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La regeneración empieza por uno mismo: el CIS de Tezanos y otras historias de instituciones, por Elisa de la Nuez en ‘El Mundo’

Es de suponer que la regeneración democrática anunciada por el Presidente del Gobierno tendrá que esperar a que pasen las elecciones europeas, o incluso a lo mejor a que se forme el nuevo gobierno catalán. Lo que es seguro es que no va a afectar a uno de los problemas clave en este ámbito: el de la ocupación partitocrática de las instituciones públicas, algo que sería muy sencillo de resolver desde el propio Gobierno sin necesidad de cambiar ni una coma de una ley. Bastaría efectivamente con que los partidos políticos, empezando por el PSOE, renunciasen voluntariamente al tradicional reparto por cromos de todas y cada una de las instituciones de este país, y pusieran al frente -preferiblemente concurso abierto y competitivo por delante- a profesionales independientes y respetados en el sector. Lo mismo podría hacerse a nivel autonómico. Dicho de otra forma, bastaría con que pusieran en la práctica los principios constitucionales de mérito y capacidad en el acceso al sector público. Fácil ¿no?

Pues se ve que no. Los problemas institucionales no figuran en la famosa carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Es más, cuando en una entrevista concedida al periódico “El País” se le preguntó al Presidente del Gobierno si en el marco de esa futura regeneración democrática contemplaba la posibilidad sustituir al Presidente del CIS y frenar la deriva poco profesional y poco independiente de este organismo público, la contestación fue muy ilustrativa. José Félix Tezanos es un magnífico profesional. Podía haber añadido que era un magnífico profesional al servicio del PSOE y todo hubiera quedado más claro. En definitiva, la regeneración de las instituciones públicas ni está, ni se la espera. 

Por tanto, los ciudadanos que se quejan, con razón, del sesgo de las encuestas electorales del CIS, presididas por un ex miembro de la Ejecutiva del PSOE, los periodistas y políticos que hablan, con razón, del “CIS de Tezanos”, los analistas independientes que ponen de relieve una y otra vez los constantes errores de sesgo en las encuestas electorales -por cierto, siempre en la misma dirección sobrevalorando al PSOE en particular y a la izquierda en general e infravalorando al PP en particular y a la derecha en general-  y los profesionales y analistas que trabajan en el CIS tendrán que seguir esperando a una auténtica dirección pública profesional. Y eso que estamos hablando de una institución pública pagada con dinero de todos los contribuyentes y puesta al servicio descaradamente del partido en el gobierno.  

Desgraciadamente, el CIS de Tezanos es sólo un ejemplo ni siquiera demasiado extremo aunque sí muy vistoso de una mala praxis absolutamente extendida en nuestro sector público, que es la de considerar que los puestos directivos de las entidades públicas estatales son un botín a repartir entre los afines. Ya se trate de entidades públicas empresariales, empresas de la SEPI, empresas participadas por el Estado o de entes públicos de cualquier tipo y condición (incluidos los de garantía o control) se parte por el político de turno de la premisa de que están a su disposición para premiar fidelidades políticas o devolver favores personales o sencillamente colocar a amigos y familiares. En este sentido, la democracia no ha traído en todos estos años un verdadero cambio de esta cultura política profundamente clientelar que lleva vigente en España desde los tiempos de Pérez Galdós y que es capaz de subsistir a cualquier cambio de régimen. Cultura política que no es en absoluto la dominante otros países de nuestro entorno comparables en cuanto a población y PIB ni en el marco de la Unión Europea ni en el de la OCDE.

La razón de ser es muy sencilla: para presidir este tipo de entidades públicas con sueldos muy superiores a los del Presidente del Gobierno y sus ministros, no hace falta absolutamente nada. O para ser más exactos, sólo es preciso tener los contactos adecuados. Es decir, ni se requiere ser funcionario (como sí se exige para muchos altos cargos de la Administración aunque cada vez las excepciones sean más numerosas) ni tampoco hace falta reunir determinados requisitos de mérito y capacidad, tales como una determinada formación, experiencia en la materia, experiencia en la gestión de entidades de similar complejidad en cuanto a presupuesto y recursos humanos, etc, etc.  Salvo excepciones en las que las normas sí establecen algún tipo de requisito objetivo (por ejemplo, en Autoridades Independientes) o incluso aún cuando los establezcan si se interpretan de manera muy laxa, como ocurre en demasiadas ocasiones, la realidad es que a este tipo de puestos directivos puede llegar cualquiera, literalmente. 

