter carriles bici por donde no caben con alto riesgo para sus usuarios, eliminar las terrazas del Paseo del Borne, querer celebrar en las zonas más elegantes hasta las ferias de ganado, hacer manifestaciones de odio al turismo o intentar por todos los medios derribar algunos de sus monumentos -que no han generado nunca conflicto alguno y han sido convenientemente despojados de cualquier símbolo que pudiera ofender a alguien- son claras muestras de no entender en absoluto la idiosincrasia de la ciudad, ni tampoco el carácter de los palmesanos. Por ello les decimos que empezamos a estar muy hartos de ellos. Y que vamos a proponer la emancipación de la ciudad para seguir siendo una capital europea, española, balear y mallorquina y, ante todo, limpia, acogedora, internacional, libre y cosmopolita. Por ello, exigiremos que dejen de gastar nuestro dinero para pagar actos contra nuestra Constitución y lo gasten en limpiar mejor nuestra ciudad, y que saquen sus ojos miopes, sus arados mentales y su mentalidad rural de nuestras avenidas, nuestros paseos y nuestras calles, y que nos dejen gobernarnos en paz. Vamos a promover el sacrosanto “derecho a decidir” de los nacidos en Palma. Ese derecho que tanto les gusta cuando se usa a su favor. Y, en su sano ejercicio, mandaremos a todos los dirigentes foráneos a tomar viento.

En definitiva, los palmesanos queremos decirles que la octava ciudad de España y la primera de nuestras islas se está cansando de ser dirigida por personas que no han gestionado antes ni un bar de pueblo y que, además de incompetentes, tienen una mentalidad estrecha, paleta, folklórica, prohibicionista y, además, secesionista. Y que, si algunos pretenden continuar con sus delirios sectarios e independentistas a costa de nuestro dinero, que cuenten con que hacia el año 2030 no sólo celebraremos en las Islas Baleares el referéndum de autodeterminación que nos anunció el diputado soberanista David Abril, sino otro más. El que promoveremos los palmesanos de verdad para librarnos, de una vez y para siempre, de todos ellos.

(Este post es una síntesis de un artículo publicado en El Mundo de Baleares el 4-1-18, que puede leer aquí).

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