De ahí que las entidades públicas sean especialmente atractivas para la colocación de aquellos que “se han portado bien” con el partido o con su líder, como le oí hace muchos años al responsable de uno de nuestros grandes partidos. En qué consiste ese “portarse bien” ya lo podemos dejar a la imaginación de los lectores. Lo que es seguro es que portarse bien con el partido puede consistir precisamente en portarse mal con los ciudadanos, especialmente si se utilizan los puestos y las funciones públicas para hacer favores a un partido determinado. 

Todo esto, como hemos indicado, se acabaría si realmente hubiera voluntad de regeneración democrática en algo que afecta a todos los ciudadanos, como es el buen funcionamiento de las instituciones, en particular de las de control y contrapeso, pero en general de todas y cada una de ellas. No olvidemos que si se ha decidido en algún momento que formen parte del sector público es porque se han identificado determinados fines de interés general que así lo justifican, ya se trate de actividades prestacionales, de entrega de bienes públicos, de prestación de servicios al mercado, regulación de un sector, etc, etc.  Lo que no tiene sentido es que la “defensa de lo público” no conlleve unos niveles mínimos de exigencia para dirigir entidades que forman parte del sector público. Es el mundo al revés: ninguna entidad privada y no digamos ya una de tamaño y relevancia semejantes a RENFE, ADIF, Correos, Isdefe, Paradores, la Agencia EFE, etc etc  selecciona a sus máximos directivos con tan poca profesionalidad y tan poca transparencia, es decir, sin atender a los principios constitucionales de mérito y capacidad. 

Para llamar la atención sobre esta anomalía, la Fundación Hay Derecho presenta su nuevo estudio sobre el mérito y capacidad de las principales entidades del sector público estatal el próximo 12 de junio, con una rueda de prensa previa el día 5 de junio. Nos parece que si -como señaló Felipe González en su entrevista al Hormiguero- la sociedad española está, al menos en cuanto a experiencia y preparación profesional, por encima del nivel de su clase política lo menos que debemos de exigir es una profesionalización de la dirección de nuestras entidades públicas. Entre otras cosas para que cesen de ocurrir episodios tan lamentables como nombrar a un personaje como Koldo García Consejero de una empresa pública como Renfe Mercancías. Sería algo que no solo no costaría dinero ni requeriría de largas reformas normativas sino que tendría un impacto muy positivo desde el punto de vista de la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos y de las instituciones.  Y de forma muy inmediata, por otra parte.

En suma, habría que poner en marcha de una vez procesos públicos abiertos y competitivos para seleccionar a los mejores directivos públicos. Es cierto que todos los procesos de este tipo iniciados hasta ahora han fracasado por las constantes injerencias de los políticos, como ha ocurrido en el caso de n RTVE que merece un estudio aparte o en caso de la AEPD en la que directamente los partidos políticos decidieron primero los nombramientos con el tradicional reparto de cromos y luego montaron un procedimiento “ad hoc” para elegir a los ya elegidos, paripé que acabó anulado por el Tribunal Supremo. Por cierto, que la Presidenta de la AEPD sigue en funciones después de 5 años de acabado su mandato (igual que el CGPJ) y no parece que haya renovación a la vista. 

 Es cierto que también hay casos, si bien excepcionales, de buenas prácticas: la AIReF es uno de ellos y el Banco de España, otro. Pero son islas en un mar de clientelismo, y como tales islas uno no puede estar nunca seguro de que no quedarán sumergidas si sube la marea.

Y es que la voluntad auténtica de regenerar tanto en el ámbito privado como en el público es muy fácil de detectar: si existe se empieza por lo fácil, por lo rápido y por uno mismo.

Artículo originalmente publicado en El Mundo (04/06/2024).

Son las juventudes: reproducción tribuna en EM de Elisa de la Nuez

Este artículo es una reproducción de la tribuna publicada en El Mundo, disponible aquí.

Superado el shock inicial producido por los últimos acontecimientos políticos en España urge hacer unas reflexiones sobre las causas del siniestro del principal partido de la oposición. No me detendré en los detalles, que son de sobra conocidos por unos lectores enganchados a este culebrón político-mediático en el que se suceden los episodios inverosímiles, la entrada y salida de personajes y los cambios abruptos de guión. Lo que me interesa destacar son los problemas estructurales que pone de relieve la crisis interna del PP, una crisis que ha provocado estupefacción y pesadumbre a partes iguales, y no sólo a los votantes y simpatizantes de este partido, sino a cualquier ciudadano responsable y preocupado por el buen funcionamiento de la democracia española. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí?  Porque de igual manera que la rocambolesca aprobación de la reforma laboral ha puesto de manifiesto con crudeza la degradación de nuestro Parlamento, lo que ha ocurrido en el PP estos días expone con igual crudeza la degradación de esas instituciones esenciales para la democracia liberal representativa que son los partidos políticos.

Hace ya casi diez años que Luis Garicano, Carles Casajuana y Cesar Molinas y yo misma promovimos un manifiesto reclamando reformas profundas en el funcionamiento interno de los partidos políticos españoles: se trataba básicamente de “institucionalizarlos”. Es decir, para mejorar su funcionamiento institucional estableciendo una serie de reglas formales (establecidas estatutariamente y con mecanismos para garantizar su cumplimiento) pero también para dotarles de una cultura de la organización que fuese más allá de las lealtades personalistas a los líderes de turno, a cambio de puestos o cargos.  Entre las medidas que proponíamos estaban los mecanismos para la selección de los líderes, para la selección de los candidatos a las listas electorales, para la celebración de los congresos con fechas prefijadas, para el buen funcionamiento de los órganos de garantía, etc, etc. En definitiva, buscábamos definir unas reglas del juego claras, no modificables por los dirigentes del partido sino a través de los procedimientos de reforma preestablecidos, cuyo cumplimiento estuviera adecuadamente garantizado y que permitieran saber a qué atenerse a los cargos, militantes y simpatizantes.

De esta forma, pensábamos, se minimizarían los riesgos de decisiones erróneas o simplemente arbitrarias pues al mejorar la democracia interna, facilitar los debates de ideas y proyectos, incorporar contrapesos internos, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y la participación de afiliados y simpatizantes se garantizaría un funcionamiento más institucional y menos personalista o de camarillas.  De paso, unos partidos así concebidos podrían convertirse en una escuela de gobernanza para unos políticos que, más temprano o más tarde, acabarían teniendo que gobernar. Como buenos lectores de Acemoglu y Robinson pensábamos (sigo pensando) que para que cualquier organización funcione bien tiene que ser inclusiva, abierta, plural, transparente, meritocrática y  sujeta a las reglas de la sana crítica y a la asunción de responsabilidades.  

No hace falta decir que la reacción de los líderes de los principales partidos ante tanta ingenuidad osciló entre la incomprensión, el susto y las promesas de cara a la galería (literalmente, porque algún líder de entonces las hizo delante de los medios). En realidad, lo único que pusieron en práctica de todo el catálogo de medidas fue el sistema de primarias, que ha demostrado ser un fracaso rotundo y que ha reforzado el personalismo y el caudillismo en los partidos, entre otras cosas porque nunca se abordaron las otras medidas que lo hubieran evitado. Lo que nunca pensaron nuestros partidos políticos es que fuera una buena idea y que quizás con esas reglas podrían conseguir sencillamente que sus organizaciones funcionasen mejor y evitar espectáculos como el que dio el PSOE hace unos años y está dando ahora el PP, por no hablar del suicidio de partidos como C,s, Podemos o el ya olvidado Upyd (aunque quizás más que de suicidio podríamos hablar de asesinatos a manos de sus líderes).

Lo cierto es que con la aparición de los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, con sus promesas de regeneración tanto interna como externa todos nos olvidamos de que las reformas incrementales y modestas suelen ser más factibles que los cambios revolucionarios.  Muchos creímos que los nuevos partidos eran la gran esperanza para nuestra democracia y que sus jóvenes líderes no iban a incurrir en los mismos errores que sus mayores y que levantarían organizaciones con un funcionamiento muy diferente, ya que no tendrían las hipotecas del pasado. Nos equivocamos radicalmente. Los nuevos partidos no sólo repitieron los errores de funcionamiento interno de los partidos tradicionales, sino que los multiplicaron, convirtieron a sus líderes en intocables, intensificaron el poder de las camarillas, manipularon las reglas del juego y acabaron expulsando o silenciando a los críticos y condenando a sus proyectos políticos al fracaso. Los principales responsables han terminado, por ahora, fuera de la política. Por supuesto, hay otros factores que influyeron en este resultado, pero no dejo de pensar que una acumulación tal de errores garrafales hubiera sido más difícil en un partido con más músculo institucional.

En definitiva, el sistema de partidos no se renovó. Pero la falta o el incumplimiento constante de las reglas del juego es cada vez más preocupante sobre todo cuando se deterioran también las reglas informales, eso que llamamos la cultura de una organización. Estas reglas informales pueden sustituir a veces a las reglas formales (las previstas estatutariamente, para entendernos) aunque lo ideal es que las complementen. Me refiero a cosas tan básicas como supeditar los intereses particulares a los del proyecto político que supuestamente se comparte, acudir a cauces institucionales para resolver los conflictos internos, respetar a los compañeros personalmente (sin que eso quiera decir que no se pueda ejercer una crítica razonable), no utilizar torticeramente medios públicos para propósitos particulares, etc. De hecho, todas y cada una de estas reglas no escritas se han violado estos días por los contrincantes en la batalla interna del PP. A unos les parecerá, según sus preferencias políticas, que las responsabilidades no eran comparables. A mí lo que me interesa destacar es que si se han traspasado todos los límites en la lucha fratricida por el poder orgánico es porque se ha derrumbado tanto las barreras formales como las informales. Y sin que los propios protagonistas se hayan dado cuenta hasta el último minuto que lo que se derrumbaba era el partido.

En ese sentido, creo que el relevo generacional ha empeorado mucho la situación en los partidos políticos. Creo que es muy relevante que los principales protagonistas de esta historia sean personas que han hecho toda su carrera profesional en el mismo partido, transitando desde las juventudes a puestos de máxima responsabilidad sin haber tenido ninguna actividad profesional fuera de la política y sin haber conocido algo parecido a una cultura de la organización. Esto es un problema porque es obvio que cualquier organización que quiera subsistir, desde la más pequeña a la más grande, necesita un mínimo de compromiso con el proyecto, de profesionalidad, de trabajo en equipo, de responsabilidad y, en último término, de capacidad de resolver conflictos de forma civilizada. Por no hablar de ética.

En definitiva, no parece que el “cursus honorum” actual de los partidos políticos sea el idóneo para producir buenos líderes. Si lo que hemos visto ha sorprendido tanto al ciudadano de a pie es, probablemente, porque no es fácil entenderlo sin haber pasado por las juventudes de un partido. Quizás la experiencia más cercana sea integrarse en una secta o una banda juvenil. Es imposible que enfrentamientos planteados en términos de guerras de poder personales puedan acabar bien, incluso si no se acude a métodos mafiosos y chapuceros para acabar con los rivales o los rivales están por encima de toda sospecha de clientelismo, que no parece que sea el caso. Dicho de otra forma, a un partido que quiera no ya prosperar, sino simplemente sobrevivir, le interesa mucho recuperar mecanismos institucionales como los que propusimos hace casi una década. Por su propio interés y por el de la democracia.

El ministro candidato

El lanzamiento de la candidatura del actual Ministro de Sanidad, Salvador Illa, como cabeza de lista del PSC en las elecciones catalanas (por ahora aplazadas debido a la pandemia) merece algunas reflexiones desde el punto de vista institucional. Con independencia de consideraciones de tipo político sobre lo adecuado o no del perfil del candidato para unas elecciones tan complejas (consideraciones en las que no voy a entrar), me parece que es interesante destacar las importantes disfunciones institucionales que revela la presentación de una candidatura de estas características en un momento como el que vivimos, con independencia de que se materialice o no finalmente o del momento de celebración de las elecciones.

Efectivamente, en mitad de una pandemia de magnitud y consecuencias tremendas, se lanza el mensaje a la ciudadanía de que es más importante que el Ministro de Sanidad sea candidato en unas elecciones autonómicas que seguir al frente del Ministerio. Si bien la gestión realizada por Illa al frente de Sanidad ha sido francamente pobre -ahí están los datos para demostrarlo-, lo cierto es que su sustitución no se plantea atendiendo a estas consideraciones, lo que tendría al menos cierta lógica política e institucional. Se trata simplemente de sustituirle porque al PSOE le parece más conveniente para sus intereses electorales presentarle como candidato a la Generalitat. Hasta tal punto quedan al margen de este maniobra otro tipo de razones no partidistas que lo de menos es plantear quién puede sustituirle: de hecho, los rumores apuntaban a su sustitución por otra Ministra del Gobierno de perfil bajo.

Cierto es que estas operaciones han sido frecuentes en el pasado y también que han sido realizadas por todos los partidos: nunca ha habido ningún inconveniente en presentar como candidatos a ministros y a otros políticos con importantes responsabilidades de gestión. Es más, una cartera ministerial puede servir para dar a conocer a un candidato al gran público y lanzarle después a una campaña. Pero no deja de llamar la atención que se siga actuando con esta desenvoltura en una situación tan dramática y tan excepcional como la que vivimos.

En suma, lo que parece es que el PSOE no se toma demasiado en serio el Ministerio de Sanidad en mitad de la crisis sanitaria más grave que hemos vivido en un siglo. Y si bien es cierto que por este Ministerio han desfilado algunos de los políticos (tanto del PP como del PSOE) con menor preparación y menos aptitudes para ocupar el puesto, seguir con esta forma de funcionar resulta de una frivolidad asombrosa.

Más grave aún es la sombra de sospecha que arroja sobre la gestión de un Ministro que se percibe ya como candidato, con independencia de que aún no lo sea formalmente o incluso de que acabe no siéndolo. Esta sospecha se agudiza porque ni el afectado ni el Gobierno han visto problema alguno en compatibilizar ambas condiciones durante todo el tiempo que estimen conveniente… para dichos los intereses del partido.

La condición de ministro y la de candidato son radicalmente incompatibles. Mientras que la primera exige una dedicación a los intereses generales, en este caso a la lucha contra la pandemia y al proceso de vacunación -con independencia de la dirección política que legítimamente se imprima-, la segunda exige una dedicación plena a los intereses del partido. Mientras que la primera exige una apariencia mínima de neutralidad (y tampoco puede decirse que se haya conseguido esta apariencia con la gestión de la pandemia antes del nombramiento, dicho sea de paso), la segunda exige la parcialidad y la búsqueda de todo lo que convenga electoralmente al partido. Mientras que el Ministro Illa gestiona para todos, tanto los que votan a su partido como los que nunca lo harán, el candidato Illa sólo se dirige a sus potenciales votantes.

En suma, ambas condiciones no pueden ostentarse a la vez. Incluso ya es discutible que se puedan ostentar sucesivamente y sin solución de continuidad, sin un periodo de “cooling off” o de enfriamiento entre una y otra. Que esto no sea evidente para el Gobierno, para el PSOE y para la práctica totalidad de los partidos políticos, así como para muchos ciudadanos, me parece una anomalía institucional que hay que denunciar.

 

Nota del Editor: Una versión previa de este texto puede leerse en Crónica Global. Sobre la crisis de la lógica institucional en favor de la política, puede consultarse la obra Las Instituciones Públicas que el catedrático Juan Miguel de la Cuétara está publicando mediante entregas semanales con la Fundación Hay Derecho y que puede leerse AQUÍ

 

 

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